Análisis de transparencia a empresas públicas identificó escasa implementación de recomendaciones oficiadas por el CPLT en 2018

  • Fiscalización a Empresas Públicas y Sociedades del Estado no sometidas al Sistema de Empresas Públicas (SEP) mostró buenos resultados a nivel agregado en cuanto a obligaciones legales y otras regulaciones –en promedio un 96,8% de cumplimiento en Transparencia Activa-, pero identificó una baja adhesión a buenas prácticas recomendadas en materia de probidad, transparencia y buen gobierno enviadas vía oficio por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en junio de 2018.
  • El informe identificó además brechas de publicidad de información vinculada a marcos normativos e información consolidad de personal y sus remuneraciones.

Un bajo nivel de implementación de buenas prácticas en materia de transparencia, probidad y buen gobierno recomendadas por el Consejo para la Transparencia (CPLT) vía oficio N°3326 del 20 de junio de 2018, estableció fiscalización del CPLT a empresas del Estado no pertenecientes al Sistema de Empresas Públicas (SEP), y que incluyó la revisión de sitios web (corporativas y de transparencia activa) de ocho entidades, entre ellas TVN, BancoEstado y Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE).

 

Entre las medidas oficiadas por el Consejo destacan dar publicidad a través de sus plataformas web a informes de auditoría interna y externa –o versiones públicas de estos registros-, nóminas de contratos que superen las 1000 UTM y declaraciones de intereses y patrimonio de directores, gerentes y ejecutivos principales.  Sólo en algunos casos el CPLT pudo constatar la implementación de alguna de estas medidas en las empresas públicas evaluadas.

 

Respecto del proceso, el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, explicó que “Nuestra misión como Consejo para la Transparencia busca contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante, entre otras cosas,  la rendición de cuentas y el control social, y estas obligaciones y las recomendaciones que hemos enviado a las empresas públicas apuntan en ese sentido, a dotar a la ciudadanía de más herramientas para ejercer un escrutinio público de decisiones y acciones de entidades que manejan recursos públicos”.

 

No obstante los resultados relativos a las indicaciones del CPLT, las entidades fiscalizadas obtuvieron un alto porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia activa establecidas en la ley y vía instrucción general del Consejo –en promedio a nivel agregado alcanzaron un 96,8%-, destacando la disponibilidad de información sobre estado financiero y memorias anuales; filiales o coligadas y todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención; y la composición de directorios e individualización de los responsables de la gestión y administración de la empresa.

 

El proceso logró identificar también brechas de publicidad vía web de información relativa a la estructura orgánica u organización interna y funciones y competencias de las unidades u órganos de las empresas públicas y de remuneraciones.

 

En este último caso, pese a que 6 de las 8 empresas fiscalizadas cumplen con el requerimiento, TVN alcanzó un 0% de cumplimiento por mantener información desactualizada de su personal y remuneraciones y publicar de forma incompleta la descripción de las funciones que le han sido otorgadas por ley.  Por su parte, la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) obtuvo un 75% de cumplimiento por no disponer este tipo de antecedentes actualizados.

 

Adicionalmente, del análisis realizado se desprende que del total de empresas consideradas en esta fiscalización TVN fue la que mostró un menor nivel de adhesión a las recomendaciones que hizo el CPLT sobre buen gobierno corporativo y transparencia. Al mismo tiempo se constató que entidades como CODELCO o el Banco Estado ya han activado algunas de estas buenas prácticas  -como por ejemplo la presentación de una política interna de regulación de conflictos de interés o la difusión de las actas del directorio en el caso de la Corporación.

 

Sobre la evidencia mostrada por la fiscalización, el titular del Consejo comentó que se insistirá en líneas de trabajo que persiguen ampliar la cultura de transparencia a la mayor cantidad de instituciones posibles. Al respecto expresó: “Tenemos que elevar los niveles de transparencia en las empresas en las que hay participación del Estado e insistiremos en las sugerencias que hemos enviado oficialmente a estas entidades para que avancen en su implementación. La transparencia es un valor que las empresas entienden es parte de su capital, pero deben dotarla de sentido y eso es mediante el acceso a información y la rendición de cuentas”.