Es consustancial a la democracia la existencia de un sistema de rendición de cuentas que se aplique a cualquier autoridad pública y que considere la participación de la ciudadanía para permitir el control social de su comportamiento y la adecuación con sus deberes públicos.
Rendir cuentas implica que quienes ejercen poder transparenten y justifiquen sus acciones ante la sociedad, y que el Estado se abra a la indagación y al escrutinio ciudadano para evitar la opacidad y desincentivar la discrecionalidad. Se trata, también, de que la ciudadanía participe y fiscalice a sus autoridades para que, eventualmente, pueda premiarlas o castigarlas con su voto.
En los últimos años ha habido señeras iniciativas surgidas desde la sociedad civil organizada para avanzar hacia una política pública de transparencia. Por ejemplo, el empeño de Pro-Bono y de Pro-Acceso por empujar el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, incluso recurriendo exitosamente a la Corte Interamericana; los estudios de Chile Transparente para poner de relieve los riesgos de la corrupción y sugerir las mejores prácticas para prevenirla; o las precoces iniciativas tecnológicas de Ciudadano Inteligente para facilitar a la gente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Su dedicación, y también la de un grupo de senadores, para blindar la libertad de información, apoyando decididamente la consagración constitucional del principio de transparencia y el derecho de acceso —en actual trámite legislativo—, han tenido muy presente que la sola probabilidad de que las conductas impropias sean develadas y castigadas es un disuasivo robusto.
Coherente con ello, el Consejo para la Transparencia está implementando desde 2013 su Política de Participación Ciudadana, optando por el desarrollo de mecanismos innovadores que permitan e incentiven los aportes de la sociedad civil. En esa línea, próximamente lanzaremos la plataforma “Consejo en línea” —mecanismo conocido en el extranjero como e-petition—, iniciativa que busca generar un compromiso con la ciudadanía para perfeccionar de manera conjunta las políticas, decisiones y gestiones de esta corporación.
A su vez, en lo que parece un ejercicio inédito en el ámbito estatal, se realizó una “Cuenta Pública Participativa”, cuyo plazo de 30 días para plantear opiniones, críticas y sugerencias dejó un conjunto de buenas ideas que el Consejo se ha comprometido a considerar en su planificación estratégica.
Este proceso nos revela que los ciudadanos están demandando mayor fiscalización y sanciones más severas hacia aquellos organismos que no cumplen con su deber de transparentar su gestión, bloqueando el acceso de las personas a la información pública. La voz ciudadana, expresada en este ejercicio de rendición de cuentas participativo, muestra que la transparencia es un valor ya instalado en nuestra sociedad y que ahora la exigencia social es avanzar en su consolidación.
Un total de 18 municipios se comprometieron a mejorar sus estándares de cumplimiento en materias de transparencia, a través de la firma de convenio suscrito con el Consejo para la Transparencia (CPLT).
Tras más de una década de tramitación legislativa, la Ley de Lobby está próxima a entrar en vigencia. A partir de septiembre, y con el objetivo de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, debutará este cuerpo legal que regula la publicidad en la actividad de lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades.
Un total de 17 municipios se comprometieron hoy a elevar sus estándares de cumplimiento en materias de transparencia, a través de la firma de convenio suscrito con el Consejo para la Transparencia (CPLT).
