Presidenta del CPLT y expertos internacionales debatieron sobre acceso a la información y prácticas anticorrupción en pandemia

  • La titular del Consejo para la Transparencia analizó, en encuentro con autoridades de transparencia de América Latina y representantes de la OCDE, cómo en el marco de la emergencia sanitaria este derecho fundamental se pone al servicio de la ciudadanía.
    Asimismo, reflexionaron sobre formas de enfrentar la corrupción que “termina perjudicando a la ciudadanía en general, pero particularmente a los que menos tienen”.

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, refirió a la necesidad de incrementar el monitoreo y control del gasto fiscal en el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo en un encuentro internacional sobre los desafíos que ha impuesto en este ámbito la pandemia por Covid-19, instancia organizada por la institución chilena en coordinación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Afirmó que este tema se ha instalado en distintos sectores y democracias del mundo y que: “No debe confundirse la respuesta rápida con la apertura a mecanismos irregulares en la capacidad institucional para dar apoyo a la ciudadanía”.

La titular del CPLT se refirió al permanente monitoreo impulsado por esta entidad “en términos sanitarios y de las consecuencias de esta pandemia en lo social, económico y político, que nos obliga desde el punto de vista de un órgano garante en materia de acceso a la información pública a pronunciarnos y reivindicar derechos fundamentales, como (ocurre) en materia de derecho de acceso a la información”.

De la Fuente refirió también a los costos sociales de la corrupción, que se han profundizado en el caso de la emergencia sanitaria: “La desviación de recursos a causa de la corrupción aumenta la desigualdad, la pobreza y la desconfianza”. Y agregó que se ha constatado que la “corrupción termina perjudicando a la ciudadanía en general, pero particularmente a los que menos tienen”.

Entre otras irregularidades que se han identificado en pandemia en América Latina mencionó sobre precios, insumos médicos defectuosos, malversación de fondos, compras públicas acordadas, entre otros. A este respecto destacó avances realizados en Chile a partir de instrumentos que permiten enfrentar y combatir estas situaciones como ocurre en el caso de un ecosistema digitalizado anticorrupción. “Cuando tenemos plataformas de lobby, para poder conocer y regular la incidencia de toma de decisiones o sistemas como el Portal de Transparencia que nos permite dotar de acceso a la información pública y transparencia activa de medios digitales para que la población pueda conocer y realizar control social”.

Transparencia en la toma de decisiones

En el seminario participó también el director de Integridad de la OECD, Julio Bacio, quien afirmó que la confianza en la democracia radica, en gran parte, en la confianza que la ciudadanía tiene que los gobiernos representen sus intereses. En este sentido, mencionó que se requieren cambios sistémicos en esta materia, entre otros, en el ámbito de la gestión de intereses y su incidencia en las decisiones de las autoridades, destacando la experiencia chilena. “Un buen ejemplo es la plataforma del Consejo en Chile y que muchas veces lo presentamos en la OECD como uno de los mejores ejemplos del mundo para transparentar la relación entre grupos de interés y el Gobierno”.

La titular del CPLT se refirió también a las razones por las cuales “La información pública sin duda es fundamental para que tomemos decisiones vitales”. Subrayó que acceder a antecedentes oficiales y oportunos emanados de distintos organismos permite por ejemplo: explicar a la población cómo evitar los contagios, la importancia de respetar las cuarentenas, la relevancia de proteger los datos personales y sensibles –como el estado de salud-, cómo se conocen los medios de abastecimiento, o cómo hacer control social sobre limitaciones a libertades personales, entre otras cuestiones.

Asimismo, refirió a lo importante de la transparencia como valor fundamental para la población: “la transparencia puede mejorar la confianza en lo público”.

De la Fuente revisó acciones impulsadas por el Consejo en Chile durante la pandemia destacando el envío de oficios, recomendaciones y recordatorios a organismos públicos para señalar no sólo las obligaciones de los sujetos obligados por ley en materia de Transparencia Activa -publicación de información en sitios web- sino en derecho de acceso a la información en un contexto complejo, pero en un marco en el que el derecho de acceso a la información no se suspende, pese al Estado de Excepción Constitucional. Asimismo, destacó acciones en materia de fiscalización que han derivado en investigaciones sumarias en contra de autoridades de servicios que no han cumplido con obligaciones en materia de derecho de acceso a la información.

Se puso a prueba diversos sistemas en pandemia

En el encuentro también se revisaron otras experiencias en la región, con las intervenciones de la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, Blanca Lilia Ibarra; el director de Transparencia y Compromiso Cívico para la Supervisión Gubernamental de la Contraloría General de Brasil, Otavio Neves; intervenciones moderadas por la consejera del CPLT, Natalia González.

En el caso de México, Ibarra destacó las acciones impulsadas por el organismo para “estar cerca de la gente, con base en las necesidades prioritarias”. Respecto de las lecciones post pandemia dijo: “Esta crisis sanitaria ha puesto a prueba los sistemas jurídicos, institucionales y a la propia sociedad civil, particularmente en cuanto al ejercicio del derecho a saber para proteger y ejercer otros derechos”, comentó.

En tanto, Neves reforzó la importancia de la información pública, oficial y confiable para que la gente puede tomar decisiones vitales. Agregó que el desafío para los organismos de transparencia a nivel mundial en este sentido apunta no sólo al deber de informar a la población sobre temas de suma relevancia como los del ámbito sanitario, sino también de hacerse cargo de aquellos contenidos que distorsionan o contaminan la comunicación.