El Consejo para la Transparencia lanzó la cuarta versión del Concurso de Videos Escolares, el cual busca promover el aprendizaje de niños, niñas, jóvenes y profesores en los principios relacionados con la transparencia y la prevención de la corrupción en el Estado.

Esta innovadora iniciativa consiste en que los participantes puedan elaborar y presentar un video usando un lenguaje claro, sencillo y directo que comunique un mensaje que aborde el principio de probidad y/o el combate a la corrupción. Una de las premisas es que los videos que se presenten incorporen experiencias cotidianas, considerando el entorno familiar, social y territorial en el que se inserta la comunidad educativa de los participantes.

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, “es crucial comenzar desde temprano tomando conciencia de la importancia del cuidado de los recursos públicos y también de hacer de nuestros estudiantes y jóvenes entes activos, críticos y participativos en una cultura de transparencia y probidad, capaces de usar las herramientas que la Ley de Transparencia nos otorga para ejercer el control social. Una de las principales misiones que la ley encomienda a este consejo es la promoción del derecho de la ciudadanía a acceder a información pública, e iniciativas como esta apuntan en esa dirección”.

 

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar estudiantes que estén cursando entre 7° básico y 4° medio de todo el país guiados por un profesor de un establecimiento educacional ubicado en territorio chileno y que cuente con el reconocimiento del Ministerio de Educación, sin distinción de su tipo de financiamiento (municipal, subvencionado o particular). Los estudiantes deben organizarse en grupos conformados por 2 o hasta 4 alumnos más un profesor, el cual debe pertenecer a ese establecimiento. El docente será la contraparte del equipo ante el Consejo para la Transparencia.

 

¿Cuáles deben ser las características del video a enviar?

1. El equipo deberá elaborar un video de una duración mínima de 30 segundos y máxima de 1 minuto.
2. En el video se debe responder a la siguiente pregunta:

– ¿Cómo podemos usar el derecho de acceso a la información pública para aportar a la construcción de una cultura de la transparencia en mi comuna?

3. El docente deberá subir el video como público a una cuenta de Youtube e inscribirlo completando el formulario del concurso. No olvidar agregar el enlace en el apartado que corresponde.

4.- Para que el video sea declarado admisible debe cumplir con los siguientes criterios:

– Duración máxima de 1 minuto y mínima de 30 segundos.

– Proteger la identidad de niños, niñas y adolescentes que pueden aparecer en el video. Ideas para cubrir sus rostros:  difuminándolos, usando alternativas creativas (uso de máscaras, disfraces, otros).

 

¿Premios?

Los ganadores – alumnos y profesores – recibirán un reconocimiento y los videos serán difundidos a través de las redes oficiales del Consejo para la Transparencia; Youtube, Facebook, Instagram y en el sitio web www.consejotransparencia.cl

Además, habrá un premio en dinero de hasta $1.000.000 (un millón de pesos) para el equipo ganador.

 

¿Plazos?

Envío del video: Desde miércoles 05 de junio de 2024 hasta el viernes 09 de agosto de 2024 (hasta las 23:59 horas).

Publicación de los ganadores: Lunes 19 de agosto de 2024 a través de la web: www.consejotransparencia.cl

Premiación: 28 de agosto de 2024, en la ciudad de Concepción. Ella podrá realizarse de manera presencial o telemática. Consultas al correo  concursoescolar@consejotransparencia.cl

Esta mañana, nuestro consejero Roberto Munita, expuso en la Cámara de Comercio de Santiago sobre las modificaciones que trae consigo el nuevo proyecto de Ley de Lobby que se ingresó al Congreso para su discusión hace algunas semanas.

En la oportunidad, el abogado y Magister en Sociología PUC, señaló que es “necesario que la relación entre empresas y Gobierno estén bien reguladas, todo con el fin de evitar tráficos de influencias y hechos de corrupción”. Además, indicó, que el proyecto de ley “no es perfecto, pero soluciona varios de los problemas que tiene la legislación actual”.

Por último, el consejero manifestó que le gustaría que la nueva normativa siga otras recomendaciones de la OCDE en esta materia, como son “transparentar también fuentes de financiamiento de los centros de pensamiento o de estudios e incluir un canal de denuncias anónimas”.

El jueves 6 de junio de este año el Gobierno anunció la presentación del nuevo proyecto Ley del Lobby 2.0 y de regulación de puerta giratoria. La iniciativa contempla, entre otros aspectos, nuevas atribuciones y responsabilidades al Consejo para la Transparencia en la materia.

El Consejo para la Transparencia desarrolló una fiscalización a una muestra de 160 municipalidades del país – de tipo urbano y mixto según Censo 2017 – con el fin de detectar eventuales incumplimientos en materia de disponibilidad, actualización y completitud de la información pública relativa a permisos de edificación.

Asimismo, se fiscalizó a una submuestra de municipios respecto de la información disponible sobre aportes recibidos de inmobiliarias en el marco de la Ley sobre Aportes al Espacio Público y la Ley de Transparencia del Mercado del Suelo.

La indagatoria reveló que en 103 municipios (64%) existe un correcto acceso de datos relativos a permisos de edificación para el período revisado (2019 a agosto de 2023). Sin embargo, en 57 de las restantes (36%) se detectaron incumplimientos.

Adicionalmente, el informe del CPLT advierte la existencia de barreras de acceso que impiden tener información expedita sobre los permisos de edificación. Dichas barreras se generan porque las municipalidades publican de diversas formas la información relativa a los permisos de edificación, lo que dificulta su búsqueda. Por ejemplo, en un solo archivo mensual o usando diferentes denominaciones para los permisos. Además, en algunos casos es necesario hacer clic una elevada cantidad de veces para acceder a la información (6 o más clics en 7 municipios); o las publicaciones se asocian a información genérica que impide obtener antecedentes de mayor relevancia como la persona o entidad a la cual se le está otorgando el permiso.

En cuanto a los aportes recibidos de las inmobiliarias en el año 2022 por parte de los 22 municipios que conformaban la submuestra, estos ascendieron a 834 millones de pesos. Por su parte, el promedio por comuna fue de 37,9 millones de pesos. Sin embargo, ese dato registra importantes variaciones en cada comuna, siendo la Municipalidad de Viña del Mar la que recibió el mayor monto, con 140 millones de pesos, es decir, un 17% del total recibido por la submuestra. Tras la ciudad jardín se ubica Calama con 93 millones de pesos y Alto Hospicio con 72 millones de pesos.

En relación con la caracterización de los aportantes a las municipalidades en el marco de proyectos inmobiliarios, se advierte que las inmobiliarias representan un 28% del total aportado, quedando únicamente por detrás de las personas naturales que representan un 45%. Sin embargo, en las tres comunas que recibieron mayores montos (Viña del Mar, Calama y Alto Hospicio), las inmobiliarias son el grupo que concentran el mayor porcentaje de aporte respecto del total.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló al respecto que “tras esta fiscalización, no solo detectamos barreras de acceso a información pública respecto a la situación de desarrollo inmobiliario a nivel comunal, dada por la diversidad de estructuras de publicación de permisos, denominaciones genéricas o poco claras, sino que también existe incerteza respecto al uso que las municipalidades analizadas hacen de los aportes que se reciben en el marco de proyectos inmobiliarios. Ello, dado que no hay información disponible sobre rendiciones de cuenta de esos fondos”.

Esto último, dado que en la fiscalización se solicitó, además, la rendición de cuenta anual sobre uso, situación y movimiento de los aportes recaudados por la submuestra de municipios en 2022 en el marco de la Ley sobre Aportes al Espacio Público, ante lo cual o no hubo respuesta o se informó que no se habían usado esos fondos. En materia de transparencia activa, tampoco publicaron en sus páginas web un apartado sobre estas rendiciones, lo que constituye un incumplimiento a la Ley de Transparencia.

Para más información accede a nuestro informe en el siguiente link:

Informe de fiscalización sobre permisos de edificación y aportes de inmobiliarias en municipalidades

 

Este viernes el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo – SUBDERE – desarrollaron, en el marco del convenio de colaboración que mantienen, una nueva jornada de capacitación a cerca de 150 funcionarios y funcionaras encargados de las unidades de transparencia de organismos públicos de la Región de Valparaíso.

Estas iniciativas, que se están desarrollando a lo largo de todo el país, buscan mejorar las prácticas de los funcionarios y funcionarias en relación al rol que estos desempeñan en el acceso a información de la ciudadanía.

“Solo el 2023, el Portal de Transparencia del Estado recibió más de 7,5 millones de visitas, lo que refleja la avidez de la ciudadanía para acceder a alguna información de los distintos organismos públicos. Por ello, es fundamental que los funcionarios públicos que se encargan de mantener la información disponible y de contestar las solicitudes de información específicas que tengan las personas estén en constante perfeccionamiento de sus capacidades y conocimientos. Por ejemplo, estar al día con los cambios y obligaciones que estamos implementando en materia de transparencia activa, a través de nuestra nueva instrucción general, es necesario para que los funcionarios puedan entregar un mejor servicio en sus labores diarias,” señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete.

Por su parte, el encargado de la Unidad Regional de Valparaíso, Nicolas Vallejos, añadió: “Para nosotros la transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para una gestión pública eficiente y cercana a la ciudadanía. Es por ello que, mediante esta alianza con el Consejo Para la Transparencia, entregamos apoyo técnico y asesoramiento a través de capacitaciones, talleres y otras actividades a los funcionarios y funcionarias. De esta manera, estamos trabajando en mejorar la calidad de la información disponible para la ciudadanía y, en consecuencia, fortaleciendo la confianza en las instituciones gubernamentales”.

En la oportunidad, se abordaron especialmente los nuevos estándares de publicación que rigen desde le entrada en vigor de la nueva Instrucción General de Transparencia Activa del CPLT para todos los servicios públicos fiscalizados bajo la Ley de Transparencia.

En otra línea, se evaluaron las gestiones de solicitudes de información pública que realizan los ciudadanos y los participantes tuvieron espacio para consultas y dudas.

Estas capacitaciones forman parte de la labor conjunta y el compromiso del Consejo para la Transparencia y la SUBDERE para promover la transparencia y el acceso a la información pública en los servicios públicos del país, las cuales ya se han desarrollado en otras regiones de Chile como O’Higgins, Los Lagos, Magallanes, entre otras.

 

El Consejo para la Transparencia cumplió 15 años de vida. La corporación que vela por garantizar y promover el derecho de acceso a la información pública, fiscalizar a los órganos de la Administración del Estado y aplicar las sanciones que corresponden, está de aniversario.

Para la ocasión, el ente rector de la transparencia en el país organizó, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo – SUBDERE -, el seminario internacional “Transparencia e Integridad en la Gestión Pública”. En la instancia se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones estatales y sobre la cultura de la transparencia, probidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

La instancia incluyó presentaciones de dos figuras de talla mundial en la materia. En primer lugar, Bruce Ackerman; abogado estadounidense, académico de la prestigiosa Universidad de Yale, autor de diversos libros y uno de los constitucionalistas más influyentes del mundo, quien presentó acerca de los desafíos para la integridad del Estado. Además, la actividad contó con la presencia de Manuel Villoria, catedrático español de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y reconocido internacionalmente por sus textos y artículos relacionados con corrupción, probidad y transparencia.

Para Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, “este encuentro que convocó a buena parte de los encargados de transparencia de los servicios públicos del país forma parte esencial de la misión de nuestra corporación: el capacitar, visibilizar y debatir sobre transparencia y probidad en las instituciones públicas, un trabajo que hacemos a diario a largo de Chile y que en nuestro aniversario número 15 queremos relevar. Y qué mejor que hacerlo con la experiencia de profesores tan reconocidos en la materia a nivel mundial como Bruce Ackerman y Manuel Villoria”.

El seminario contó además con la presencia de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; la Contralora (S) de la República, Dorothy Pérez; José Hernández, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile; y de nuestros consejeros Natalia González y Roberto Munita.

 

EL CPLT en cifras

El portal de Transparencia, la ventanilla que centraliza los ingresos de las solicitudes de acceso a la información (SAI), la interposición de amparos y reclamos y la consulta de transparencia activa, ha sido fundamental en la implementación y masificación de la Ley de Transparencia, y el 2023 fue consultada en 7,5 millones de ocasiones por la ciudadanía. Sin embargo, en los 15 años de vida del CPLT, esa cifra llega a 40 millones. “Esto refleja una avidez creciente de la ciudadanía por información”, sumó el titular del CPLT, Bernardo Navarrete.

En cuanto a amparos y reclamos, en 2023, los casos presentados ante el CPLT fueron 13.782, lo que significa un aumento de más del doble en 5 años, si se compara con los ingresados el año 2018. Respecto a los procesos sancionatorios por infracciones a la Ley de Transparencia, se iniciaron cerca de 600 entre 2013 y 2023. Finalmente, si se considera el mismo período de tiempo, el 2013 se capacitó a 881 personas (funcionarios y ciudadanos), cifra que en 2023 ascendió a más de 12.500.

Todos estos datos evidencian un alza en el uso de las herramientas que entrega la Ley de Transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, el CPLT aún tiene muchos desafíos por delante. “Debemos proteger la autonomía del CPLT; incorporar al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, acabando con los regímenes especiales y atenuados de los poderes legislativo y judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales; incorporar nuevos sujetos obligados, especialmente, entidades de derecho privado que reciben fondos públicos, entre otras materias. Hacía allá tenemos que avanzar en los próximos 5 años en un servicio clave para nuestra democracia. No hay que olvidar que gracias a la transparencia se han podido descubrir muchos de los casos de corrupción que el país ha sufrido. No esperemos que llegue otro que nos lo recuerde”, cerró Navarrete.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, asistió a la clausura de la I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, celebrada en la sede de la Real Academia Española (RAE), en Madrid, España.

En la ocasión, que contó con la presencia del rey de España, Felipe VI, se presentó la Red y se destacaron las conclusiones de la Convención, la cual reunió a académicos, personalidades destacadas, representantes de instituciones y expertos en lenguaje claro de diversos países hispanoamericanos.

El titular del CPLT destacó la importancia de promover la claridad y transparencia en la comunicación, resaltando el compromiso del CPLT en fomentar el uso de un lenguaje claro y accesible para todos los ciudadanos en nuestro país.

En una nueva jornada de la Escuela de Capacitación del Consejo para la Transparencia, cerca de 1700 funcionarias y funcionarios públicos de todo el país participaron de la instancia.

El área de formación del Consejo para la Transparencia gestiona estas iniciativas que permiten participar a funcionarios de distintas partes del país, incluido Chile insular y continental.

Las capacitaciones del CPLT revelan el compromiso por promover la transparencia y el acceso a la información pública en todo el país. Éstas son un espacio de aprendizaje y reflexión, donde los trabajadores públicos puedan fortalecer sus conocimientos en transparencia activa, y compartir experiencias con el fin de mejorar la gestión en la entrega de información pública a los ciudadanos.

Estas actividades seguirán realizándose durante todo el año.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, representó a nuestro país en el Encuentro anual de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 2024, que se realizó en Cartagena de Indias, Colombia. En la ocasión, la RIPD destacó a Chile como líder a nivel mundial en el debate de neuroderechos, neurotecnología y neurodatos.

El titular del CPLT explicó la situación de nuestro país en esta materia, detallando que desde 2021 está regulada en la Constitución Política de la República, la cual establece que “se asegura que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La normativa regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”. Asimismo, actualmente se discute en el Congreso el proyecto de ley sobre neuroderechos que busca materializar la protección constitucional en la materia. “Tanto la modificación a la Constitución el 2021 como este proyecto de ley fueron impulsados por el exsenador Guido Girardi y nacieron en el contexto del evento Congreso del Futuro”, puntualizó Navarrete.

Sin embargo, el representante chileno añadió que “sin perjuicio de los avances que suponen los neuroderechos, hay debate al respecto. Existen académicos que observan inconvenientes en el proyecto de ley, porque su aprobación generaría una posible duplicidad de derechos o una devaluación de los ya existentes”. Además, advirtió que “el avance que significó la reforma constitucional no se refleja en el proyecto de ley sobre neuroderechos que ingresó el 7 de octubre de 2020 y hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, donde está desde diciembre de 2021”.

En su ponencia, Bernardo Navarrete, reveló además la escasa discusión que existe en los medios de comunicación acerca de esta materia. “Los neuro-derechos en la prensa entre los años 2019 y 2024 arrojaron solo 101 noticias en los 5 medios digitales más leídos de nuestro país”.

Por último, el presidente del CPLT, expuso el caso “Girardi con Emotiv Inc” conocido recientemente por la Corte Suprema de Chile que alimentó el debate de los neuroderechos en nuestro país. La controversia tuvo por objeto la compra de un dispositivo “Insight” de electroencefalografía, respecto del cual se polemizó que el tratamiento de información cerebral conllevaba riesgos de re identificación de datos anónimos, hackeo y vigilancia digital, entre otros. Ello, según se argumentó, vulneraba las garantías constitucionales de una persona. Así, la justicia resolvió que la empresa Emotiv debía modificar las políticas de privacidad para proteger datos cerebrales, abstenerse de comercializar el producto mientras no se modifiquen las políticas, eliminar los datos cerebrales almacenados y adoptar todas las medidas para restablecer el imperio del derecho.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, está representando al país en el 26° Encuentro de la RTA – Red de Transparencia y Acceso a la Información – que se está desarrollando en Brasilia, Brasil.

En la oportunidad, en que estuvo además el consejero del Consejo para la Transparencia, Roberto Munita, nuestro país hizo un balance de su gestión a cargo de la secretaría ejecutiva de la instancia internacional. En ella destacó los grandes avances que han significado para la región la implementación de las leyes de transparencia y la labor de los órganos garantes integrantes de la RTA.

Sin embargo, Navarrete sostuvo que “el principal desafío está en identificar dónde hay espacios de mejora; cuáles son nuestras brechas y en qué ámbitos debemos aumentar nuestros esfuerzos para mejorar el impacto de las políticas de transparencia y el trabajo de los órganos garantes. Además, debemos explorar si el derecho de acceso a la información está siendo útil a los ciudadanos para ejercer sus derechos y para evaluar las políticas públicas que les afectan. Asimismo, un desafío ineludible es construir mecanismos para evaluar la implementación de las políticas de transparencia y protección de datos en nuestros países y levantar evidencia que nos permita tomar decisiones”.

Además, el titular del órgano rector de la transparencia en Chile resaltó que uno de los principales valores que tiene esta red, es que ha permitido a los órganos garantes del derecho de acceso a la información que son miembros conocer y aprender de las realidades de sus pares. Navarrete destacó la heterogeneidad de estos en aspectos tales como el contexto nacional en que desarrollan sus funciones (países grandes y pequeños; federales y unitarios), su organización institucional (órganos autónomos o dependientes del poder ejecutivo; unipersonales o colegiados; con o sin facultades sancionatorias); y su forma de hacer las planificaciones estratégicas. Agregó que “estos aprendizajes nos permiten, por ejemplo, sacar ciertas conclusiones. Una de ellas, es que la evidencia muestra preliminarmente que no necesariamente hay una relación inversamente proporcional entre transparencia y corrupción, en el sentido de que a mayor transparencia menor percepción de corrupción. Basta con ver los casos de países como México y Honduras”.

Por último, el Pdte. del CPLT, añadió que la RTA permite comparar evidencia de las distintas realidades de sus miembros. Por ejemplo, se puede comparar la información que se obtiene a través de los portales de transparencia; las plataformas y metodologías de promoción y formación en derecho de acceso a la información pública; las sanciones por vulneraciones a la normativa de transparencia y acceso a la información, entre otros.

En esta instancia, el Consejo para la Transparencia rindió cuentas de su gestión a cargo de la secretaría ejecutiva de la Red de Transparencia y Acceso a la Información por el período de 4 años en que lo ejerció, entre 2021 y 2024.

El titular del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, se reunió junto al Presidente subrogante del Tribunal Constitucional, ministro José Ignacio Vásquez. Más tarde, se sumaron a la instancia protocolar, los ministros y ministras María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Daniela Marzi, Raúl Mera, Héctor Mery y Marcela Peredo.

En la oportunidad, las autoridades dialogaron acerca del rol que cumplen ambas instituciones y sobre la importancia y lo clave de la transparencia en nuestro país.

Además, el titular del CPLT les detalló a los ministros el trabajo que se está haciendo a nivel municipal a lo largo del país con el fin de incentivar la discusión interna sobre la percepción de riesgos relacionados a corrupción en esas entidades.

“A partir de un oficio que el Consejo para la Transparencia le envió a la Contraloría General de la República, se identificaron 252 resoluciones exentas sobre procesos disciplinarios a alcaldes iniciados y finalizados durante los años 2014 y 2023, con más de 170 jefes comunales investigados”, aseveró el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, en una clase magistral realizada en la Universidad Autónoma de Talca.

En la instancia, donde participaron alumnos, académicos y autoridades del plantel universitario, el titular del CPLT, planteó que, en materia de percepción internacional y nacional sobre corrupción, el caso chileno es particular. Esto, según dijo, se refleja en que, si bien a nivel mundial nuestro país es reconocido con bajos índices, a nivel local el panorama es distinto. “En el contexto internacional Chile muestra indicadores comparables a países como Dinamarca, Alemania y Suecia. Además, se distingue favorablemente dentro de los países de la región.  Incluso, en materia de rendición de cuentas, Chile muestra un desempeño comparable al de naciones como Gran Bretaña, Alemania y Suecia, superando ampliamente a sus vecinos. Sin embargo, a nivel local, todas las encuestas disponibles revelan aumentos en los niveles de percepción de corrupción entre los encuestados”, indicó Navarrete.

En cuanto a los municipios, el presidente del Consejo para la Transparencia, detalló que si bien según los datos del CPLT en cuanto a fiscalizaciones en transparencia activa (información que los servicios públicos debe tener publicados en sus sitios electrónicos de manera clara y oportuna) han mejorado significativamente, varios otros indicadores evidencian un panorama negativo. Por ejemplo, solo un 19% de estas entidades cuentan con códigos de ética, lo que refleja las dificultades de implementación de los sistemas de integridad al interior de estas. Además, puntualizó que, según un diagnóstico de la SUBDERE, el promedio anual municipal de integridad y probidad en los últimos cinco años ronda solo el 27% de cumplimiento.

En una mirada a la teoría, Navarrete presentó en la conferencia como una de las causas que explican la corrupción en los servicios públicos, el denominado “Dilema del Prisionero”. Éste relata que en situaciones donde varios administradores pueden beneficiarse de la corrupción, pueden enfrentar un dilema similar a la de un prisionero. Esto, ya que cooperar, es decir, mantenerse honestos, es lo mejor para el grupo o la sociedad, pero traicionar o ser corrupto puede ser lo mejor para el individuo, especialmente si otros también eligen ser corruptos. Tras ello, el titular del CPLT sintetizó la hipótesis planteando interrogantes a la audiencia: “¿Cuál es entonces el costo – beneficio de mantenerse honesto y acusar, frente a ser corrupto y mantener silencio? ¿Si otros son corruptos y no han tenido castigo, por qué yo no puedo serlo?”.

Al finalizar, Bernardo Navarrete comentó el trabajo en terreno que está realizando el CPLT a lo largo del país con alcaldes y directivos municipales, con el fin de incentivar la discusión interna en base a matrices de percepción de riesgos de corrupción al interior de las direcciones de cada municipalidad. Este modelo ya se ha implementado en más de 10 comunas del país.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, llegó hasta Temuco, en la región de la Araucanía, ocasión en que dictó una charla magistral en la Universidad Católica sobre “Transparencia e Innovación Pública en Chile: Desafíos para la Administración Pública”.

El titular del ente rector de la transparencia en el país señaló, dentro de su presentación, algunas cifras de interés. El Portal de Transparencia del Estado, herramienta clave para la labor del CPLT, fue creado el 2013 y administrado por este desde un inicio, y ha sido fundamental en la implementación de la Ley de Transparencia. Ello por cuanto es una ventanilla en la que se centraliza el ingreso de SAI, amparos, reclamos y en la que se puede consultar transparencia activa, que no siendo de uso obligatorio para los órganos del Estado a los que les aplica la Ley de Transparencia, es usada por la inmensa mayoría de estos. “De hecho, el año 2023 fue visitada en más de 7,5 millones de ocasiones, cifra que alcanza los más de 40 millones si se considera desde la fecha de su creación en 2013”, enfatizó Navarrete.

Además, el titular del CPLT profundizó en la relación existente entre transparencia y corrupción, pasando a abordar la corrupción municipal que está acechando en nuestro país con una serie de denuncias conocidas en los últimos años. En ese aspecto, explicó a la audiencia la fórmula de uno de los académicos más influyentes en estudios sobre corrupción, Robert Klitgaard. El autor de diversos textos y libros sobre la materia sostuvo en 1988 que: Corrupción = monopolio + discrecionalidad – transparencia. “Es posible pensar en ella como un juego de probabilidades donde se evalúa el riesgo de ser descubierto en el acto de corrupción versus el beneficio personal que se podría obtener con el acto ilegal. Por ello, Klitgaard señala que la corrupción es un crimen de cálculo y no de pasión. Más transparencia aumenta en el cálculo el riesgo de ser descubierto ”, detalló el Pdte. del CPLT.

Navarrete cerró su presentación reiterando que el Consejo para la Transparencia – que cumplió en abril 15 años de existencia – y que tiene la misión de garantizar y promover el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública, fiscalizar los órganos de la Administración del Estado y aplicar sanciones que corresponda cuando se vulnera la Ley de Transparencia – ha realizado desde su creación más de 1700 capacitaciones, con casi 180 mil personas capacitadas a lo largo de todo el país.

La charla magistral del presidente del CPLT se enmarca dentro de la agenda de este año del Consejo que consiste, dentro de otras iniciativas, en estar en terreno en diversas capitales regionales y ciudades aisladas junto a alcaldes, funcionarios públicos, encargados de transparencia, académicos, estudiantes, entre otros, con el fin de incentivar la discusión interna sobre la percepción de riesgo de corrupción en distintos ámbitos del Estado.