Editorial
por: Raúl Ferrada, director general Consejo para la Transparencia
Al celebrar el segundo aniversario de la implementación de la Ley sobre derecho de acceso a la información pública y la existencia del Consejo para la Transparencia es necesario hacer un balance de nuestra labor. Conscientes de que nuestra Misión Institucional de “promover y cooperar en la construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública de las personas” es una tarea de largo plazo, hemos concentrado nuestros esfuerzos de gestión en el período Abril 2010- Marzo 2011, en tres objetivos fundamentales:
- Posicionar al Consejo como una institución autónoma y garante del derecho de acceso a la información pública;
- Implementar todas las capacidades institucionales; y
- Perfeccionar la cartera de productos y servicios a los sujetos obligados y a los ciudadanos.
En el ámbito del Posicionamiento, y en palabras de nuestro Presidente, don Raúl Urrutia, quien participó personalmente en este esfuerzo, salimos a “evangelizar” sobre la Transparencia. El Consejo recorrió el país de extremo a extremo, desarrollando 105 actividades de capacitación que reunieron a más de 5.000 personas y que fueron evaluadas en términos muy positivos por sus participantes.
En estos encuentros quisimos entregarles a los funcionarios públicos, actores claves en este cambio cultural, una explicación de sentido de esta política, de modo que vieran en ella no una “pega” más, sino que una verdadera oportunidad de revalorizar sus Organizaciones y sus propias funciones, bajo el paradigma de que con la Transparencia “todos ganan”, destacamos que también ganan los funcionarios públicos. En contrapartida, recibimos valiosa información del proceso de implementación a nivel regional y municipal, de sus avances y dificultades, y de la gran diversidad de realidades locales, de medios y capacidades para enfrentar estos desafíos.
Para poder cumplir con el mandato que la ley nos exige, un paso vital ha sido el constituir formalmente una Dirección de Fiscalización, la que desplegó un primer proceso de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa en los órganos del nivel central, conforme las instrucciones dictadas por este Consejo. Se evaluaron 267 organismos, en los 14 items que exige la ley, considerando 253 materias obligatorias y 38 buenas prácticas, obteniéndose un promedio de cumplimiento de un 93.8%. Conforme esta fiscalización, el 98% de las instituciones evaluadas se encuentran en el tramo que va desde el 75% al 100% cumplimiento.
Valoramos este proceso, tanto por los resultados obtenidos, que reflejan el compromiso de los Organismos fiscalizados con el cumplimiento de sus obligaciones, como por la posibilidad de desplegar un modelo de fiscalización que hemos direccionado hacia la prevención y promoción del cumplimiento.
Uno de los roles más visibles del Consejo es el de garante del derecho de acceso a la información pública en la resolución de reclamos y amparos. Al igual que en el caso de las consultas que recibe el Consejo, se manifiesta un importante aumento para el primer trimestre de este año con un promedio mensual de ingreso ascendente a 139 casos a diferencia del año 2010 en que el promedio bordeaba los 64 casos.
Este incremento sostenido de ingresos nos ha puesto en la necesidad de reforzar esta función y de perfeccionar continuamente el modelo de gestión de reclamos, cuyas mejoras nos han permitido disminuir los tiempos de tramitación y el número de casos pendientes. Asimismo hemos implementado paulatinamente un sistema alternativo de resolución de casos que, a la fecha y sobre un universo de 140 casos sometidos a esta modalidad de tramitación, ha sido exitoso en el 69% de los casos, en un tiempo de tramitación inferior al de un reclamo y con un alto nivel de satisfacción de los intervinientes en el proceso.
En el ámbito normativo se han dictado tres Instrucciones Generales y en estos días estamos concluyendo el proceso de consulta pública para el borrador de una recomendación respecto a protección de datos personales. La Ley N° 20.285 le entrega al Consejo la obligación de “Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”. Es justamente en cumplimiento de esta función que durante el año pasado realizamos una encuesta nacional para conocer el nivel de conocimiento y cumplimiento en el sector público de las normas vigentes que imponen obligaciones en el ámbito de la Protección de Datos Personales bajo su custodia. Sus resultados fue lo que nos impulsó a redactar esta recomendación que establecerá obligaciones y limitaciones que deberán observar los órganos de la Administración del Estado, en el tratamiento de los datos que obren en su poder.
El éxito en la construcción e institucionalización de la cultura de la transparencia supone un trabajo que integre a los diferentes actores de este proceso, por lo que ha sido una orientación permanente de este Consejo el establecimiento de alianzas y la celebración de convenios de colaboración.
Especial relevancia en ese ámbito tienen dos convenios celebrados durante este año: el 24 de marzo pasado con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Asociación Chilena de Municipalidades con el que se formalizó el inicio de un proyecto, financiado con una donación del Banco Mundial, que nos permitirá generar un modelo de gestión de transparencia municipal; y el 15 de abril sellamos con el ministerio Secretaría General de la Presidencia el compromiso para implementar en conjunto el Portal de Transparencia del Estado de Chile. Para ese fin el Ministerio aportará todos los sistemas tecnológicos desarrollados por el gobierno para favorecer el ejercicio ciudadano del derecho de acceso a la información pública y el control de la gestión de las respuestas a las solicitudes de acceso por parte de la Administración del Estado y adoptará todos los mecanismos tendientes a que los servicios públicos, centralizados y descentralizados, sean usuarios activos del Portal de Transparencia.
La concreción de este Portal se convierte en el gran desafío para este nuevo año de vida que comenzamos, porque nos entregará una herramienta que nos permitirá cumplir adecuadamente con las funciones que encomienda la ley, especialmente la de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia y fortalecer sus capacidades en el ámbito de la promoción del principio de la transparencia de la función pública. El “Portal de Transparencia del Estado de Chile” nace con la visión de ser EL referente digital en materia de transparencia para el país, constituyéndose en un canal y experiencia única en uso y acceso para los ciudadanos a la información del Estado y en un sistema que contribuirá sustantivamente al imperio del principio de Transparencia y a la mejora de gestión de los órganos públicos.
Agradecemos el apoyo y colaboración que autoridades, funcionarios públicos y ciudadanos nos han brindado durante estos dos años de funcionamiento del Consejo. Esperamos ir atendiendo paulatinamente las necesidades y los convocamos a seguir trabajando en conjunto para poder implementar en Chile una cultura de la transparencia.


