Con un contundente 90% de fallos favorables en lo que va del año, el Consejo para la Transparencia (CPLT) consolida su rol como garante del derecho de acceso a la información pública, defendiendo exitosamente sus decisiones frente a reclamos de ilegalidad presentados por diversos organismos del Estado o eventualmente solicitantes de información.
Es importante destacar que cuando una institución pública no está conforme con una decisión del CPLT —particularmente aquellas que acogen un amparo y ordenan entregar información—, tiene la posibilidad de interponer un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. Adicionalmente, este mismo recurso puede interponerse por el solicitante de la información contra una decisión del CPLT que rechaza un amparo decretando la reserva de la información requerida.
Este mecanismo judicial busca que el tribunal revise si la decisión del Consejo se ajusta o no a la Ley de Transparencia. Durante este proceso, tanto el Consejo como la persona solicitante de la información deben ser notificados y tienen derecho a defender su postura. El tribunal, finalmente, resuelve si acoge o rechaza el reclamo. Es decir, si anula o ratifica la decisión del CPLT.
Durante el primer semestre de 2025, las Cortes de Apelaciones han dictado 62 sentencias en causas relacionadas a reclamos de ilegalidad contra decisiones del Consejo, de las cuales 56 fueron favorables a la posición del CPLT, confirmando así su interpretación de la Ley de Transparencia y reafirmando, en consecuencia, su compromiso con una gestión pública abierta y fiscalizable.
“Estos resultados no solo son una buena noticia institucional, sino que reflejan un respaldo judicial claro a nuestra labor de protección del derecho de acceso a la información pública. La transparencia no es un eslogan, es un deber constitucional y legal, y un derecho que estamos decididos a garantizar en todas las instancias, respetando el marco jurídico que prevé también la debida reserva de la información cuando así corresponde”, señaló la presidenta del Consejo, Natalia González.
Entre los casos destacados de 2025 figura el fallo del 21 de marzo, donde la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Subsecretaría de Transportes y ratificó la orden del CPLT de entregar las recomendaciones de otros ministerios que dieron origen al reglamento que regula las plataformas de transporte como Uber. También sobresale la resolución del 10 de abril en contra del Instituto Nacional del Deporte (IND), que buscaba negar información sobre rendiciones de cuentas relacionadas con la Corporación ADO Chile, y la sentencia del 27 de junio que obliga al Registro Civil a entregar un listado de duplicados de patentes solicitados en abril, detallando placa, fecha y oficina.
Estas cifras se suman al desempeño logrado en 2024, año en que el Consejo también obtuvo una sólida tasa de éxito judicial, ganando 141 de las 174 sentencias dictadas (81%). En total, desde el inicio del año pasado hasta junio de 2025, han ingresado más de 260 reclamos de ilegalidad, lo que da cuenta de un activo ejercicio del control judicial, pero también de la robustez argumentativa de las decisiones adoptadas por el CPLT.
“Seguiremos compareciendo ante los tribunales con la convicción de que la información pública le pertenece a la ciudadanía y con ella puede exigir de las instituciones que la administran la debida rendición de cuentas propia de una democracia sana”, remató González.
