Durante la presentación del estudio, la directora de Fiscalización, Alejandra Sepúlveda, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, y el director general, Raúl Ferrada.

Un total de 267 instituciones de la administración central del Estado que comprende ministerios con todos los servicios dependientes de estos, intendencias, gobiernos regionales, gobernaciones provinciales, servicios de salud y servius, fueron evaluados por la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia para medir su nivel de cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de la información que deben publicar mensualmente en sus sitios electrónicos y que se conoce como “Transparencia Activa”.

Es precisamente en el artículo 7 de dicha ley en la cual se enumeran los 13 aspectos que deben informarse mensualmente a los que se suman tres Instrucciones Generales que ha dictado el Consejo para la Transparencia en ejercicio de sus facultades normativas (Instrucciones Generales N° 4, 5, 7 y 9).

El proceso contempló dos etapas las que se desarrollaron entre el 15 de septiembre y el 17 de diciembre de 2010, los que incluyeron una primera medición, el envío del reporte con los resultados a todos los organismos con las indicaciones necesarias para mejorar los aspectos con menor puntaje y posteriormente se repitió el proceso, el que hoy se da a conocer.

Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia, destacó que en general se exhibe un buen cumplimiento con un 16,10% de los organismos obteniendo 100 puntos (la ponderación máxima) y el 91% (243 organismos) aumentó su puntaje entre la primera y segunda evaluación. Todo ello permite que el puntaje promedio de todos los organismos fiscalizados es de 93,82%, 5,64 más alto que el obtenido en octubre.

“Felicitaciones a los funcionarios públicos y su preocupación por cumplir con las exigencias de transparencia”, señaló. Añadió que los resultados muestran que el cumplimiento no está vinculado a la cantidad de recursos económicos con que cuenta el servicio, ya que hay gobiernos regionales que exhiben 100 puntos y están muy por encima de otros organismos de la Región Metropolitana. “Esto demuestra que la transparencia no es un tema de dinero, sino de voluntad política”, enfatiza.

Urrutia destaca que la medición se realizó desde una lógica ciudadana, considerando los aspectos de la información que son más relevantes para las personas. El fin último de la transparencia es garantizar el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública. Por ello, es necesaria la fiscalización pero no cualquiera, sino una que sea hecha desde la perspectiva ciudadana.

Es esta lógica ciudadana la que ha dominado todo el proceso desde la gestación de las Instrucciones Generales sobre Transparencia Activa por parte del Consejo para la Transparencia, la que incluyó que el borrador se sometiera a consulta pública, focus groups con grupos especializados y se entrevistara a funcionarios públicos a cargo de las unidades de transparencia. Estas opiniones se tuvieron en cuenta en el borrador final de las Instrucciones así como en la herramienta de medición del cumplimiento de estas obligaciones por parte de los organismos públicos, la que se entregó con anticipación a todos los organismos para que pudieran medirse y evaluarse en forma interna antes de que el Consejo iniciara el proceso de fiscalización.

Por eso, se le ha dado una mayor ponderación a los temas vinculados a las personas directamente como subsidios con todos los antecedentes de requisitos y cómo postular, además de la lista de beneficiados; las potestades del organismo (lo que le permite a la persona saber cuál es el giro del negocio de la institución que consultan); los actos con efectos sobre terceros  y mecanismos de participación ciudadana, por sobre las estructuras normativas, por ejemplo.  Sin embargo, los resultados muestran que justamente es en este aspecto, el más relevante para las personas, donde se encuentran los puntajes más bajos. Es por ello que se define un área importante de trabajo con los servicios para relevar de forma adecuada esta información.

Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia, aclaró que el Consejo para la Transparencia estará revisando a aquellos organismos que exhiben bajos índices, lo que se volverá a fiscalizar y a través de sus equipos de trabajo ofrece todo el apoyo para lograr las mejoras necesarias. “Para nosotros es preocupante que los puntajes más bajos estén en aquellos ítems de mayor impacto ciudadano, por lo que estas mejoras son urgentes, ya que afectan directamente la posibilidad de que las personas puedan acceder a información útil y el Estado pierde oportunidades de vincularse eficientemente con la ciudadanía”, declaró. “¨Por ello, se volverá a fiscalizar a estos organismos en el breve plazo”, subrayó.

“La labor de fiscalizar a los organismos públicos no es una atribución exclusiva del Consejo para la Transparencia, es labor de todos los chilenos. Queremos convocar a todas las personas a revisar los sitios electrónicos de los organismos públicos y se encuentra que falta información que exige la ley o que no está actualizada, presenten un Reclamo ante el Consejo. La transparencia es tarea de todos”, recalcó el presidente del Consejo para la Transparencia.

Nuevos pasos en fiscalización

Al trabajo realizado ya en transparencia activa en los organismos de la administración central del Estado y que se mantendrá durante el año, se suman nuevas áreas en que el Consejo para la Transparencia fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley. Por un lado viene una segunda fase que busca hacerse cargo de la Consistencia de la Información y que se hará de modo focalizado en algunas instituciones. Otra etapa serán las mediciones dirigidas a los municipios, de igual forma como hoy se presenta el cumplimiento en los organismos de la administración central del Estado. Y en una etapa paralela, se comenzará a trabajar para observar  cómo están siendo respondidas las solicitudes de acceso a la información pública que las personas están haciendo llegar a los servicios públicos.

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