El Consejo para la Transparencia desarrolló una exhaustiva fiscalización a 322 servicios públicos de la administración central Estado. El objetivo fue detectar presuntas infracciones en relación con la publicación de información transparencia activa, cuya divulgación es una obligación legal. Esto con el fin de ver el estado de cumplimiento que establece la Ley de Transparencia.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, sostuvo al respecto: “Esta es la primera investigación basada en nuestro modelo integrado de fiscalización. Esto quiere decir que se verificaron, tanto posibles infracciones en no disponibilidad y desactualización de la información. Aquí estamos hablando de un desde, todos debiesen tener 100% de cumplimiento en acceso a información pública. No tenerlas aumenta los espacios de sospecha y opacidad, lo que genera un daño a nuestra democracia. Seguiremos más fuerte que nunca con nuestro principal rol; esto es fiscalizar que las instituciones del Estados cumplan con la Ley de Transparencia”.

En la fiscalización el CPLT detectó un nivel de cumplimiento de un 87,1%, dos puntos más que en la última medición que fue el 2018, en la cual obtuvieron un 85%. En esta ocasión, en 84 organismos no se detectaron infracciones por no disponibilidad o desactualización de información, mientras que en los 238 restantes se encontró al menos una falta a la Ley de Transparencia.

Dentro de las faltas que se hallaron por no disponibilidad de información están: Sistema de Compras públicas (38,2%), Presupuestos asignados y ejecución (20,2%) y trámites ChileAtiende (21,1%), entre otras.

En tanto, en materia de desactualización de la información se encontraron fallos en: Actos y resoluciones con efectos sobre terceros (27,3%), contratos relativos a bienes inmuebles (16,8%), Personal de contrata (14,1) y personal de honorarios (14%), entre otros.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, inauguró el año académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Universidad de Talca. En la oportunidad, el titular del CPLT dictó una charla magistral frente a autoridades, académicos y alumnos sobre “Transparencia y Democracia”.

En su presentación, Bernardo Navarrete expuso el caso de la integridad y transparencia en la gestión pública de los municipios del país.

Esta visita se enmarca en el plan de trabajo de la presidencia del CPLT de este año que consiste en recorrer regiones con el fin de exponer e incentivar la discusión en transparencia y probidad en las instituciones públicas.

 

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, llegó hasta la región de Coquimbo donde lideró talleres sobre transparencia y probidad impartidos a los alcaldes, directivos, encargados de transparencia y otros funcionarios y funcionarias de las municipalidades de La Serena, Coquimbo y Vicuña.

En la ocasión, el titular del CPLT abordó en su presentación conceptos como probidad, integridad, corrupción y transparencia en las municipalidades. “Mientras que la integridad hace referencia a principios éticos y la probidad se asocia con la honestidad y la buena fe en el ámbito legal y administrativo, ambos conceptos se ven comprometidos ante actos de corrupción. Esta confluencia de términos conduce a que el debate público se enfoque en la corrupción”, señaló Navarrete.

El titular del ente rector de transparencia en el país expuso la fórmula que el destacado académico estadounidense y autor de diversos libros relacionadas al área, Robert Klitgaard, plantea: Corrupción = monopolio + discrecionalidad – transparencia. Luego de abordar la relación existente entre transparencia y corrupción que plantea Klitgaard, Bernardo Navarrete explicó que “el corrupto siempre tratará de obtener beneficios y calcular los costos de su actuar. La corrupción es un delito de cálculo, no pasional”.

En la oportunidad, además, se presentaron diversos datos. Por ejemplo, según indicadores del Consejo para la Transparencia, sólo un 19% de las municipalidades cuenta con un código de ética. A eso se suma que, en un diagnóstico de la SUBDERE, el promedio anual municipal de integridad y probidad ronda un 27% de cumplimiento, sin grandes variaciones a lo largo del tiempo. Por su parte, se relevaron los resultados de la encuesta CEP, que identifica pérdidas de confianza en la población de 7 puntos porcentuales desde el 2008 a la fecha. Asimismo, se destacó lo sostenido por CADEM: este 2024 hay un 65% de los encuestados que cree que la corrupción está muy extendida en los municipios. Por último, se resaltó que, a partir de información que el Consejo para la Transparencia solicitó a la Contraloría General de la República por oficio, se encontraron 252 procesos disciplinarios contra alcaldes iniciados y finalizados durante el período 2014-2023.

Tras estos resultados, el Pdte. del CPLT planteó algunas medidas que se deberían abordar con el fin de mejorar estos índices. “Se deben desarrollar sistemas de transparencia y rendición de cuentas que tengan efectos reales sobre la integridad y la confianza ciudadana, disminuir la sensación de impunidad y la alta discrecionalidad; mejorar los sistemas de fiscalización, entre otras iniciativas”.

La capacitación en la región de Coquimbo se enmarca dentro del plan de trabajo en terreno del Presidente del Consejo para la Transparencia en este año – en línea con la misión del CPLT – el cual contempla desarrollar jornadas junto a alcaldes, directivos y funcionarios municipales del país para incentivar la discusión interna con foco en la percepción sobre los niveles de corrupción y captura, además, conocer las dificultades en la implementación de la Ley de Transparencia y de los códigos de ética en las distintas comunas y, con esa información, potenciar y robustecer la probidad y transparencia en sus gestiones.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, participó del estudio “Factores determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas en Chile”, el cual es desarrollado por medio de un acuerdo entre el ministerio de Hacienda y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La colaboración en la medición internacional y el estudio de caso específico de Chile permitirá comparar los resultados con países OCDE y latinoamericanos, y entregará evidencia concreta para una agenda de reformas con foco en las demandas por mayor participación y transparencia los servicios públicos centrados en las personas y la disminución de la desigualdad.

En la instancia, el titular del CPLT, destacó que se están desarrollando una serie de iniciativas para genera confianza en nuestra institución. En primer lugar, trabajar en un mayor conocimiento de la institución con un plan de medios más potente, ya que no se puede confiar en una institución que no se conoce. Segundo; generar cercanía de la institución con la ciudadanía, especialmente en la atención eficiente de los asuntos que son de su competencia, tales como la resolución de amparos y reclamos, la mejoría continua del Portal de Transparencia del Estado, y la promoción del derecho de acceso a información pública (capacitaciones, tanto a ciudadanos como a los órganos de la Administración del Estado). Y, en tercer lugar, un uso eficiente de su facultad sancionatoria, dado que ello elimina la sensación de impunidad que puede percibir la ciudadanía respecto de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia que la vulneran.

En otra línea, Navarrete destacó el énfasis que la presidencia del CPLT está implementando este 2024 con capacitaciones – que incluyen conversatorios con autoridades y alcaldías – a nivel nacional a quienes deben cumplir con la Ley de Transparencia, así como también a ciudadanos que utilizan el sistema. “Creemos que esta iniciativa aumentará la confianza en el CPLT, y responde al desafío que tiene el CPLT de llegar hasta las comunas más aisladas, considerando que solo tiene oficinas en Santiago”, agregó Bernardo Navarrete.

Cabe destacar que el CPLT cuenta con un convenio con la SUBDERE, implementado en 2023 y 2024, a través del cual se lleva a cabo el programa “Fortalecimiento de la Gestión Municipal en el Acceso a la Información y Transparencia”, que tiene por objeto capacitar funcionarios municipales en materias propias de nuestra competencia.

El equipo OCDE estará visitando nuestro país hasta el 19 de abril de este año y se reunirá con actores clave, incluyendo autoridades y equipos técnicos de gobierno, así como también con representantes del Congreso Nacional, organismos autónomos, de la academia y la sociedad civil.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, participó de la segunda jornada de la Asamblea Nacional de Alcaldes y Alcaldesas organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). En la oportunidad, lideró la mesa denominada “Probidad y transparencia en la gestión pública”, la cual compartió con la Contralora (S) de la República, Dorothy Pérez.

En su presentación, el titular del CPLT, abordó la relación existente entre transparencia y corrupción, sosteniendo que una disminución en transparencia es un factor que posibilita un aumento de la corrupción, pero que la transparencia por sí sola no reduce necesariamente la corrupción. Luego de revisar la evidencia internacional y nacional respecto de los índices de percepción de corrupción en Chile, y hacer notar que existe una fuerte brecha entre la positiva percepción internacional y la negativa percepción nacional, se enfocó en la percepción de la ciudadanía sobre las municipalidades y su labor. Al respecto, evidenció que, según el catastro del Consejo Para la Transparencia, construido a partir de información entregada por el Servicio Civil, se identificó que solo 65 municipios cuentan con códigos de ética, es decir, solo el 19% del total de municipalidades en Chile. “La evidencia nos muestra que hay graves problemas de implementación de los códigos de ética en las municipalidades, los que por sí solos no están dando resultados”, señaló Navarrete.

Además, Bernardo Navarrete reveló que, a partir de información que el Consejo para la Transparencia solicitó a la Contraloría General de la República por oficio, se identificaron 252 procesos disciplinarios contra alcaldes iniciados y finalizados durante el período 2014-2023. “Las estrategias de transparencia deben estar articuladas a sistemas integrados de cumplimiento normativo (compliance). La simple entrega de información no asegura mejores sistemas de probidad”, indicó el Pdte. del CPLT.

Pero ¿Qué hacer para mejorar estos índices? En la actividad, el presidente del CPLT explicó que para desarrollar sistemas de transparencia y rendición de cuentas que tengan efectos reales sobre la integridad y la confianza ciudadana, se requiere de sistemas integrados que logren mejorar los niveles de rendición de cuentas de funcionarios y otros cargos; disminuir la sensación de impunidad y la alta discrecionalidad; mejorar los sistemas de fiscalización, y que tengan efectos en las decisiones internas; tener sistemas de transparencia en el presupuesto que permitan saber cómo, en qué, y qué tan eficiente es el gasto de recursos; y, por último, tener en consideración los recursos humanos y monetarios que poseen los municipios para llevar a cabo sistemas de integridad de este calibre.

Finalmente, se detalló el trabajo que el CPLT está desarrollando para abordar estos problemas de integridad. “Nosotros desarrollamos capacitaciones para enlaces de transparencia a través de un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en todo Chile. Además, este 2024 iniciamos un trabajo continuo de talleres con diversos municipios (La Reina, Peñalolén, Puente Alto, Cabo de Hornos, Arica, Castro, entre otros), en los cuales se debate con el alcalde respectivo y los directores municipales acerca de los riesgos de corrupción y captura por parte del crimen organizado en los distintos departamentos municipales. Asimismo, en dichos encuentros se abordan los problemas de implementación de sus códigos de ética, todo ello con el fin de incentivar la discusión interna al respecto.

La Asamblea Nacional de Alcaldes y Alcaldesas contó con la participación del Presidente de la República, Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, la presidenta de la ACHM, Carolina Leitao, y alcaldes y alcaldesas de gran parte del país.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, junto a la consejera de la entidad, Natalia González, representaron a Chile en la reunión de la Red Iberoamericana de Protección de Datos en Lima, Perú, llevada a cabo esta semana.

En la oportunidad, el titular del CPLT, detalló los avances que ha tenido en nuestro país el proyecto de ley en esta materia.

En esa línea, Navarrete mostró su preocupación por el escaso avance y poca información que tiene este tema en nuestro país. “En Chile existen 17,7 millones de personas con acceso a Internet con una velocidad catalogada como altísima para la región (25,85 Megabits por segundo). Estos datos contrastan con que, según un informe de la Cámara de Comercio, sólo 3 de cada 10 ejecutivos consultados tiene conocimiento del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales y el uso de datos y solo un 32% aseguró que en su organización hay avances en el ámbito del uso avanzado y responsable de datos. Incluso, otro estudio indica que, a nivel nacional, solo un 11% de las empresas han implementado protocolos efectivos para la eliminación adecuada de datos personales”.

Es importante destacar que el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales modifica casi íntegramente la Ley 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada que actualmente rige en Chile y que data del año 1999.

El proyecto, que hoy está discutiéndose en comisión mixta en el Congreso, busca modernizar y perfeccionar la regulación nacional de protección de datos personales y crear una autoridad encargada de velar por su cumplimiento.

Según explicó el Pdte. del CPLT, “la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales es un avance. Se trata de un agente regulador, con potestad sancionatoria sobre las empresas y personas que traten datos personales y que podrá resolver solicitudes y reclamos que formulen los titulares de esos datos. Sin embargo, tiene un problema en su origen, ya que se proyectó (y se financiará) considerando que funcionará el primer año con 3 consejeros y 19 funcionarios, los que se aumentarán a 30 a partir del segundo año. Esto es irrisorio respecto de la real capacidad que tendrá para resolver la innumerable cantidad de casos que tendrá que conocer”.

Además, relevó que se está analizando en la comisión mixta la propuesta de la Cámara de Diputados, que dice relación con que tanto el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Servicio Electoral y la Justicia Electoral, puedan ser fiscalizados por la futura Agencia Nacional de Protección de Datos Personales.

Navarrete comentó que eso se trata de una discusión muy similar a la que se dio en el Proyecto de Ley de de Transparencia 2.0, en donde la Cámara de Diputados propuso un sistema más amplio de potestades para el Consejo para la Transparencia, que incluía (en parte) la fiscalización a estos órganos autónomos constitucionales y poderes del Estado, mientras que el Senado (la Comisión de Gobierno) rechazó esa parte de la propuesta, para que estos entes públicos tuvieran regímenes de transparencia especiales y atenuados.

Por su parte, la consejera del CPLT, Natalia González, también participó de la instancia internacional, exponiendo acerca de los avances en nuestro país en materia de neuroderechos, definidos en el proyecto de ley que actualmente se tramita en Chile como “nuevos derechos humanos que protegen la privacidad e integridad mental y psíquica, tanto consciente como inconsciente, de las personas del uso abusivo de las neurotecnologías”.

Hasta la municipalidad de Cabo de Hornos, en la ciudad de Puerto Williams, llegó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, con el fin de reunirse con su alcalde, directores, equipo de transparencia, concejales y otros funcionarios de la entidad. Esta visita se enmarca en el plan de trabajo que ha venido desarrollando el CPLT y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) desde el año pasado sobre fomento de la transparencia y acceso a la información, y extenderá hasta el viernes, día en el cual se trasladará a la ciudad de Punta Arenas, a fin de reunirse con la Jefa de la Unidad Regional de la SUBDERE, Daniella Panicucci.

En esta instancia se desarrollarán conversatorios, que forman parte de un plan de trabajo que se está llevando a cabo en buena parte de las municipalidades del país con el fin de conocer las dificultades de implementación de la Ley de Transparencia en las distintas comunas (privilegiando las más aisladas), y con esa información potenciar y robustecer la probidad y transparencia en sus gestiones.

Al respecto, el presidente del CPLT señaló: “Santiago no es Chile, tenemos que ser capaces de llegar no solo a las capitales regionales, sino que también a las comunas más apartadas. En comunas como Cabo de Hornos, que tiene por su ubicación naturales problemas de conectividad, digitalización y archivo, así como una menor presencia de autoridades, es fundamental acercarse y conocer de primera mano los problemas en la gestión de transparencia que se le presentan, a fin de prestar herramientas necesarias para mejorar esa gestión. Esto, sobre todo, si se atiende a la creciente demanda de información que ha tenido esta municipalidad, la que en 2013 recibió solo 10 solicitudes de acceso a información, cifra que ascendió a 125 en 2023, significando un aumento de más de 12 veces en 11 años”.

Por su parte la jefa de la Unidad Regional de la SUBDERE, Daniella Panicucci señaló que “Gracias a este convenio colaborativo estamos promoviendo una gestión pública más transparente y que permita el acceso a información que demanda la ciudadanía. Es por ello que, en conjunto con el CPLT, hemos estado realizando capacitaciones a funcionarios y funcionarias municipales en estas materias”.

En la oportunidad, que fue encabezada por el alcalde de la comuna, Patricio Fernández, el titular del órgano garante de la transparencia y acceso a información pública en nuestro país, abordó junto a los funcionarios en un taller los riesgos de corrupción y captura por redes criminales en la municipalidad.

Navarrete explicó que “la evidencia nacional nos señala que la desconfianza hacia las municipalidades ha ido creciendo en los últimos 15 años. En 2023 la desconfianza llegó a cerca de un 70%. A esto se suma que en los últimos 3 años ha habido una caída significativa en la satisfacción y aprobación de su trabajo, pasando de cerca de un 70% a menos de un 50%. Esto es preocupante, porque estamos hablando de la principal ventanilla de atención del Estado a las personas”.

Además, el presidente del CPLT planteó en su presentación que, “si bien las cifras sobre percepción internacional de Chile respecto de sus niveles de corrupción y Estado de Derecho lo instalan en lugares comparables a naciones como Dinamarca y Alemania, ocurre lo contrario cuando se atiende a evidencia nacional, donde la corrupción ha escalado 10 posiciones desde el año 2000, posicionándose como uno de los 5 problemas más prioritarios para los chilenos”.

En esta línea, Bernardo Navarrete propuso algunas medidas para mitigar este problema. Una de ellas es avanzar en la implementación de códigos de ética en las municipalidades como herramientas de gestión de riesgo para prevenir y combatir el incumplimiento normativo. Éstos deben complementarse con un programa de compliance, esto es, en la práctica, un plan que asegura el cumplimiento de leyes y regulaciones estableciendo procedimientos específicos y mecanismos de control para prevenir y detectar conductas indebidas.

Una serie de reuniones ha sostenido el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, con jefes y encargados de las áreas de Transparencia de diversas municipalidades.

En los últimos días, el titular del consejo se ha entrevistado con funcionarios de municipios, tales como; Peñalolén, Providencia, Pirque, Puente Alto, Conchalí, entre otros.

El objetivo de estas citas es interiorizarse en cómo se está cumpliendo la Ley de Transparencia en estos servicios públicos, como también, contribuir a desarrollar espacios de mejora en sus labores.

Es importante destacar, que la Ley de T

ransparencia reconoce a todas las personas su derecho de acceso a la información pública, es decir, aquella que se encuentre en poder de cualquier institución del Estado. Es deber de los organismos públicos recibir las solicitudes de información y entregarlas a los ciudadanos que las requieren, salvo que exista un motivo de secreto o reserva.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, asistió al conversatorio denominado “La importancia del sistema de integridad en la gestión pública”, instancia que sirvió para dar el puntapié al nuevo sistema de Integridad que implementó el Senado de la República.

La medida tiene como finalidad evitar las malas prácticas y la corrupción entre los funcionarios a través de un conjunto de políticas, prácticas y mecanismos que promuevan la ética, la transparencia, la legalidad y la responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas que el Senado desarrolla.

En la actividad, que se llevó a cabo en la sala de lectura de la biblioteca del Congreso Nacional (BCN), estuvo presente, además del presidente del CPLT, la contralora (S) de la República, Dorothy Pérez, la senadora e integrante de la comisión de Ética y Transparencia, Luz Ebensperger, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán y la secretaria ejecutiva de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lubbert, entre otras autoridades.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) recibió respuesta del MINSAL al oficio en que solicitaba entregar información relacionada a los procedimientos y gestión de las listas de espera en atenciones de salud y cirugías del sector público. Esto tras conocerse un informe de auditoría que hizo la Contraloría General de la República (CGR) al Hospital Sótero del Río, en el cual se detectó que 100 cirugías a funcionarios y sus familiares fueron efectuadas en tiempo récord, saltándose las listas de espera.

El documento enviado al CPLT por el subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Osvaldo Salgado, señala que “tomado conocimiento del informe final de la auditoría, la subsecretaría de Redes Asistenciales se apersonó en el Complejo Asistencial sosteniendo reunión con el equipo directivo del Servicio de Salud y del establecimiento, donde se analizó el informe y conclusiones de la auditoría, se reforzó la normativa e indicaciones que regulan el proceso, y se comprometieron a llevar adelante acciones de revisión de los procesos, control y plan de trabajo para dar respuesta a las observaciones de la CGR. Como resultado de lo anterior y dando cumplimiento a lo instruido por la CGR, mediante el cual se solicita la instrucción de un procedimiento disciplinario, la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente instruyó un sumario administrativo, el cual aún está en curso”.

“Finalmente, se convocó a reunión a los directores de los 29 servicios de salud del país, con el objetivo de reforzar los lineamientos normativos del procedimiento de gestión y registro de lista de espera y la regulación existente para la entrega de prestaciones GES y No GES”, cierra el oficio.

Al respecto, el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señaló que “el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente cumple la ley al instruir un sumario para perseguir las responsabilidades por la gestión inaceptable de listas de espera que se realizó en el Hospital Sótero del Río. Sin embargo, no sabremos si la medida es efectiva, hasta ver en su resultado la aplicación de sanciones. En este punto, y desde una perspectiva de acceso a la información, es importante relevar que no existe información agregada y de fácil acceso ciudadano sobre los resultados de sumarios administrativos iniciados por este y otros servicios de salud, ni de los órganos del Estado en general, lo que impide evaluar la efectividad del sumario como una herramienta legal para perseguir responsabilidades. Lo cual toma especial relevancia, si se considera que como herramienta se le critica por la eventual falta de imparcialidad e independencia del investigador del sumario que puede terminar investigando a su jefatura directa o al jefe superior del servicio”.

“Colar a pacientes por sobre otros, en vulneración de los criterios de priorización establecidos, genera muertes. No hay que olvidar que según lo informado por el mismo MINSAL, en el 2022 más de 44.000 personas fallecieron esperando una atención (10 % más que el 2021); y, en el primer cuatrimestre del 2023, fallecieron 10.447 personas más, de las cuales 976 esperaban atenderse en hospitales del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente”, agregó Navarrete.

En cuanto a los procedimientos de gestión y registro de listas de espera y el criterio de oportunidad para brindar la atención de salud consultados por el CPLT, el MINSAL respondió distinguiendo entre prestaciones GES y no GES.

Respecto de las primeras, sostiene que la gestión de las listas de espera se realiza a través de una plataforma denominada Sistema de Información de Gestión de Garantías Explícitas en Salud (SIGGES), y que los plazos máximos de otorgamiento de prestaciones están establecidos por la normativa vigente para cada uno de los 87 problemas de salud garantizados.

En cuanto a las prestaciones no GES, la gestión y registro de las listas de espera se rige por la norma técnica, manual y demás normativa correspondiente, la que, a su vez, no establece plazos máximos de otorgamiento de prestación, pero sí criterios generales de priorización para usuarios en espera de consulta de especialistas o de intervenciones quirúrgicas, que son:

1.- Considerar criticidad de riesgo vital: de acuerdo con el riesgo biomédico del usuario, el cual, al no recibir atención inmediata presenta riesgo de muerte.

2.- Secuela funcional grave: toda aquella situación en la que si no se realiza una atención oportuna tendrá, como consecuencia, pérdida de funcionalidad de carácter grave e irreversible.

3.- Trasplantes.

Por su parte, y en relación con las funciones de cada órgano y las responsabilidades funcionarias involucradas, el documento advierte que el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales son responsables de generar elementos normativos rectores y lineamientos de gestión de las listas de espera. Agrega que son los servicios de salud los responsables de gestionar las listas de espera de acuerdo con dichas normas y lineamientos.

El Consejo para la Transparencia entregó las principales cifras de la labor que por ley le compete realizar: garantizar, fiscalizar y promover el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en nuestro país.

Dentro de los hallazgos, se destaca que el año pasado más de 7 millones quinientos mil personas accedieron al portal de transparencia de los distintos servicios públicos, cerca de 520 mil más que el 2022, lo que significa un incremento de 7,5% en un año.

En tanto, las solicitudes de acceso a información pública que se realizaron a dichos servicios fueron cerca de 300 mil, aproximadamente 40 mil más que el 2022.

Por su parte, poco más de 15 mil autoridades registraron su declaración de intereses y patrimonio, cerca de 3 mil más que el 2022.

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, estos datos “revelan la importancia que este servicio está teniendo para la sociedad. Estamos hablando de que más de un tercio de los chilenos pudo acceder a información, que antes de publicada la ley, no existía en los diversos medios electrónicos de los servicios públicos o que estos no tenían la obligación de entregar. También es importante destacar el aumento en las solicitudes de acceso a información, ya que implica que cada día tenemos más ciudadanos vigilantes del accionar de las autoridades. Seguiremos trabajando porque más chilenos accedan a la plataforma y puedan ejercer el rol fiscalizador que corresponde en una democracia robusta, ya que es la única forma de disminuir los espacios de opacidad y crecer en transparencia”.

En otras materias hay bajas. En cuanto a las donaciones o regalos que se les entregan a las autoridades, el 2023, se registraron 3 mil ochocientos y el 2022 fueron publicados, casi 7 mil. Por su parte, las audiencias en la plataforma de lobby se mantuvieron similares: 73.773 en 2023 v/s 79.714 el 2022.

En otra línea, el 2023 se registraron 58 mil seiscientos viajes de autoridades, mientras que, en el 2022, 55 mil doscientos.

Por su parte, el servicio garante de la transparencia del país llevó a cabo una serie de fiscalizaciones de cumplimiento en transparencia activa – esto es que los servicios públicos tengan en sus plataformas digitales la información que por Ley de Transparencia deben tener – en: Municipalidades, subsecretarías, empresas públicas, universidades estatales, entre otras. En esa línea, y ante vulneraciones a la Ley de Transparencia, inició 143 sumarios administrativos el año pasado, 74 más que el año 2022.

Por último, el CPLT implementó 74 actividades para promover la transparencia de la función pública con más de 12.500 funcionarios capacitados en un despliegue por 13 regiones del país.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, asistió al lanzamiento de la política de integridad de la Municipalidad de Renca, que considera la implementación de un Código de Ética, un Reglamento de Transparencia y un Manual de Probidad, así como el establecimiento de un canal de denuncias anónimas, a través del cual funcionarios y vecinos puedan dar cuenta de cualquier situación irregular de que puedan tener conocimiento.

En la oportunidad, el titular del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó la iniciativa, señalando que “es muy importante lo que ustedes están haciendo; han ido avanzando bastante. Yo creo que esta es de las únicas municipalidades que tiene un sistema de integridad pública que se está articulando como tal. Es importante destacar que sólo 65 comunas en Chile tienen un código de ética, que ni siquiera son como el que tienen ustedes, en términos prácticos. Es decir, el 19% de las comunas tiene algo cercano a lo que podría considerarse un código de ética. Por tanto, el desafío de ir avanzando en la implementación de este tipo de instrumentos es enorme”.

Por su parte, el alcalde de Renca, Claudio Castro, señaló que “para fortalecer la legitimidad de nuestras instituciones, es crucial que actuemos con determinación y firmeza. El 2023 terminamos de redactar un código de ética y buenas prácticas, que nació de una encuesta de integridad municipal en la que participó toda la comunidad funcionaria de Renca. Este código, que estamos firmando ahora, es un paso en la dirección correcta: Un paso a un municipio más transparente con nuestros vecinos y vecinas, y de cara al país”.

A la ceremonia asistieron, además del Presidente del CPLT, representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la Municipalidad de Temuco y funcionarios de la Municipalidad de Renca.