Raúl Ferrada, Director General

Datos Abiertos y los Principios de la Ley de Transparencia 20.285

"Las formas de presentar, reutilizar y entrelazar los datos pueden llegar a tener múltiples y variados sentidos, más amplios que la propia imaginación del legislador."

04/11/2010
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Raúl Ferrada, Director General

La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública N°20.285, ha puesto enormes desafíos a las instituciones del Estado. El principio que hay detrás de ella es que todos los actos e información generada con presupuesto público es información pública, por tanto, de acceso para los ciudadanos. Para este fin la Ley habilita dos herramientas: Transparencia Activa y Derecho de Acceso a la Información.

Con la motivación de regular y promover buenas prácticas en materia de la publicación de información vía Transparencia Activa, el CPLT ha liberado ya cuatro instructivos en este sentido. Sin embargo, y en el mismo contexto, mirando la experiencia internacional, se observan estándares y mejores prácticas que van más allá de los instructivos señalados, promoviendo y normando políticas de datos públicos abiertos.

La política de Datos Abiertos , impulsada por los estándares de la W3C e-Government promueve el uso de tecnologías, especialmente internet, para interactuar con ciudadanos y con otras instituciones públicas permitiendo que ellos agreguen valor a los datos al reutilizarlos y enlazarlos.

Siendo el dato público la representación de atributos o características de los actos o entidades del Estado, este en cuanto símbolo, no tiene el mismo sentido para unos u otros ciudadanos o instituciones, y sólo pasa a convertirse en información luego de un procesamiento que le da un sentido dentro de un contenido y un contexto. Por ello, cualquier interpretación del dato público, es decir, cualquier agrupación o normalización de información que se haga desde el legislador, en la forma de publicación o disponibilización a través de mecanismos como Transparencia Activa o Acceso a la Información Pública, no representará sino una mirada parcial de los múltiples sentidos que pueda tener y por tanto una subutilización de ellos.

Las organizaciones públicas procesan sus datos en función de su mirada particular dada por sus procesos y objetivos. En ciertos casos esta mirada particular no corresponde a los intereses de los ciudadanos sobre los mismos datos.

Por tanto, el uso, disponibilización y reutilización del dato como elemento bruto y sin procesar, es una forma de propender los principios descritos en la misma Ley de Transparencia. El principio de apertura, el de visibilidad y la facilitación –entre otros-, se pueden lograr no sólo con publicar activamente según la Ley, los instructivos y mejores prácticas del CPLT, sino también, y quizá de mejor forma, por lo amplio de sus potenciales usos, a través de disponibilizar los datos en formatos estándares, abiertos, facilitando su acceso y su reutilización en aplicaciones que otros organismos, ciudadanos o grupos ciudadanos deseen.

Estas prácticas hoy ya se encuentran desarrollas por diversas naciones (España, Estados Unidos, UK, Australia, Canadá, Nueva Zelanda), y sobre todo el sitio www.data.gov, que ha cumplido más de un año, siendo el primer catálogo conocido de datos públicos abiertos del gobierno federal americano.

En el ámbito internacional, los datos abiertos, bajo el concepto de Reutilización de Información en el Sector Público sostiene que son 8 los principios que deberían cumplir las iniciativas de disponibilización de datos públicos:

  1. Deben ser completos
  2. Deben ser datos primarios y provenir lo mas cercano a la fuente de producción
  3. Deben ser provistos en tiempo lo más cercano a su producción (oportunos)
  4. Deben ser accesibles en varios formatos
  5. Deben poder ser procesables por otros sistemas
  6. Su acceso debe ser no-discriminatorio
  7. Los formatos deben ser no-propietarios
  8. Deben estar libres de licencias ni sujetos a patentes o restricciones de uso

 

Las formas de presentar, reutilizar y entrelazar los datos pueden llegar a tener múltiples y variados sentidos, más amplios que la propia imaginación del legislador. Mapas de cumplimiento de la Ley, nubes de tags con las faltas más recurrentes entrelazadas con mapas y con la organización pública y política, los fundamentos y las materias legales aplicadas y sistemas de seguimiento de transparencia. La Web 3.0 y la web semántica con sus metalenguajes y estándares de representación, permiten una amplia gama de aplicaciones para que los ciudadanos puedan comenzar a tener distinciones y juicios acerca de lo que se les presenta, es en ese momento cuando comienzan a tener sentido los principios que la Ley de Transparencia propende.

El Consejo para la Transparencia ha dispuesto algunos de sus datos en un proyecto piloto que pretende ser un primer paso para iniciar buenas prácticas en esta materia, el estado de casos, su historia, sus documentos de jurisprudencia y la información de transparencia activa del Consejo en su dato “bruto” pueden ser fuente de aplicaciones y servicios que esperamos se incorporen a la nube de servicios de datos abiertos. El desafío ahora es proponer esta buena práctica, mejorarla y recibir los aportes desde el ciudadano y las instituciones que deseen apoyar este tipo de iniciativas.

 

 

 

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