En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó una decisión previa del Consejo para la Transparencia ordenando al Ministerio de Transportes revelar los correos electrónicos vinculados con el proceso de modificación de los contratos del Transantiago. Se trata de la tercera vez en que el máximo tribunal se pronuncia respecto de la difusión de mails de autoridades, pero la primera en que lo hace a favor de su difusión: anteriormente había rechazado la posibilidad de que se hicieran públicos correos electrónicos del ministro Cristián Larroulet y del subsecretario Rodrigo Ubilla.
Ahora, en cambio, la Tercera Sala (conformada esta vez por los ministros titulares Sergio Muñoz y Pedro Pierry; los suplentes Carlos Cerda y Juan Escobar, y el abogado integrante Luis Bates) resolvió que Transportes “debe entregar una copia digital de los correos electrónicos recibidos y enviados por el Ministro de Transportes, la Subsecretaria de Transportes, el Coordinador de Transantiago y el equipo responsable de las modificaciones de los contratos del Transantiago, que digan relación con las modificaciones de los contratos, en virtud de las cuales se asignan nuevos recorridos del transporte público en la ciudad de Santiago”.
El caso se inició el 22 de octubre de 2011, cuando el ingeniero Leonardo Osorio Briceño pidió a Transportes los mencionados correos electrónicos. La cartera se negó a ello, lo que llevó a Osorio a presentar, el 30 de noviembre de ese año, un amparo ante el Consejo para la Transparencia. Este, el 29 de junio de 2012, en una decisión dividida (adoptada con los votos a favor del entonces presidente, Alejandro Ferreiro, y de la consejera Vivianne Blanlot, y la disidencia del consejero José Luis Santa María, y en ausencia del cuarto integrante, el actual presidente, Jorge Jaraquemada), acogió el amparo y ordenó la entrega de los correos. Frente a ello, el 10 de agosto el ministro Pedro Pablo Errázuriz; la subsecretaria, Gloria Hutt; el coordinador del Transantiago, Patricio Pérez, y los asesores que participaron en la renegociación del contrato presentaron un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago; el 19 de noviembre, además, la cartera recurrió al Tribunal Constitucional, con un recurso de inaplicabilidad que sin embargo fue declarado inadmisible. Pese a ello, la Corte de Santiago dio la razón a Transportes en un fallo 3-0, lo que llevó al Consejo para la Transparencia a recurrir de queja ante la Corte Suprema, la que ayer acogió la queja y revirtió lo resuelto por el tribunal de alzada.
El elemento determinante para el vuelco, y que explica además por qué en este caso la Suprema se pronunció a favor de la difusión de los correos, tiene que ver con que, al responder la solicitud de Osorio, el Ministerio de Transportes reconoció explícitamente que los mails en cuestión servirían de base para adoptar decisiones relativas al sistema de transporte público de Santiago; esto es, en la visión del máximo tribunal, “se trata de información que integra la formación del acto de la Administración, que por expresa disposición del constituyente es pública”. Por otra parte, durante la tramitación del caso ante el Consejo, éste pudo constatar que los nuevos contratos en cuestión ya habían sido suscritos e incluso publicados en la web del Ministerio, con lo cual resultaban aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia según las cuales, una vez adoptada una decisión, son públicos los antecedentes que le sirven de sustento o complemento.
