
Un mes para hacer llegar tus opiniones y comentarios.
La sala de conferencias del Palacio de Tribunales de Santiago, fue el escenario elegido para cerrar el segundo ciclo de charlas que el Consejo para la Transparencia (CPLT) ha organizado en conjunto con la Academia Judicial de Chile en diversos tribunales del país.
Entre los objetivos que motivaron estos encuentros se cuentan la promoción de la normativa de transparencia y la reflexión sobre la jurisprudencia y el derecho de Acceso a la Información Pública en Chile. Asimismo, esta iniciativa permitió reforzar el relacionamiento del CPLT con el Poder Judicial y la promoción de la labor que esta entidad desarrolla en el fortalecimiento de una cultura de la transparencia.
En palabras del presidente del CPLT, Marcelo Drago, estas jornadas “han permitido entender el espíritu que está detrás del Consejo para la Transparencia a la hora de resolver un caso, entender el rol revisor de las cortes de apelaciones y poder en conjunto aplicar correctamente la ley, y a través de ello empoderar a la ciudadanía en el derecho de acceso a la información pública”.
En la ocasión, el titular del Consejo destacó el rol de la Corte de Apelaciones de Santiago como “fiel” en la aplicación y ratificación de la Ley de Transparencia. Esto dado que según cifras del Consejo, la inmensa mayoría de recursos e impugnaciones en contra de actos y decisiones de la entidad se han radicado en este Tribunal. También ha sido en la Región Metropolitana en la que se evidenciado un mayor ejercicio del derecho de acceso a la información y un importante incremento en el número de amparos por denegación de acceso a los datos públicos.
Drago destacó también el rol de la entidad a 10 años de la ley, período en el que “se ha visto un cambio de actitud tanto de la ciudadanía como de los funcionarios”. “La normativa ha ido cumpliendo sus objetivos, instalándose en la cultura nacional y ha sido un aporte a la democracia”, agregó.
Este curso tiene como objetivo que los alumnos reconozcan la utilidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el ejercicio periodístico, así como conocer los principales conceptos y herramientas centrales del Periodismo de Datos, y se encuentra dirigido a periodistas, profesores y estudiantes de Periodismo o cualquier otra persona interesada.
Para el diseño y elaboración de este curso se contó con la valiosa colaboración del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, cuyo principal objetivo es capacitar a periodistas y ayudarlos a desarrollar programas de capacitación que eleven los niveles éticos y profesionales del periodismo.
En palabras del jefe de la Unidad de Promoción y Clientes del Consejo para la Transparencia, Christian Anker, “este curso destaca, pues busca generar nuevas destrezas y habilidades de vital importancia para la sociedad de la información actual en el que se insertan no sólo los periodistas sino todos los profesionales interesados en este tipo de materias”. En este sentido, si bien es un curso pensado para periodistas, puede ser cursado por cualquier persona que le interese profundizar en temáticas relacionadas a la Transparencia, el Acceso a la Información, el Ejercicio del Periodismo en la actualidad y el Open Data.
Mediante animaciones y elementos audiovisuales el curso recrea casos emblemáticos de acceso a la información pública y pronunciamiento del Consejo para la Transparencia donde periodistas han solicitado información de diversa índole.
El Presidente del CPLT, don Jorge Jaraquemada, a su vez, instó a los periodistas a usar “la poderosa herramienta que tienen para pedir información. En la medida que usen la Ley de Transparencia van a agilizar su cumplimiento y a contribuir en su masificación y deselitización”.
El curso virtual es gratuito, y se encuentra disponible a partir de la semana del 6 de enero para su inscripción en www.educatransparencia.cl . Una vez que los alumnos aprueben, se les hará entregará de un certificado firmado por el Consejo para la Transparencia, el cual valida su desempeño durante la impartición del curso.
Durante el encuentro realizado en la municipalidad de esa ciudad, los alcaldes de Osorno, Llanquihue, Puyehue, Queilén, Purranque, Fresia, Frutillar, Quemchi, Puerto Varas, Hualaihué, Calbuco, Quellón, Puqueldón y Dalcahue se comprometieron a avanzar en el cumplimiento de los estándares de transparencia activa.
En 2013, el Puntaje Promedio Regional de cumplimiento en Transparencia Activa fue de un 33,69%, lo que significa una mejora respecto de 2012 cuando el promedio fue de 29,88%. Las comunas que han mostrado mayores avances en esta materia son Puerto Montt, Osorno y Puerto Varas que se ubican en el tercio de mejor cumplimiento, sobre el 70%. A su vez, durante 2013 aumentaron su promedio en más de 20 puntos porcentuales con respecto a 2012.
Ante la presencia de más de cincuenta funcionarios municipales, provenientes de distintos puntos de la región, el equipo del CPLT dictó además una capacitación sobre el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal y se difundió la forma en que funciona el Portal de Transparencia del Estado.
Esta iniciativa se enmarca en la colaboración entre el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), con el fin de implementar el modelo de gestión municipal en transparencia municipal e incorporar a los municipios al Portal de Transparencia del Estado.
Esta visita a Osorno —en lo que constituye la undécima salida a regiones—, forma parte del plan de capacitación presencial que el CPLT realiza periódicamente a lo largo del país, destinado a difundir y entregar a los municipios las herramientas que les permitan avanzar en transparencia activa. Esta iniciativa se complementa, a su vez, con la plataforma digital http://www.educatransparencia.cl y con la firma de convenios con municipios para que adhieran al Portal de Transparencia del Estado.
El encuentro encabezado por el Director General del Consejo, Raúl Ferrada, junto al alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, reunió a ediles de las municipalidades de Cisnes y Río Ibáñez, además de los representantes y funcionarios de las comunas de Chile Chico, Lago Verde y O’Higgins, con el objetivo de avanzar en mejorar los estándares de transparencia en la gestión municipal en favor de la ciudadanía.
A su vez, y por vía electrónica, adhirieron a este compromiso los municipios de Cochrane y Tortel.
Con esto el Consejo para la Transparencia suma su décima visita a regiones, lo que se traduce en la incorporación de más de 100 municipalidades al convenio de colaboración del Consejo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), con el fin de implementar el modelo de gestión municipal en transparencia e incorporar a los municipios al Portal de Transparencia del Estado.
Durante la firma, el alcalde de Coyhaique sostuvo que “este convenio es un esfuerzo para mejorar e implementar la entrega de mayor información a la ciudadanía de manera fidedigna y actualizada” y agregó que “la gestión en sí debe ser lo más transparente para la tranquilidad de todos los vecinos”.
A su vez, los jefes comunales de Cisnes y Río Ibáñez, Luis Arsenio Valdés y Luis Emilio Alarcón, respectivamente, concordaron en que este paso representa un desafío y que resulta esencial transparentar la gestión ante la opinión pública. Además, destacaron la oportunidad de ser capacitados en Ley de Transparencia, considerando la lejanía en que se encuentran sus comunas.
Por su parte, el director del CPLT agradeció a los asistentes la participación a la Jornada de Transparencia y enfatizó que “la adopción de este modelo es una oportunidad de los municipios para que, además de cumplir con sus materias de transparencia, incorporen herramientas para mejorar su gestión”.
Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia, asistió a la graduación de los alumnos del curso de “Capacitación en Liderazgo Participativo y Transparencia”, orientados a dirigentes sociales y territoriales de la comuna de Independencia.
Junto a Gustavo González, Gerente General del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), y Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, entregaron los diplomas a los alumnos en una ceremonia que marca además, el cierre de un convenio firmado hace 4 meses por las tres instituciones con el fin de realizar estos programas de capacitación.
El programa contribuyó a desarrollar competencias comunicacionales para el liderazgo local y a potenciar el aprendizaje de los dirigentes vecinales y la comunidad, poniendo el foco en el cuidado. A través de una metodología basada en el trabajo en equipo, se abordaron elementos conceptuales y actividades vivenciales para la incorporación de nuevas herramientas comunicacionales en la perspectiva de potenciar las relaciones sociales y el cuidado mutuo.
La ceremonia contó con una alta presencia de vecinos y autoridades quienes escucharon atentos las palabras del alcalde Gonzalo Durán, Gustavo González y Raúl Ferrada, quien destacó la realización de este tipo de iniciativas en una búsqueda por un mayor desarrollo de los liderazgos locales.
Artistas nacionales cuyas obras representen los valores de la transparencia, son los convocados a “TransparentARTE, arte chileno para una cultura de transparencia”, que hoy fue lanzado por el Consejo para la Transparencia.
La iniciativa, que se lleva a cabo con el apoyo de la Fundación AVA y su productora, prestigiada por la realización de la Feria de Arte Contemporáneo Ch.ACO, abre sus postulaciones este 16 de enero y estarán disponibles hasta el 28 de febrero de 2013. Entre los requisitos de las bases del concurso, destaca que los artistas deben tener al menos cuatro años de experiencia, una publicación o exposición realizada, ser chilenos residentes y las obras postulantes deben estar ya producidas.
TransparentArte surge por la inquietud de promover el valor de la transparencia a través de todos los lenguajes para generar el cambio cultural, en cuyo marco el arte tiene un rol fundamental. El desarrollo de TransparentARTE estará a cargo del Comisario Camilo Yáñez, quien ha sido coordinador de artes visuales del Centro Cultural Matucana 100, profesor de arte en la Universidad Diego Portales y ha realizado curatorías en Chile y en Buenos Aires. Yáñez destacó que esta iniciativa “logra reunir ámbitos lejanos hasta ahora. Así como el arte puede ayudar a la construcción de una sociedad más transparente, es una oportunidad para que el mundo del arte incorpore la transparencia como valor en su quehacer”.
El jurado de TransparentArte está compuesto por Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia; Raúl Ferrada, director General del Consejo para la Transparencia; Nicolás Cobo, Presidente Fundación AVA; Francisco Brugnoli, Director del MAC y Ramón Castillo, Director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales.
Ferreiro, presidente del jurado, indicó que “queremos que en nuestro país el valor de la transparencia se incorpore en la cultura. Para eso el arte es una herramienta que permitirá develar los significados que este concepto tiene entre nosotros”.
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En abril de 2009 entró en vigencia en Chile la Ley de Transparencia, que regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información del país, marcando con ellos uno de los hitos más relevantes en el derecho de los ciudadanos a acceder a información de carácter público.
A partir de entonces, los ciudadanos han tenido la posibilidad de exigir su derecho a saber frente a las instituciones del Estado, y cuando ello ha sido denegado, han podido acudir al Consejo para la Transparencia (CPLT), que tiene la función de velar por esta garantía.
A la fecha (período abril de 2009 a julio 2012) las instituciones de la administración central del Estado han recibido un total de 136.495 solicitudes de información en el marco de la Ley de Transparencia (Informe mensual N°40, Comisión de Probidad y Transparencia). Entre ellas, destaca el mayor grupo dirigido a ministerios del ámbito social con un 48.49%, seguido por los económicos con un 30.14% y por último los ministerios políticos con el 21.37% del total.
Denegación de información en cifras
Desde que entró en vigencia la Ley Nº 20.285 el 20 de abril de 2009, hasta el 31 de agosto de 2012, han ingresado al Consejo para la Transparencia un total de 4.498 casos en los que los consultantes no han visto satisfechas sus necesidades de información por parte de las instituciones del Estado. El incremento de ingresos ha sido constante, pasando de un promedio mensual de cerca de 80 casos en 2009 a alrededor de 160 durante este año.
El Consejo ha acordado una decisión en el 90,4% de los casos ingresados, las que se dividen entre un 54,8% en que se analiza el fondo de la solicitud, por lo que se denominan “Decisiones de fondo”; un 37,2% en que el caso no se ha admite a tramitación por faltar algún requisito legal (por ejemplo, los presentados fuera del plazo de 15 días o contra organismos que están fuera del control del Consejo, como los Tribunales o el Congreso Nacional), por lo que se habla de “Decisión de inadmisibilidad”; y un 8,0% de los casos en que el reclamante se desiste del amparo, muchas veces a propósito del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC)
En definitiva, de los casos que se han sometido a “Decisión de Fondo”, que son aquellos que requieren un análisis profundo por parte de los Consejeros, los resultados han sido los siguientes : en un 25.8% se ha acogido parcialmente la solicitud de información; en un 56,9% se ha acogido totalmente, en tanto que un 17,3% de los casos han sido rechazados.
Perfil del ciudadano que ejerce su derecho de acceso a la información
Por otro lado, según los resultados de la Encuesta Nacional de Transparencia y los Estudios de Satisfacción de Clientes 2011 nos permiten observar importantes diferencias entre el perfil de ciudadano que requiere y efectivamente solicita información pública (47,8% declara haber solicitado alguna vez información a un organismo público, ministerios, municipalidades u otros) –más allá que lo haga o no por la Ley 20.285- y aquel que accede al Consejo por haber quedado disconforme con la respuesta recibida por el organismo al que solicitó la información.
De esta forma, el primero –solicitante- responde a mujeres (60,7%) con educación media completa (29,8%) cuya actividad principal es empleado del sector privado y dueña de casa (25,5% y 24,5%, respectivamente) y con un ingreso familiar de entre $150.001 y $500.000 (28,4% en el primer tramo: $150.001 a $250.000 y 25,3% entre $250.001 y $500.000).
Mientras que el segundo –que reclama al CPLT-, en general, es hombre (76,4%) con educación universitaria completa y estudios de post grado (40,6% y 17%, respectivamente) cuya actividad principal es trabajador independiente o por cuenta propia o empleado del sector público (24,6% y 22,8%, respectivamente) y con un alto ingreso familiar (22,5% entre $ 2.000.001 y $5.000.000 y 50% por sobre los $500.000).
*Datos históricos a julio de 2012.
El caso C722-12 se resolvió en 34 días hábiles. La solicitante había pedido a la Dirección General de Aguas información relacionada con las resoluciones por usurpación de aguas en lugar y tiempo determinados. Al no recibir respuesta, interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia.
Este caso fue derivado para ser resuelto a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), procedimiento que persigue alcanzar una salida anticipada a los amparos de manera previa al normal, que tiene un plazo máximo de 120 días corridos.
Desde 2010 el Consejo para la Transparencia (CPLT) ha estado implementado dicho sistema y hoy realiza un llamado a los organismos públicos a que adhieran al sistema, por ser una salida más rápida y menos engorrosa, para reclamado y reclamante. Para ello envió 45 oficios a las entidades que nunca se han sumado a esta práctica.
Luis Aravena, quien interpuso un amparo contra la Municipalidad de Lo Espejo, tuvo su caso resuelto tras aceptar, en conjunto con la municipalidad, dicho procedimiento. “La verdad es que encuentro muy óptima la gestión que ustedes realizan.”, declara junto con agradecer la intermediación.
El objetivo principal del SARC es optimizar la gestión de los amparos que debe resolver este Consejo, reducir los plazos de tramitación, dar mayor flexibilidad y, en especial, cumplir con el principio de oportunidad en la entrega de la información a los requirentes, entregando mayor protagonismo y control a las partes involucradas y mejorando sus niveles de satisfacción.
Algunas dificultades
Durante la implementación de este sistema, la colaboración de los organismos ha sido vital para el éxito e impacto de esta medida en la resolución de amparos de manera anticipada. “En general, la aplicación de SARC ha tenido una recepción muy positiva por parte de los organismos públicos ya que más del 75% de los casos tramitados en esta modalidad terminan de manera exitosa, alcanzando un alto nivel de satisfacción de todas las partes involucradas”, opina Ricardo Sanhueza, jefe de la Unidad de Admisibilidad y SARC.
Sanhueza explica que a pesar de la buena receptividad, “hemos identificado la existencia de problemas puntuales en la comprensión de esta alternativa”, lo que ha derivado que haya organismos que no aceptan este procedimiento.
Así, y por la importancia que tiene para el Consejo la adhesión y una positiva disposición a la tramitación de casos en la modalidad SARC. Para ello, recomendó, mediante oficio, instruir a los encargados de transparencia o enlaces de 45 organismos a informarse sobre el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias y sus características esenciales, utilizando los mecanismos permanentes de atención y orientación que mantiene este Consejo.
A esta convocatoria se suma una capacitación, que se hará durante septiembre, donde se revisarán aspectos vinculados a este procedimiento.
Etapas del procedimiento SARC
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Juan Lukas Rapu Tuki, encargado del Fondo de Cultura en Conadi de Isla de Pascua |
La Unidad de Promoción y Clientes del Consejo para la Transparencia grabó el audio de la tercera cápsula educativa destinada a pueblos originarios, en la que se explica cómo ejercer el derecho de acceso a la información en rapa nui.
La locución estuvo a cargo de Juan Lukas Rapu Tuki, encargado del Fondo de Cultura en Conadi de Isla de Pascua, cuya voz será el insumo para incorporar el audio en rapa nui en la cápsula educativa digital “¿Cómo solicitar información pública?”, que se publicará en el portal Educatransparencia. (Ver video de la grabación)
Junto con la versión en mapudungún y aimara, suman tres las grabaciones para pueblos originarios, próximas a subirse a la plataforma EducaTransparencia. Este proyecto se desarrolla en el marco de un acuerdo con CONADI que tiene por objetivo traducir las cápsulas educativas disponibles en dicho portal a las lenguas originarias más representativas del país, siguiendo la definición realizada por esa entidad. Su fundamento está dado por el cumplimiento de los compromisos suscritos por Chile bajo el Convenio 169 de la OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y su acceso en pie de igualdad, a los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población y las tareas de difusión y promoción de la Transparencia que se le encomiendan al CPLT.
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Asistentes de diversos municipios participaron en la Jornada de actualización en Transparencia Municipal |
Con 20 municipios presentes el Consejo para la Transparencia realizó el miércoles 8 diversos talleres de formación dirigido a funcionarios y encargados de Transparencia municipales, en el marco del plan nacional de capacitaciones 2012.
A cargo de esta actividad estuvo un grupo de analistas de las Unidades de Promoción y Clientes, Normativa y Fiscalización del CPLT, quienes impartieron temas de interés para los municipios de la Región Metropolitana.
Lo anterior, buscó desarrollar destrezas sobre el cumplimiento de la Ley 20.285, promoviendo una mejor gestión y buenas prácticas en el derecho de acceso a la información (DAI), y en dar a conocer cómo lograr un nivel de cumplimiento óptimo en Transparencia Activa, es decir explicando cuáles son las herramientas de autoevaluación que deben manejar los funcionarios públicos para cumplir con los estándares que ha fijado el CPLT con respecto a la información que deben contener las páginas web de los servicios.
La jornada generó un espacio para resolver dudas, permitiendo a los asistentes participar y resolver todas las consultas respecto a la implementación de la ley. En ese sentido y como ha venido ocurriendo en otras partes del país se mencionó la plataforma digital Educatransparencia, la cual busca ser reconocida como canal de promoción y actualización en cuanto a lo que señala la ley y en el rol que desarrolla el CPLT.