La ciudadanía está usando la Ley de Transparencia como nunca en Chile. Según el balance 2025 del Consejo para la Transparencia (CPLT), entre el 01 de enero y el 30 de septiembre, las personas han iniciado 10.738 casos ante el CPLT con el objeto de que se les garantice su derecho a acceder a información pública. Al mismo tiempo, el Portal de Transparencia del Estado, plataforma a través de la cual se pueden iniciar estos procedimientos, dirigir solicitudes de acceso a la información y revisar transparencia activa de los órganos de la Administración del Estado, superó los 6,1 millones de visitas.
Estas cifras evidencian un creciente interés de las personas de buscar por sí mismas respuestas sobre temáticas asociadas a información pública tan relevante como gasto y compras públicas, contratos celebrados, decisiones de la autoridad, reuniones sostenidas o viajes realizados, entre otras materias de alto interés ciudadano.
Respecto de los casos iniciados ante el CPLT en este período, los datos muestran una mejoría en el acceso a información pública respecto del mismo período del año anterior. Ello, dado que los casos en que se dio por entregada la información aumentaron de un 25% a un 30%, por lo que se verificó en mayor medida la hipótesis en que el CPLT dio por terminada la controversia entre los solicitantes de información y los órganos requeridos de forma anticipada, aplicando en gran medida su Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), sin tener que pasar a conocer el fondo del asunto (lo que implica ponderar alegaciones y pruebas que puedan presentar las partes), ahorrando así tiempo de resolución de los casos. Asimismo, los casos declarados inadmisibles por el CPLT disminuyeron de un 39% a un 32%, lo que evidencia una mayor prolijidad por parte de las personas en el uso de la Ley de Transparencia.
A esto se sumó el enorme interés por entender cómo funcionan las herramientas que la Ley de Transparencia pone a disposición de las personas. En el período analizado, ingresaron más de 18.500 consultas al CPLT para saber cómo pedir información, cómo reclamar u otras dudas relacionadas con el quehacer institucional. Por su parte, a nivel territorial, el Consejo capacitó a cerca de 9000 personas en distintas regiones del país, desde estudiantes y vecinos hasta organizaciones sociales y funcionarios públicos.
Adicionalmente, el CPLT ejerció su facultad fiscalizadora con decisión: 250 organismos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia se encuentran al cierre del período con investigaciones sumarias instruidas en su contra por infracciones a dicha normativa. De estos organismos, casi un 80% corresponde a municipalidades o corporaciones, fundaciones y asociaciones relacionadas a estas. Además, en dicho período, el CPLT resolvió 88 investigaciones sumarias, de las cuales el 59% terminó con la aplicación de sanciones, lo que evidencia que aún hay fallas relevantes, pero que también existe una respuesta institucional concreta para corregir malas prácticas.
En lo que respecta al cumplimiento de la Ley de Lobby, el CPLT también pone a disposición de las personas los principales datos asociados, a través de su portal www.infolobby.cl. Al respecto, se evidenció que, al 30 de septiembre de 2025, los servicios públicos registraron 61.694 audiencias de lobby, 46.577 viajes de funcionarios y 2.736 donativos recibidos, cifras que están por debajo de los registros del año pasado en el mismo período, lo que sugiere una posible disminución en el uso del portal de lobby del Estado.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, afirmó al respecto que “las cifras de este año nos sugieren una consolidación de la cultura de la transparencia. Cada vez más personas están interiorizadas en las herramientas que pone la Ley de Transparencia a su disposición y están exigiendo la respectiva rendición de cuentas a sus autoridades, tanto del nivel nacional como el regional y local”.
Agregó que “cualquier persona, sin importar dónde viva o a qué se dedique, puede solicitar a los órganos de la Administración del Estado información pública, sin necesidad de expresar motivos. Y si un servicio no responde, no entrega lo solicitado o contesta parcialmente, el solicitante puede iniciar un amparo ante el CPLT para que intervengamos y le garanticemos el cumplimiento de la ley. De la misma forma, si una persona considera que un servicio no cumple con sus obligaciones de transparencia activa (publicaciones exigidas por ley), puede iniciar un procedimiento de reclamo ante este Consejo. El derecho a saber no es negociable: es una herramienta que está empoderando a la ciudadanía y cambiando la relación entre el Estado y las personas”.
