En tres fallos sucesivos, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó sendos recursos interpuestos por las universidades Santo Tomás, Uniacc y de las Américas que pretendían impedir el acceso a sus respectivos expedientes de acreditación. En las sentencias, todas dictadas de modo unánime por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, se ratificó el criterio previo seguido por el Consejo para la Transparencia en esta materia, y se destacó el “interés público” que el tema reviste.

El caso se originó en una solicitud presentada a fines del año pasado por el abogado Rodrigo Mora ante la Comisión Nacional de Acreditación, solicitando los expedientes de los tres planteles mencionados, más los de las universidades del Mar y Pedro Valdivia. La CNA sólo entregó los antecedentes de estas dos últimas, pero no de las otras tres, argumentando que ellas se habían opuesto por estimar que ello afectaba sus intereses. Ante ello, Mora recurrió al Consejo para la Transparencia, el cual acogió su reclamo de modo unánime. En su argumentación, el organismo enfatizó que “existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma”. Incluso, hizo alusión expresa a los temas de índole financiera evaluados en el proceso de acreditación. “El conocimiento y la publicidad de las proyecciones financieras de una universidad, y en general de las instituciones de educación superior, han demostrado tener un altísimo interés público, entre otras cosas, por la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de éstas”, dictaminó.

Tras la decisión del Consejo, las universidades Santo Tomás, Uniacc y de las Américas presentaron sendos recursos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, los que fueron rechazados también en forma unánime esta semana, en sucesivas sentencias.  En ellas el  tribunal de alzada hizo notar la “voluntariedad” con que cada plantel se integró al proceso de acreditación, el cual les permite poder acceder a los recursos del Estado para el financiamiento estudiantil. Pero además resaltó el hecho de que el tema del aseguramiento de la calidad de la educación superior “se encuentra instalado en la discusión social… por lo que no aparece inusitado, imprevisto ni abusivo que se requiera información y se exija transparencia al respecto”.