En el ejercicio de sus facultades legales el Consejo para la Transparencia fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa en los 345 municipios del país.

Los resultados de dicho proceso fueron difundidos el pasado viernes 27  de abril, alcanzando los municipios un promedio de cumplimiento de un 30,26 %. (ver informes de fiscalización).

Atendidos los bajos resultados de esta fiscalización municipal y las diferencias que presentan los municipios evaluados en términos de población, ruralidad, pobreza y presupuesto, este Consejo ha resuelto implementar las siguientes medidas:

a) La realización de talleres regionales de Transparencia Activa dedicados especialmente a la capacitación de los funcionarios municipales encargados de estas materias, en todo el país;

b) La recomendación a los municipios de la adopción de prácticas sistemáticas de autoevaluación, utilizando las herramientas que ha diseñado este Consejo y que están permanentemente a disposición en su sitio electrónico www.consejotransparencia.cl;

c) La instrucción de radicar la evaluación periódica del nivel de cumplimiento de Transparencia Activa, en las reparticiones municipales encargadas del control interno; y

d) Solicitar la instrucción de sumarios administrativos a la Contraloría General de la República en el caso de 30 municipios, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Transparencia para que se establezca la eventual responsabilidad administrativa que pudiere corresponder por la infracción al artículo 47 de la misma ley que sanciona “el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa”.

 

Los municipios respecto de los cuales se ha solicitado la iniciación de estos procedimientos sumariales son los siguientes:

 
Municipalidad de Purranque
Municipalidad de Nancagua
Municipalidad de Lebu
Municipalidad de El Monte
Municipalidad de Bulnes
Municipalidad de Traiguén
Municipalidad de Maullín
Municipalidad de Mariquina
Municipalidad de Futrono
Municipalidad de Coelemu
Municipalidad de Nogales
Municipalidad de Los Álamos
Municipalidad de Coltauco
Municipalidad de Las Cabras
Municipalidad de Teodoro Schmidt
Municipalidad de Padre Hurtado
Municipalidad de Rengo
Municipalidad de Villarrica
Municipalidad de La Ligua
Municipalidad de Lampa
Municipalidad de Río Bueno
Municipalidad de Angol
Municipalidad de Monte Patria
Municipalidad de Cauquenes
Municipalidad de Estación Central
Municipalidad de San Joaquín
Municipalidad de Independencia
Municipalidad de Iquique
Municipalidad de Talca
Municipalidad de Maipú

 

Este viernes 27 del Consejo para la Transparencia dio a conocer la primera fiscalización municipal en Transparencia Activa, realizada a los 345 municipios entre el 26 de enero y el 30 de marzo de 2012.

 

Durante la presentación el director General del Consejo, Raúl Ferrada, dijo que esta fiscalización se enmarca dentro de un rol de promoción de la transparencia que tiene el organismo, destacando el trabajo que se ha ido realizando con los municipios en materia de transparencia.

 

Al analizar los resultados, donde los municipios alcanzan un puntaje promedio de 30,26%, el Director General explicó que se puede constatar que “el cumplimiento de las obligaciones de transparencia tiene que ver con el compromiso del alcalde”, ya  que se puede ver porcentajes altos de cumplimiento tanto en comunas grandes, como en aquéllas más pequeñas.

 

De esta manera los resultados pueden ser leídos según la Tipología Comunal-Municipal establecida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que diferencia siete grupos de municipios -más uno de excepción-, donde los tres primeros comprenden a aquéllos más vulnerables (con menos de 12 mil habitantes, 50% de población rural y que dependen en un 70% del Fondo Común Municipal).

 

La fiscalización, cuyos resultados fueron remitidos a cada municipio, midió la presencia del banner del Transparencia Activa (TA) en el sitio web, la existencia y operatividad de los vínculos a las materias exigidas por la ley 20.285; la actualización de la información dentro de los diez primeros días hábiles del mes y la revisión del ítem general y de los trece ítems obligatorios.

 

Posteriormente el presidente del CPLT, Alejandro Ferreiro, se refirió a esta medición, realizada a tres años de la puesta en vigencia de la Ley 20.285 declarando que para su cumplimiento “es esencial el compromiso político” y que “esperamos cambios y mejoras importantes”. Ferreiro destacó el trabajo que el Consejo realiza a nivel municipal, como el proyecto municipal en conjunto con el Banco Mundial.

 

El Consejo anunció, además, que la próxima semana enviará a Contraloría un oficio con las solicitudes de instrucción de sumario, ya que “esta es una ley vigente hace tres años que no se puede dejar de cumplir como se observa a nivel municipal”, declaró Ferreiro agregando que “queremos focalizar la la sanción administrativa en aquellos casos extremos”. “Si hubiésemos aplicado un criterio de sancionar a todos los municipios que están bajo el promedio, hubiéramos tenido que sumariar a 200 municipios y no se cumple el rol pedagógico de la sanción si se le aplica a todos”, declaró el presidente del organismo.

 

Ferreiro destacó, además, la importancia del control social, el rol de los medios y de la comunidad,  como un elemento básico para el control de la veracidad e integridad de la información públicada.

Raúl Urrutia, presidente CPLT junto a Raúl Ferrada, director general

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, y el director general de la institución, Raúl Ferrada, entregaron los resultados de un proceso de fiscalización a las instituciones de salud de la administración central del Estado.

Esta es la primera fiscalización que hace el Consejo a un sector específico y es el inicio de un proceso que pondrá énfasis en los sectores prioritarios para los ciudadanos según lo expuesto en la Evaluación de Transparencia Activa en Hospitales autogestionados y los Resultados del estudio de Cliente Oculto en el sector salud.

Sobre los resultados de los 57 hospitales autogestionados Raúl Urrutia se refirió a que los principales hitos de la investigación tienen que ver con que existe una alta demanda de las personas por más transparencia en salud, además es una de las áreas en que se destina mayor presupuesto, por lo que es necesario conocerlo y saber cómo lo ejecutan, ya que 42 hospitales (73,68%) no presentan el presupuesto del organismo, sino del servicio de salud. A su vez se detectó que se requiere aumentar la orientación al ciudadano, porque la salud comprende temas de alta relevancia para las personas, como por ejemplo el acceso a prestaciones garantizadas y conocer cómo avanzan las listas de espera, entre otros.

Con respecto a la Evaluación de Derecho de Acceso a Información a 11 organismos del sector salud, donde se realizaron 44 solicitudes de información, vía presencial y vía web, por personas informadas y no informadas. Raúl Ferrada destacó que existe una alto número de barreras para las personas al momento de ingresar una solicitud, principalmente para los ciudadanos no informados. Así fue como sólo el 50% de las solicitudes presenciales pudieron ser ingresadas, correspondiendo en su mayoría a peticiones de ciudadanos informados. Por último, otro problema que se le presenta al ciudadano al momento de ingresar la solicitud es que en algunos casos se condiciona la recepción de la solicitud a la entrega del número de RUT del solicitante y/o a la indicación del motivo por el cual está solicitando la información y el fin que se le va a dar, lo cual no lo exige la ley 20.285.

Durante la presentación del estudio, la directora de Fiscalización, Alejandra Sepúlveda, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, y el director general, Raúl Ferrada.

Un total de 267 instituciones de la administración central del Estado que comprende ministerios con todos los servicios dependientes de estos, intendencias, gobiernos regionales, gobernaciones provinciales, servicios de salud y servius, fueron evaluados por la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia para medir su nivel de cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de la información que deben publicar mensualmente en sus sitios electrónicos y que se conoce como “Transparencia Activa”.

Es precisamente en el artículo 7 de dicha ley en la cual se enumeran los 13 aspectos que deben informarse mensualmente a los que se suman tres Instrucciones Generales que ha dictado el Consejo para la Transparencia en ejercicio de sus facultades normativas (Instrucciones Generales N° 4, 5, 7 y 9).

El proceso contempló dos etapas las que se desarrollaron entre el 15 de septiembre y el 17 de diciembre de 2010, los que incluyeron una primera medición, el envío del reporte con los resultados a todos los organismos con las indicaciones necesarias para mejorar los aspectos con menor puntaje y posteriormente se repitió el proceso, el que hoy se da a conocer.

Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia, destacó que en general se exhibe un buen cumplimiento con un 16,10% de los organismos obteniendo 100 puntos (la ponderación máxima) y el 91% (243 organismos) aumentó su puntaje entre la primera y segunda evaluación. Todo ello permite que el puntaje promedio de todos los organismos fiscalizados es de 93,82%, 5,64 más alto que el obtenido en octubre.

“Felicitaciones a los funcionarios públicos y su preocupación por cumplir con las exigencias de transparencia”, señaló. Añadió que los resultados muestran que el cumplimiento no está vinculado a la cantidad de recursos económicos con que cuenta el servicio, ya que hay gobiernos regionales que exhiben 100 puntos y están muy por encima de otros organismos de la Región Metropolitana. “Esto demuestra que la transparencia no es un tema de dinero, sino de voluntad política”, enfatiza.

Urrutia destaca que la medición se realizó desde una lógica ciudadana, considerando los aspectos de la información que son más relevantes para las personas. El fin último de la transparencia es garantizar el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública. Por ello, es necesaria la fiscalización pero no cualquiera, sino una que sea hecha desde la perspectiva ciudadana.

Es esta lógica ciudadana la que ha dominado todo el proceso desde la gestación de las Instrucciones Generales sobre Transparencia Activa por parte del Consejo para la Transparencia, la que incluyó que el borrador se sometiera a consulta pública, focus groups con grupos especializados y se entrevistara a funcionarios públicos a cargo de las unidades de transparencia. Estas opiniones se tuvieron en cuenta en el borrador final de las Instrucciones así como en la herramienta de medición del cumplimiento de estas obligaciones por parte de los organismos públicos, la que se entregó con anticipación a todos los organismos para que pudieran medirse y evaluarse en forma interna antes de que el Consejo iniciara el proceso de fiscalización.

Por eso, se le ha dado una mayor ponderación a los temas vinculados a las personas directamente como subsidios con todos los antecedentes de requisitos y cómo postular, además de la lista de beneficiados; las potestades del organismo (lo que le permite a la persona saber cuál es el giro del negocio de la institución que consultan); los actos con efectos sobre terceros  y mecanismos de participación ciudadana, por sobre las estructuras normativas, por ejemplo.  Sin embargo, los resultados muestran que justamente es en este aspecto, el más relevante para las personas, donde se encuentran los puntajes más bajos. Es por ello que se define un área importante de trabajo con los servicios para relevar de forma adecuada esta información.

Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia, aclaró que el Consejo para la Transparencia estará revisando a aquellos organismos que exhiben bajos índices, lo que se volverá a fiscalizar y a través de sus equipos de trabajo ofrece todo el apoyo para lograr las mejoras necesarias. “Para nosotros es preocupante que los puntajes más bajos estén en aquellos ítems de mayor impacto ciudadano, por lo que estas mejoras son urgentes, ya que afectan directamente la posibilidad de que las personas puedan acceder a información útil y el Estado pierde oportunidades de vincularse eficientemente con la ciudadanía”, declaró. “¨Por ello, se volverá a fiscalizar a estos organismos en el breve plazo”, subrayó.

“La labor de fiscalizar a los organismos públicos no es una atribución exclusiva del Consejo para la Transparencia, es labor de todos los chilenos. Queremos convocar a todas las personas a revisar los sitios electrónicos de los organismos públicos y se encuentra que falta información que exige la ley o que no está actualizada, presenten un Reclamo ante el Consejo. La transparencia es tarea de todos”, recalcó el presidente del Consejo para la Transparencia.

Nuevos pasos en fiscalización

Al trabajo realizado ya en transparencia activa en los organismos de la administración central del Estado y que se mantendrá durante el año, se suman nuevas áreas en que el Consejo para la Transparencia fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley. Por un lado viene una segunda fase que busca hacerse cargo de la Consistencia de la Información y que se hará de modo focalizado en algunas instituciones. Otra etapa serán las mediciones dirigidas a los municipios, de igual forma como hoy se presenta el cumplimiento en los organismos de la administración central del Estado. Y en una etapa paralela, se comenzará a trabajar para observar  cómo están siendo respondidas las solicitudes de acceso a la información pública que las personas están haciendo llegar a los servicios públicos.

VER REPORTE COMPLETO

Entre el 21 y 26 de octubre pasados el Consejo para la Transparencia envió a los jefes de servicio de todos los organismos de la administración central del Estado el primer reporte oficial sobre su nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa que señala el artículo 7 de la Ley N° 20.285 más las instrucciones generales dictadas por el Consejo.

El informe comprende una evaluación extensiva de 253 elementos en total contemplados punto a punto, tal cual lo dispone la herramienta que ha elaborado el Consejo y que se ofrece en su sitio web, www.consejotransparencia.cl, para que los mismos organismos puedan medir su cumplimiento.

Este es un reporte privado para cada institución que fue despachado por vía electrónica junto a un oficio del director general del Consejo, Raúl Ferrada, con firma electrónica avanzada, en el cual se indica el puntaje total obtenido por la institución, el puntaje por cada uno de los 14 items que dispone la ley en su artículo 7 y además se ofrece una síntesis de las observaciones generales que se profundizan en el documento completo. El oficio solicita que se implementen las medidas necesarias para subsanar las observaciones y omisiones que se detallan en el informe de fiscalización.

María Alejandra Sepúlveda, directora de fiscalización del Consejo para la Transparencia, precisa que esta es la primera etapa del proceso. En el mismo oficio se informa que en noviembre se verificará que los servicios hayan realizado adecuaciones en la información que deben publicar en sus sitios electrónicos y cuyo plazo de actualización es hasta el 15 de noviembre (primeros 10 días hábiles). “El 16 de noviembre comienza la segunda etapa de este proceso con la revisión de las observaciones planteadas y los resultados obtenidos en esta segunda etapa serán difundidos por el Consejo”, explica.

Sepúlveda destaca que el resultado en general es muy positivo y hubo organismos que lograron los 100 puntos”, comenta. “Eso nos demuestra que podemos avanzar mucho en transparencia activa, que existe espacio para que los organismos se destaquen en la implementación de buenas prácticas”, agrega.

Tras el despacho de los informes, la dirección de fiscalización está recibiendo las consultas y comentarios de los organismos frente a las observaciones recibidas. “Ha sido un proceso enriquecedor, porque a través de las reuniones que hemos tenido, hemos podido detallarles las observaciones formuladas y conocer las particularidades de cada servicio”, señala. “Este ha sido un trabajo de equipo que no solo ha involucrado a nuestra dirección, sino también a numerosas áreas del Consejo para la Transparencia”, añade. “Esta primera etapa permite sociabilizar los aprendizajes y aplicar nuevos conocimientos en el despliegue de la información de transparencia activa en un proceso enfocado en la mejora continua de la gestión de esta información”, concluye.

Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, enfatiza que este primer proceso de evaluación es una muestra concreta del espíritu de colaboración que el Consejo ha querido instaurar con los organismos. “Nos hemos obligado a hacer este trabajo y crear numerosas herramientas de apoyo porque siempre dijimos que queríamos colaborar en la construcción de una cultura de la transparencia. Nuestro objetivo no es repartir sanciones sino ayudar a que todos los organismos cumplan la ley a cabalidad”, aclara. “Esta primera fiscalización cierra un círculo que se inició con la misma construcción de las instrucciones generales sobre transparencia activa, las cuales fueron sometidas a una consulta pública y los mismos organismos tuvieron la oportunidad de revisar y comentar. Luego creamos la herramienta de autofiscalización, los ayudamos a utilizarla y ahora finalmente les entregamos la retroalimentación tras la primera fiscalización”, explica. “Estamos muy contentos con el proceso realizado y esperamos que los servicios públicos aprovechen todas las oportunidades que les hemos entregado”, puntualiza.