Con el objetivo de trabajar conjuntamente para avanzar en la gestión de transparencia municipal, el Consejo para la Transparencia realizó ayer la firma de convenio con la Municipalidad de Las Condes.

Raúl Ferrada, Director General del Consejo, participó junto a Francisco de La Maza, alcalde de Las Condes, en la suscripción de un acuerdo de cooperación —en el marco del convenio del CPLT con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)— con el fin de elevar los estándares de cumplimiento en transparencia comunal y, a su vez, adquirir el compromiso de dicha municipalidad a integrarse al Portal de Transparencia del Estado.

Asimismo, el encuentro convocó a los funcionarios municipales a una Jornada de Transparencia, la cual incluyó una charla sobre el Modelo de Fiscalización del CPLT, a cargo de la directora del área, Alejandra Sepúlveda, junto a Mauricio Godoy, jefe de Transparencia Activa, quienes explicaron el proceso y cómo se fiscaliza a los municipios en el cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Instrucción General N°11. Además, se difundió y explicó el uso de la herramienta de autoevaluación, iniciativa que permite mejorar los niveles de cumplimiento en esta materia.

Finalizó la actividad Eduardo González, director de Operaciones y Sistemas, quien presentó el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal  y entregó orientaciones del uso del Portal de Transparencia, en miras a facilitar el acceso de los vecinos a la información pública.

Durante los días 5 y 6 de junio el Consejo para la Transparencia participa en el segundo Congreso Internacional de Protección de Datos Personales, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio conjuntamente con la Information Accountability Foundation. El evento se lleva a cabo en la ciudad de Pereira, Colombia.

Al encuentro asistió en representación del CPLT, el director Jurídico, Rubén Burgos quien participará de la sesión abierta que este año se centrará en la implementación de programas basados en modelos de accountability y gestión de riesgos, acceso por parte del sector público a información del sector privado, y en los retos crecientes que enfrentan las autoridades de protección de datos personales para lograr una efectiva gestión.

Entre los conferencistas confirmados están, el Presidente de la Federal Trade Commission de EE.UU., Edith Ramirez; de Yahoo!, Laura Juanes; de HP, Scott Taylor y el director de la Information Accountability Foundation, Marty Abrams.

 

Más información en Twitter @sicsuper (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia)

 

Tras más de una década de tramitación legislativa, la Ley de Lobby está próxima a entrar en vigencia. A partir de septiembre, y con el objetivo de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, debutará este cuerpo legal que regula la publicidad en la actividad de lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades.

Si bien este paso constituye un avance, se han generado expectativas respecto de sus alcances que han obligado a este Consejo para la Transparencia a enfatizar que dicha normativa no regula la industria del lobby, ya que, en rigor, a lo que obliga es a transparentar las agendas públicas de determinadas autoridades, que deberán estar disponibles para la ciudadanía en las respectivas páginas web de los organismos del Estado.

El rol del Consejo sólo será consolidar, sistematizar y publicar la información que entreguen los organismos públicos, centralizando los registros de agenda pública emanados de ellos como una suerte de repositorio de dichos antecedentes, y publicando trimestralmente las nóminas de las personas que han desarrollado actividad de lobby ante las autoridades obligadas a informar. La ley no entrega al Consejo facultades para fiscalizar ni sancionar estas obligaciones, por lo cual no le corresponderá, por ejemplo, controlar el cumplimiento de la obligación de elaborar dichos registros, ni controlar la veracidad de la información que figura en ellos, ni menos sancionar a quienes incumplan sus deberes de informar.

Atendidas estas limitaciones y para que esta normativa contribuya al escrutinio y control público de la actividad del lobby, es necesario definir un formato estandarizado de datos que permita consolidar la información en el sitio electrónico que el Consejo construirá para este fin. Para eso resulta necesario que los órganos entreguen sus registros en formatos procesables por computador y que sean reutilizables, lo que permitirá que se puedan cruzar los antecedentes informados y relacionarlos de manera efectiva. En este mismo sentido, es relevante que exista interoperabilidad; es decir, que las plataformas electrónicas de los órganos que participan en este proceso interactúen, a fin de que la información se mantenga actualizada y fluya desde los organismos públicos al sitio electrónico del Consejo en forma eficiente y oportuna.

También es recomendable profundizar la estructura de datos que se requerirá a los órganos informantes, para ampliar el conocimiento de los lobbystas y gestores de intereses particulares, así como de sus acciones. Es por ello que resulta relevante uniformar las categorías de antecedentes que componen los registros de agendas públicas, de modo que permitan una efectiva caracterización, comparación y análisis de la información relativa a los sujetos pasivos de estas actividades, como así también a los lobbystas y a quienes ellos representan. Este punto cobra especial relevancia, pues sólo teniendo información concordante tanto de lobbystas como de sus representados será posible realizar efectivamente el control que esta norma persigue.

Bajo esa mirada, y con la convicción de que el trabajo colaborativo es el camino más fructífero, hemos entregado una propuesta para que se consideren en la reglamentación de la Ley del Lobby todos los elementos reseñados. Dichos aportes, así como la opinión de los ciudadanos, expresada en la consulta pública que acertadamente abrió el Gobierno para perfeccionar el reglamento —y que concluyó ayer—, sin duda enriquecerán esta normativa con miras a alcanzar un cumplimiento eficaz de la ley.

Ocho amparos en contra de distintos Servicios de Salud a nivel nacional relativos a solicitudes de información sobre becas para cursar especialidades y subespecialidades médicas, resolvió acoger este mes el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia.

Se trata de reclamos contra los Servicios de Salud de Iquique, Antofagasta, Reloncaví, Viña del Mar-Quillota, Araucanía Norte, Bíobío, Concepción y Metropolitano Occidente, en los que se solicitó conocer antecedentes respecto de las bases de los concursos, cupos ofrecidos (indicando la especialidad, universidad que otorgó la beca y centro de formación asignado), mecanismos utilizados para difundir las convocatorias para postular, listados de los postulantes (indicando sus nombres y/o RUT, y especialidades a que postularon). Asimismo, en las solicitudes se pidieron los resultados de los seleccionados (indicando nombres o RUT, becas y universidades a las que postularon y las calificaciones obtenidas en cada uno de los ítems evaluados, como también el lugar de destino para la devolución de la beca (especificando el nombre del hospital, consultorio, servicio de salud u otro).

El Consejo Directivo resolvió acoger los amparos teniendo a la vista un caso anterior (C446-09) y en el que se había decidido que “el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios”.

En ese sentido, se determinó la entrega de las identidades de quienes obtuvieron las becas, no así las de las personas que no resultaron seleccionadas y que, por tanto, no recibieron beneficio alguno del Estado.

Un total de 17 municipios se comprometieron hoy a elevar sus estándares de cumplimiento en materias de transparencia, a través de la firma de convenio suscrito con el Consejo para la Transparencia (CPLT).

El encuentro tuvo como objetivo capacitar a los funcionarios municipales en el cumplimiento de los estándares de transparencia y, a su vez, difundir una serie de herramientas y buenas prácticas, lo que culminó con la firma de un convenio y el compromiso de los ediles de implementar el Modelo de Gestión en Transparencia e integrarse al Portal de Transparencia del Estado.

Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia firmó acuerdos de cooperación —en el marco del convenio de trabajo del CPLT con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y la Asociación Chilena de Municipalidades de Chile (ACHM)—  con los alcaldes y representantes de los municipios de Conchalí, El Bosque, Estación Central, La Florida, Lampa, Macul, Maipú, María Pinto, Paine, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Quilicura, San Pedro, Talagante, Calera de Tango y Tiltil.

Tras concretar la firma de convenios, Christian Vittori, presidente ACHM, sostuvo que “este acuerdo permitirá continuar avanzando en el cumplimiento de la Ley de Transparencia, con nuevas competencias y nuestra labor es incorporarlo en el ADN cotidiano, que sea una conducta permanente en la gestión municipal”.

Por su parte, el director general del CPLT  agradeció a los presentes incorporarse voluntariamente al Modelo de Gestión en Transparencia Municipal “pues la experiencia ha comprobado que hay resultados alentadores. Con esto generamos más valor ya que implementamos un derecho fundamental con la meta de acercar la gestión a la ciudadanía y otorgar un mejor servicio a nuestros vecinos”.

En la misma línea, Cristian Jara, Jefe de la Unidad de Mejoramiento de la Gestión Municipal de la Subdere, valoró el trabajo conjunto con el Consejo para la Transparencia y los municipios y añadió que se realizará un nuevo convenio para 2014 que integra iniciativas como la participación ciudadana para hacer uso efectivo del derecho.

Durante la jornada se realizó, además, una capacitación dirigida a los funcionarios encargados de los temas relativos a transparencia para orientarlos en el uso del Portal de Transparencia y el Modelo de Gestión Municipal, en miras a facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Además señaló que una de sus preocupaciones a cuatro meses de la entrada en vigencia de la nueva legislación son “las altas expectativas que se han generado en la población y que esta legislación no va a satisfacer”.

Con respecto a la idea de una ley “revolucionaria” el presidente del Consejo es enfático al destacar que “la única revolución que ha habido en la administración pública, en términos de probidad y transparencia, en el último tiempo, es la Ley de Transparencia”.
El presidente del Consejo también se refirió a la futura solicitud de recursos a Hacienda para hacer frente a las exigencias de la nueva legislación.
Los invitamos a revisar el texto completo de la entrevista en este vínculo.

El Consejo para la Transparencia, en virtud de su rol de velar por el buen cumplimiento de la Ley de Transparencia sobre Derecho de Acceso a la Información, ha sancionado a 83 funcionarios públicos por infracciones en materias de transparencia, quienes han pagado multas por más de $21 millones al Fisco desde 2009 a la fecha.

La mayoría de las sanciones han recaído en las municipalidades, excepto el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, único organismo de la administración central que se ha visto afectado por esta situación.

De acuerdo a la ley 20.285, el CPLT puede aplicar multas (que van del 20% al 50% de la remuneración mensual) a la autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio requerido, que no respondió o denegó sin fundamento el acceso a la información. Lo mismo ocurre en los casos de incumplimiento injustificado de las normas sobre Transparencia Activa. En este caso, la sanción también puede recaer en otros funcionarios, según lo determine el sumario.

Asimismo, el Consejo tiene la atribución de determinar multas cuando, habiendo una resolución que ordena la entrega de información a un organismo, dicha institución no cumple con el dictamen.

Entre los servicios que registran mayor número de funcionarios multados por infringir la Ley de Transparencia, está la Municipalidad de Monte Patria que cuenta con dos sumarios.  El primero está relacionado con el incumplimiento injustificado de las normas de Transparencia Activa, donde ocho funcionarios públicos fueron multados.   En el segundo caso, no se entregó oportunamente información una vez que ello fue ordenado por resolución, por lo que el alcalde subrogante recibió una sanción de multa del 30% de su remuneración.

Por su parte, la Municipalidad de Iquique ha sido objeto de dos sumarios. En uno de ellos se multó al Encargado de Transparencia (con una multa del 20% de su sueldo), mientras que en el otro la sanción recayó en la alcaldesa (20%).

Las municipalidades que han recibido las multas más altas son Cochamó y Contulmo, donde se determinó la aplicación de una multa correspondiente al 40% de la remuneración mensual de los respectivos jefes comunales.

Por otra parte, el único organismo de la Administración Central sancionado ha sido el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule con el 20% de la remuneración a la Directora Transitoria y Provisional y a la Jefa del Depto. Técnico.

 

CPLT ha solicitado la instrucción de 198 sumarios

En cuanto a los sumarios, a la fecha el Consejo para la Transparencia ha solicitado a la Contraloría General de la República la instrucción de 198 sumarios administrativos por infracciones en materias de transparencia, de los cuales 73 se encuentran resueltos y 125 pendientes.

De acuerdo a los resultados de las fiscalizaciones, las municipalidades que fueron sumariadas subieron su porcentaje de cumplimiento en 50,10% como promedio en 2013.

Cabe señalar que las municipalidades que fueron sumariadas en el proceso de Fiscalización Municipal 2012, subieron su porcentaje de cumplimiento en 50,10% como promedio durante la fiscalización de 2013.

Como referencia, los 345 municipios experimentaron un alza de 17,17% promedio entre el ranking 2012 y 2013.

Ver listado de sanciones

El Consejo para la Transparencia resolvió acoger parcialmente el amparo Rol C1335-13, deducido en contra del Ministerio de Salud y en el cual se solicitaba entregar información respecto del número de fallecidos por meningitis durante el año 2013, sus identidades y los hospitales donde fueron atendidos.

Tras analizar los antecedentes, el Consejo determinó rechazar la entrega de los nombres de quienes murieron a causa de dicha enfermedad en consideración a la protección de la vida privada y honra de las personas y sus familias.

La decisión fue acordada con el voto dirimente del Presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, y de la consejera Vivianne Blanlot, y la disidencia de los consejeros Alejandro Ferreiro y José Luis Santa María.

En su amparo en contra del Ministerio de Salud, el solicitante había señalado que no recibió respuesta del organismo a su solicitud de acceso a la información, ante lo cual el Consejo acordó admitir su tramitación enviando, en agosto pasado, un oficio al entonces subsecretario de Salud Pública.

En sus descargos y observaciones, la autoridad señaló que había dado respuesta indicando el banner donde estaba disponible la información y que, en el caso de los nombres de los fallecidos, dichos antecedentes no pueden ser entregados en virtud de las leyes N° 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes y N° 19.628 sobre protección de datos personales.

Una vez recibida dicha respuesta, el Consejo resolvió la reclamación.

Entre los considerandos más relevantes, se señala que si bien un individuo fallecido no es titular de datos personales al no ser ya una persona, “tratándose de la honra del fallecido existen una serie de disposiciones en las que ésta se proyecta como un derecho propio de los familiares, considerando que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada como parte de la honra de la familia”.

Consigna que la Constitución Política, en el artículo 19, numeral 4, reconoce a todos los individuos el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra, tanto de la persona como de su familia. “Por consiguiente, es el propio constituyente el que reconoce esta prolongación de la privacidad del individuo, más allá de su titular originario, para radicarlo en toda su familia”, indica la resolución del CPLT.

En el dictamen también se considera la protección que establece la ley N° 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes en cuanto al resguardo de las fichas clínicas. En dicha norma se establece que la información en ellas contenida se entrega a su titular, su representante legal o, en caso de fallecimiento, a sus herederos. “De esta forma —y aun cuando en este caso concreto lo pedido no es la ficha clínica propiamente tal—, tanto los datos del estado de salud como la causa de muerte contenida en ésta, son resguardados por el legislador del conocimiento público”, añade.

En razón de éstas y otras consideraciones —que incluyen legislación comparada con otros países—, el CPLT determinó que en el ejercicio de “velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado, naturaleza que de acuerdo a lo argumentado tiene el dato relativo al nombre de los fallecidos por meningitis, del que sólo puede disponer su familia, el Consejo resolvió disponer el rechazo del amparo en esa parte”.

Por otro lado, el Consejo acogió el amparo en cuanto al acceso al número de hospitales donde fueron tratados los fallecidos por meningitis en 2013 y los nombres de dichos centros asistenciales, por lo que requirió al subsecretario de Salud Pública la entrega de dichos antecedentes, en la medida que se entregue disociada al dato nombre de los fallecidos.

La frase de la Presidenta Michelle Bachelet da el contexto. “A nosotros nos tienen bajo una lupa que yo nunca había visto antes”, dijo hace casi un mes, dando cuenta del sentir de las nuevas autoridades frente a uno de los procesos de instalación más movidos de los que se tenga memoria.

Aunque ya quedó atrás, el episodio de la caída de una decena de nombramientos de autoridades, propiciada por un chequeo de antecedentes -a juicio de la Mandataria- más exhaustivo que el de otras épocas, es hoy tema obligado a la hora de analizar el avance de las políticas de transparencia como mecanismo de control de la acción de los gobiernos.

A cinco años de la puesta en marcha de la ley y la institucionalidad creada para asegurar el acceso de los ciudadanos a la información pública, el Consejo para la Transparencia organizó esta semana un seminario internacional en que se analizaron los avances y los principales temas pendientes en dicha materia. “Hay cosas que hoy se conocen, y que antes no, precisamente porque hay una mayor transparencia”, dice el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada.

¿Cuáles son las principales deudas, a su juicio, en la consolidación de un sistema de transparencia como el que se trató de instaurar hace cinco años?

Ha habido avances y progresos muy relevantes en estos cinco años, pero sin duda que nosotros estamos recién en los albores de la instalación de una política pública que es de enorme envergadura y que finalmente implica un cambio cultural. Yo creo que nosotros estamos muy lejos aún de tener una verdadera cultura de la transparencia. Acá las autoridades ancestralmente tenían una cultura que favorecía más bien la reserva de la información o la información se consideraba más bien de propiedad de quienes la tenían y no de los ciudadanos, entonces como todo cambio cultural requiere mucho tiempo, y eso es lo que nos muestran, además, todas las experiencias exitosas en este ámbito, yo creo que donde están tal vez los mayores espacios de mejora es en el conocimiento y el ejercicio ciudadano del derecho.

¿No cree que ha faltado voluntad para difundir los derechos que la gente tiene para acceder a la información del Estado?

Yo creo que la transparencia siempre es incómoda y, por lo tanto, siempre hay nichos de resistencia al interior del Estado frente a la idea de ampliar la transparencia o difundir masivamente el ejercicio de un derecho que puede ser, por así decirlo, costoso para el Estado. Pero yo creo que eso pasa por convencer a las autoridades de que la verdad es que esta política pública es extremadamente rentable, que a la larga contribuye a recuperar parte de la confianza en las instituciones.

La ley surgió como respuesta a casos de corrupción e irregularidades, como fue el caso MOP-Gate. ¿Cree que casos como esos podrían volver a repetirse?

En ningún caso se está inmune a la corrupción. La transparencia ciertamente es un antídoto muy fuerte respecto de la corrupción, pero no la inhibe absolutamente.

Hay situaciones que se han mencionado acá, en este mismo seminario, como el caso de una autoridad que -pese a que fue condenada por corrupta- pudo presentarse con éxito y llegar a ser diputado. Bueno, pero es que eso se supo precisamente por la transparencia, si no hubiera habido transparencia, probablemente no se hubiera conocido esa situación.

¿Qué pasa con acciones como el decreto del anterior gobierno que permitiría la eliminación de algunos correos o archivos por considerarlos privados?

Lo que pasa es que la Constitución y la ley señalan expresamente cuáles son las causales de reserva, yo creo que uno tiene que atenerse a eso. Lo que a mí me parece que fue inoportuno, cuando el gobierno de Piñera dicta este decreto diciendo que algunos correos electrónicos podían ser eliminados, es que esa eliminación imposibilita el juicio respecto de si el contenido era privado o público.

Hay instituciones que no tienen demasiadas exigencias de transparencia, como las empresas públicas. Así se ha visto en casos como el de TVN…

Efectivamente, las empresas públicas hoy día solamente están obligadas a una transparencia activa, más acotada que los organismos públicos, pero el consejo no tiene competencia respecto de ellas si alguien quiere ejercer el derecho de acceso a la información, de aquella que no está disponible en los sitios web, ya que la ley no les ordena, y yo creo que no hay muchas razones para eso. Es cierto que porque están inmersas en un rubro en que tienen que competir con otros actores privados, hay temas que deben ser reservados, pero a mí me parece que eso tendrá que ser evaluado en su momento, pero no veo por qué descartarlo a priori.

No solamente debiera haber más exigencia de transparencia activa, respecto de las empresas públicas, sino que también debiéramos instalar el derecho de acceso a la información pública, que hoy día no está.

¿Y cómo ve usted el tema de la transparencia en el mundo privado?

Es un tema que personalmente me preocupa. En la medida en que la ciudadanía es más consciente de que tiene derecho a informarse de lo público, también quiere saber cómo se adoptan ciertas decisiones que obviamente tienen un impacto en su vida cotidiana en el ámbito privado. Y yo creo que el sector privado está perdiendo una gran oportunidad, porque la transparencia es un valor esencial para los ciudadanos de este siglo y, por lo tanto, invertir en transparencia siempre va a ser rentable.

Hay casos, como el “cascadas”, en donde la información a la que se puede acceder es muy poca…

Es un tema súper complejo. Entiendo que todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación tiene que tener un cierto nivel de reserva, porque si no, eso precisamente entorpecería la investigación que está realizando el órgano a cargo, pero una vez que se adoptan ciertas decisiones, tienen que ser absolutamente públicas, sobre todo en un caso con una connotación tan relevante como el que se está discutiendo.

Ver recorte prensa

 

Al cumplirse cinco años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, anunció hoy la creación de la llamada “Cuenta Pública Participativa“, una instancia que, durante un mes, abrirá un espacio para que la ciudadanía envíe sus comentarios y sugerencias respecto de la información contenida en la Memoria Institucional 2013.

El lanzamiento de esta iniciativa se produjo en el marco de la inauguración del V Seminario Internacional de Transparencia “Libertad de Expresión y Transparencia” que se desarrolla hoy y mañana en el Centro de Extensión de la Universidad Católica.

Jorge Jaraquemada explicó que desde hoy y por un plazo de 30 días, la memoria y una versión ciudadana de ella estarán disponibles en el sitio electrónico del CPLT —en un banner especialmente diseñado— para que las personas puedan entregar sus observaciones y sugerencias.

“Las opiniones allí recabadas constituirán una importante retroalimentación de la labor del Consejo. Este ejercicio de participación y control ciudadano enriquecerá la planificación de la futura gestión del CPLT, orientándonos sobre los espacios de mejora en los que debemos perseverar y maximizar nuestros esfuerzos”, afirmó.

El presidente del CPLT destacó que el gran desafío que tiene hoy el sistema público es avanzar hacia una “transparencia proactiva”, que amplíe y facilite la disponibilidad de información a la ciudadanía y que la creación de esta “Cuenta Pública Participativa” se enmarca justamente en dicha lógica.

En la oportunidad, Jaraquemada también resaltó los logros alcanzados en materia de transparencia en estos cinco años de vigencia de la ley. Entre ellos destacó el mayor conocimiento que tienen las personas de su derecho de solicitar información a los organismos públicos, lo que se ha traducido en un aumento sostenido en el número de casos que debe analizar el Consejo cuando se ha negado o hay ausencia de los antecedentes requeridos por los ciudadanos.

Desde que debutó la ley en 2009, el CPLT ha recibido más de 7.900 reclamos y amparos y casi un tercio de ellos se concentró en 2013.

“Lo que hemos visto es que el número de reclamos y amparos ingresados al Consejo para la Transparencia ha experimentado un alza permanente, lo que demuestra el creciente interés de la población por ejercer su derecho de acceso a la información. En 2013, por ejemplo, registramos un aumento de 27,5% en el número de casos respecto de 2012. A su vez, octubre pasado marcó un récord en la historia del Consejo: fue el mes con mayor ingreso de casos, quebrando la barrera de los 300″, destacó Jaraquemada.

“La transparencia aporta a la construcción de confianza en las instituciones”

El presidente del CPLT enfatizó que hay importantes desafíos que deben abordarse como país: “debemos ser capaces de mostrar a las personas el vínculo directo que existe entre el valor de la información pública y el impacto que ella puede tener en su vida cotidiana y elevar los estándares de transparencia a nivel municipal donde, en promedio, no superan el 50% de cumplimiento. Los gobiernos locales constituyen el nexo más cercano entre el Estado y la ciudadanía y, por ende, uno de los más recurridos por la población en materia de solicitudes de información”.

Jorge Jaraquemada recalcó que “el derecho de acceso es indispensable para la participación política, entendida no sólo como el derecho a votar y ser elegido, sino también como el derecho a participar en la deliberación de los asuntos públicos” y añadió que “bien implementada, la transparencia fomenta el interés de la ciudadanía por el control social, jugando un rol de moderación y contención del poder del Estado. En este sentido, puede ser una aliada formidable de la democracia representativa, pues aporta a la construcción de confianza y credibilidad en las instituciones”.

El V Seminario Internacional de Transparencia “Libertad de Expresión y Transparencia” inaugurado hoy tiene como eje discutir sobre transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información como condiciones esenciales para la plena existencia de la libertad de expresión. El encuentro reúne a destacados expositores nacionales y extranjeros como Graham Smith, Comisionado Adjunto y Director de Libertad de Información de la Information Commisioner Officce (ICO) de Reino Unido; José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, y el columnista y ex subdirector del diario español El Mundo, John Muller.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó su segunda fiscalización a las corporaciones municipales respecto de su cumplimiento en materia de transparencia activa. El puntaje promedio alcanzado por dichas entidades fue de 45,7%, lo que representa un avance de 32,4 puntos respecto de lo registrado en  2013, cuando sólo obtuvieron un 13,2%. Pese a este progreso, aún su estándar está lejos del registrado por los organismos del Estado que promedian más del 96% de cumplimiento en transparencia activa.

El proceso  fiscalizador, que se realizó entre el 17 y 22 de enero pasado, abarcó a 53 instituciones, 51 de las cuales corresponden a Corporaciones de Salud y Educación y otras 2 a Corporaciones de Educación. Durante la fiscalización a sus sitios electrónicos, se evaluó la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia contenidas en el artículo 7°.

En virtud de estos resultados, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia determinó instruir sumarios a 15 Corporaciones Municipales, tomando en cuenta su bajo desempeño en transparencia activa como también su clasificación municipal SUBDERE que recoge consideraciones de tipo demográfica, territorial y socioeconómica.

Las corporaciones municipales con instrucción de sumario son Cerro Navia, Lampa, Providencia, Quellón, Puerto Natales, Dalcahue, Queilen, La Serena, Iquique, Ancud, Tiltil, San José de Maipo, San Fernando, Quinchao y María Pinto.

En el análisis por materias, en general, los mayores incumplimientos se detectaron en relación a ausencia de información o la publicación de antecedentes desactualizados respecto del marco normativo, la estructura orgánica, contrataciones y compras, auditorías y mecanismos de participación ciudadana.

• Corporaciones Municipales con instrucción de sumario, ordenadas por puntaje  2014

 

• Ocho fueron las Corporaciones Municipales que disminuyeron su puntaje en 2014 en comparación al proceso del año 2013:

 

Los incumplimientos detectados fueron:

• Corporación Municipal de Providencia: Los links conducentes a la información exigida de transparencia activa, al momento de la fiscalización, no se encontraba operativa.

• Corporación Municipal de San Fernando: El Banner de Transparencia Activa no se encuentra operativo, por tanto, incumple absolutamente con los deberes de transparencia activa, obteniendo un puntaje de 0 puntos.

• Corporación Municipal de Punta Arenas: La información de su personal de educación se encontraba desactualizada. Asimismo, no publica en sus mecanismos de participación, los consejos locales de salud y los consejos escolares, situación que fue observada en informe anterior.

• Corporación Municipal de La Serena: La información de su personal de educación y salud se encontraba desactualizada.

• Corporación Municipal de Queilen: Link a las potestades, competencias, responsabilidades, atribuciones y/o tareas del organismo no se encontraba operativo al momento de la fiscalización.

• Corporación Municipal de Puerto Natales: No presenta bajo la denominación de “Marco Normativo”, primero las normas orgánicas del servicio. Situación observada en informe anterior.

• Corporación Municipal de Dalcahue: Enlaces a las fuentes legales asociadas a las específicas potestades, competencias, responsabilidades, atribuciones, funciones y/o tareas del organismo, no se encuentran operativos. No presenta una breve descripción del objeto de los actos con efectos sobre terceros.

• Corporación Municipal de Iquique: No se presenta un link a los “Actos con efecto sobre terceros”, en su banner de transparencia activa.

 

Las Corporaciones Municipales con cumplimiento mínimo (0 puntos) fueron:

Las 5 Corporaciones Municipales con mejor desempeño fueron:

 Los invitamos a revisar el ranking de organismos por puntaje de cumplimiento

El miércoles 2 de abril, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, participó en la inauguración de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, organizada por la Suprema Corte de Justicia de Chile.

El encuentro contó con la presencia de altas autoridades de justicia y representantes de los 23 países miembros, entre estos, delegaciones provenientes de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

A su vez, el presidente del Consejo fue parte del jurado del concurso “Tecnología y Acceso a la Justicia”, instancia que premió el desarrollo de aplicaciones que faciliten el trabajo del mundo judicial.

V Feria de Justicia y Tecnología

Al finalizar el acto inaugural se desarrolló la V Feria de Justicia y Tecnología, en la que el Consejo para la Transparencia participa con un stand. El objetivo general del encuentro es “lograr un acercamiento entre el sector Justicia Iberoamericano y la tecnología mundial”.
El Consejo, junto a variadas instituciones públicas como el Ministerio Público, Registro Civil, Servel, entre otros, participa entregando y compartiendo sus experiencias en el ámbito del desarrollo tecnológico orientado a facilitar la labor del mundo judicial.

Christian Anker, Jefe de la Unidad de Promoción y Clientes del Consejo, señaló que “como Consejo para la Transparencia presentamos principalmente tres herramientas. Primero está el Portal de Transparencia como una herramienta transversal en el acceso a información. Además presentamos el Portal Educa Transparencia, este último ha provocado mucho interés por parte del público por la apuesta innovadora en capacitación en línea sobre la Ley de Transparencia. También contamos con el Laboratorio Cívico, desarrollado por la Dirección de Estudios”.

La instancia ha despertado el interés de los asistentes dada la sólida propuesta tecnológica que ha entregado el Consejo durante los años.
La cita continúa hoy 3 de abril en el centro de eventos CasaPiedra.