El caso se inició el 4 de marzo pasado, cuando el abogado Pablo Ortiz pidió a Carabineros de Chile conocer los “protocolos de uso de armas letales en operativos de drogas; protocolos de uso de armas contra civiles, y protocolos de uso de armas”. Dos días después, la institución respondió negándose a entregar lo solicitado. Esto, apelando al Código de Justicia Militar, el cual señala que tendrán carácter secreto los documentos “cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas”.
Frente a ello fue que Ortiz presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia por denegación de información. A objeto de analizar el asunto, el Consejo decretó en dos oportunidades la misma medida para mejor resolver: solicitar a Carabineros copia de los mencionados protocolos, de manera de poder revisar sus contenidos y determinar si efectivamente proceden las causales de reserva esgrimidas por la policía. En las dos ocasiones la institución uniformada se negó a su entrega. Ante ello, el CPLT resolvió citar a una audiencia pública para dar la oportunidad a la institución de explicar circunstaciadamente las razones de su posición.
A la audiencia, realizada hoy viernes 11 de octubre en la sede del Consejo, concurrieron el coronel Ramiro Larraín, abogado jefe del Departamento de Información Pública de la Inspectoría General de la institución; el capitán de Justicia Carlos Aguilar, asesor jurídico, y el comandante Gonzalo Huenumil. El solicitante, en tanto, fue representado por la abogada Macarena Rodríguez, de la Clínica de Acceso a la Información Pública de la Universidad Alberto Hurtado, quien se encuentra fuera de Chile y participó en la audiencia vía Skype.
Rodríguez fundamentó la solicitud en el interés público, advirtiendo la necesidad del control social sobre las acciones de la policía. Además, descartó que se encuentre aquí en juego un tema de seguridad nacional o que corresponda aplicar de modo automático las causales de reserva establecidas por la ley, sin antes evaluar si efectivamente la entrega de los antecedentes pedidos generaría el daño alegado por la institución uniformada. En su presentación exhibió un reportaje publicado por el diario La Segunda en mayo del año pasado, donde se da cuenta de los manuales que en ese momento seguía la institución para la represión de desórdenes públicos; además, hizo notar que ese texto circula libremente en internet “sin que se haya producido un daño a la seguridad nacional”.
El coronel Larraín rechazó los argumentos de la abogada. Luego procedió a entregar a los consejeros (Jorge Jaraquemada, presidente del CPLT; Vivianne Blanlot, Alejandro Ferreiro y José Luis Santa María), bajo reserva, tres documentos vinculados con la solicitud: un manual sobre uso de disuasivos químicos; el protocolo sobre gradualidad en el uso de la fuerza, y las directivas complementarias sobre uso de armamento por parte de Carabineros. Según Larraín, tales documentos constituyen un conjunto y su divulgación afectaría la eficacia de la labor institucional y la seguridad tanto del personal uniformado como de civiles. Y es que, indicó, los textos en cuestión no sólo fijan criterios, sino también un conjunto de especificaciones técnicas (desde el alcance, por ejemplo, del material para disparar disuasivos químicos, hasta la forma de montaje y desmontaje de las armas) cuyo conocimiento por parte de terceros podría permitir a éstos poner en juego su efectividad o también aprender a utilizar armamento sofisticado.
Respecto del documento publicado en La Segunda el año pasado, en tanto, afirmó que éste se encuentra desfasado, al menos, desde noviembre del año pasado, por cuando la policía regularmente actualiza sus instructivos.
Ahora el Consejo deberá ponderar los argumentos de las partes y tomar una decisión. Esta puede ir desde dar la razón a la parte solicitante hasta mantener la reserva pedida por Carabineros. Eventualmente, el CPLT también podría resolver aplicar el principio de divisibilidad y dar carácter público sólo a una parte de la información pedida.
