Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores diera a conocer la información relativa al presupuesto y recursos públicos destinados por el Gobierno a la promoción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de Naciones Unidas, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ratificó dicho acto propio de la Cancillería, resolviendo que dicha información es esencialmente pública, al no configurarse ninguna causal legal de reserva que lo impida.

El pronunciamiento responde a la solicitud presentada por los diputados Christian Moreira y Felipe Donoso, quienes pidieron al CPLT aclarar si el Ejecutivo podía mantener en reserva el costo fiscal asociado a la campaña internacional de la exmandataria, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores señalara inicialmente que parte de dicha información estaría vinculada al “interés nacional”.

El Consejo Directivo del CPLT, integrado por su presidenta Natalia González y los consejeros María Jaraquemada, Roberto Munita y Bernardo Navarrete, concluyó que no se advierte una afectación presente ni probable al interés nacional que justifique aplicar la causal de secreto del artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia. Por el contrario, sostuvo que se trata de información relativa al uso, gestión y ejecución de recursos públicos, que debe permanecer identificable, sistematizada y disponible para escrutinio ciudadano.

En su análisis, el CPLT enfatizó que la regla general en Chile es la publicidad de la información y que cualquier excepción debe interpretarse de forma estricta, debiendo acreditarse con precisión el daño que provocaría su divulgación. En este caso, el organismo determinó que no se advirtieron perjuicios a relaciones exteriores ni a otros bienes jurídicos protegidos por la ley con la suficiente especificidad.

Como se indicó precedentemente, el pronunciamiento consideró en su argumentación la situación de ya haberse hecho públicos por la Cancillería antecedentes sobre la materia. Específicamente, reveló que se habían ejecutado US$ 17.423 en viáticos, estadía y pasajes, y que se proyectaba un gasto de US$ 40.000 adicionales para la fase final de la campaña. Para el CPLT, los gastos efectivamente realizados —por efectuarse con cargo a fondos fiscales— son susceptibles de ser conocidos, conforme a la debida rendición de cuentas que deben cumplir los órganos de la Administración del Estado.

La presidenta del Consejo, Natalia González, destacó que la decisión apunta a reforzar el estándar democrático de control ciudadano: “Por regla general, toda disposición de recursos fiscales debe ser pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se asignan, administran y ejecutan estos fondos, más aún cuando se trata de iniciativas de alto interés público y proyección internacional”.

Finalmente, el CPLT señaló que todo uso futuro de recursos públicos, incluidos en el presupuesto a ejecutar y ejecutados en lo sucesivo para estos fines de la postulación, también será información esencialmente pública, salvo que se acredite en el caso concreto que concurren una o más causales de reserva establecidas en la ley.