Notas y reportajes emblemáticos en las que se usó información obtenida vía Ley de Transparencia

El Consejo para la Transparencia ha desarrollado una amplia jurisprudencia vinculada al acceso a la información vinculada a diversos aspectos de la industria de la salmonicultura, fundamentalmente en relación a materias medio ambientales y sanitarias asociadas a este tipo de cultivos.

Una minuta estadística de la Dirección de Estudios del CPLT de 2022, estableció -a partir de la revisión de datos levantados desde el Portal de Transparencia del Estado y del Sistema de Gestión de Casos del Consejo para la Transparencia y del Sistema de Decisiones de la institución- que de 667 solicitudes de acceso a la información dirigidas al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), 29 casos han sido presentados ante el CPLT y se han judicializado tras no permitirse el acceso a lo requerido. En el 50% de los casos que llegan a la institución, el servicio u organismo público reclamado se opone a la decisión del Consejo, llevando los amparos a tribunales.

Notas relacionadas:

Biobio.cl. Industria salmonera: la pugna por el acceso a la información a través de la Ley de Transparencia. 1 de julio 2022.

Proceso de fiscalización del Consejo para la Transparencia permitió verificar si existe información abierta que posibilite el acceso a la ciudadanía a detalles del procedimiento y la forma en que se implementa la normativa en materia de interrupción del embarazo en tres causales en establecimientos de la red pública de salud, acorde a lo establecido por la Ley Nº 21. 030.

Notas relacionadas:

A cuatro años del aborto en tres causales: en uno de cada tres prestadores de la red de salud no hay acceso a los protocolos para interrumpir el embarazo. TheClinic 7 de marzo 2022.

Una fiscalización del Consejo para la Transparencia en Universidades Estatales por tratamiento del acoso sexual en materias de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa, estableció en 2018 que 7 de 18 universidades estatales contaban en ese momento con protocolos de acoso sexual.

CPLT: Sólo 7 de 18 universidades estatales cuentan con protocolos de acoso sexual en sus sitios web. 13 de junio de 2018.

En 2016 se dio a conocer el denominado caso “Jubilazos”, en que se supo de los montos de jubilación de varios ex funcionarios de Gendarmería -entre ellos, la ex esposa del entonces Presidente de la Cámara de Diputados-. De acuerdo a un dictamen de la Contraloría de junio de ese año, el monto máximo de las jubilaciones que pueden percibir los funcionarios de Gendarmería es de 60 UF, cifra ampliamente superada en el caso de 592 ex funcionarios de la institución a contar del año 2006.

La polémica suscitada por este caso, conllevó, entre otras acciones, la renuncia del Director Nacional de Gendarmería, la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, un sumario de Contraloría y la designación de un Fiscal para tramitar una causa penal por parte del Ministerio Público.

Nota relacionada:

Funcionarios civiles de Gendarmería que jubilaron con montos sobre tope de 60 UF , El Mercurio 2016

A partir de un proceso de fiscalización impulsado por el Consejo para la Transparencia, se pudo caracterizar parte de las residencias sanitarias informadas oficialmente por el Ministerio de Salud en plena pandemia por Covid-19, utilizando para ello registros públicos que deben estar disponibles vía ley de Transparencia asociados a distintos tipos de compra destinados a afrontar la emergencia sanitaria.

Nota relacionada:

La Tercera. Residencias sanitarias no registradas y compras de test a empresa cosmética: Transparencia acusa falta de claridad en compras por Covid. 22 de julio de 2020.

En agosto de 2017, el Diario Atacama reveló que el Administrador Municipal de Tierra Amarilla mantenía contratos por servicios de asesorías técnicas jurídicas en el Departamento de Administración de Salud Municipal con la misma municipalidad desde el 2015. Se calculaba que dichos servicios le habían permitido obtener más de 30 millones de pesos, los cuales se sumaban a su remuneración como funcionario del municipio. Toda esta información fue obtenida vía Transparencia Activa.

Junto con la irregularidad de recibir dos pagos del mismo empleador, la extensión de la contratación  de asesoría, además, incumplía lo señalado por la Ley 18.883 del Estatuto Administrativo, que establece que la contratación de personal a honorarios obedece a labores no habituales en una institución.

El medio también daba cuenta que la Contraloría ya había objetado la existencia de estas asesorías.

Así, un informe emitido en 201646, señalaba que no era posible acreditar debidamente el gasto, pues los antecedentes que se reportaban eran insuficientes para hacer seguimiento de las labores y verificar el cumplimiento de los fines para los que se contrataron los servicios. Además, el documento señalaba que no constaba que las asesorías se hubieran realizado fuera del horario en que el funcionario ejecutaba sus funciones regulares y que los servicios contratados se topaban con aquellos que ya realizaba la Sección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad. Pese a todas estas observaciones, según se observó en la información publicada en la página web del municipio, el Administrador continuó cobrando por estos servicios y extendió el contrato por dicho concepto.

A raíz de la noticia, diversos miembros del Concejo Municipal reaccionaron, señalando desconocer la situación y manifestaron la necesidad de regularizar este tipo de casos.

Nota relacionada:

Administrador Municipal de Tierra Amarilla mantenía contratos por servicios de asesorías técnicas jurídicas

En Marzo de 2014, el diario La Tercera dio a conocer que la recién nombrada Gobernadora de Chiloé aparecía con calificación de “indigente” en la Ficha de Protección Social (FPS)34, instrumento que en ese entonces utilizaba el Estado para asignar subsidios y beneficios35, lo cual la ubicaba dentro del 1% más pobre del país. La información se había conocido a partir de un certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo Social al cual había accedido el medio.

Según consigna la noticia, la Gobernadora, que habría sido encuestada en 2007 para definir su puntaje, aparecía con sólo 2.119 puntos, resultado muy bajo para una persona profesional que había tenido trabajo remunerado en el pasado. De hecho, señalaban que el puntaje más bajo registrado por una  persona en esa fecha era de 2.079 puntos y que una persona indigente podía registrar hasta un máximo de 4.123. Esta información, había sido posible de conocer partir de datos obtenidos en Transparencia Activa, donde se corroboró que el mismo año 2007  ella era funcionaria del Registro Civil, donde tenía una renta superior al millón de pesos. Además, por esta misma vía se supo que posteriormente se  desempeñó de manera intermitente en la Subsecretaría de Previsión Social.

Desde el partido de la ex Gobernadora, explicaron que ella había sido ingresada a la FPS de su pareja en 2011, quien residía en un sector rural de la isla, que en ese entonces, no contaba con acceso a luz ni agua potable. Se argumentaba, también, que cuando fue ingresada, ella se encontraba embarazada y cesante. En su defensa, además, se señaló que, posteriormente, cuando encontró trabajo, habría solicitado una nueva encuesta, pero que su puntaje no habría sido modificado36 y que no había  obtenido ni solicitado ningún beneficio o subsidio utilizando la ficha37. Argumentos similares utilizó la ex Gobernadora para defender su calificación de “indigente”, mencionando que residía en un lugar que inicialmente no contaba con servicios básicos.

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Antecedentes abren críticas a nuevos gobernadores de Bachelet

En 2010, el Centro de Investigación Periodística, Ciper, y revista Qué Pasa publicaron un reportaje sobre médicos del sector público que incumplían el horario de trabajo de sus contratos83. Específicamente, se investigó lo ocurrido dentro de cinco hospitales públicos de Santiago: San Borja, Barros Luco, Félix Bulnes, Salvador y Sótero del Río.

Para efectuar la investigación, por medio de la Ley de Transparencia, se solicitó copia de los libros de asistencia del año 2009 de dichos hospitales a los respectivos Servicios de Salud. La obtención de la información no fue fácil84: inicialmente la investigación consideraba 6 hospitales, pero no fue posible incorporar la del San José puesto que la respuesta a la solicitud de acceso a la información demoró más tiempo. Además, en dos situaciones, los Servicios de

Salud se negaron a entregar la información, en un caso argumentando la carga laboral que implicaba responder, y en otro, señalando que no se entregaría por tratarse de información que afectaba a terceros.

A raíz de ello, Ciper presentó dos amparos ante el CPLT, los cuales fueron acogidos, ordenándose, por tanto, la entrega de la información.

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Médicos sin control: Los dueños de la salud pública en Chile, Ciper

Médicos sin control: Los libros de asistencia de los doctores en hospitales de Santiago

En 2012, el Centro de Investigación Periodística, Ciper, publicó un reportaje dando cuenta de la cesión gratuita realizada por el Estado, entre 1973 y 1991, de 113 propiedades a la Fundación de Centros de Madres, Cema Chile , organización presidida, hasta la fecha, por la esposa del líder del Régimen Militar (1973-1990), Augusto Pinochet. Justamente, 111 de esas donaciones fueron autorizadas por el propio Pinochet.
Para realizar el reportaje, Ciper efectuó una solicitud de acceso a la información vía Ley de Transparencia al Ministerio de Justicia, requiriendo los estatutos (y sus modificaciones), memorias y balances de la Fundación Cema Chile, desde su creación a la fecha . Además, ingresó otra solicitud a la Subsecretaría de Bienes Nacionales pidiendo el detalle de los inmuebles que eran propiedad fiscal y que fueron traspasados a dicha Fundación.
Según detalla el reportaje, las 113 donaciones de propiedades se rigieron por la Ley 1.939 del Ministerio de Tierras y Colonización (antecesor del Ministerio de Bienes Nacionales). Esta Ley establece que el beneficiario no puede tener fines de lucro; la prohibición de enajenación antes de 5 años –salvo autorización del Ministerio– y de usar el inmueble para fines distintos a la función del beneficiario; y que en caso de incumplimiento, el Estado debería recuperar la propiedad.
Según Ciper, pese a la detección de faltas a estas condiciones en algunos casos, el Estado no había realizado la recuperación de los inmuebles. Como señala el medio, sólo en Santiago, de los 38 bienes revisados, 26 fueron vendidos y, en 7 casos, sin cumplir la condición de los 5 años, aunque para ello contaron con la autorización de las autoridades de la época. Asimismo, una propiedad fue donada y otras 11 aún permanecían para esa fecha en manos de Cema Chile.

Nota relacionada:

CEMA: Cómo la fundación de Lucía Hiriart lucró con la venta de inmuebles que le donó el Fisco.” 18 de julio de 2012.

En julio de 2016, el programa Contacto de Canal 13, publicó la situación de Concejales de diversos municipios que viajaban dentro y fuera del país para, supuestamente, recibir capacitación o realizar visitas técnicas . Para elaborar el reportaje, se realizaron solicitudes vía Ley de Transparencia a los 345 municipios del país consultando el detalle y montos sobre estos cometidos funcionarios.
A partir de la información, se estableció que sólo en los años 2014 y 2015, los municipios habían gastado más de 8 mil millones de pesos en capacitaciones a Concejales y Alcaldes, cifra que podría ser mayor dado que 42 municipios no respondieron la solicitud, incumpliendo la Ley de Transparencia.
Asimismo, la información permitió realizar un ranking de las comunas que más gastaban en ese tipo de actividades, dando cuenta que el monto en viajes no se condecía con el tamaño y/o recursos del municipio . Así, el reportaje muestra que estos viajes serían cuestionables, pues implican importantes costos, especialmente en municipios donde los recursos son escasos, como los casos de Alto Hospicio y Camarones, comunas que se muestran en el reportaje.
Lo relevante de la información difundida fue el cuestionamiento generado en torno a la utilidad que las capacitaciones tendrían en los municipios, máxime si no se elaboraban informes, o estos eran de baja calidad, sin culminar en planes concretos de acción. En este sentido, se señaló que no existía una rendición efectiva de cuentas. De igual manera, se cuestionó que se desarrollaran capacitaciones sobre leyes chilenas en el extranjero, específicamente en destinos de alto atractivo, como Brasil, Colombia y países de Europa, dejando constancia, además, que algunos Ediles habían aprovechado los viajes para hacer turismo.
Adicionalmente, el reportaje evidenció la inexistencia de registro de los viajes o incompletitud en el registro de los mismos en la plataforma Infolobby (www.infolobby) –administrada por el CPLT– en el cual las autoridades, incluyendo Concejales y Alcaldes, deben registrar sus viajes. Esto constituye un incumplimiento a la Ley 20.730 (que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios) y la imposibilidad de los ciudadanos de ejercer su potestad de control social de las autoridades.

Nota relacionada:

“Concejales on tour.” 24 de julio de 2016. Canal 13.

En 2017, Radio Biobío reveló, en su sitio web, un reportaje sobre funcionarios públicos del Gobierno Regional del Biobío que habían accedido al beneficio de arriendo de viviendas fiscales. En éste, se señalaba que, por el uso de estas viviendas, los funcionarios pagaban arriendos menores a 60 mil pesos, pese a que varios de ellos contaban con sueldos que, en muchos casos, superaban  los 2 millones.

Para elaborar el reportaje, Radio Biobío solicitó, vía Ley de Transparencia, el listado de beneficiarios de viviendas fiscales del Gobierno Regional, a través de la cual se conoció que en la región del Biobío, se disponía de 188 viviendas, por las que se percibían, en total, sólo 6 millones de pesos al mes. En el caso del Gore Regional, 14 funcionarios eran los beneficiados.

El acceso a la información suscitó el cuestionamiento respecto al proceso de asignación del beneficio y de los montos que se cobraban por los arriendos. Así, se pudo saber que la definición de los arriendos se determina en base al 10% del sueldo base del funcionario público, sin considerar las diferentes asignaciones que estos perciben y que implican una parte importante de sus remuneraciones.

Nota relacionada:

“Sueldos millonarios pagando arriendos minúsculos: el abuso de las casas fiscales”. 16 de junio de 2017.

En 2016, el diario El Mercurio dio a conocer el caso de profesionales médicos que habían recibido becas de especialización con financiamiento estatal, pero no habían cumplido con el proceso de retribución del beneficio.

Esta beca forma parte del Programa de Formación de Especialistas y Subespecialistas, el cual comenzó en 2008 para minimizar la falta de especialistas médicos en el país. El Programa exige que luego de completar sus estudios, los becarios trabajen en el sector público –hospitales o consultorios– por el doble de tiempo que duró su especialización, a jornada completa, lo cual se conoce como Período Asistencial Obligatorio (PAO). El destino de retribución de la beca y las condiciones de ésta es conocido por los médicos cuando se acepta el beneficio. 

El Mercurio consigna la dificultad que enfrentó para obtener la información que les permitiera elaborar el reportaje, debido a las inconsistencias entre diferentes fuentes oficiales y la descentralización de la misma, que depende de cada Servicio de Salud. En este caso específico, el medio analizó las bases de datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal), obtenidas vía solicitudes de acceso a la información, y las cruzó con la información de causas del Poder Judicial.

Nota relacionada:

“Estado exhibe bajo nivel de sanción hacia médicos que reciben becas de especialidad y no vuelven a hospitales”. 14 de octubre de 2016.