CPLT revela radiografía municipal 2026: Transparencia mejora 6,7 puntos y marca su mejor registro histórico, pero solo 23 de 345 municipios cumplen al 100%

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó entre abril y julio de 2026 una fiscalización a los 345 municipios del país, evaluando si la información que deben publicar por mandato de la Ley de Transparencia está disponible, actualizada y completa. Alcanzar el 100% significa que no se detectaron incumplimientos en ninguno de los aspectos fiscalizados.

El resultado nacional pasó de 81,8% en 2025 a 88,5% este año, el nivel más alto en las fiscalizaciones municipales de transparencia activa del CPLT desde que se lleva registro (2012). Sin embargo, persisten brechas en la publicación de antecedentes fundamentales para seguir el destino de los recursos públicos, especialmente sobre compras, presupuesto y deudas.

Conocer qué compra una municipalidad, cómo gasta su presupuesto y cuánto debe es difícil cuando la información no está publicada, está incompleta o no se encuentra actualizada. En la fiscalización se pudo constatar que, aunque el cumplimiento promedio aumentó 6,7 puntos porcentuales respecto de 2025, solo 23 municipalidades alcanzaron el 100% de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa.

En el ranking municipal, Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt se encuentran entre los 23 municipios que comparten el primer lugar con el máximo puntaje. En el extremo inferior, los cinco resultados más bajos correspondieron a Huasco, con 43,6%; Curarrehue, con 47,2%; Catemu, con 49,9%; Longaví, con 51,6%; e Independencia, con 52,6%.

Las principales deficiencias se concentran en la disponibilidad de información necesaria para revisar el uso del dinero municipal, ya sea por ausencia o desactualización. La publicación de antecedentes sobre presupuesto obtuvo un 74% de cumplimiento y la de adquisiciones y contrataciones, un 76,9%. La materia que las sigue es las decisiones municipales que afectan a personas o entidades, con un 81,8%.

“Valoramos el alza en los puntajes obtenidos por las municipalidades en su conjunto, un avance de 6,7 puntos es muy relevante y es el mejor resultado desde que realizamos esta fiscalización. Sin embargo, la tarea todavía no está hecha, dado que 322 municipalidades están bajo el cumplimiento óptimo del 100% que mandata la ley. Del total de municipios, un 19,4% presenta un rendimiento medio entre los 65 y 85 puntos porcentuales y un 7,2% un desempeño preocupante bajo el 65%. Es a estos municipios con peores rendimientos a los que pondremos el foco en acompañamiento y seguimiento”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia, María Jaraquemada.

“Sin perjuicio de lo anterior, no se debe olvidar que el Consejo para la Transparencia va a instruir las investigaciones sumarias correspondientes, con el fin de revisar la aplicación de las sanciones que establece Ley de Transparencia ante infracciones a la misma”, agregó.

Los resultados también muestran avances en los municipios donde el Consejo dispuso iniciar investigaciones sumarias por haber obtenido los peores puntajes en la fiscalización de 2025: 39 de las 41 municipalidades mejoraron su cumplimiento en 2026, promediando un alza de 30,4 puntos. Destacan Hualañé, que pasó de 46,1% a 99,2%, y Vichuquén, de 45,5% a 98,6%, ambas con un aumento de 53,1 puntos porcentuales. Esta evolución refuerza la importancia de fiscalizar y dar seguimiento a los incumplimientos para que los vecinos cuenten con más información sobre la gestión municipal.

En el detalle, y respecto a la materia “información presupuestaria”, se observa que, dentro de los ítems que la componen, el resultado más bajo lo obtiene la publicación de las deudas de las corporaciones municipales, con un 46,5% de cumplimiento. En 66 de los 122 municipios con este tipo de entidades —el 54,1%— se detectaron incumplimientos. Por su parte, los ítems referidos a las deudas del propio municipio y su ejecución presupuestaria alcanzan un 71% y 69,6%, respectivamente.

En adquisiciones y contrataciones también existen diferencias importantes entre los ítems que la integran. La publicación de antecedentes sobre adquisiciones realizadas mediante la plataforma estatal Mercado Público alcanzó un 98,8% de cumplimiento. En cambio, la información sobre contratos de bienes muebles o servicios realizados sin utilizar ese sistema obtuvo un 60%, y la de contratos formalizados mediante órdenes de compra llegó a un 65,4%.

Pese a estas tareas pendientes en materias específicas, las mejoras respecto de 2025 son claras. Por ejemplo, los resultados en la publicación de información sobre personal y remuneraciones aumentó de 72,6% a 87,7%; la de adquisiciones y contrataciones, de 67,8% a 76,9%; y la de información presupuestaria, de 67,6% a 74%.

A nivel regional, los mayores promedios municipales correspondieron a Ñuble, con 92,4%; Tarapacá, con 91,7%; y Coquimbo, con 90,8%. Los menores se registraron en Aysén, con 73,8%; Antofagasta, con 81,2%; y Atacama, con 82,8%.

El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el acceso a información pública. La ley contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor por incumplir injustificadamente las obligaciones de publicación de información. Estas sanciones son aplicadas por el Consejo, previa investigación sumaria que determine las responsabilidades correspondientes.

 

Destacada abogada María Jaraquemada asume presidencia con foco en nueva Ley de Transparencia, inteligencia artificial y capacitación ciudadana

El día de hoy María Jaraquemada Hederra asumió la presidencia del Consejo para la Transparencia (CPLT) por un período de 18 meses, sucediendo a Natalia González Bañados quien culmina su labor conforme al mandato legal que establece la rotación del cargo entre sus 4 consejeros.

Entre sus prioridades estarán impulsar la modernización de la Ley de Transparencia, incorporar inteligencia artificial en los portales que administra el organismo y en su labor habitual, promover la transparencia en el uso de este tipo de tecnología en el Estado y fortalecer la línea de capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil.

Su gestión buscará dar continuidad y profundizar los cambios que ya se están desarrollando en el Consejo para facilitar el acceso de las personas a la información pública y que forman parte de su planificación estratégica trienal 2027-2029. Uno de sus principales énfasis será impulsar el avance legislativo de la propuesta de perfeccionamiento normativo “Nueva Ley de Transparencia para Chile”, que fuera entregada al presidente de la República y a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional. Ella busca concretar un sistema único de transparencia en el Estado, fortalecer la transparencia activa y los datos abiertos y avanzar en transparencia algorítmica, entre otras materias.

Dentro de sus objetivos también se encuentra la implementación de la agenda de modernización del CPLT, que busca incorporar herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial como apoyo al trabajo institucional, la renovación del Portal de Transparencia, y el lanzamiento de un portal de datos abiertos que concentre la información hoy alojada en todos los portales que administra el CPLT, de manera que la ciudadanía pueda acceder a los antecedentes de manera más simple, clara y oportuna.

Otra prioridad será fortalecer los planes de capacitación dirigidos a la sociedad civil, para que más personas y organizaciones sepan cómo solicitar información a los organismos públicos y qué hacer cuando no reciben una respuesta, esta es insatisfactoria o los antecedentes están incompletos. El propósito es que las personas aprendan a utilizar la Ley de Transparencia para acceder a información relevante en asuntos que afectan su vida cotidiana y conocer cómo se toman las decisiones y se utilizan los recursos del Estado.

“Queremos que más personas sepan cómo usar las herramientas que la Ley de Transparencia pone a su disposición y que acceder a ellas sea cada vez más sencillo. Para eso, vamos a impulsar el uso de tecnología en nuestros procesos y portales y fortaleceremos la promoción del derecho de acceso a información pública en la sociedad civil. También impulsaremos una Ley de Transparencia 3.0 que responda a los desafíos actuales y que se traduzca en mejoras concretas para la ciudadanía”, señaló Jaraquemada.

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, Jaraquemada integra el Consejo Directivo desde enero de 2024. Su trayectoria combina el trabajo en instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con especial dedicación a la probidad, la integridad y la lucha contra la corrupción.

En 2023 presidió la denominada “Comisión Jaraquemada”, comisión asesora ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, que fue convocada por el entonces presidente Gabriel Boric tras el “Caso Convenios”. La instancia entregó 46 propuestas para fortalecer la probidad, la transparencia y el control de los recursos públicos transferidos a fundaciones y corporaciones. También fue directora ejecutiva de Chile Transparente y ocupó cargos directivos en Ciudadanía Inteligente y Espacio Público.

Jaraquemada sucederá a Natalia González, durante cuya presidencia el Consejo presentó la propuesta de “Nueva Ley de Transparencia para Chile”, inició el camino para incorporar herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial en el quehacer institucional, y desarrolló iniciativas para acercar la transparencia y la probidad a la ciudadanía. Entre ellas destacó el lanzamiento de Aula Transparente, plataforma educativa gratuita que contiene una serie de cursos para la sociedad civil y funcionarios públicos.

El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ante infracciones, puede iniciar procedimientos sancionatorios que, luego de tramitarse, pueden terminar en multas de entre un 20% y un 50% de la remuneración mensual de la autoridad respectiva y/o los funcionarios responsables.

 

Más de 20 mil casos de acceso a información pública resueltos, capacitación y transformación digital: el balance de Natalia González al frente del Consejo para la Transparencia

Fueron resueltos más de 20.000 casos iniciados por personas ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) por dificultades para acceder a información pública, 236 investigaciones sumarias iniciadas por infracciones a la Ley de Transparencia y más de 20.000 participantes en actividades de capacitación forman parte del balance de la presidencia de Natalia González Bañados en el CPLT, que comenzó su mandato el 29 de abril de 2025 y lo termina este 29 de octubre de 2026.

A estos resultados se suma la presentación de la propuesta de perfeccionamiento normativo “Nueva Ley de Transparencia para Chile”, entregada a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional y al presidente de la República; y el inicio de una profunda agenda de modernización y transformación digital para eficientar la labor del CPLT y facilitar a las personas el acceso a la información pública.

Entre el inicio de su mandato y el 5 de octubre de 2026, fecha de corte del presente balance, el Consejo resolvió 20.544 casos, entre ellos, 17.020 amparos, que están relacionados con respuestas a solicitudes de información denegadas, no respondidas o respondidas de forma insatisfactoria, y 3.524 reclamos, asociados a defectos en la publicación de antecedentes que las instituciones deben publicar en sus sitios web, como contrataciones, remuneraciones y transferencias de recursos públicos.

Mientras el 31,1% de estos casos fueron declarados inadmisibles, el 30,9% fueron resueltos por el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias del CPLT, que media entre el requirente de información y la institución requerida y soluciona el caso rápidamente, sin tener que pasar a conocer el fondo del asunto. Por su parte, en un 34,4% de los casos fue necesario que el CPLT se pronunciara sobre el fondo de lo reclamado, acogiendo total o parcialmente el 67,1% de ellos.

Respecto de la revisión judicial de las decisiones de fondo del CPLT, en el referido período las Cortes de Apelaciones dictaron 285 sentencias en recursos de ilegalidad que buscaban dejar sin efecto decisiones del Consejo. Del total de esas sentencias, un 87% mantuvo las decisiones originales del CPLT, confirmando su jurisprudencia.

Asimismo, en el lapso indicado el CPLT inició 236 investigaciones sumarias por infracciones a la Ley de Transparencia contra funcionarios públicos de 202 organismos distintos y multó a 40 de ellos.

“Detrás de cada solicitud hay una persona que necesita información para tomar decisiones, conocer cómo funciona una institución o controlar el uso de recursos públicos. Durante esta gestión hemos trabajado para perfeccionar la legislación de transparencia, capacitar a las instituciones para mejorar sus respuestas, fiscalizar el cumplimiento de la ley y sancionar sus vulneraciones, y acercar las herramientas de transparencia a más personas. También iniciamos una agenda de transformación digital, porque facilitar el acceso a la información exige modernizar la forma en que trabajamos”, señaló González.

Esta agenda de modernización incluye la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el quehacer institucional, la renovación del Portal de Transparencia y el desarrollo de un portal de datos abiertos que incluya herramientas tecnológicas para facilitar el acceso y uso de la información pública. El objetivo es mejorar tanto los procesos institucionales como la experiencia de quienes recurren a las plataformas que administra el CPLT.

En materia de formación, el Consejo realizó cerca de 200 actividades de formación, con aproximadamente 20.500 participantes y alcance en las 16 regiones. Las capacitaciones abordaron, entre otras temáticas, cómo solicitar información, responder adecuadamente los requerimientos ciudadanos y publicar los antecedentes que exige la ley.

En este aspecto, el CPLT trabajó tanto con personas y organizaciones de la sociedad civil que requieren información, como con los funcionarios públicos que les dan respuesta a estos requerimientos. En el trabajo con organizaciones de la sociedad civil destacó el “Plan DAI”, que incluyó 35 actividades con cerca de 1.500 participantes de 12 regiones. Dirigentes vecinales, comités de seguridad, agrupaciones de personas mayores y organizaciones de mujeres recibieron herramientas para solicitar información sobre asuntos cotidianos, como seguridad barrial, salud, vivienda o gasto municipal.

Por su parte, el acompañamiento a las instituciones se reforzó, agregando a la línea programática habitual de capacitaciones, más de 140 tutorías para resolver dudas y apoyar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Además, se realizó la primera edición de “Consejo en Terreno” durante la Semana de la Transparencia 2026, que contempló visitas a 134 organismos de las 16 regiones, con la participación de más de 90 funcionarios del CPLT.

En cuanto a la formación a distancia, uno de los hitos fue la implementación de AulaTransparente, el renovado portal educativo del CPLT, que incorporó procesos automatizados de registro y atención de usuarios. Sus nueve cursos abiertos al público registraron más de 12.600 inscripciones, siendo el más demandado el de lenguaje claro, con casi 3.000.

Finalmente, desde el Consejo reafirmaron su compromiso con seguir avanzando en impulsar el perfeccionamiento a la Ley de Transparencia, profundizar la agenda de modernización institucional y ampliar la cobertura de fiscalización y promoción del derecho de acceso a información pública. Aseguraron que se trata de aspectos fundamentales en su planificación estratégica 2027-2029, que serán impulsados en su conjunto por el Consejo Directivo del CPLT y todos sus funcionarios.

A veinte años del caso Claude Reyes: expertos analizan los desafíos del acceso a la información en la era digital

Representantes de organismos internacionales, academia, sector público y sociedad civil coincidieron en que el principal desafío ya no es solo garantizar el derecho a solicitar información, sino avanzar hacia una transparencia más proactiva, comprensible y adaptada a la era digital.

A veinte años de la sentencia Claude Reyes vs. Chile, que marcó un precedente histórico al reconocer el acceso a la información pública como un derecho humano en Chile y Latinoamérica, la Oficina Regional de Unesco Santiago, la Escuela de Gobierno UC y el Consejo para la Transparencia reunió a representantes de organismos internacionales, instituciones públicas, academia y sociedad civil para reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta la transparencia en América Latina.

“Claude Reyes nos recordó que la información en poder del Estado no pertenece al Estado, sino a las personas. Ese cambio, que parece simple, transformó la relación entre ciudadanía y poder público: pasamos de la discrecionalidad a la obligación de justificar” fueron las palabras inaugurales del director de la Escuela de Gobierno UC, Eduardo Valenzuela. Agregó que el aporte de la academia es “generar conocimiento, promover el encuentro entre perspectivas diversas y formar profesionales capaces de abordar los problemas públicos con rigor, apertura y sentido democrático. Porque no existe buen gobierno sin transparencia, pero tampoco sin evidencia, deliberación y diversidad de miradas”.

La directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, Esther Kuisch Laroche, destacó que los 20 años de la sentencia Claude Reyes vs. Chile constituyen una oportunidad para reconocer los avances que ha experimentado América Latina en materia de transparencia y acceso a la información, así como para reflexionar sobre los desafíos que persisten. Una de ellas, el desarrollo de nuevas plataformas digitales y la Inteligencia Artificial, “estas transformaciones ofrecen nuevas oportunidades, pero también plantean interrogantes sobre la transparencia, la confiabilidad de la información, las desigualdades digitales y la capacidad de las personas para desenvolverse de manera crítica en estos entornos”, concluyó.

Durante el evento, se reconoció a quienes presentaron el recurso el año 2006: Marcel Claude, Sebastián Cox, y Arturo Longton; y a los abogados que defendieron la causa: Juan Pablo Olmedo, Ciro Colombara, y Moises Sánchez.

Acceso a la información y democracia

El primer panel estuvo compuesto por Guilherme Canela, director de la División de Inclusión y Políticas Digitales y Transformación Digital, UNESCO (París); Manuel Sánchez de Diego, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en estos temas; María Jaraquemada, consejera Consejo para la Transparencia (Chile); y Paulette Desormaux, vicepresidenta América Transparente y profesora de la Facultad de Comunicaciones UC.

“A dos décadas del fallo Claude Reyes vs. Chile, el acceso a la información pública no puede limitarse únicamente a responder solicitudes ciudadanas: el gran desafío hoy es fortalecer la transparencia proactiva. Reflexionamos sobre la necesidad de que el Estado ponga a disposición de las personas información oportuna, comprensible y de calidad, un compromiso que cobra aún más relevancia frente a la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la exigencia de explicabilidad en el sector público”, indicó María Jaraquemada consejera del Consejo para la Transparencia.

Los panelistas coincidieron en avanzar hacia modelos de transparencia activa, donde la información de interés público esté disponible de manera simple y accesible, reduciendo las barreras para que las personas puedan encontrarla, comprenderla y utilizarla.

Asimismo, se abordaron las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información y agilizar procesos, junto con la necesidad de resguardar principios fundamentales como la máxima divulgación y la transparencia como criterio rector de la actuación pública. La conversación también puso énfasis en que el acceso a la información debe ir más allá de la mera entrega de documentos, contribuyendo a una comprensión efectiva de los asuntos públicos y al fortalecimiento de la libertad de expresión, el pluralismo y la rendición de cuentas.

Del caso Claude Reyes a la consolidación del derecho en América Latina

El segundo panel analizó el impacto regional que tuvo la sentencia Claude Reyes vs. Chile en la consolidación del acceso a la información como un derecho humano reconocido por el sistema interamericano. Participaron Mónica Reinoso Curay, Coordinadora General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Defensoría Pública del Pueblo (Ecuador); Eduardo Luna, exdirector general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú; Jorge Jaraquemada, director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán; y Gloria de la Fuente, profesora Escuela Gobierno UC.

Los expositores destacaron el cambio conceptual que implicó situar a las personas en el centro de este derecho, estableciendo que corresponde al Estado justificar de manera excepcional las razones para restringir información y no a la ciudadanía demostrar por qué la requiere. También se relevó el carácter instrumental del acceso a la información, en tanto permite ejercer otros derechos y fortalece la participación ciudadana y el control democrático.

Junto con reconocer los importantes avances registrados durante las últimas dos décadas, los panelistas coincidieron en que uno de los desafíos pendientes es avanzar desde una lógica predominantemente reactiva hacia modelos más proactivos de transparencia. Esto implica ampliar la difusión de información pública, reducir los espacios de opacidad institucional y garantizar que los datos y antecedentes de interés público sean accesibles para las personas antes de que deban solicitarlos.

Transparencia, inteligencia artificial e información de interés público

El tercer panel abordó los desafíos que plantea el rápido desarrollo de la inteligencia artificial para el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Los expositores coincidieron en que, lejos de asumir una mirada fatalista frente a estas tecnologías, es necesario avanzar en marcos regulatorios y capacidades institucionales que permitan aprovechar sus oportunidades y mitigar sus riesgos.

Alberto Coddou, profesor de College y la Escuela de Gobierno UC, enfatizó en la oportunidad de que Chile asuma un liderazgo en esto, gracias a los datos que ya tiene a diferencia de otros países pertenecientes a la OEA, entidad que él asesora.

En el mismo panel se encontraba Patricia Diaz Rubio, directora ejecutiva Wikimedia, quien señaló que el elefante de la habitación es que los entusiastas de la IA no están participando de estas conversaciones más críticas. Con el uso de la IA, “Ese ideario de optimización no sé si es lo mejor. La democracia tiene mucho de deliberación y de humano. Tenemos que ir en la línea de lo colectivo”, agregó. Idea con la que coincidió Marco Mendiburu, consultor regional de la UNESCO de Argentina., también parte del panel. “El diálogo entre personas es fundamental, y la colaboración. Los órganos garantes tienen que profundizar sus conocimientos de la IA”, sostuvo.

Fiscalización CPLT: solo el 6% de los municipios con planes de inversión en espacio público transparenta cómo usa los aportes que por ley reciben de proyectos inmobiliarios

Una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT) a las 345 municipalidades del país reveló que, de 50 municipios que publicaban planes para invertir los aportes recibidos de proyectos inmobiliarios, solo tres mantenían disponibles las rendiciones anuales que permiten conocer qué ocurrió con esos recursos.

La cifra equivale a un 6% de cumplimiento. En los otros 47 municipios —el 94%— no fue posible encontrar una rendición pública que detallara cuánto se recaudó, cómo se utilizaron los aportes, qué obras fueron financiadas o si existían recursos pendientes de ejecución.

Cuando un proyecto inmobiliario genera ciertos efectos en su entorno, la Ley N°20.958 establece que debe realizar aportes en dinero o terrenos a la municipalidad respectiva para mejorar la infraestructura de movilidad y los espacios públicos. Estos recursos pueden financiar proyectos como veredas, ciclovías, áreas verdes, cruces peatonales, calles, luminarias, paraderos, señalética y otras obras para la comunidad.

La normativa obliga a los municipios a elaborar un Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, que describe y prioriza los proyectos en esta materia, y a publicar una rendición anual sobre el uso y situación de los aportes recaudados.

La fiscalización detectó rendiciones únicamente en Hualpén, Punta Arenas y Renca. Hualpén publicaba documentos correspondientes a 2024, 2025 y enero de 2026; Renca mantenía antecedentes actualizados hasta 2025; y en Punta Arenas la última rendición disponible correspondía a 2023.

“Estos aportes existen para que el crecimiento inmobiliario también se traduzca en mejoras concretas para las comunidades. Las personas tienen derecho a saber si su municipio recibió recursos, cuánto recibió, qué obras se financiaron y qué dinero continúa disponible. Sin esa información, se dificulta gravemente el control ciudadano sobre recursos destinados a mejorar los barrios”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.

La falta de publicación no permite concluir por sí sola que los aportes hayan sido utilizados para fines distintos a los que dispone la ley. Sin embargo, impide que las personas conozcan su destino y puedan verificar si las obras comprometidas se realizaron.

La revisión contrastó además los antecedentes municipales con la información entregada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo al respecto. Según ese registro, 45 municipalidades contaban con planes de inversión aprobados, pero cinco no los publicaban en sus páginas institucionales ni en sus portales de transparencia: Rengo, Requínoa, Santa Cruz, Temuco y Traiguén.

Esta fiscalización, realizada durante enero y febrero de 2026, examinó diez categorías de información que normas distintas de la Ley de Transparencia obligan a publicar a las municipalidades, entre las que se encontraban los planes de inversión y rendiciones ya indicados.

Entre otros hallazgos referentes a otras categorías de información, el CPLT, a partir de información entregada por la Subsecretaría de Transportes, detectó que 292 de los 295 municipios que registraban informes de impacto de proyectos inmobiliarios en el tránsito no publicaban esos documentos.

Además, solo 37 de las 332 municipalidades obligadas difundieron su informe de 2024 sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. En materia de niñez, de 147 municipios que informaron haber sesionado en las mesas de articulación interinstitucional de niñez que exige la ley, 93 no publicaron sus actas y otros 11 mantenían documentos desactualizados.

El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. Cuando se comprueban infracciones, previa investigación sumaria, puede aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de la autoridad y/o funcionario responsable, según sea el caso.

Resumen fiscalización:

Informe fiscalización:

Cita internacional: consejera María Jaraquemada presentó avances de Chile para transparentar cómo el Estado usa inteligencia artificial

Conocer qué sistemas automatizados utilizan las instituciones públicas para apoyar la asignación de beneficios, tomar decisiones o responder consultas, y entender cómo funcionan, fue uno de los temas que abordó la consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), María Jaraquemada, durante su participación en el XXXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), en Buenos Aires.

Esta instancia internacional de cooperación agrupa a los órganos garantes del derecho de acceso a la información de los países de Hispanoamérica. En representación del organismo, la consejera intervino en el panel “IA aplicada a fortalecer la transparencia y el acceso a la información: reflexiones y experiencias de organismos públicos”, donde presentó el trabajo del Consejo para que las personas puedan conocer cómo el Estado utiliza estas tecnologías en la gestión pública.

Entre los antecedentes expuestos, destacó un levantamiento realizado por el CPLT entre junio y agosto de 2026, cuyos resultados preliminares identificaron 161 sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas en 61 instituciones públicas. Entre los sistemas identificados figuraron asistentes virtuales que responden consultas, programas que apoyan la asignación de determinados beneficios y herramientas para gestionar tareas administrativas. A partir de esta información, el Consejo dio cuenta de su proyecto de elaborar un catálogo de acceso ciudadano para conocer cuáles son estos sistemas y qué instituciones los utilizan.

“Si una institución utiliza un programa para apoyar la asignación de un beneficio, las personas deben poder conocer qué papel cumple y qué criterios utiliza. Lo mismo ocurre cuando alguien hace una consulta: debe saber si le responde una persona o un asistente virtual. La transparencia exige explicar estas tecnologías de una manera que todos puedan comprender y así confiar en estas herramientas”, señaló Jaraquemada.

La consejera también se refirió a las recomendaciones de transparencia algorítmica emitidas por el CPLT el 2024, con el objeto de guiar a los organismos públicos en dar a conocer el funcionamiento de estos sistemas, especialmente cuando influyen en el ejercicio de derechos o en el acceso a servicios, subsidios u otros beneficios.

Estas orientaciones promueven la publicación de antecedentes sobre su contratación, desarrollo, y uso, junto con explicaciones en lenguaje claro. Además, son expresas en establecer la necesidad de informar a las personas cuando interactúan con un asistente virtual. Uno de sus principios centrales es que la complejidad técnica de un sistema, por sí sola, no justifica mantener su información en reserva.

Jaraquemada abordó, asimismo, la experiencia del Consejo al resolver amparos de personas que solicitaron antecedentes sobre tecnologías utilizadas por instituciones públicas, que no les fueron entregadas. Entre los ejemplos presentados figuraron herramientas para identificar situaciones de riesgo en la niñez y sistemas de apoyo de fiscalización de cumplimiento tributario. Estas decisiones se analizaron caso a caso, considerando tanto el derecho de acceso a la información como las causales legales de reserva.

Asimismo, la exposición incluyó la presentación de la agenda de modernización del CPLT para el próximo trienio 2027-2029. En ella se contempla la adopción gradual de herramientas de inteligencia artificial para la resolución de casos, con constante supervisión humana y tomando medidas de resguardo como la implementación de políticas internas, una estructura orgánica de supervisión y auditorías periódicas. El objetivo del Consejo es bajar los plazos de resolución de casos, ante una demanda creciente y presupuestos institucionales de mantención, por medio de agentes que apoyen los procesos de admisibilidad, la búsqueda de jurisprudencia y la redacción de las decisiones, entre otros avances proyectados. Adicionalmente, se busca incorporar estas tecnologías en el área de fiscalización para hacerla una labor predictiva, identificando riesgos a través del análisis de los datos propios.

La participación del CPLT en el encuentro incluyó también las intervenciones de su director general, David Ibaceta, en el grupo de trabajo sobre Transparencia Judicial y en la presentación del Modelo de Fiscalización Aplicada del Consejo. Por su parte, Daniel Pefaur, jefe de Estudios y Relacionamiento Institucional, participó en el grupo de trabajo sobre Jurisprudencia y Criterios Administrativos.

El encuentro de la RTA permitió compartir experiencias entre instituciones de distintos países sobre inteligencia artificial y acceso a la información pública. La participación del Consejo puso el foco en que la incorporación de tecnología en el Estado vaya acompañada de información comprensible para que las personas puedan conocer y examinar su uso.

¿Qué contempla tu comuna para enfrentar la delincuencia? CPLT detecta 73 municipios que no publican sus planes de seguridad

Conocer qué problemas de seguridad identifica una municipalidad, qué acciones contempla para enfrentarlos y cuáles son sus metas permite a los vecinos tomar decisiones para evitar ser víctimas de delitos y hacer seguimiento a los compromisos de sus autoridades comunales en la materia. Sin embargo, una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó que, en 73 municipalidades, equivalentes al 21% del total del país, no fue posible encontrar publicados sus planes comunales de seguridad pública.

La revisión se realizó entre enero y febrero de 2026 y abarcó las páginas web y los sitios de transparencia de las 345 municipalidades. El estudio examinó diez categorías de información que normas distintas de la Ley de Transparencia obligan a publicar a las municipalidades, entre las que también se encontraban el impacto vial de proyectos inmobiliarios, las rendiciones de cuentas de los aportes que estos deben hacer a las municipalidades para mejorar la infraestructura de movilidad y los espacios públicos, la protección de la niñez y la inclusión laboral de personas con discapacidad.

En seguridad, 272 municipios publicaban sus planes comunales de seguridad pública. Estos documentos contienen un diagnóstico de los problemas de seguridad de cada comuna, objetivos, metas y acciones para abordarlos, además de mecanismos para revisar el cumplimiento de los compromisos adoptados en el respectivo Consejo Comunal de Seguridad Pública. Su vigencia es de cuatro años y deben actualizarse anualmente.

La fiscalización también identificó diferencias entre los períodos de los planes publicados y los registrados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución a la cual las municipalidades deben remitir los planes aprobados. Al respecto, en 174 de los 272 municipios que publicaban estos documentos, los períodos no coincidían.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló: “La transparencia no se agota en las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia. Hay una serie de obligaciones de publicación de información de alto interés público dispersas en la legislación y que son directamente aplicables a municipalidades. Los resultados evidencian rendimientos dispares en la publicación de materias tan relevantes como desarrollo urbano, seguridad, niñez e inclusión, las cuales deben poder conocerse por las personas de manera clara, completa y actualizada”.

 

Proyectos inmobiliarios

En desarrollo urbano, el Consejo encontró informes de mitigación de impacto vial publicados en solo tres de las 295 municipalidades que, según los antecedentes proporcionados por la Subsecretaría de Transportes, contaban con proyectos inmobiliarios con informes aprobados.

Estos documentos permiten conocer qué medidas se contemplan para compensar los efectos de proyectos inmobiliarios sobre el tránsito y la movilidad del sector, como instalación de semáforos, señalización o mejoras para el transporte público. Las municipalidades donde se encontró esta información fueron Los Andes, Pichilemu y Teno.

Al respecto, en julio de 2026, el CPLT requirió a las municipalidades publicar mensualmente estos informes y las resoluciones que los aprueban, modifican o rechazan.

Otro hallazgo de la fiscalización es que, de las 50 municipalidades que publicaban su plan de inversiones en movilidad y espacio público, solo tres publicaban las rendiciones de cuentas sobre el uso de los aportes que por ley deben hacerles los proyectos inmobiliarios.

Niñez e inclusión laboral: antecedentes pendientes de publicación

En protección de la niñez, de 147 municipalidades que, según la Subsecretaría de la Niñez, realizaron sesiones de sus mesas de articulación interinstitucional de niñez y adolescencia durante el primer semestre de 2025, 93 no publicaban las actas y otras 11 solo mantenían documentos de 2024. Estas instancias coordinan servicios de salud, educación, protección y programas sociales para niños, niñas y adolescentes. Sus actas deben publicarse resguardando los datos personales que corresponda proteger.

Respecto de la inclusión laboral de personas con discapacidad, solo 37 de las 332 municipalidades que debían publicar los reportes correspondientes a 2024 tenían disponible esa información. Estos antecedentes permiten conocer el cumplimiento de las obligaciones de inclusión laboral o las razones fundadas que las instituciones informan para justificar su incumplimiento.

Conclusiones del CPLT

El Consejo advirtió que la dispersión de documentos en distintas secciones, la falta de actualización y las diferencias con los registros de organismos del nivel central dificultan el acceso de las personas a esta información y la posibilidad de verificar que esté completa y actualizada. Asimismo, recordó que las obligaciones de publicación establecidas en otras leyes también son exigencias legales y deben cumplirse.

El CPLT es el organismo encargado de promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Las personas pueden presentar un reclamo en cplt.cl cuando un organismo no publica información exigida por esta ley. Los incumplimientos injustificados de sus obligaciones de transparencia pueden derivar en multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de la autoridad o jefe de servicio y de los funcionarios responsables.

Resumen fiscalización:

Informe fiscalización:

Fiscalización CPLT: Municipios y delegaciones contrataron más de $30 mil millones en camiones aljibe en 2023 y 2024, pero ¿a cuántas familias llegó el agua potable?

El Consejo para la Transparencia (CPLT) identificó 370 contratos por más de $30.192 millones para distribuir agua potable mediante camiones aljibe durante 2023 y 2024. La fiscalización sobre acceso a información pública también reveló dificultades en ciertos casos para conocer el resultado concreto de ese gasto público: cuánta agua se repartió y a cuántos hogares llegó.

De las 34 instituciones que informaron contrataciones, un 73% entregó antecedentes sobre los litros distribuidos y un 71% informó el número de hogares beneficiados. En otras palabras, casi tres de cada diez no proporcionaron o no se pronunciaron sobre datos esenciales para evaluar la cobertura del servicio.

Para realizar la fiscalización, el CPLT ingresó 152 solicitudes de información a 128 municipalidades, 23 delegaciones presidenciales y a la Subsecretaría del Interior. Las municipalidades y delegaciones consultadas se encontraban en zonas declaradas con escasez hídrica durante el periodo analizado.

La revisión constató que un 56% de las instituciones presentó al menos un incumplimiento en la tramitación de estas solicitudes. Aunque el 81% respondió dentro del plazo legal, un 12% lo hizo con atraso y un 7% no había contestado a la fecha de cierre de recepción de respuestas: el 31 de marzo de 2026.

También se detectaron respuestas parciales, documentos anunciados que no fueron adjuntados y dificultades para acceder a los antecedentes. Además, 27 organismos señalaron que la información estaba en poder de otra institución, pero no derivaron la solicitud como establece la normativa.

“Cuando se destinan más de $30 mil millones a llevar agua potable a comunidades afectadas por la escasez, no basta con conocer cuánto se contrató. El Estado también debe ser capaz de informar cuánta agua se distribuyó, a qué familias llegó y cómo se utilizaron los recursos. Esa trazabilidad permite evaluar si la ayuda cumplió realmente su propósito”, afirmó la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González.

Del monto total identificado, un 69% fue financiado por la Subsecretaría del Interior o Senapred, un 24% con recursos municipales y en el 7% restante no fue posible determinar el origen del financiamiento. Asimismo, el 75% de los contratos fue suscrito por delegaciones presidenciales provinciales o regionales y el 25% directamente por municipalidades.

La Región de Valparaíso concentró el 61% de los contratos y el 47% del gasto total, con más de $14.173 millones. Le siguieron la Región Metropolitana, con $6.298 millones, y Ñuble, con $5.599 millones.

Las instituciones que informaron los mayores montos de contratación fueron las delegaciones presidenciales provinciales de Marga Marga, con $6.888 millones, y Petorca, con $5.710 millones; la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, con $5.277 millones; y las municipalidades de Puente Alto y La Serena, con $4.440 millones y $1.804 millones, respectivamente.

La fiscalización reveló que el 73% de los contratos tuvo una duración de tres meses o menos, pese a que las declaraciones de escasez hídrica suelen extenderse hasta por un año. También se observaron casos en que las instituciones celebraron contratos sucesivos de corta duración con los mismos proveedores.

Respecto de la modalidad utilizada, un 47% de las contrataciones se realizó mediante licitación pública, un 41% por trato directo y un 6% mediante compra ágil. En otro 6% no fue posible determinar el mecanismo utilizado a partir de los antecedentes entregados.

La Subsecretaría del Interior, en tanto, proporcionó cifras correspondientes a 2024 y 2025, pese a que el CPLT solicitó información de 2023 y 2024. Tampoco entregó un desglose por tipo de gasto, lo que impidió establecer qué parte del Fondo de Emergencia fue destinada específicamente a la contratación de camiones aljibe y qué monto financió otras medidas frente a la escasez hídrica.

La revisión detectó, además, problemas en la protección de información personal. De las 34 instituciones que entregaron antecedentes contractuales, 14 proporcionaron documentos sin resguardar debidamente datos como RUN, firmas, teléfonos, correos electrónicos e incluso huellas dactilares de proveedores o representantes de estos.

El informe concluye que se requieren estándares comunes para registrar, entregar y publicar esta información. Esto permitiría seguir con mayor claridad el recorrido de los recursos públicos, la ejecución de los contratos y el número de personas que reciben el servicio.

El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público encargada de promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y de resguardar el derecho de las personas a acceder a información pública. Ante las infracciones contempladas en la ley, puede instruir procedimientos sancionatorios y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de las remuneraciones mensuales de las autoridades y/o funcionarios responsables, según sea el caso.

 

La IA aterriza en el acceso a información pública: CPLT impulsa inédita agenda de modernización que facilitará a millones de personas encontrar datos públicos

Conocer cómo un organismo gastó recursos públicos, revisar las reuniones de lobby de una autoridad, consultar su declaración de intereses o pedir una copia de un contrato hoy puede obligar a las personas a recorrer diferentes plataformas del Estado.

Para simplificar ese recorrido y fortalecer el acceso a información pública, a través del uso de las tecnologías disponibles, el Consejo para la Transparencia (CPLT) está llevando a cabo una serie de medidas e implementará otras tantas en el mediano y largo plazo.

Esta agenda supone que dentro del último trimestre del presente año el CPLT licitaría los servicios que requiere para implementar un nuevo Portal de Transparencia del Estado, sitio en que hoy las personas pueden consultar o pedir información pública o reclamar ante el CPLT cuando estiman que existen incumplimientos a la Ley de Transparencia. Se proyecta con ello la incorporación de un buscador único de información que, con apoyo de IA, haga que las personas puedan encontrar información pública de manera más precisa, veloz y completa, filtrando por tema, períodos de tiempo, organismos, etc.

La adjudicación de esta licitación facilitará también la creación de una plataforma única de datos abiertos, orientada a consultar datasets masivos, a través de la disponibilidad de APIs. Este sitio unificará información que hoy se encuentra repartida en distintos sitios, tales como el Portal de Transparencia del Estado, www.infoprobidad.cl, www.infolobby.cl, o www.infotransparencia.cl. En simple, las personas podrán encontrar desde un mismo lugar información sobre autoridades, patrimonio, audiencias de lobby, solicitudes de información o cumplimiento de obligaciones de transparencia, entre otras.

Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, indicó: “La tecnología puede potenciar enormemente la posibilidad de las personas de acceder a información pública, de cada servicio de ponerla a disposición de mejor forma y de nuestro Consejo de cumplir más eficazmente su labor. Por ejemplo, en este último punto, estamos estudiando potenciales usos de asistentes virtuales en nuestro quehacer, que nos permitirán gestionar los casos que se someten a nuestro conocimiento de manera más eficiente”.

Pero más allá de lo planificado para el largo plazo, el CPLT ya implementó una serie de mejoras al Portal de Transparencia del Estado. Se incorporaron en su portada visualizaciones de datos que destacan información pública de interés ciudadano, denominadas en su conjunto “CPLT en Línea”. Ellas permiten a la ciudadanía conocer, de manera visual e interactiva, datos y estadísticas sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, lobby y probidad de los organismos del Estado

Junto con lo anterior, se inició un piloto para publicar múltiples conjuntos de datos de los organismos públicos adscritos al Portal de Transparencia del Estado en formato Parquet (hasta ahora se entregaban exclusivamente en formato CSV). Este avance permite cumplir con un estándar moderno y abierto, diseñado específicamente para el análisis de grandes volúmenes de información (Big Data), lo que puede ser aprovechado, por ejemplo, por la academia, el periodismo de investigación u organizaciones de la sociedad civil.

Adicionalmente, presentará en octubre la herramienta SOP (Seguimiento Operacional de Portales), aplicación web orientada a funcionarios públicos, destinada a centralizar, integrar y visualizar datos operacionales del Portal de Transparencia del Estado y del Portal InfoLobby. Busca mejorar la gestión interna de transparencia y probidad de organismos públicos, permitiendo a los superiores jerárquicos llevar monitoreo, control y reportabilidad en el cumplimiento de obligaciones legales de transparencia y probidad. En la práctica, entre otras funcionalidades, permite supervisar el ciclo completo de una solicitud de acceso a información pública, detectando posibles retrasos y asegurando trazabilidad. También sirve para monitorear posibles desactualizaciones o brechas de la información que se sube a transparencia activa o a los registros públicos asociados a la Ley de Lobby.

Finalmente, para octubre está previsto también el lanzamiento de un manual web de uso del Portal de Transparencia del Estado, que sirva de guía a los encargados de transparencia de todos los órganos públicos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, a fin de facilitar su labor y aclarar cualquier duda que puedan tener de forma autónoma, sencilla y rápida.

Consejera Jaraquemada se reúne con la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España

La consejera del Consejo para la Transparencia de Chile (CPLT), María Jaraquemada, sostuvo una reunión institucional con la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España (CTBG), Concepción Campos.

Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron experiencias y conocimientos sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Chile y España, así como sobre los marcos regulatorios que sustentan su labor.

En la oportunidad, se abordaron las atribuciones de las instituciones garantes y, en particular, las potestades sancionadoras que posee el Consejo para la Transparencia frente al incumplimiento de sus resoluciones y de las obligaciones de transparencia. Esta atribución contribuye a fortalecer el cumplimiento de las normas y los estándares de transparencia de los organismos públicos.

Asimismo, las autoridades analizaron algunos de los principales desafíos que enfrentan actualmente las instituciones garantes, entre ellos la transparencia algorítmica y las nuevas demandas de la ciudadanía en materia de acceso a la información pública.

La reunión se realizó ad portas de que María Jaraquemada asuma la presidencia rotatoria del Consejo para la Transparencia, responsabilidad que ejercerá a partir de fines de octubre.

El Consejo para la Transparencia y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España forman parte de la Red Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). En este contexto, ambas instituciones coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los organismos garantes, con el objetivo de promover una mayor transparencia, rendición de cuentas y protección efectiva del derecho de acceso a la información pública.

Balance CPLT 2026 registra máximos históricos para un primer semestre: más de 167 mil solicitudes de información al Estado y cerca de 9 mil casos ante el Consejo

Entre el 1 de enero y el 30 de junio, las personas dirigieron 167.185 solicitudes de acceso a información a distintos órganos de la Administración del Estado, cifra más alta desde la creación del Portal de Transparencia del Estado en 2013. Los asuntos más consultados fueron migraciones y residencia, con 15.652 solicitudes; sumarios administrativos, oficios de Contraloría y procedimientos, con 13.627; grabaciones de cámaras de seguridad por accidentes y robos, con 13.535; antecedentes sobre propiedades y terrenos, con 11.683; y pagos, multas y deudas, con 11.338.

Las solicitudes se ingresaron a través del Portal de Transparencia del Estado, sitio que permite hacer solicitudes específicas de información a órganos públicos y revisar los antecedentes que deben mantener disponibles sin necesidad de que alguien los solicite. La plataforma recibió 4.598.319 visitas durante el semestre, más de 12% por sobre igual período de 2025, y acumula más de 50 millones desde sus inicios.

Del total de solicitudes, 105.335 (63%) fueron dirigidas a organismos del gobierno central; 59.659 (35,7%), a municipalidades y otras entidades locales; y 2.191 (1,3%), a gobiernos regionales y organismos relacionados. Los servicios más requeridos fueron el Servicio Nacional de Migraciones, con 9.245 solicitudes; la Subsecretaría de Bienes Nacionales, con 4.750; y la Dirección General de Aguas, con 3.971.

Por su parte, en este primer semestre de 2026, ingresaron 8.620 casos al CPLT, 7.282 fueron amparos presentados por personas que no recibieron respuesta a sus solicitudes o la consideraron incompleta, y 1.338 fueron reclamos por estimar que faltaba información que los organismos debían mantener publicada. Con esta cifra, el Consejo acumula 119.450 casos desde su entrada en funciones en 2009.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que «estos datos muestran que la transparencia no es un asunto abstracto: las personas la usan para resolver problemas concretos, desde conocer el estado de un trámite hasta reunir antecedentes por un accidente. También vemos que más ciudadanos recurren al Consejo cuando un organismo no responde o mantiene información sin publicar. Nuestro deber es lograr que ese derecho funcione en la práctica y sea garantizado, y, al mismo tiempo, promover que se ejerza responsablemente, como una herramienta útil para evaluar la labor del Estado y ejercer otros derechos, pero evitando un ejercicio abusivo que distraiga indebidamente a los organismos públicos de las labores que tienen que desarrollar».

La revisión judicial de las decisiones del CPLT también aumentó. Durante el primer semestre, las Cortes de Apelaciones dictaron 110 sentencias en recursos de ilegalidad que buscaban dejar sin efecto decisiones del Consejo, frente a 62 en igual período de 2025. Del total de esas sentencias, un 93,6% mantuvo las decisiones originales del CPLT, confirmando su jurisprudencia. Solo siete recursos fueron acogidos total o parcialmente.

El balance fue dado a conocer al cumplirse 18 años de la publicación de la Ley de Transparencia. El CPLT ha planteado la necesidad de actualizarla, usando la tecnología disponible para fortalecer el acceso a los datos que los organismos deben publicar, así como ampliar su alcance, estableciendo un sistema único de transparencia para todas las instituciones del Estado.

«El aumento sostenido de las solicitudes y casos presentados al CPLT confirma que la ley sigue siendo necesaria, pero también que debe ponerse al día. Chile requiere información pública más fácil de encontrar, en formatos abiertos y reutilizables, y herramientas tecnológicas que permitan un mejor acceso a información y una mayor eficiencia en la fiscalización. La propuesta de nueva Ley de Transparencia del Consejo busca avanzar en esas tareas pendientes y ofrece una oportunidad para que el Congreso retome este debate», agregó González.

El Consejo para la Transparencia es un organismo autónomo y el único en Chile, encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. Cuando detecta incumplimientos, puede instruir investigaciones sumarias y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y de los funcionarios responsables, según corresponda.

Revisa nuestras cifras acá:

Resumen:

Concurso escolar CPLT: Cerca de 200 videos de todo el país y seis equipos ganadores de cinco regiones

Equipos de Tarapacá, Atacama, Maule, Biobío y Los Ríos se quedaron con los seis premios de la sexta versión del Concurso de Videos Escolares del Consejo para la Transparencia (CPLT), que recibió cerca de 200 trabajos enviados por estudiantes de todo Chile.

Los resultados fueron anunciados este viernes durante una capacitación dirigida a encargados de transparencia y funcionarios públicos, realizada en la Universidad de Concepción y encabezada por la presidenta del CPLT, Natalia González.

El certamen convocó a estudiantes de séptimo básico a cuarto medio a responder, mediante un video de entre 30 y 60 segundos, una pregunta tan simple como desafiante: ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial y las herramientas digitales para construir instituciones más transparentes?

En la Macrozona Norte, el primer lugar fue obtenido por el Colegio Héroes de Atacama, de la región de Atacama. El segundo lugar correspondió al Colegio Academia Tarapacá, sede Orella, de la región de Tarapacá.

En la Macrozona Centro, ambos reconocimientos quedaron en la región del Maule: el primer lugar recayó en la Escuela Los Coipos, mientras que el segundo fue para el Colegio Montessori Talca.

En tanto, en la Macrozona Sur, el primer lugar lo obtuvo la Escuela Villa Las Peñas, de la región del Biobío. Por su parte, el segundo lugar correspondió al Colegio San Marcos de Valdivia, de la región de Los Ríos.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, destacó la convocatoria alcanzada por el concurso y la creatividad de los participantes.

“Recibir cerca de 200 videos de todo Chile nos sugiere que la transparencia no es un tema lejano para las nuevas generaciones. Los estudiantes fueron capaces de mirar la inteligencia artificial con creatividad y responsabilidad, y de imaginar cómo puede ayudar a acercar el Estado a las personas. Sus propuestas nos recuerdan que la tecnología puede permitir mejorar el acceso a la información y la rendición de cuentas y, a su vez, ser ocupada transparentemente”, señaló.

Los equipos estuvieron integrados por entre dos y cuatro estudiantes, acompañados por un docente de su establecimiento. Los participantes debían resguardar la identidad de quienes aparecieran en los videos y declarar si utilizaron herramientas de inteligencia artificial, asegurando que al menos la mitad del contenido fuera de creación propia.

Los trabajos ganadores están disponibles en el sitio web del Consejo para la Transparencia y serán difundidos a través de sus canales oficiales.

Con esta iniciativa, el CPLT busca acercar la transparencia y el acceso a la información pública a las nuevas generaciones, promoviendo desde las comunidades escolares una ciudadanía más informada y comprometida.

Los equipos que obtuvieron el primer lugar en cada macrozona recibirán un premio de $500.000, mientras que los segundos lugares recibirán $200.000. Los montos se distribuirán entre los integrantes de cada equipo, incluidos los estudiantes y su docente guía.

El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público encargada de promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información de los organismos del Estado. Ante incumplimientos, la normativa contempla multas de entre un 20% y un 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y/o funcionarios responsables.

Revisa los videos de los ganadores aquí: https://www.consejotransparencia.cl/informacion/concurso-2026/