Estudio nacional sobre Ley de Transparencia
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Por tercer año consecutivo el Consejo para la Transparencia realizó una encuesta a nivel nacional para evaluar el nivel de conocimiento de la Ley, el rol del Consejo y las preocupaciones y opiniones de los chilenos en torno al derecho de acceso a la información pública.
El sondeo se efectuó entre el 22 de septiembre y 30 de octubre a 2 mil hogares en todo Chile, tanto en las zonas urbanas como rurales. El objetivo es conocer las distintas dimensiones de la política pública de transparencia en los ámbitos de las instituciones públicas, de los ciudadanos y del Consejo para la Transparencia.
Los resultados muestran una línea de continuidad con respecto a los estudios realizados en 2010 y 2009, pero se profundizan ciertos aspectos, especialmente la desconfianza de las personas hacia las instituciones públicas y la información que reciben de éstos.
A nivel del ejercicio del derecho de acceso a la información propiamente tal, sólo un 45% señala haber hecho una solicitud, siendo estas mayoritariamente cursadas a municipios y vinculada a obtener beneficios o subsidios. Un problema que se aprecia es que al 20% le negaron la información solicitada y de este grupo, casi el 79% no obtuvo la razón de la negativa. Además hay quejas respecto a que la información obtenida estaba incompleta o errada y también se manifiesta descontento hacia una mala atención del funcionario.
En el caso de las personas que buscaron información en los sitios electrónicos de las instituciones públicas, el universo de los que lo han hecho es más bajo, (22,4%) pero la satisfacción por haberlo encontrado es bastante mejor, 79,3%. Aquí son los ministerios obtienen el primer lugar por ser los más requeridos en forma electrónica pero los subsidios y beneficios se mantienen como el motivo principal. Sin embargo, sólo 7,7% de los encuestados conoce el sitio “gobierno transparente” dentro de los sitios web de los organismos públicos. También se aprecia una barrera digital, ya que 24,7% confiesa que no haría solicitudes de información en forma electrónica declarando como principales motivos (42,9%) que no sabrían como hacerlo o que no entiende de computación. Esto se refuerza con un 62,7% que señala que de necesitar información asistiría personalmente al servicio a requerirla y 71,5% que como medio para pedirla iría personalmente a llenar un formulario.
Otra arista del derecho que permite conocer mejor este estudio es la conciencia que tienen las personas de su derecho a reclamar. Ante una negativa a la solicitud de información 25,6% señala que presentaría un reclamo formal, pero se aprecia desconocimiento sobre a dónde recurrir, ya que 50,3% lo haría en el mismo lugar donde pidió la información y solo 25% recurriría al Consejo para la Transparencia.
Este último dato junto a otros que se recogen en la encuesta muestran que aún hay un profundo desconocimiento entre los chilenos respecto a la existencia de la Ley de Transparencia y su derecho de acceso a la información pública. Sólo 15% señala conocer la existencia de la Ley (porcentaje menor a 2010) y 11,1% que ha escuchado hablar del CPLT, siendo funcionarios públicos el segmento más amplio entre los conocedores.
