Entre el 1 de enero y el 30 de junio, las personas dirigieron 167.185 solicitudes de acceso a información a distintos órganos de la Administración del Estado, cifra más alta desde la creación del Portal de Transparencia del Estado en 2013. Los asuntos más consultados fueron migraciones y residencia, con 15.652 solicitudes; sumarios administrativos, oficios de Contraloría y procedimientos, con 13.627; grabaciones de cámaras de seguridad por accidentes y robos, con 13.535; antecedentes sobre propiedades y terrenos, con 11.683; y pagos, multas y deudas, con 11.338.

Las solicitudes se ingresaron a través del Portal de Transparencia del Estado, sitio que permite hacer solicitudes específicas de información a órganos públicos y revisar los antecedentes que deben mantener disponibles sin necesidad de que alguien los solicite. La plataforma recibió 4.598.319 visitas durante el semestre, más de 12% por sobre igual período de 2025, y acumula más de 50 millones desde sus inicios.

Del total de solicitudes, 105.335 (63%) fueron dirigidas a organismos del gobierno central; 59.659 (35,7%), a municipalidades y otras entidades locales; y 2.191 (1,3%), a gobiernos regionales y organismos relacionados. Los servicios más requeridos fueron el Servicio Nacional de Migraciones, con 9.245 solicitudes; la Subsecretaría de Bienes Nacionales, con 4.750; y la Dirección General de Aguas, con 3.971.

Por su parte, en este primer semestre de 2026, ingresaron 8.620 casos al CPLT, 7.282 fueron amparos presentados por personas que no recibieron respuesta a sus solicitudes o la consideraron incompleta, y 1.338 fueron reclamos por estimar que faltaba información que los organismos debían mantener publicada. Con esta cifra, el Consejo acumula 119.450 casos desde su entrada en funciones en 2009.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que «estos datos muestran que la transparencia no es un asunto abstracto: las personas la usan para resolver problemas concretos, desde conocer el estado de un trámite hasta reunir antecedentes por un accidente. También vemos que más ciudadanos recurren al Consejo cuando un organismo no responde o mantiene información sin publicar. Nuestro deber es lograr que ese derecho funcione en la práctica y sea garantizado, y, al mismo tiempo, promover que se ejerza responsablemente, como una herramienta útil para evaluar la labor del Estado y ejercer otros derechos, pero evitando un ejercicio abusivo que distraiga indebidamente a los organismos públicos de las labores que tienen que desarrollar».

La revisión judicial de las decisiones del CPLT también aumentó. Durante el primer semestre, las Cortes de Apelaciones dictaron 110 sentencias en recursos de ilegalidad que buscaban dejar sin efecto decisiones del Consejo, frente a 62 en igual período de 2025. Del total de esas sentencias, un 93,6% mantuvo las decisiones originales del CPLT, confirmando su jurisprudencia. Solo siete recursos fueron acogidos total o parcialmente.

El balance fue dado a conocer al cumplirse 18 años de la publicación de la Ley de Transparencia. El CPLT ha planteado la necesidad de actualizarla, usando la tecnología disponible para fortalecer el acceso a los datos que los organismos deben publicar, así como ampliar su alcance, estableciendo un sistema único de transparencia para todas las instituciones del Estado.

«El aumento sostenido de las solicitudes y casos presentados al CPLT confirma que la ley sigue siendo necesaria, pero también que debe ponerse al día. Chile requiere información pública más fácil de encontrar, en formatos abiertos y reutilizables, y herramientas tecnológicas que permitan un mejor acceso a información y una mayor eficiencia en la fiscalización. La propuesta de nueva Ley de Transparencia del Consejo busca avanzar en esas tareas pendientes y ofrece una oportunidad para que el Congreso retome este debate», agregó González.

El Consejo para la Transparencia es un organismo autónomo y el único en Chile, encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. Cuando detecta incumplimientos, puede instruir investigaciones sumarias y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y de los funcionarios responsables, según corresponda.

Revisa nuestras cifras acá:

Resumen:

Equipos de Tarapacá, Atacama, Maule, Biobío y Los Ríos se quedaron con los seis premios de la sexta versión del Concurso de Videos Escolares del Consejo para la Transparencia (CPLT), que recibió cerca de 200 trabajos enviados por estudiantes de todo Chile.

Los resultados fueron anunciados este viernes durante una capacitación dirigida a encargados de transparencia y funcionarios públicos, realizada en la Universidad de Concepción y encabezada por la presidenta del CPLT, Natalia González.

El certamen convocó a estudiantes de séptimo básico a cuarto medio a responder, mediante un video de entre 30 y 60 segundos, una pregunta tan simple como desafiante: ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial y las herramientas digitales para construir instituciones más transparentes?

En la Macrozona Norte, el primer lugar fue obtenido por el Colegio Héroes de Atacama, de la región de Atacama. El segundo lugar correspondió al Colegio Academia Tarapacá, sede Orella, de la región de Tarapacá.

En la Macrozona Centro, ambos reconocimientos quedaron en la región del Maule: el primer lugar recayó en la Escuela Los Coipos, mientras que el segundo fue para el Colegio Montessori Talca.

En tanto, en la Macrozona Sur, el primer lugar lo obtuvo la Escuela Villa Las Peñas, de la región del Biobío. Por su parte, el segundo lugar correspondió al Colegio San Marcos de Valdivia, de la región de Los Ríos.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, destacó la convocatoria alcanzada por el concurso y la creatividad de los participantes.

“Recibir cerca de 200 videos de todo Chile nos sugiere que la transparencia no es un tema lejano para las nuevas generaciones. Los estudiantes fueron capaces de mirar la inteligencia artificial con creatividad y responsabilidad, y de imaginar cómo puede ayudar a acercar el Estado a las personas. Sus propuestas nos recuerdan que la tecnología puede permitir mejorar el acceso a la información y la rendición de cuentas y, a su vez, ser ocupada transparentemente”, señaló.

Los equipos estuvieron integrados por entre dos y cuatro estudiantes, acompañados por un docente de su establecimiento. Los participantes debían resguardar la identidad de quienes aparecieran en los videos y declarar si utilizaron herramientas de inteligencia artificial, asegurando que al menos la mitad del contenido fuera de creación propia.

Los trabajos ganadores están disponibles en el sitio web del Consejo para la Transparencia y serán difundidos a través de sus canales oficiales.

Con esta iniciativa, el CPLT busca acercar la transparencia y el acceso a la información pública a las nuevas generaciones, promoviendo desde las comunidades escolares una ciudadanía más informada y comprometida.

Los equipos que obtuvieron el primer lugar en cada macrozona recibirán un premio de $500.000, mientras que los segundos lugares recibirán $200.000. Los montos se distribuirán entre los integrantes de cada equipo, incluidos los estudiantes y su docente guía.

El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público encargada de promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información de los organismos del Estado. Ante incumplimientos, la normativa contempla multas de entre un 20% y un 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y/o funcionarios responsables.

Revisa los videos de los ganadores aquí: https://www.consejotransparencia.cl/informacion/concurso-2026/

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, difundió en Concepción los resultados de dos fiscalizaciones realizadas en la Región del Biobío: una sobre la información publicada por el Gobierno Regional y otra acerca del uso de tratos directos por parte de las municipalidades bajo la causal de emergencia, urgencia o imprevisto.

Durante las jornadas desarrolladas el 3 y 4 de septiembre, la autoridad también encabezó actividades destinadas a acercar el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía y capacitar a funcionarios de la región.

Respecto del Gobierno Regional del Biobío, González informó que obtuvo un 100% —el máximo puntaje— en la evaluación general de transparencia activa y se ubicó en el primer lugar entre los 16 gobiernos regionales del país.

El resultado representó un aumento de 9,4 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando había alcanzado un 90,6%. La evaluación consideró la publicación de información sobre funcionarios y remuneraciones, compras, contratos, transferencias, presupuesto, auditorías, mecanismos de participación ciudadana, entre otras exigidas por la Ley de Transparencia.

Sin embargo, una revisión adicional de obligaciones de transparencia presupuestaria exigidas por mandato de la Ley de Presupuesto 2026, detectó que el Gobierno Regional no publicó los informes sobre la ejecución de los recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, financiado por el royalty a la minería.

Asimismo, el GORE sí cumplió con informar sobre concursos y proyectos adjudicados, además de publicar los antecedentes entregados por instituciones privadas que recibieron transferencias superiores a 2.000 UTM.

La presidenta del CPLT también presentó los resultados regionales de la fiscalización sobre compras municipales efectuadas mediante trato directo, invocando razones de emergencia, urgencia o imprevisto.

Durante 2024, las municipalidades del Biobío emitieron 1.535 órdenes de compra bajo esta modalidad, equivalentes al 17,6% del total nacional. Con esta cifra, Biobío fue la región con mayor cantidad de compras municipales por trato directo bajo causal de emergencia en el país.

El gasto regional alcanzó los $36.563 millones. Talcahuano registró $9.600 millones; Los Ángeles, $8.442 millones; y Concepción, $6.001 millones. Estos tres municipios estuvieron entre los diez con mayor gasto a nivel nacional y concentraron cerca de dos tercios del monto regional.

Entre las operaciones de mayor cuantía se identificaron $5.313 millones para barrido y limpieza en Concepción, además de $5.103 millones para recolección de residuos y $2.721 millones para su traslado y disposición final en Talcahuano.

La revisión también detectó contrataciones superiores a $10 millones para la producción de eventos, entre ellas un “show para la comunidad” en Los Ángeles y la producción audiovisual de la “Semana Contulmana” en Contulmo.

“El primer lugar alcanzado por el GORE del Biobío es una señal positiva, que se valora. Sin embargo, ese resultado no reemplaza la obligación de explicar cómo se utilizaron los recursos del royalty. Del mismo modo, las emergencias requieren respuestas rápidas, pero esa rapidez no elimina el deber de informar qué se compró, en qué términos y condiciones, y por qué no se realizó una licitación”, señaló Natalia González.

El trato directo es un mecanismo excepcional que permite contratar sin realizar previamente una licitación pública. Cuando se invoca una emergencia, urgencia o imprevisto, el municipio debe explicar mediante una resolución fundada las razones de esa decisión y publicar los antecedentes en el Sistema de Compras Públicas.

Como parte de su agenda, González lideró en la Universidad San Sebastián un taller dirigido a estudiantes, en el que aprendieron a transformar necesidades de sus comunidades en solicitudes concretas de información a los organismos públicos.

Mediante ejemplos vinculados con vivienda, salud, beneficios sociales y organizaciones comunitarias, la actividad mostró cómo la Ley de Transparencia puede ayudar a las personas a obtener antecedentes útiles y participar de manera informada en las decisiones que afectan a sus comunidades.

La agenda continuó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, donde la presidenta del CPLT inauguró una jornada para encargados de transparencia y funcionarios públicos de la región.

La capacitación abordó las obligaciones de publicación de los organismos, las razones legales que permiten reservar determinada información y los criterios aplicados por el CPLT al resolver reclamos ciudadanos. La jornada concluyó con la premiación de la sexta versión del Concurso de Videos Escolares “La Inteligencia Artificial como herramienta para la Transparencia del Futuro”, con la participación de los equipos ganadores.

El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia en Chile. Cuando detecta posibles infracciones, puede iniciar procedimientos sancionatorios y, tras el debido proceso, aplicar multas de entre un 20% y un 50% de la remuneración de la autoridad y/o funcionario responsable.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) publicó una guía para facilitar el cumplimiento de la nueva Instrucción General sobre Transparencia Activa, que entró en vigor el 25 de abril de 2026 y que reemplaza la normativa anterior vigente desde 2022. Se trata de normativa administrativa que detalla como cumplir con las obligaciones de publicación de información exigida por ley.

La referida instrucción general —aprobada por la Resolución Exenta N°80 del 6 de febrero de 2026 y publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de 2026— refunde, actualiza y sistematiza las obligaciones de transparencia activa de miles de organismos públicos: desde ministerios, subsecretarías, delegaciones presidenciales, Fuerzas Armadas, universidades estatales, servicios locales de educación pública, servicios de salud, y demás servicios de la Administración Central, hasta gobiernos regionales y municipalidades.

En materia de remuneraciones, la nueva norma establece que cada organismo debe publicar mensualmente, por cada funcionario, el monto bruto mensual de la remuneración que efectivamente reciba en el mes que se informa. Es decir, se termina con la publicación de la renta bruta “mensualizada”, entendida como el promedio mensual de las remuneraciones brutas que recibe el funcionario en un año.

Por lo tanto, cada mes, los servicios tienen que publicar la remuneración bruta de cada funcionario, detallando los montos recibidos por los siguientes conceptos: (i) remuneración propiamente tal fijada para el cargo, (ii) bonificaciones por cumplimiento de metas, (iii) horas extraordinarias distinguiendo entre diurnas, nocturnas y las realizadas en fines de semana o festivos, y (iv) asignaciones especiales que perciba, informadas mediante códigos referenciados a una nota explicativa que indique su significado. Además, se mantiene como buena práctica la publicación de la remuneración líquida mensual y los viáticos percibidos, desglosando destino, fecha y monto de cada cometido funcionario. Todo esto debe estar disponible mes a mes, desde enero de 2024 en adelante, sin que sea posible eliminar o dar de baja las actualizaciones mensuales.

La norma también precisa cómo debe calcularse la remuneración bruta mensual que se publica, debiendo excluirse expresamente las asignaciones familiares, aguinaldos y viáticos, que no constituyen remuneración para efectos legales. Esta distinción busca evitar confusiones y entregar información comparable entre organismos.

Adicionalmente, respecto de aquellas personas contratadas a honorarios, los servicios deberán publicar los informes que den cuenta de las funciones desarrolladas, de conformidad al respectivo contrato de prestación de servicios. Ello se podrá cumplir alternativamente, ya sea incorporando el informe en la casilla correspondiente a la persona que lo emitió, o incorporando todos los informes de las personas contratadas a honorarios del servicio en un repositorio electrónico accesible sin restricción vía el enlace respectivo.

Más allá de lo señalado, la actualización recoge cambios significativos en otras materias. Por ejemplo, los municipios deberán publicar mensualmente —dentro del quinto día hábil de cada mes— los permisos de construcción que otorguen, las declaraciones juradas de inicio de obras y las de término de ejecución, conforme a la Ley de Agilización de Permisos de Construcción (Ley N°21.718).

También se exige que los organismos cuenten con organigramas interactivos en línea que permitan conocer, con un solo clic, las funciones de cada unidad y quién la dirige, incluyendo el detalle en una planilla adicional de la unidad encargada del cumplimiento de la Ley de Transparencia y el tipo de contrato bajo el que se desempeñan sus funcionarios. Asimismo, toda la información debe publicarse en lenguaje claro y accesible, evitando siglas y tecnicismos sin explicación.

En cuanto a las contrataciones y sanciones, la nueva instrucción mantiene lo que anteriormente se aplicaba: los organismos deben publicar no solo las adquisiciones y contrataciones que se hacen por Mercado Público, sino también todas las compras fuera de ese sistema, incluyendo las inferiores a 3 UTM. Por su parte, los organismos sancionados por el CPLT deben publicar las resoluciones sancionatorias en sus propios sitios web dentro de 5 días hábiles desde que la sanción quede firme. Se recomienda, además – y como buena práctica – publicar en el mismo apartado un documento que acredite el pago a la Tesorería General de la República de la multa impuesta

“Esta actualización no es solo una puesta al día normativa: es un avance concreto para facilitar que cualquier persona, desde cualquier lugar de Chile, pueda saber qué hace el Estado con los recursos públicos, quién trabaja en cada organismo y cómo se ejecutan esos recursos y se toman decisiones. La transparencia activa es la primera línea de rendición de cuentas al ciudadano, y estas nuevas reglas – que por esta guía explicamos – la fortalecen “, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.

El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo del Estado que garantiza y fiscaliza el cumplimiento de las normas sobre transparencia y acceso a la información pública, y promueve una cultura de la transparencia en Chile. Para ello, resuelve los amparos y reclamos que presentan las personas cuando un organismo público les niega o entrega parcialmente una información, o bien no publica aquello que por ley le es exigible.

Accede a la guía completa:

 

El Consejo para la Transparencia realizó una fiscalización extraordinaria a las compras y contrataciones efectuadas por municipalidades durante 2024 mediante trato directo bajo la causal de “emergencia, urgencia o imprevisto”, detectando 8.731 órdenes de compra por un monto total superior a los $210 mil millones, correspondientes a 325 municipios del país, que registraron este tipo de contrataciones en el período analizado.

El informe del CPLT analizó información disponible en el Sistema de Compras Públicas (Mercado Público) correspondiente a la materia “adquisiciones y contrataciones” de los sitios de transparencia activa de las referidas municipalidades. La investigación buscó evaluar el nivel de transparencia y acceso a la información respecto de este tipo de contrataciones, considerando que se trata de una modalidad excepcional para atender necesidades públicas impostergable y debidamente fundada.

Uno de los principales hallazgos fue la alta concentración del gasto: el 66% de los recursos se destinó a servicios asociados a aseo, recolección de residuos, tratamiento de desechos y mantención de áreas verdes, materias que en muchos casos se vinculan con la continuidad de servicios esenciales para la ciudadanía.

La fiscalización también detectó que las 10 órdenes de compra de mayor valor concentraron más de $47 mil millones, equivalentes al 22,5% del gasto total revisado. Todas ellas estuvieron asociadas a servicios de recolección de residuos, barrido y limpieza urbana, mantención de áreas verdes y traslado de residuos. La compra de mayor monto correspondió a la Municipalidad de Rancagua, por más de $9.964 millones, para servicios de recolección de residuos.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “las emergencias requieren respuestas rápidas del Estado, pero esa urgencia no puede transformarse en una zona opaca. Cuando se usan mecanismos excepcionales de contratación dispuestos en la ley, la transparencia debe ser aún más exigente. Ello, porque estamos hablando de cuantiosos recursos públicos, invertidos en servicios de alto impacto para las personas, que son contratados sin la posibilidad de que concurran oferentes en igualdad de condiciones en los términos más convenientes para el Estado”.

El análisis territorial mostró que las regiones con mayor número de órdenes de compra fueron Biobío, con 1.535; Maule, con 1.389; Metropolitana, con 1.127; y Valparaíso, con 1.111. Todas estas zonas enfrentaron durante 2024 emergencias vinculadas a sistemas frontales, incendios forestales o estados de excepción, lo que podría explicar el uso de esta causal para asegurar la continuidad de servicios municipales.

Sin embargo, el CPLT también identificó 85 órdenes de compra por más de $1.577 millones asociadas a producción y ejecución de eventos, incluyendo amplificación, iluminación, catering, alojamiento y honorarios de artistas para festivales, celebraciones, ceremonias y otras actividades municipales.

Adicionalmente, el CPLT llevó a cabo la revisión de una muestra de 56 órdenes de compra y sus respectivas resoluciones asociadas, que evidenció que en el 89% de los casos existía una resolución fundada que autorizaba el trato directo y esta se encontraba disponible en el Sistema de Compras Públicas, conforme lo exige la ley. No obstante, el informe también advierte que los fundamentos contenidos en dichas resoluciones y que motivaron estas contrataciones se relacionaron principalmente con licitaciones fallidas y retrasos o dificultades en procesos de contratación, por ejemplo, por observaciones de la Contraloría. En menor medida, se debió a situaciones como urgencias sanitarias, imprevistos asociados al transporte escolar, o falta de acuerdo del Concejo Municipal, entre otros fundamentos.

González agregó que “El control ciudadano de información especialmente sensible para la ciudadanía, como lo es la contratación pública directa por causal de emergencia, debería ser cada vez más sencillo. Ello se hará posible, a través de un doble proceso que el Consejo está impulsando: por una parte, avanzar en nuestra propuesta de Nueva Ley de Transparencia para Chile, que fortalece la transparencia activa y fomenta la publicación de información en formatos abiertos y reutilizables. Por la otra, la gradual incorporación de tecnología e inteligencia artificial en materia de transparencia, que es el único camino y no tiene retorno”.

Informe de fiscalización

Resumen:

El Consejo para la Transparencia (CPLT) lamenta profundamente el fallecimiento del periodista Patricio Segura Ortiz, presidente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la institución y reconocido defensor de la Patagonia.

Patricio representaba en esta instancia a la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA) y había sido elegido presidente del COSOC en enero de 2026. Desde ese espacio contribuyó a incorporar una mirada regional y ciudadana al trabajo del Consejo, promoviendo la participación de la sociedad civil y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Además, fue un activo usuario de la Ley de Transparencia para acceder a antecedentes relacionados con decisiones públicas y proyectos de impacto ambiental en la Región de Aysén.

Periodista de la Universidad Católica del Norte, desarrolló una extensa trayectoria dedicada a investigar y comunicar temas vinculados con el medioambiente, la ciencia, la probidad, el turismo y los conflictos socioambientales. Sus trabajos y columnas fueron publicados en medios nacionales e internacionales, entre ellos CIPER, El Mostrador, Cooperativa, Le Monde Diplomatique, Science y Nature.

También fue uno de los rostros reconocidos de la defensa de la Patagonia y participó activamente en organizaciones y movimientos ciudadanos de Aysén, desde donde impulsó la protección del territorio, el desarrollo sustentable y una mayor participación de las comunidades en las decisiones públicas.

El Consejo para la Transparencia valora profundamente su compromiso, su mirada regional y el aporte que realizó al trabajo de su Consejo de la Sociedad Civil. La institución expresa sus sinceras condolencias a su familia, amistades, colegas y a todas las personas y organizaciones que compartieron con él su trayectoria.

El Consejo para la Transparencia (CPLT), liderado por su presidenta, Natalia González, desarrolló durante el jueves 20 y viernes 21 de agosto una agenda de trabajo territorial en la Región de O’Higgins, que incluyó jornadas de capacitación dirigidas tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos y organizaciones sociales, así como reuniones con autoridades de la zona.

La primera actividad realizada en Santa Cruz, denominada “Taller de Habilitación en Derecho de Acceso a la Información Pública”, buscó acercar la Ley de Transparencia a las personas, explicarles que tienen derecho a solicitar información a los organismos públicos y enseñarles a transformar problemas cotidianos de sus comunidades en peticiones concretas.

La jornada tuvo lugar en el auditorio de la Municipalidad de Santa Cruz. Durante su realización, dirigentes y representantes de organizaciones sociales conocieron los principales contenidos de la Ley de Transparencia y trabajaron en la elaboración de solicitudes de información a partir de necesidades reales de sus comunidades.

Así, aprendieron cómo pedir antecedentes sobre fondos y subvenciones municipales, presupuestos destinados a organizaciones vecinales, programas para personas mayores, antecedentes sobre viviendas o cantidad y horarios de profesionales en establecimientos públicos de salud, entre otras materias.

La instancia, enfocada en enseñar cómo dirigir correctamente solicitudes de acceso a información pública, se desarrolló en un contexto de creciente uso de esta herramienta por la ciudadanía. Durante el primer semestre de 2026 en Chile se dirigieron 167.185 solicitudes a distintos órganos de la Administración del Estado, a través del Portal de Transparencia. Esta es la cifra más alta registrada para ese período de tiempo y representa un aumento de 6,8% respecto del primer semestre de 2025. Entre los asuntos más consultados estuvieron los sumarios administrativos y oficios de Contraloría, las grabaciones de cámaras de seguridad para acreditar accidentes o robos, los antecedentes sobre propiedades y terrenos, y la información relacionada con pagos, multas y deudas.

De ese total de solicitudes, más del 35% fueron dirigidas a municipalidades y otros organismos asociados a los gobiernos locales, tales como asociaciones, corporaciones o fundaciones municipales.

“Las personas pueden utilizar la Ley de Transparencia para conocer cómo se gastan los recursos de su comuna, qué ocurrió con un beneficio, qué fondos existen para una organización social o solicitar una grabación que permita acreditar un accidente. Queremos que la ciudadanía conozca este derecho y cuente con herramientas concretas para ejercerlo”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.

La segunda jornada realizada en Santa Cruz estuvo dirigida a funcionarios y encargados de transparencia de organismos públicos de la Región de O’Higgins. La actividad comenzó con las palabras de bienvenida del alcalde de Santa Cruz, Yamil Ethit Romero, y de la presidenta del Consejo.

La capacitación abordó la normativa vigente para cumplir con las obligaciones de publicación de información que los organismos públicos deben mantener disponibles en sus sitios web; el procedimiento para responder solicitudes de información, prorrogar su respuesta o derivarlas al organismo competente; la aplicación de causales de reserva y la jurisprudencia del CPLT al respecto; y las sanciones asociadas al incumplimiento de la Ley de Transparencia y el procedimiento que lleva adelante el CPLT para imponerlas.

El trabajo con funcionarios adquiere especial relevancia y vigencia ante un contexto de aumento de casos que las personas ingresan cada año al CPLT para que se les garantice su derecho a acceder a información pública. Entre enero y junio de 2026, el Consejo recibió 8.620 casos (entre amparos y reclamos) de personas que no obtuvieron la información solicitada o estimaron que existían incumplimientos en las publicaciones que los organismos públicos deben hacer. Esto significó un aumento del 20,7% con respecto a igual período de 2025 y la cifra más alta de la serie histórica.

La agenda regional también incluyó una reunión de trabajo entre el CPLT y el Gobierno Regional de O’Higgins, realizada en Rancagua, en que se abordó con su equipo de transparencia el detalle de los resultados de la última fiscalización de transparencia activa que hizo el CPLT, con foco en mejorar las brechas identificadas.

El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de promover, fiscalizar y garantizar en Chile el acceso de las personas a la información pública. Es la única institución del país que fiscaliza el cumplimiento de la Ley de Transparencia y, ante infracciones, puede aplicar multas que van desde el 20% hasta el 50% de la remuneración del jefe de servicio y/o de los funcionarios responsables.

El Consejo para la Transparencia presentó recientemente los resultados del Censo de Funcionamiento de Sistemas de Transparencia, estudio que por primera vez levantó información sobre cómo se organizan las instituciones públicas para cumplir con la Ley de Transparencia. Indaga en las condiciones que tienen los equipos encargados de responder solicitudes de información pública de las personas y mantener disponible la información exigida por dicha ley. Para conocer los resultados, visita: https://www.consejotransparencia.cl/cplt-revela-inedita-radiografia-de-la-transparencia-en-el-estado-34-deja-esta-tarea-en-una-sola-persona-y-cerca-del-80-de-los-encargados-de-transparencia-no-tiene-dedicacion-exclusiva/.

El estudio fue aplicado entre julio y noviembre de 2025 a 1.110 instituciones públicas obligadas por la Ley de Transparencia, obteniendo 955 respuestas válidas, equivalentes a una tasa de respuesta de 86%. Su objetivo específico fue caracterizar las capacidades organizacionales, los recursos humanos y las condiciones de trabajo de las unidades que cumplen funciones de transparencia en el Estado.

Un análisis de la Unidad de Estudios del Consejo para la Transparencia (CPLT) – que fue presentado recientemente en una capacitación a encargados de transparencia de la Administración Central el pasado 4 de junio – cruzó los datos del referido censo con los resultados de desempeño de los organismos públicos, con importantes hallazgos.

Según esta indagación, los organismos que cuentan con al menos un profesional en sus equipos de transparencia responden las solicitudes de acceso a información en una mediana de 16 días hábiles, casi dos días menos que aquellos que no cuentan con profesionales, que registran 17,9 días. La diferencia también se observa en el cumplimiento del deber de publicación de información: los organismos con profesionales alcanzan en promedio 74,8 puntos en transparencia activa, frente a 69,3 puntos de aquellos que no los tienen.

Los datos también muestran diferencias en los casos que llegan al Consejo, es decir, amparos que presentan las personas cuando consideran que un servicio público no entregó la información solicitada, lo hizo de manera parcial o respondió fuera de plazo. En esos casos, el CPLT debe revisar los antecedentes y resolver si el organismo debe entregar la información o si la reservó en conformidad a la ley. Según el cruce, el 29,4% de amparos presentados contra organismos que cuentan con profesionales en los equipos de transparencia son rechazados, frente al 18,9% de rechazos que registran aquellos sin profesionales. En simple, cuando hay profesionales hay mayores probabilidades de que el CPLT ratifique la conducta inicial de la institución, rechazando el amparo del respectivo solicitante de información.

Otro cruce relevante se relaciona con la calidad contractual de los equipos. Cuando predomina personal a contrata entre los encargados de transparencia, el puntaje promedio de cumplimiento en transparencia activa alcanza 9 puntos más que cuando no predomina esa calidad contractual. En cambio, cuando predominan honorarios, el resultado es 17 puntos porcentuales menos respecto a cuando no predominan. En solicitudes de información, ocurre el mismo efecto: la predominancia de honorarios también se asocia a mayores tiempos de respuesta, con un aumento de 2,8 días hábiles promedio en comparación a aquellos equipos en que no predominan.

Adicionalmente, la existencia de funcionarios contratados a honorarios en los equipos de transparencia de los organismos podría sugerir situaciones de fricción con el Estatuto Administrativo, por cuanto las obligaciones legales de transparencia son permanentes y los honorarios deben ser contratados para labores no habituales.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “nuestra orientación es guiar la política de transparencia basándonos en evidencia. Esa es justamente nuestra inspiración al poner estos datos a disposición de las distintas reparticiones públicas obligadas por la Ley de Transparencia. Efectivamente, se trata de antecedentes que les pueden ser muy útiles para organizar sus equipos de transparencia de la mejor manera. Esta información nos sugiere que la dotación, profesionalización, forma contractual y coordinación interna de los equipos son factores que hay que tener en consideración cuando se quiere que las personas reciban respuestas más rápidas y de mejor calidad”.

El referido cruce, muestra también que la cantidad de personas dedicadas a estas funciones incide en los tiempos de respuesta. Las instituciones con unidades de transparencia de 4 o más funcionarios responden en promedio en 15,4 días hábiles, mientras que aquellas donde la tarea recae en una sola persona tardan 17,5 días. Del mismo modo, los primeras alcanzan en promedio de 77,4% de cumplimiento en trasparencia activa, frente a los 69,4% de las segundas.

En relación con la exclusividad de funciones de los equipos de transparencia, se evidenció aquellos equipos que cumplen 2 o más funciones (por ejemplo, transparencia, lobby y probidad), tienen un promedio de cumplimiento de 73,9% en transparencia activa, frente al 69,1% de aquellos que solo cumplen funciones de transparencia. Asimismo, los primeros, presentan tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso a información de 0,8 días hábiles promedio más bajos (16,3 vs 17,1 días hábiles) y una tasa de rechazo de amparos de 5,8 puntos porcentuales mayor (27,5% vs 21,7%) que aquellos con función única en transparencia.

El informe concluye que las variables que más inciden en un mejor desempeño en transparencia son la profesionalización y la dotación de los equipos. En un segundo nivel de correlación, también releva la calidad contractual de los equipos y la existencia en las instituciones de contrapartes internas para la gestión de transparencia.

 

Más de 350 funcionarios públicos, incluidos nuevos equipos de transparencia que se incorporaron al Estado tras el cambio de gobierno, han participado en las tres primeras jornadas de capacitación del plan “Transparencia desde el primer día”, impulsado por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

La iniciativa también considera a autoridades y funcionarios vinculados al cumplimiento de obligaciones de transparencia que permanecieron en sus cargos y que necesitan actualizar o reforzar sus conocimientos. El objetivo es que los equipos cuenten con herramientas prácticas para publicar la información exigida por ley, responder oportunamente las solicitudes de información de las personas y prevenir incumplimientos que puedan afectar el derecho de acceso a información pública.

El plan comenzó en febrero con una capacitación realizada en la Oficina del Presidente Electo a quienes habían sido designados ministros. Posteriormente, el CPLT programó cinco jornadas para funcionarios y encargados de transparencia de ministerios, subsecretarías y otros servicios públicos de la Administración Central del Estado.

La primera jornada se enfocó en la información que las instituciones deben mantener publicada y actualizada, especialmente aquella relacionada con el uso de recursos públicos. También se revisó el funcionamiento del Portal de Transparencia del Estado y el modelo de fiscalización aplicado por el CPLT.

La segunda capacitación abordó el proceso que deben seguir las instituciones para responder una solicitud de información pública, desde su recepción hasta la búsqueda y entrega de los antecedentes requeridos. Además, se explicaron las reglas para derivar solicitudes, ampliar los plazos de respuesta en los casos establecidos por la ley y acreditar la inexistencia de la información solicitada cuando corresponde.

La tercera jornada, realizada este martes 11 de agosto en el Palacio Pereira, contó con la asistencia de cerca de 100 funcionarios y fue inaugurada por la presidenta del CPLT, Natalia González, y el secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Carlos Guazzini.

Durante el encuentro se analizaron las sanciones que pueden aplicarse por incumplimientos a la Ley de Transparencia y el procedimiento sancionatorio utilizado por el CPLT. También se abordó la recomendación institucional para transparentar los sistemas de toma de decisiones automatizadas utilizados por el Estado y se revisaron decisiones judiciales relacionadas con el acceso a información pública.

“Un cambio de gobierno implica la llegada de nuevas autoridades y funcionarios, pero las obligaciones de transparencia no comienzan después: deben cumplirse desde el primer día. Nuestro objetivo es que tanto quienes se incorporan al Estado como quienes continúan en sus funciones cuenten con las herramientas necesarias para responder a las personas, publicar la información exigida por la ley y prevenir incumplimientos que afectan directamente el derecho ciudadano a saber”, señaló Natalia González.

Esta iniciativa de capacitaciones es desarrollada por el CPLT con la colaboración de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia del gobierno. Tras estas tres jornadas, el programa continuará con otros dos encuentros con foco práctico destinados a profundizar los conocimientos necesarios para garantizar el acceso de las personas a información del Estado.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó entre febrero y marzo su fiscalización 2026 de transparencia activa respecto de los 16 gobiernos regionales del país (GOREs). Ella tuvo por objeto evaluar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de mantener disponible y actualizada una serie de información establecida por ley para consulta de las personas.

El resultado general de la fiscalización a los gobiernos regionales fue un promedio nacional de 92,27%, alcanzando así el nivel de cumplimiento más alto registrado desde la fiscalización de 2015. El puntaje representa un avance de 16,2 puntos respecto de 2025.

En el detalle, el Gobierno Regional del Biobío fue el único organismo que obtuvo el 100% de cumplimiento. A su vez, otros doce GOREs presentaron promedios superiores al 90%. Dentro de ellos, destaca el caso de La Araucanía, que registró la mayor recuperación del país, al pasar de 43,9% a 95% en solo un año. En una zona media, dos gobiernos regionales obtuvieron más de 80%; y, en el otro extremo, el Gobierno Regional de Los Ríos quedó como el peor evaluado, con 56,72% de cumplimiento.

A pesar del buen resultado agregado, la pesquisa revela que persisten ciertas brechas de acceso a información pública. Sobre todo, respecto del aquellas materias relacionadas con el uso de recursos públicos. En específico, las peores evaluadas fueron “modificaciones presupuestarias” con 56,8% y “contrataciones formalizadas por órdenes de compra” con 75%. Le siguieron, “mecanismos de participación ciudadana en ejecución” que presentó un 80%, y “actos y resoluciones con efectos sobre terceros” con 81,1%.

Asimismo, el informe detectó brechas en la información que los gobiernos regionales deben publicar por aplicación de la Ley de Presupuestos y la Instrucción General sobre Transparencia Presupuestaria del CPLT. Efectivamente, 14 de los 16 GOREs no publican información sobre el uso de los recursos del Royalty Minero, correspondiente a los informes sobre el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, recursos destinados a financiar actividades productivas, de desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica. Solo los Gobiernos Regionales de La Araucanía y Magallanes cumplen actualmente con esta exigencia.

En la misma línea, 9 GOREs no tienen disponible información relativa a sus concursos públicos y proyectos adjudicados, y 10 no publican información remitida por instituciones privadas receptoras de transferencias por un monto superior a 2.000 UTM.

“Vemos un buen resultado general, que da cuenta avances institucionales importantes. Sin embargo, no basta, ya que persisten brechas en información que es de sumo interés público. Las personas tienen derecho a saber cómo se usan los recursos públicos que impactan directamente en su territorio, especialmente cuando se trata de fondos cuantiosos como los que provienen del Royalty Minero, así como los proyectos adjudicados o las transferencias que se realizan a instituciones privadas”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.

Respecto de la metodología de la fiscalización, esta combinó revisión automatizada de datos desde el Portal de Transparencia del Estado con verificación manual de los sitios institucionales de cada GORE.

Revisa el informe nacional 

Resumen:

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó entre febrero y marzo su fiscalización 2026 de transparencia activa respecto de los 16 gobiernos regionales del país (GOREs). Ella tuvo por objeto evaluar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de mantener disponible y actualizada una serie de información establecida por ley para consulta de las personas.

El resultado general de la fiscalización a los gobiernos regionales fue un promedio nacional de 92,27%, alcanzando así el nivel de cumplimiento más alto registrado desde la fiscalización de 2015. El puntaje representa un avance de 16,2 puntos respecto de 2025.

En el detalle, el Gobierno Regional del Biobío fue el único organismo que obtuvo el 100% de cumplimiento. A su vez, otros doce GOREs presentaron promedios superiores al 90%. Dentro de ellos, destaca el caso de La Araucanía, que registró la mayor recuperación del país, al pasar de 43,9% a 95% en solo un año. En una zona media, dos gobiernos regionales obtuvieron más de 80%; y, en el otro extremo, el Gobierno Regional de Los Ríos quedó como el peor evaluado, con 56,72% de cumplimiento.

A pesar del buen resultado agregado, la pesquisa revela que persisten ciertas brechas de acceso a información pública. Sobre todo, respecto del aquellas materias relacionadas con el uso de recursos públicos. En específico, las peores evaluadas fueron “modificaciones presupuestarias” con 56,8% y “contrataciones formalizadas por órdenes de compra” con 75%. Le siguieron, “mecanismos de participación ciudadana en ejecución” que presentó un 80%, y “actos y resoluciones con efectos sobre terceros” con 81,1%.

Asimismo, el informe detectó brechas en la información que los gobiernos regionales deben publicar por aplicación de la Ley de Presupuestos y la Instrucción General sobre Transparencia Presupuestaria del CPLT. Efectivamente, 14 de los 16 GOREs no publican información sobre el uso de los recursos del Royalty Minero, correspondiente a los informes sobre el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, recursos destinados a financiar actividades productivas, de desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica. Solo los Gobiernos Regionales de La Araucanía y Magallanes cumplen actualmente con esta exigencia.

En la misma línea, 9 GOREs no tienen disponible información relativa a sus concursos públicos y proyectos adjudicados, y 10 no publican información remitida por instituciones privadas receptoras de transferencias por un monto superior a 2.000 UTM.

“Vemos un buen resultado general, que da cuenta avances institucionales importantes. Sin embargo, no basta, ya que persisten brechas en información que es de sumo interés público. Las personas tienen derecho a saber cómo se usan los recursos públicos que impactan directamente en su territorio, especialmente cuando se trata de fondos cuantiosos como los que provienen del Royalty Minero, así como los proyectos adjudicados o las transferencias que se realizan a instituciones privadas”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.

Respecto de la metodología de la fiscalización, esta combinó revisión automatizada de datos desde el Portal de Transparencia del Estado con verificación manual de los sitios institucionales de cada GORE.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) lanzó su sexta versión de su Concurso de Videos Escolares, una apuesta poco común entre organismos públicos que en su edición anterior tuvo una gran convocatoria al recibir más de 200 postulaciones de estudiantes de enseñanza básica y media de distintas regiones del país, con equipos ganadores desde Vallenar e Iquique hasta Puente Alto, Talca, Padre Las Casas y Nacimiento.

En esta versión 2026, niñas, niños y adolescentes de todo Chile son invitados a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y las herramientas digitales pueden ayudar a construir instituciones más abiertas y confiables.

La pregunta que deberán responder los equipos participantes —integrados por estudiantes de séptimo básico a cuarto medio, guiados por un docente de su mismo establecimiento— es tan simple como desafiante: ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial y las herramientas digitales para construir instituciones más transparentes?

La respuesta deberá contenerse en un video de solo 30 a 60 segundos, grabado incluso con un celular, que explique estos conceptos con creatividad y en lenguaje cercano.

“Este concurso ha demostrado, edición tras edición, que niñas, niños y adolescentes tienen mucho que decir sobre la transparencia y la probidad. Que esta versión los invite a pensar en que la inteligencia artificial es especialmente relevante en su caso, porque son ellos quienes están creciendo con esta tecnología como verdaderos nativos digitales. Queremos que la vean como una herramienta para aumentar los estándares de apertura y transparencia del Estado y que está al servicio de las personas”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.

Los equipos, de entre dos y cuatro estudiantes, deben resguardar la identidad de todos los participantes que aparezcan en el video —sin rostros, nombres, ni otros datos personales— y, si usan herramientas de IA en la producción, deberán declararlo al inicio del video, asegurando que al menos la mitad del contenido sea de creación propia.

El plazo para postular vence el 14 de agosto. El concurso premiará a un primer y un segundo lugar por cada una de las 3 macrozona del país (norte, centro y sur), y los videos destacados serán difundidos en los canales oficiales del CPLT. Para participar, el o la docente a cargo debe subir el video a YouTube y completar un formulario con los datos del equipo y el establecimiento.

Las bases oficiales están disponibles en: https://www.consejotransparencia.cl/informacion/concurso2026/