• Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) destacó, con motivo de la conmemoración de un año más de la Ley de Acceso a la Información Pública, el aporte de la normativa y del organismo a un ecosistema de transparencia y probidad “que ha ido dotando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país de nuevas formas de control”.

Con una reflexión sobre la transparencia, el rol que desempeña la ciudadanía y nuevas formas de control de fenómenos como la corrupción, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, se refirió al aniversario de la Ley de Transparencia que esta semana conmemora la institución que encabeza.

La titular del CPLT se refirió a la necesidad de llevar a la práctica el valor de la transparencia. “Es evidente que no basta con invocar un valor, se trata de hacerlo realidad y hacerlo operativo a través de normas e instituciones”, afirmó en una columna publicada en el sitio web de CNN Chile.

Además de valorar los más de 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, subrayó el rol de órganos garantes de derechos fundamentales “especialmente relevantes para cumplir a cabalidad con su tarea de resguardar a la ciudadanía cuando más lo necesita”, refirió, apuntando a la pandemia y al estallido de octubre de 2019. Y detalló: “Es a través de las normas vinculadas a la transparencia y la probidad que es posible en tiempos de pandemia, por ejemplo, acceder a información sobre contagios, regularidad de gasto público o conocer los fundamentos de las decisiones”.

De la Fuente destacó además que el CPLT es “parte de un ecosistema de transparencia y probidad que ha ido dotando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país de nuevas formas de control”. Este ecosistema, explicó, está configurado además por otras instituciones y por normativas que regulan, por ejemplo, la actividad de lobby, probidad, entre otras.

Su análisis apuntó además al papel que desempeña la ciudadanía que usa la ley en su beneficio. “También es condición una ciudadanía activa, con capacidad de hacer exigible tanto el control social de las autoridades como el derecho “llave”, que permite, a través del acceso a información pública hacer realidad el ejercicio de otros derechos humanos”.

“En tiempos de desconfianza, la transparencia se ha convertido en una fórmula que permite asumir que, donde hay luz, disminuye la posibilidad de ocurrencia de abusos o incluso de que se cometan actos de corrupción”, afirmó.