El Consejo para la Transparencia fiscalizó en 2025 a 71 instituciones del sector educación —18 universidades estatales, 15 centros de formación técnica estatales y 38 servicios locales de educación pública— para revisar si mantienen disponible, actualizada y completa la información que exige la Ley de Transparencia en sus sitios de transparencia activa.

El resultado global mostró un avance relevante: el cumplimiento promedio llegó a 83,24%, más de 11 puntos sobre el 71,73% registrado en 2024.

Sin embargo, la fiscalización también detectó casos críticos. Por ello, el CPLT acordó instruir investigaciones sumarias en los organismos que registren índices inferiores al 65% de cumplimiento y que ya hayan sido fiscalizados en más de un proceso, con el objetivo de corregir incumplimientos persistentes y asegurar que la información pública esté efectivamente disponible para la ciudadanía.

Se encuentran en dicha situación 5 organismos fiscalizados: el CFT de Aysén, con 0% de cumplimiento; la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con 41,4%; el CFT de Coquimbo, con 60,03%; la Universidad de Chile, con 61,98%; y el CFT de Los Ríos, con 64,89%.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, afirmó que los resultados muestran avances muy valorables, pero también revelan que aún existen zonas opacas en instituciones que administran recursos públicos y cumplen funciones clave para la ciudadanía.

“Cuando una institución del Estado no publica adecuadamente su presupuesto, sus compras, sus contrataciones o sus actos administrativos, se está afectando directamente el derecho de las personas a saber cómo se usan los recursos públicos. En educación, donde se administran cuantiosos recursos y se toman decisiones que impactan a miles de comunidades educativas, la transparencia no puede ser parcial ni depender de la voluntad de cada organismo”, señaló González.

El informe muestra diferencias importantes entre los distintos tipos de instituciones. Los servicios locales de educación pública fueron los que registraron el mayor cumplimiento promedio, con 85,27%, lo que representa un alza de 19,17 puntos respecto del año anterior. En tanto, los centros de formación técnica estatales alcanzaron 79,41%, con un incremento de 16,82 puntos frente a 2024.

La principal alerta se concentró en las universidades estatales, que bajaron de 86,70% en 2024 a 82,17% en 2025. Según el reporte, 11 de las 18 universidades fiscalizadas disminuyeron su nivel de cumplimiento, con caídas relevantes en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Chile.

La fiscalización identificó además las materias con mayores dificultades. En las universidades estatales: sanciones impuestas conforme a la Ley de Transparencia, con 30,8%; actos y resoluciones con efectos sobre terceros, con 55,9%, y subsidios y beneficios, con 63,2%. En los CFT, las principales falencias se observaron en presupuesto, con un cumplimiento de 51,11%, y en adquisiciones o contrataciones, con 63,56%. En los SLEP, la materia más débil fue también adquisiciones y contrataciones, con 54,73%, seguida por presupuesto, con 69,74%, y mecanismos de participación ciudadana, con 72,05%.

Entre los mejores resultados destacan la Universidad de La Serena, el CFT de Los Lagos y el SLEP Costa Central, todos con 100% de cumplimiento. También hubo mejoras significativas en organismos que habían sido objeto de investigaciones sumarias en 2024: 12 de 13 instituciones aumentaron sus niveles de cumplimiento, con un alza promedio superior a 61 puntos porcentuales.

“Estos datos confirman la importancia de fiscalizar de manera permanente. Vemos que la acción fiscalizadora y sancionatoria del Consejo tiene un efecto claro en materia de aumento de los estándares de transparencia de las instituciones sancionadas. En paralelo, seguiremos promoviendo y fortaleciendo capacidades de los equipos de transparencia de cada institución, a través de nuestras capacitaciones. La meta es que cada entidad pueda cumplir cabalmente con las exigencias de la Ley de Transparencia y que los antecedentes estén disponibles, actualizados y sean comprensibles para cualquier persona. No hay que olvidar que la transparencia activa es una herramienta concreta de control ciudadano y permite prevenir espacios de discrecionalidad, desorden o mal uso de recursos públicos”, agregó la presidenta del CPLT.

El Consejo para la Transparencia recalcó que continuará monitoreando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en el sector educación, así como ofreciendo instancias de capacitación a lo largo de todo el país en materia de transparencia y acceso a la información.

Resumen fiscalización: 

Fiscalización: 

El acceso a información clave sobre el uso de recursos públicos sigue presentando brechas relevantes en la Administración Central del Estado, especialmente la información presupuestaria y sobre adquisiciones y contrataciones, según la última fiscalización del Consejo para la Transparencia, que evaluó el cumplimiento de obligaciones de transparencia activa en el período 2025.

La investigación analizó la disponibilidad, completitud y actualización de la información que la Ley de Transparencia obliga a publicar respecto de 338 organismos de la Administración Central del Estado, incluyendo secretarías regionales ministeriales, delegaciones presidenciales regionales y provinciales, servicios de salud, hospitales, fuerzas armadas, servicios dependientes de ministerios, entre otros. Excluye a las subsecretarías, que fueron evaluadas separadamente (para más información ver: https://www.consejotransparencia.cl/a-pesar-del-alza-en-transparencia-de-las-subsecretarias-en-2025-cplt-detecta-que-persisten-brechas-en-adquisiciones-contrataciones-e-informacion-presupuestaria/).

Desde una vista agregada, la fiscalización reveló que el nivel de cumplimiento observado en este sector alcanza un promedio de 88,33%, representando un alza del orden de más de 10 puntos porcentuales respecto del año anterior (78,1%). Sin embargo, persisten brechas en la publicación de información en áreas muy relevantes para que las personas puedan controlar cómo se usan los recursos públicos.

La materia con el más bajo cumplimiento es la información presupuestaria con un 57,56%. Dentro de esta materia, el ítem “gastos de representación, protocolo y ceremonial” son los antecedentes que se mantienen menos accesibles al público, con un 40,76% de cumplimiento. En concreto, 60 instituciones no publican este tipo de gastos y otras 33 los mantienen desactualizados. Lo siguen los ítems “modificaciones presupuestarias” con apenas un 45,89% de cumplimiento y “ejecución presupuestaria” que llega a 63,35%.

A esto se suma otro foco crítico: adquisiciones y contrataciones, que fue la segunda materia peor evaluada. En el detalle de los ítems que la conforman, “contratos formalizados mediante órdenes de compra” registra el menor índice de acceso con solo un 35,4% de cumplimiento. Ello, a pesar de ser un ítem que experimentó una importante alza respecto de 2024 de más de 21 puntos porcentuales. En la práctica, en 2025, 117 organismos no publicaron adecuadamente esta información, pese a su relevancia para conocer cómo se ejecuta el gasto público.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que estas cifras reflejan una deuda estructural: “Las mayores opacidades del Estado siguen concentrándose en cómo se usan los recursos públicos. Cuando esta información no está disponible o está desactualizada, se debilita el control ciudadano y la rendición de cuentas. Por eso, estamos impulsando una modernización a la Ley de Transparencia que eleve y modernice los estándares y cierre progresivamente estos vacíos”.

El informe también muestra dispersión en el desempeño institucional. Mientras 46 organismos alcanzaron cumplimiento total del 100%, otros presentan rezagos significativos: 9 instituciones obtuvieron niveles críticos de cumplimiento, promediando 60 puntos o menos. Asimismo, se destaca que este año 65 instituciones bajaron su nivel de cumplimiento respecto del proceso del año anterior.

Desde el Consejo advierten que estos resultados – que serán enviados a la Contraloría General de la República – evidencian que las principales fallas se producen en la publicación de materias que requieren actualización permanente y que son clave para el control social del Estado.

Revisa el informe: 

Resumen de fiscalización: 

El Consejo para la Transparencia dio a conocer un informe inédito que, por primera vez, levanta una radiografía nacional sobre cómo las instituciones públicas organizan internamente sus equipos de transparencia, quiénes están a cargo de responder solicitudes de información y publicar los antecedentes que corresponden y qué condiciones reales tienen para cumplir la Ley N°20.285 (Ley de Transparencia).

El estudio, denominado “Censo de Funcionamiento de los Sistemas de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia”, se basa en una encuesta que fue aplicada el 2025 a 1.110 instituciones públicas obligadas por la Ley de Transparencia y registró 955 respuestas válidas, equivalente a una tasa de respuesta de 85,9%.

Uno de los principales hallazgos es que, aunque la transparencia está instalada en gran parte del Estado, muchas veces funciona con equipos mínimos. A nivel general, 34,1% de los organismos declara que estas tareas recaen en una sola persona y 29,3% en dos personas. Es decir, cerca de dos tercios de las instituciones concentran la gestión de transparencia en equipos de una o dos personas.

La presidenta del CPLT, Natalia González, afirmó que “este informe es inédito porque permite mirar por dentro cómo está funcionando la transparencia en el Estado. No basta con que existan obligaciones legales: se necesitan equipos y capacidades reales para responder adecuadamente a la ciudadanía. Es justamente por ello, que este Consejo concentra sus esfuerzos en capacitar a los encargados de transparencia de las distintas reparticiones públicas, de forma constante y a lo largo de todo el país”.

Si el análisis se desagrega por tipo de organismo, se detectan diferencias relevantes entre ellos. Por ejemplo, en las municipalidades, 44,3% declara que estas labores recaen en una sola persona; en las corporaciones municipales, la cifra sube a 45,3%; y en las asociaciones de municipalidades llega a 65,7%.

No obstante lo anterior, el estudio muestra que existe una instalación formal importante: 86,9% de los organismos declara contar con al menos una persona designada ante el CPLT para gestionar sus obligaciones de transparencia y 93,5% señala tener una unidad, dependencia o persona encargada de transparencia activa y acceso a la información. Sin embargo, 33,7% no dispone de un acto administrativo que formalice funciones y responsabilidades, lo que evidencia que en una proporción relevante de instituciones estas tareas aún dependen de arreglos internos poco institucionalizados.

El segundo dato clave es que 79,4% de las personas responsables de transparencia designadas ante el CPLT no tienen dedicación exclusiva, por lo que cumplen esta función junto con otras tareas institucionales. En cuanto a la dedicación horaria, 57,1% dedica solo entre 1 y 10 horas semanales a labores de transparencia activa y acceso a la información, un 12,1% entre 11 y 20 horas semanales, un 9.6% entre 21 y 30 horas semanales, y solo un 21,2% más de 30 horas semanales.

Al desagregar la dedicación horaria por tipo de organismo, los promedios más altos están en ministerios, subsecretarías y seremis, con 21,3 horas semanales, y en municipalidades, con 20,9 horas. En el otro extremo, las empresas públicas que registran 1,7 horas semanales, y las asociaciones de municipalidades 5,2 horas.

González agregó que “La forma en que cada repartición gestiona el cumplimiento de la ley de transparencia es un asunto de competencia de cada uno de los jefes de servicio, quienes deben asignar el personal y el presupuesto correspondiente. Dicho eso, el cumplimiento de la ley de transparencia no es opcional, de manera que cada una de estas autoridades es responsable de gestionar adecuadamente esta materia para no caer en infracciones por incumplimientos a las obligaciones de transparencia activa y al deber de responder, en tiempo y forma, a las solicitudes de acceso a la información pública. No olvidemos que la ciudadanía espera respuestas oportunas, completas y claras y que, si ello no ocurre, el CPLT puede aplicar las sanciones establecidas en la ley”.

El CPLT sostuvo que este censo entrega una línea de base para orientar acciones de capacitación, acompañamiento y fiscalización, además de aportar antecedentes para el debate sobre la modernización de la Ley de Transparencia. El organismo enfatizó que garantizar el acceso a la información pública no depende solo de normas, sino también de equipos suficientes, funciones claras y dedicación para responder a las personas.

Revisa el informe:

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, participó en São Paulo, Brasil, en el panel internacional “Transparencia, integridad y acceso inclusivo a la información pública en Iberoamérica”, instancia que formó parte del 30º Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 2026, que reunió entre el 12 y 14 de mayo a los organismos garantes en la materia de los distintos países de la región.

La participación de Chile en esta cita se dio en el marco de la presencia activa del CPLT en la RTA, una de las principales redes internacionales dedicadas a fortalecer el derecho de acceso a la información pública, promover buenas prácticas, impulsar estándares comunes y consolidar la transparencia como una herramienta clave para la democracia, la integridad y la confianza ciudadana.

En ese espacio, González comenzó contextualizando la utilidad que ha tenido la Ley de Transparencia en Chile a lo largo de sus 17 años de vigencia. Sin embargo, recalcó la necesidad actual de modernizar esta normativa, a fin de resolver una serie de desafíos actuales. Entre ellos, se refirió a la aplicación expresa de esta legislación a entidades que cumplen una función administrativa y reciben recursos públicos, así como el poder avanzar en transparencia de los algoritmos que usa el Estado de manera creciente.

Ante la pregunta de cómo mantener vivo el derecho de acceso a la información pública, instó a los asistentes a evaluar la implementación de las leyes de transparencia de cada uno de sus países y tomar acciones de gestión o legislativas, dependiendo de los resultados de dicha evaluación. Asimismo, hizo una invitación a fortalecer el rol promotor de cada entidad, en un doble sentido: aumentar las capacidades de los funcionarios públicos y la ciudadanía, pero también a saber escuchar las propuestas de mejora que levantan los mismos usuarios en cada instancia de capacitación y considerarlas en los planes de mejora continua de cada servicio.

A continuación, expuso la experiencia chilena del CPLT en su rol de promoción del derecho de acceso a la información pública, detallando las acciones que ha llevado adelante en materia de formación y capacitación. Al respecto, y en términos generales, se destaca que en 2025 el Consejo realizó 123 actividades de capacitación a lo largo de todo el país, capacitando a 11.521 personas, incluyendo funcionarios públicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

En el detalle, uno de los principales ejes presentados fue el Plan de Habilitación en Derecho de Acceso a la Información Pública (Plan DAI), iniciativa que acerca la transparencia a la ciudadanía, especialmente a organizaciones sociales, estudiantes, dirigentes comunitarios, personas mayores, comunidades indígenas, y grupos con mayores dificultades para relacionarse con el Estado. En ella se enseña de manera práctica cómo usar la Ley de Transparencia para enfrentar problemas concretos de sus comunidades, desde seguridad barrial, salud, vivienda, medioambiente y espacios públicos, hasta control del gasto municipal y acceso a servicios sociales, entre otras temáticas de su interés.

Durante 2025, las actividades del Plan DAI contaron con 1.012 participantes en seis regiones del país, mediante talleres presenciales y virtuales que explicaron cómo ejercer el derecho de acceso a la información y acompañaron a las personas en la formulación de solicitudes, el seguimiento de respuestas y, cuando correspondió, la presentación de reclamos ante el Consejo.

“La transparencia no puede ser un derecho reservado para quienes conocen el lenguaje del Estado. Nuestro desafío es que cualquier persona, desde una junta de vecinos, una comunidad escolar, una organización social o un territorio apartado, pueda saber qué preguntar, dónde hacerlo y, en definitiva, encuentre la información pública que busca. Ese es el sentido de nuestro trabajo de formación: que la Ley de Transparencia sea una herramienta para mejorar la vida de las personas”, señaló Natalia González.

Otra de las iniciativas expuestas fue Aula Transparente, plataforma formativa del CPLT que ofrece cursos gratuitos y asincrónicos para funcionarios públicos, la sociedad civil y el mundo educativo. En 2025, esta herramienta registró 4.736 personas inscritas y más de 13 mil visitas. Entre enero y abril de 2026, ya sumaba 2.330 nuevas personas inscritas, reflejando un creciente interés por aprender sobre transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, Ley del Lobby o protección de datos personales.

Finalmente hizo un repaso por otra serie de herramientas e instancias que el CPLT lleva adelante en su rol promotor. Destacó la sección “CPLT en línea”, en donde el Consejo pone a disposición información sobre transparencia en formatos ciudadanos. Asimismo, la existencia de su Consejo de la Sociedad Civil, órgano consultivo que nutre la labor del Consejo. Adicionalmente, se refirió a las sesiones públicas que hace de forma habitual el CPLT en colegios del país, así como a su ya tradicional concurso de video escolares, ambas instancias enfocadas en el aprendizaje de estudiantes.

El panel fue moderado por Valmir Gomes Dias, Oidor General del Estado de São Paulo, y contó además con representantes de los órganos garantes en transparencia de República Dominicana, Buenos Aires y México.

Desde el CPLT destacaron que la presencia de Chile en esta instancia internacional permitió mostrar avances concretos en formación ciudadana y promoción del derecho de acceso a la información, además de fortalecer la cooperación con otros países y recoger buenas prácticas para seguir modernizando la política de transparencia en Chile.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer su memoria institucional 2025, que muestra un aumento consistente en el uso de las herramientas que la Ley de Transparencia pone a disposición de la ciudadanía.

Durante el año pasado, el CPLT recibió 14.429 casos, la cifra anual más alta desde su instalación en 2009. De ellos, el 83,6% correspondió a amparos, presentados cuando una persona estima que un organismo no respondió una solicitud de acceso a información pública, negó información o entregó una respuesta incompleta; mientras que el 16,4% fueron reclamos por eventuales incumplimientos a obligaciones de transparencia activa.

El informe también revela el creciente uso del Portal de Transparencia del Estado, que en 2025 superó las 8,1 millones de visitas y acumuló más de 56 millones desde su creación en 2013. A través de esta plataforma se ingresaron 311.483 solicitudes de acceso a información pública a distintos organismos de la Administración del Estado, consolidando por tercer año consecutivo una cifra superior a las 300 mil solicitudes anuales.

La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó que “los datos son claros: las personas están usando más que nunca la Ley de Transparencia para pedir información pública, controlar las decisiones de las autoridades y exigir rendición de cuentas y explicaciones. Ese aumento nos desafía a seguir reduciendo los tiempos, fortaleciendo la fiscalización y modernizando la institucionalidad para responder mejor a las necesidades de las personas”, señaló.

Durante 2025, el CPLT resolvió 13.380 casos, con un tiempo promedio de tramitación de 68 días, bajando así 5 días respecto del promedio de 2024 (73 días), manteniendo la tendencia de acortar los plazos de tramitación, a pesar de recibir más ingresos cada año.

De estos casos, el 32% fue declarados inadmisible, disminuyendo la inadmisibilidad un 6% respecto del año anterior, lo que evidencia una mayor prolijidad por parte de las personas en el uso de la Ley de Transparencia. Además, un 37% terminó mediante el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias, mecanismo creado por el CPLT que permite gestionar la entrega de información sin necesidad de llegar a una decisión de fondo, ahorrando así tiempo de tramitación y mejorando la experiencia del usuario. Por su parte, un 30% de los casos requirió una decisión de fondo del Consejo. De ellos, un 52% fue acogido totalmente, un 16,6% acogido parcialmente y un 31,4% rechazados.

El balance también da cuenta de un año marcado por fiscalizaciones de alto interés público. El CPLT revisó materias como listas de espera, instrumentos de gestión de desastres, planes y consejos comunales de seguridad pública, registros laborales múltiples de funcionarios, uso de recursos del royalty minero, dimensión del personal de la Administración del Estado, gastos de representación y compra o arriendo de terrenos por parte de municipalidades.

Asimismo, destacó la fiscalización realizada a las 345 municipalidades del país en materia de transparencia activa, que arrojó un cumplimiento promedio de 81,7%, el nivel más alto registrado para este grupo de organismos. Las regiones con mejores resultados fueron la Metropolitana, con 85,8%; Valparaíso, con 84,8%; y Atacama, con 84,4%, sin perjuicio de detectarse falencias en áreas altamente sensibles para las personas, como lo es en qué se gasta el presupuesto municipal.

El documento también releva el despliegue del CPLT en formación y promoción. Durante 2025 se realizaron 123 actividades de capacitación, con 11.521 participantes, además del lanzamiento de Aula Transparente, plataforma educativa destinada a acercar contenidos sobre transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y probidad a funcionarios públicos y a la ciudadanía, a través de cursos asincrónicos. Asimismo, el Consejo puso en marcha la “Academia de Enlaces”, consistente en un programa de certificación de los encargados de transparencia de instituciones públicas, que comenzó con enlaces de distintas municipalidades en 2025 y se extenderá este 2026 a enlaces de corporaciones municipales y la Administración Central.

Natalia González agregó que el aumento en el uso de la Ley de Transparencia debe ir acompañado de una modernización normativa: “Chile cuenta con una institucionalidad que ha cumplido un rol clave durante más de 17 años, pero los desafíos actuales hacen necesaria una modernización. Se requiere consolidar un sistema único de transparencia, igual para todos los poderes del Estado y órganos autónomos constitucionales; elevar los estándares de transparencia activa, pasando a que la publicación de información en formatos reutilizables sea la regla general sobre las solicitudes individuales de cada persona; fortalecer las facultades de fiscalización del CPLT; y asegurar que toda institución que ejerza una función pública y administre recursos públicos esté sujeta a reglas claras de rendición de cuentas”, sostuvo.

Balance 2025

La memoria 2025 del CPLT se encuentra disponible en https://www.consejotransparencia.cl/informacion-institucional/.

50 organismos municipales del país operan sin siquiera una página web en que den cumplimiento a sus obligaciones legales de transparencia activa, según detectó el Consejo para la Transparencia (CPLT) en su más reciente fiscalización correspondiente al período 2025 a organismos vinculados a municipios. Específicamente se revisó el nivel de cumplimiento de 257 instituciones: corporaciones municipales (181), asociaciones de municipalidades y junta de alcaldes (58), fundaciones municipales (8) y entidades regionales (10).

Pero la opacidad no se limita a quienes no tienen página web. La fiscalización muestra un problema más profundo: incluso entre quienes sí publican, la información clave muchas veces no está disponible o está incompleta. El resultado global lo confirma: el cumplimiento promedio de las entidades que sí publican alcanza solo un 73,7% (se asigna un 100% cuando la entidad publica de forma completa y actualizada toda la información que mandata la Ley de Transparencia).

Si los resultados se clasifican por niveles de cumplimiento, 90 organismos se encuentran en un nivel “Bajo”, con un promedio de 53,7%; 89 en un nivel “Medio”, promediando éstos un 78,6%; y 78 está en un nivel “Alto”, alcanzando un índice de cumplimiento promedio de 91,5%.

Si el análisis de desagrega por materias, las principales infracciones se concentran en la publicación de la escala de remuneraciones, con menos de un 21% de cumplimiento, seguida por información sobre participación ciudadana, presupuesto y su ejecución, y adquisiciones y contrataciones.

En este contexto, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “cuando no existe siquiera una página donde publicar información, lo que hay es opacidad total. Y cuando la información está incompleta o desactualizada, el efecto es el mismo: la ciudadanía no puede saber cómo se usan los recursos públicos”.

“Las principales brechas se concentran precisamente en lo más relevante para el control ciudadano: cuánto se paga, a quién se contrata y en qué se gastan los recursos. Es decir, información básica que permite seguir la ruta del dinero público”. Agregó que “estos espacios no pueden quedar fuera del escrutinio. La transparencia es una condición básica para prevenir riesgos y fortalecer la confianza pública”.

Finalmente, sostuvo que “por eso estamos impulsando una propuesta de modernización a la Ley de Transparencia, con el objeto de ampliar expresamente su alcance a todo el Estado, incluidas entidades que se forman bajo el alero del derecho privado, pero que cumplen una función administrativa con recursos públicos. Hoy este grupo de entidades han sido incorporadas al sistema de transparencia, a través de un esfuerzo jurisprudencial del Consejo y la Contraloría General de la República. Sin embargo, y a pesar de una serie de fallos en su contra por parte de los Tribunales de Justicia, todavía discuten ante estos su calidad de obligadas, generando una verdadera dilación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.

Desde el CPLT recalcaron que el acceso a esta información no es opcional. Es un derecho establecido por ley, y cualquier persona puede exigirlo y reclamar cuando no se cumple. Ante infracciones, el CPLT puede sancionar con multas al jefe de servicio del órgano infractor y, en ciertos casos, a todos los demás funcionarios que comparten responsabilidad hacia abajo.

En el marco del seminario internacional “La inteligencia artificial al servicio del acceso a la información”, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, dio cuenta de los principales hitos de gestión de la corporación en 2025. La actividad contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la presidenta del Senado y el Ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot.

Durante su intervención, la presidenta del CPLT puso énfasis en el fortalecimiento del rol fiscalizador del organismo, destacando que durante 2025 se instruyeron 330 investigaciones sumarias, la cifra anual más alta en la historia de la institución, lo que representa un aumento cercano al 60% respecto del año anterior.

En paralelo, relevó el impacto del sistema de acceso a la información en la ciudadanía. Solo en 2025 se registraron más de 300 mil solicitudes de acceso a información pública, acumulando más de 2,4 millones desde 2013.

Asimismo, informó que el año pasado el Consejo tramitó más de 14 mil casos entre amparos y reclamos, y que, de los reclamos de ilegalidad interpuestos en tribunales contra sus decisiones, obtuvo resultados favorables en el 89% de casos, consolidando su jurisprudencia en materia de acceso a la información pública.

En materia de eficiencia, destacó una mejora en los tiempos de resolución de casos, pasando de 73 a 68 días promedio por caso. A ello se suma el fortalecimiento de las plataformas digitales, en particular el Portal de Transparencia del Estado de Chile, que superó los 8 millones de visitas durante el último año y acumula más de 56 millones desde su creación en 2013, integrando a más de 1.000 instituciones públicas en un solo sistema.

En el ámbito de formación, el CPLT capacitó en 2025 a más de 11.500 personas, a través de 123 actividades desarrolladas a lo largo de todo el país, reforzando la promoción del derecho de acceso a la información.

Junto con las cifras de gestión, González presentó los principales ejes de la propuesta de nueva Ley de Transparencia impulsada por el organismo. La iniciativa busca ampliar dicha ley en un sistema único de transparencia para todos los poderes del Estado. Además, pretende: incorporar a entidades que cumplen una función administrativa y se financian con recursos públicos, que hoy disputan su calidad de obligadas; fortalecer la transparencia activa, estableciendo como regla general la publicación proactiva de información relevante en vez de las solicitudes de acceso a información uno a uno; y consolidar una plataforma única de acceso a información pública, integrada, que facilite el uso de esta información por parte de la ciudadanía.

Asimismo, la propuesta plantea fortalecer las facultades fiscalizadoras y sancionatorias del CPLT; avanzar en transparencia algorítmica, estableciendo reglas para transparentar el uso de sistemas automatizados en el Estado y su impacto en las decisiones públicas; y hacer una serie de ajustes procedimentales, reduciendo plazos y simplificando trámites.

“No desaprovechemos la oportunidad de avanzar unidos en transparencia y mayor rendición de cuentas”, señaló la presidenta del CPLT al terminar su alocución.

El seminario internacional también contempló paneles especializados sobre transparencia, acceso a la información y su relación con la inteligencia artificial, con la participación de expertos nacionales e internacionales, así como la entrega de reconocimientos a funcionarios encargados de transparencia de distintas reparticiones públicas que cursaron el programa de formación de enlaces de transparencia ofrecido por el CPLT.

La actividad marcó además el cierre de la denominada “Semana de la Transparencia 2026” organizada por el CPLT, que incluyó un despliegue a nivel nacional de sus funcionarios en terreno, quienes acudieron a municipalidades, gobiernos regionales, y servicios de la Administración Central a entregar material útil en materia de probidad y transparencia a sus autoridades y encargados de transparencia. Entre las iniciativas destacó la realización de una sesión pública del Consejo Directivo del CPLT en el Liceo de San Felipe, donde estudiantes pudieron conocer en vivo el funcionamiento del organismo y se pudo acercar su rol a la comunidad escolar.

 

CPLT en Cifras

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una nueva fiscalización de transparencia activa a las municipalidades. El análisis evaluó el nivel de cumplimiento de las municipalidades, en el año 2025, con la obligación que les impone la Ley de Transparencia de publicar y actualizar mensualmente una serie de información de naturaleza pública. La escala de evaluación va del 100% a 0%, siendo el 100% asignado a aquellas municipalidades que cumplieron a cabalidad con sus obligaciones de transparencia activa.

El nivel de cumplimiento de los 345 municipios alcanzó un promedio de 81,76%, lo que representa el nivel de desempeño más alto desde que se mide. Respecto del proceso de fiscalización del año 2024, cuyo resultado fue de 78,1%, se registró un aumento de 3,66 puntos porcentuales.

Sin embargo, el informe también detectó brechas relevantes en materias críticas, pese a tratarse de información que por ley debe estar disponible de forma permanente, actualizada y completa. Entre las principales falencias detectadas en áreas específicas, se advierte que la publicación de los actos y resoluciones con efectos sobre terceros —decisiones municipales que impactan directamente a personas y empresas— alcanza solo un 64,2% de cumplimiento, con numerosos casos de información incompleta, desactualizada o derechamente inaccesible.

A ello le sigue la información presupuestaria, que llega apenas a un 67,6%, concentrando los menores niveles de cumplimiento en la publicación de pasivos municipales y de corporaciones municipales. Luego, como el tercer ítem con menor puntaje, encontramos compras y adquisiciones, con un 67,8% de cumplimiento. Al respecto, los sub-ítems más críticos fueron contratación de bienes muebles y servicios, en que el cumplimiento cae drásticamente a solo un 42,5%, y contrataciones formalizadas por orden de compra, con un 61,1%.

Desde un análisis particularizado por municipalidad, se destacan 3 municipios en los que no se detectaron infracciones, logrando un 100% de cumplimiento: Curacaví, San Fabián y Punta Arenas. Por el contrario, el reporte también revela que un 12% del total de municipalidades se mantiene bajo el 65% de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, y, entre ellas, 7 municipalidades no superan el 50% de cumplimiento: San Ignacio, Malloa, Peñaflor, Antuco, Hualañé, Vichuquén y Victoria.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que: “Es valorable el aumento en los índices de cumplimiento de las municipalidades. Me parece que es fruto de un doble esfuerzo: de los alcaldes y sus equipos de transparencia, por una parte, y, por la otra, de la incansable labor de este Consejo, tanto en la arista de la promoción, ofreciendo capacitaciones y orientación a lo largo de todo el país, como en su rol de fiscalización y sanción, que ha dado resultados concretos”.

La autoridad agregó que “No obstante lo anterior, la obligación y el objetivo de cada municipalidad debe ser el 100% de cumplimiento. Vemos que todavía persisten bajos niveles de publicidad en materias que son fundamentales para la ciudadanía. Cuando hay falencias en la publicación de información sobre presupuestos, compras o decisiones que afectan a terceros, se vulnera el derecho a saber y se debilita el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones, lo que es fundamental en una democracia”, señaló.

Desde el CPLT indicaron que la publicación de los resultados de esta fiscalización vendrá acompañada de acciones de seguimiento, exigencias de corrección y la instrucción de procedimientos sancionatorios contra aquellos municipios que presentan los niveles más bajos de cumplimiento. Asimismo, se informó que el reporte de fiscalización sería enviado a la Contraloría General de la República, para que sea usado para los fines que estime pertinentes. De esta forma, el Consejo reitera que la transparencia es una obligación legal y un derecho de las personas.

Informe Transparencia Activa municipalidades 2025

En el marco del proceso de instalación del nuevo Gobierno, el Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció un programa nacional de inducción denominado “Transparencia desde el primer día”, dirigido a todas las nuevas autoridades de la Administración Central, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que asumen como parte de su gestión en materia de transparencia, acceso a la información pública y probidad.

La iniciativa comenzó en enero del presente año, en una jornada en que el Director General del CPLT, David Ibaceta, realizó capacitaciones en la Oficina del Presidente Electo, a quienes nombraría ministros. En la instancia, se abordaron – desde la práctica – las leyes de transparencia, de lobby y de probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, entre otros aspectos relevantes.

El programa contempla la entrega del Manual de Transparencia, Probidad y Acceso a la Información Pública para Autoridades 2026, documento que sistematiza las principales obligaciones legales en la materia y traduce la normativa vigente en instrucciones claras y prácticas para facilitar su cumplimiento.

El texto detalla, entre otros aspectos, los plazos para responder solicitudes de acceso a la información —20 días hábiles prorrogables excepcionalmente—, las causales estrictas de secreto o reserva, las exigencias de transparencia activa, la obligación de realizar una declaración de intereses y patrimonio, el registro de audiencias, viajes y donativos bajo la Ley de Lobby, el deber de abstención ante conflictos de interés y las responsabilidades asociadas a la gestión y conservación de documentos públicos.

El plan de acción no se limita a la entrega del referido manual, sino que también incluye un robusto calendario de capacitaciones a realizarse fundamentalmente en el primer semestre del presente año. En ellas, el CPLT abordará, entre otras materias, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, con foco presupuestario; el procedimiento asociado al derecho de acceso a la información y las causales de reserva; y los sistemas de fiscalización y sancionatorio del Consejo.

Además, todos los funcionarios públicos podrán ingresar a Aula Transparente (www.aulatransparente.cl), plataforma formativa del CPLT que permite acceder a cursos, contenidos prácticos y herramientas de autoaprendizaje en materias de transparencia y acceso a la información, protección de datos y probidad administrativa. A través de este sistema, las nuevas autoridades y sus equipos podrán reforzar conocimientos y actualizarse de manera permanente durante los primeros meses de gestión.

Desde el Consejo recordaron que el incumplimiento de la Ley de Transparencia habilita al CPLT para que, previa instrucción del respectivo procedimiento sancionatorio, pueda sancionar con multas que van desde el 20% hasta el 50% de la remuneración al jefe de servicio e incluso también al funcionario responsable en ciertos casos.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “la instalación de un nuevo gobierno es una oportunidad para fortalecer estándares institucionales. Nuestro rol es orientar, acompañar y también fiscalizar y sancionar cuando corresponde. La transparencia exige preparación, conocimiento de las obligaciones legales y comprensión de las consecuencias concretas de su incumplimiento”.

Con esta estrategia, el CPLT reafirma su papel como garante del derecho de acceso a la información en el país, prestando acompañamiento técnico y formación especializada en la instalación del nuevo Gobierno, pero manteniendo su potestad fiscalizadora y sancionatoria.

Revisa el documento: Manual de Transparencia, Probidad y Acceso a la Información Pública para Autoridades 2026

Una nueva fiscalización del Consejo para la Transparencia a las subsecretarías del Estado respecto del cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa evidenció un alto nivel general de cumplimiento para el año 2025, con un promedio de 94,83%. Ello, significó un aumento en 4,2 puntos porcentuales respecto de lo promediado el 2024. Sin embargo, este análisis también detectó brechas en la disponibilización de información necesaria para que la ciudadanía ejerza control del gasto público.

Específicamente, en el desglose por materia, la con el más bajo índice de cumplimiento fue “adquisiciones o contrataciones”, que alcanzó un 79,9%. Dentro de dicha materia, el ítem que registra el porcentaje más bajo de cumplimiento, con un promedio de 52,6%, es la información relativa a los contratos formalizados mediante la emisión de órdenes de compra. En este ítem, 9 de 19 subsecretarías que utilizan este mecanismo no publican los antecedentes exigidos por la normativa, limitando la posibilidad de que la ciudadanía pueda revisar cómo se realizan estas contrataciones. Le sigue el ítem de contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, relativas a bienes muebles o servicios, con un promedio de 69%.

La segunda materia peor evaluada fue “presupuesto asignado y su ejecución”, con un 81,7%. Dentro de esta materia, el ítem donde persisten las mayores dificultades es la publicación de modificaciones presupuestarias, que llega al 77,5% de cumplimiento promedio.

Al observar el desempeño de los organismos, seis subsecretarías lograron cumplimiento total (100%), sin registrar infracciones en ninguna de las materias evaluadas. Se trata de Educación Parvularia, Turismo, Interior, Presidencia, Deporte y Fuerzas Armadas.

En contraste, la Subsecretaría de Seguridad Pública, evaluada por primera vez tras iniciar funciones en abril de 2025, obtuvo el resultado más bajo del proceso, con un 83,57%, concentrando observaciones principalmente en materias de adquisiciones o contrataciones y participación ciudadana. A ella, le siguen Pesca y Acuicultura (84,9%), Bienes Nacionales (87,5%), Transportes (87,97%), Educación (89,72%), Educación Superior (89,97%) y la Subsecretaría General de Gobierno (89,97%).

“Tenemos un aumento significativo en el índice promedio de cumplimiento en las subsecretarías en 2025, lo que es una buena noticia en un doble sentido. Por una parte, se nota un esfuerzo que se ha hecho desde los jefes de servicio hasta los equipos de transparencia de cada subsecretaría. Por la otra, vemos que este Consejo tiene resultados concretos, tanto en su labor de promoción, a través de capacitaciones, como en su labor fiscalizadora y sancionatoria. Esto último, porque las tres subsecretarías que enfrentaron investigaciones sumarias por sus bajos rendimientos en 2024 registraron en 2025 una mejora promedio de 26,53 puntos porcentuales, lo que demuestra que el control y el seguimiento inciden directamente en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González.

González agregó que “sin perjuicio de lo anterior, no hay que perder el foco en que tener el 100% de cumplimiento debe ser la norma y el objetivo de cada institución obligada por la Ley de Transparencia. Cuando no está plenamente disponible la información sobre cómo se contrata o cómo se ejecuta el presupuesto, se debilita el derecho de las personas a fiscalizar al Estado. Se trata de información esencial sobre el uso de recursos públicos”.

Desde el Consejo para la Transparencia informaron que estos resultados serán la base para acciones de seguimiento reforzado, con especial atención en las materias con menores índices de cumplimiento. Además, estos antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República, para los fines que estime pertinentes.

Informe Subsecretarías de Estado TA 2025

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria que evalúa el nivel de acceso a la información de las municipalidades respecto del uso de recursos públicos destinados a la compra y arriendo de terrenos, casas y edificios durante el año 2024. Este ítem de gasto superó los $68 mil millones de pesos a nivel nacional, según el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y la sección de Reportes Financieros y Presupuestarios Municipales del sitio de Contraloría General de la República (CGR).

La fiscalización analizó, respecto de los arriendos, la información publicada en transparencia activa por una muestra de 35 municipalidades, seleccionadas por ser aquellas que mayor porcentaje de su gasto total destinaron a arriendos según el SINIM. Respecto de las compras, se dirigieron solicitudes de acceso a información a las 105 municipalidades que, de acuerdo con la revisión masiva de transparencia activa de todos los municipios en contraste con la información del SINIM y la CGR, informaron haber adquirido bienes inmuebles en 2024.

En el caso de las compras, de los 105 municipios que informaron gasto en este ítem, solo siete publicaron los contratos de compraventa respectivos en sus sitios web. Paralelamente, se le hizo a cada uno una solicitud de acceso a información para que entregara la nómina de bienes inmuebles adquiridos en 2024, los contratos de compraventa, los actos administrativos que los aprueban, las actas de los concejos municipales que aprueban cada compra y los informes de tasación que respaldan el valor de cada operación. Ante estas solicitudes, un 55% incumplió el procedimiento legal de acceso a información pública, ya sea por no responder, hacerlo fuera de plazo, efectuar prórrogas extemporáneas o entregar información incompleta. Asimismo, un 38% incurrió en incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales, ya que entregó datos personales —como RUT, domicilios, firmas o cuentas bancarias— sin el debido tarjado, exponiendo información que la ley obliga a resguardar.

En materia de arriendos, el informe identificó que, de la muestra de 35 municipios, tres de ellos (Antogafasta, Primavera y Rancagua) no cuentan con información al respecto en sus sitios de transparencia activa, a pesar de haber ejecutado gastos en este ítem según SINIM. Asimismo, la revisión constató problemas reiterados en la publicación de información, como: contratos no publicados o desactualizados, enlaces que no conducen a los documentos, montos informados sin aclarar si corresponden a valores mensuales o totales, y registros genéricos que no permiten conocer con claridad el destino de los inmuebles. Se detectó, además, que un 4,2% de los arriendos son con fines habitacionales para funcionarios municipales, incluido un alcalde.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “cuando la inversión pública es por montos tan relevantes como los que destinan las municipalidades a la compra o arriendo de inmuebles se justifica un especial interés público en conocer esta información, y es en áreas como esta en las que el Consejo para la Transparencia pone el foco. Esta información es necesaria para que las personas puedan controlar que se trate de operaciones por valores ajustados a mercado, justificados en el interés general y no particular, y consistentes con las funciones y atribuciones municipales”. Agregó que “los hallazgos son preocupantes, justamente porque en muchos casos la información disponible no permite a la ciudadanía ejercer su derecho a hacer este examen, lo cual llama especialmente la atención si consideramos que en los últimos años hemos sido testigos de una serie de cuestionamientos a ciertas compras municipales de inmuebles”.

Finalmente, el Consejo para la Transparencia informó que los antecedentes levantados en esta fiscalización serán remitidos a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que el organismo de control adopte las medidas que estime pertinentes, en el marco de sus atribuciones legales.

Análisis de gastos municipales en bienes inmuebles

El Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por su presidenta, Natalia González, y los consejeros María Jaraquemada, Roberto Munita y Bernardo Navarrete, sostuvieron una reunión con el entonces presidente electo, José Antonio Kast, instancia en la que se le hizo entrega formal de una propuesta normativa para nueva Ley de Acceso a la Información Pública para el país. Semanas más tarde, con el asumido Gobierno ya instalado, se hizo lo propio con al ministro del Interior, Claudio Alvarado y el de la secretaria general de la Presidencia, José García Ruminot en el Palacio de La Moneda.

Durante los encuentros, el Consejo Directivo presentó los fundamentos de su propuesta, elaborada a partir de más de 16 años de aplicación de la Ley de Transparencia en el país y de la experiencia acumulada del CPLT en garantizar, fiscalizar y promover el derecho de acceso a la información pública, contenida en un basta jurisprudencia administrativa y judicial en la materia. Asimismo, la iniciativa se originó a partir de un proceso de consulta en que participaron centros de estudio, organizaciones de la sociedad civil abocadas a la probidad y transparencia, encargados de transparencia de distintas instituciones públicas, usuarios de la ley, periodistas, organismos internacionales, académicos y exconsejeros del CPLT.

El documento entregado a las autoridades plantea la necesidad de actualizar y perfeccionar el marco normativo vigente, con el objetivo de fortalecer el derecho de acceso a la información pública, responder a los desafíos de la transformación digital del Estado y elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Entre sus ejes centrales, el CPLT propone consolidar un sistema único de transparencia, incorporando al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, acabando con los regímenes especiales y atenuados de los poderes legislativo y judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales, y consolidando así su rol como órgano garante del sistema en su totalidad. Junto con ello, y dada la necesidad de fortalecer el control en el buen uso de los recursos públicos, se propone ampliar el universo de entidades sujetas a la Ley de Transparencia, incorporando a aquellas entidades de derecho privado, pero que cumplen funciones administrativas-públicas y reciben financiamiento estatal.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “Si bien la Ley de Transparencia trajo consigo cambios impensados y sumamente valorables, luego de más de 16 años de vigencia, existen una serie de desafíos pendientes y oportunidades de mejora que es tiempo de abordar. Creemos que el proyecto de “Ley de Transparencia 2.0” que se tramita en el Congreso Nacional desde el 2018, ha quedado superado por el paso del tiempo, la envergadura de los retos a abordar y el desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que esta propuesta de nueva Ley de Transparencia para Chile viene a responder a esos desafíos”. Agregó que “se trata de una modernización profunda a la Ley de Transparencia, construida en base a la evidencia y a un proceso participativo que incorporó a la sociedad civil y academia”.

Las propuestas del CPLT incluyen establecer la transparencia activa como regla general, avanzando hacia una publicación proactiva de información pública relevante, en formatos de datos abiertos y reutilizables, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas estatales vinculadas a transparencia, probidad, lobby, compras públicas e integridad. Asimismo, se plantea consolidar el Portal de Transparencia del Estado como una herramienta obligatoria y articuladora del sistema.

Otro eje relevante es la incorporación expresa de la transparencia algorítmica, otorgando al CPLT competencias como órgano garante de la publicidad y explicabilidad de los sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas utilizados por el Estado, considerando su impacto en los derechos fundamentales de las personas.

El documento también aborda el perfeccionamiento del procedimiento de acceso a la información, proponiendo mejoras en plazos, notificaciones electrónicas a terceros, mecanismos alternativos de resolución de controversias y un procedimiento sancionatorio único, proporcional y aplicable a todos los sujetos obligados.

Desde el Consejo para la Transparencia se subrayó que la entrega de este documento busca aportar insumos técnicos al próximo gobierno y al debate legislativo, reafirmando el compromiso institucional del CPLT con una ley moderna y que esté al servicio de las personas, centrada en el derecho de ellas a acceder a la información pública para el correspondiente control social.

Propuesta: Una nueva Ley de Transparencia para Chile