Las propuestas inscritas en este concurso abarcan desde georreferenciación de datos sobre vivienda o de hospitales según las patologías Auge, hasta seguimiento de causas en el Poder Judicial o de leyes en trámite en el Congreso.

Esta iniciativa, desarrollada por el Consejo para la Transparencia a través de un programa de Laboratorio Cívico y en la que coparticipan el PNUD y Unesco, busca mostrar que la información de los organismos públicos a la que los chilenos pueden acceder por derecho (en virtud de la Ley 20.285) puede ser usada en forma concreta y útil, a través de aplicaciones que podrían estar disponibles en cualquier smartphone.

Durante la jornada, los guías de Hackatón Cívica interactuaron con los equipos de programadores y desarrolladores informáticos que se instalaron en la sede del Consejo Para la Transparencia, y el desafío fue generar aplicaciones que abordaran temas de Salud, Vivienda, Educación y/o Calidad Democrática.

El paso siguiente será el próximo 9 de enero, cuando se realice el “demoday”, día en que los equipos mostrarán cómo funcionaría en un celular o en una tablet la aplicación que desarrollaron.

A partir de esa fecha, el jurado evaluará y deliberará esta competencia (ver el jurado). Hay US$ 9.000 dólares en premios para las tres aplicaciones de software más destacadas.

El director de Estudios del Consejo para la Transparencia y encargado directo del programa Laboratorio Cívico, Eolo Díaz-Tendero, manifestó su satisfacción por el desarrollo de esta iniciativa y destacó que “cumplió el objetivo fundamental de generar soluciones prácticas reales para los ciudadanos, soluciones que muestran que la información disponible en el Estado tiene utilidad”.

Díaz-Tendero agregó que esta iniciativa impulsada por el Consejo Para la Transparencia  es pionera, pues integra a sociedad civil, organismos del Estado, entidades internacionales y empresas, en torno a la información pública. Y agregó que su desafío es sumar a más organizaciones ciudadanas. En esa línea, resaltó que “hemos comenzado un camino de diálogo con los organismos públicos para que vean que la transparencia no sólo es una obligación que deben cumplir, sino que pueden aprovecharla como vía de relacionamiento con sus usuarios y de innovación en los servicios”.

Más detalles de alguna de las iniciativas en competencia en http://hackcivico.hackdash.org/

 

ChileTransparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, dio a conocer este martes 3 de diciembre su Índice de Percepción de la Corrupción 2013. El Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, fue uno de los participantes en el panel que comentó este ranking internacional, junto al ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y a Gonzalo Delaveau, presidente del Directorio de ChileTransparente.

Este Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2013) se basa en una combinación de encuestas realizadas en 177 países, los que reciben una puntuación del 1 al 100 de acuerdo con la corrupción percibida. La información se consolida consultando a 13 fuentes distintas, sus resultados se estandarizan y se saca un promedio simple para cada país, con un intervalo de confianza del 90%.

El 70% de los países tiene menos de 50 puntos en este indicador y los más destacados son Dinamarca y Nueva Zelanda. Chile tiene una ponderación de 71 puntos sobre 100, y descendió dos lugares desde la medición pasada. Ver estudio 

El informe identifica a la desigualdad, el crimen organizado y el desgaste de las instituciones como fenómenos responsables de la corrupción en América Latina.

Ministro Larroulet: “Avanzar en aprobación de leyes”

En el acto de presentación del IPC 2013 participó como invitado el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet. El secretario de Estado planteó que la transparencia requiere de transversalidad entre los actores políticos tanto para impulsar la institucionalidad adecuada, como para fomentar su aplicación. Agregó que se requiere, además, crear instituciones garantes de la transparencia que no estén sujetas al vaivén político.

Larroulet identificó como desafíos la necesidad de legislar en materia de transparencia en municipios, “organismos que hoy tienen la institucionalidad más débil de la cadena”, dijo. Y también enfatizó la importancia de avanzar en los proyectos de ley pro transparencia que estén en la agenda legislativa, como el de probidad pública y el que regula al lobby.

Jorge Jaraquemada: Riesgo de regresión

Jorge Jaraquemada, presidente del CPLT, junto con felicitar la continuidad de esta iniciativa (que se publica desde 1995), llamó la atención sobre uno de los aspectos metodológicos. Indicó que las fuentes utilizadas para obtener los índices son fundamentalmente organismos económicos y empresariales y recogen la opinión de “las elites económicas interesadas en el clima de negocios de sus países. Es decir, el indicador deja fuera la percepción de la ciudadanía que es el foco con el que estamos trabajando en el Consejo para la Transparencia”, explicó.

Jorge Jaraquemada sostuvo que el riesgo de elitización de la transparencia y del derecho a acceso a la información se refleja en, por ejemplo, en el perfil del reclamante de su derecho a la información: hombre, 35 años, universitario con un renta promedio de un millón de pesos.

Añadió que una encuesta realizada por el Consejo para la Transparencia muestra que el 60% de los chilenos consultados cree que el sistema público tiene “mucha corrupción”, no cree que la información publicada por los organismos del Estado sea fidedigna e incluso cree que se oculta información.

Por todo esto, insistió Jorge Jaraquemada, el Consejo para la Transparencia se ha embarcado en una empresa de enorme magnitud como es impulsar un cambio cultural que permee a toda la ciudadanía en cuanto a ejercer su derecho a la información y a controlar por esta vía a los organismos públicos. Añadió que la transparencia fortalece la confianza institucional y eso hace más sólida la democracia.

Jaraquemada le restó importancia a la baja de dos puntos de Chile, considerando que el margen de error del IPC 2013 es de 4% y porque Chile sigue estando entre el 15% de países mejor evaluados. Sin embargo, dijo, lo negativo es que Chile lleve muchos años en similar ubicación pese al avance experimentado en las áreas públicas, económicas e institucionales.

Un último llamado de atención de Jaraquemada fue el riesgo de regresión en materia de transparencia en la medida que haya presiones y críticas a la ley y su institucionalidad.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, subrayó la necesidad de mejorar los proyectos de ley pro transparencia que están en trámite, entre ellos el que regula el lobby y el de probidad pública. Asimismo, instó a generar una cultura de la transparencia entre la clase política, legisladores, candidatos a cargos de representación y los partidos políticos.

En tanto, el presidente de ChileTransparente, Gonzalo Delaveau , coincidió con Jorge Jaraquemada en la necesidad de profundizar los cambios culturales en dirección a una sociedad más interesada en la transparencia. Señaló que en Chile hay una muy débil sanción social respecto de personas que ocupan cargos y cometen faltas a la probidad. También consideró urgente que en este movimiento cultural se integre al mundo privado.

Más información en http://www.transparency.org/cpi2013/

El Consejo para la Transparencia recibió la visita de los Comisionados del recién creado Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de la República de El Salvador.

Los cinco comisionados titulares del IAIP, Carlos Adolfo Ortega su presidente junto a Herminia Funes, Jaime Mauricio Campos, José Adolfo Ayala y Mauricio Antonio Vásquez se reunirán con el equipo del CPLT con el fin de intercambiar experiencias, conocer el modelo de implementación de la ley y su institucionalidad.

El encuentro se extiende hasta el viernes 6 de diciembre y contempla además una serie de actividades y charlas con el presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, los Consejeros, Directores y Jefes de área de la institución.

Programa Chile – El Salvador

 

El Consejo para la Transparencia participó en un seminario organizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sobre transparencia y lucha contra la corrupción.

Al encuentro asistieron José Luis Santa María, Consejero del Consejo para la Transparencia Chile, Renato Sepúlveda, Embajador de Chile en El Salvador, Claudia Umaña, Fundación DTJ y Alberto Precht, presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia Chile.

Los expertos chilenos dieron cuenta del proceso de instalación de la Ley de transparencia, su implementación y el cambio cultural que ha significado en la sociedad desde que entró en vigencia en 2009.

Entre una de las bondades de dicha ley se encuentra el anonimato, que permite al solicitante que conoce de actos de corrupción solicitar la información sin necesidad de presentar un documento de identificación, puede hacerla a través de internet y se le responde de la misma manera. La normativa chilena también permite que menores de edad, así como los extranjeros puedan acceder a la información.

En representación del CPLT, Santa María sostuvo que El Salvador cuenta con un Instituto y una Ley de Acceso a la Información para poder facilitar los datos a la población, la cual necesita el respaldo de las autoridades, no su bloqueo y agregó que “ustedes tienen los medios para poder sacar esto adelante, pero necesitan la voluntad política, en Chile la tuvimos porque la Presidencia ha apoyado la aplicación de la ley y la actuación del Consejo”.

 

El Presidente del Consejo Para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, fue invitado a Argentina por la Fundación Civilidad a exponer en la jornada “Taller aplicado sobre modernización pública municipal y provincial”, encuentro que se realizó en Buenos Aires este 29 y 30 de noviembre del 2013.

El think tank trasandino impartió este taller a representantes de gobierno local y en la oportunidad Jorge Jaraquemada compartió la experiencia chilena desarrollada por el Consejo Para la Transparencia con los municipios. En esa línea, explicó las claves de este modelo de gestión que contempla fiscalización pero, al mismo tiempo, promoción, acompañamiento y capacitación a los municipios empeñados en implementar o mejorar estándares de transparencia.

La Fundación Civilidad está ligada al instituto argentino del mismo nombre y es un centro de estudios dedicado a promover investigación en áreas de políticas públicas, focalizando su trabajo en los municipios como comunidad natural primaria.

 

El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, fue el encargado de presentar este miércoles 27 de noviembre el nuevo número de la Revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, publicación semestral que en esta oportunidad lleva por título “Transparencia y Acceso a la Información” y está centrada en el análisis jurídico del tema, a través de ensayos de varios autores.

La ceremonia de presentación de la Revista de Derecho fue encabezada por el Decano de la Facultad de Derecho, Miguel Schweitzer y por el Director de Investigación y Publicaciones, Enrique Navarro, y en ella participaron personeros de la Secretaria General de la Presidencia, el ex ministro del Segpres y ex senador, José Antonio Viera Gallo, y el ex decano de Derecho de la casa de Estudios, Roberto Guerrero, entre otros.

Jorge Jaraquemada planteó a la audiencia que la Transparencia es antes que nada un enorme cambio cultura, y la adopción de hábitos sociales y ciudadanos. Por ello, dijo, el proceso de instalación e implementación progresiva de nuevos estándares de transparencia debe ser mirado como parte importante de la modernización del Estado y también debe ser visto como un factor de participación política y de profundización democrática en la medida que la Transparencia es incluye a los ciudadanos como controladores de la administración pública y como generadores de confianza en las instituciones.

El Presidente del CPLT habló además del éxito y reconocimiento que está logrando Chile entre países de la región como líder en materias de transparencia y modelo de gestión para la transparencia. Explicó que este liderazgo se basa en varios pilares. El primero de ellos es que la legislación ganó rápidamente legitimación pública y es usada (Ley 20285) “es una ley con clientes”, dijo. Otro pilar clave es que existe un órgano garante y autónomo, con un gobierno corporativo, que garantiza resolución imparcial de los casos y cumplimiento de las decisiones, por lo que la legislación no es una ley que se limite al papel.

Jaraquemada también se refirió a los desafíos que enfrenta la institucionalidad para la Transparencia, entre otros, el todavía bajo conocimiento que tienen los ciudadanos comunes de su derecho de acceso a la información y de las facultades del CPLT, y mencionó también como desafío que la jurisprudencia y fallos del Consejo no sean cuestionados cada vez que un fallo no gusta.

La Universidad Finis Terrae es una casa de estudios que ha profundizado en los temas de transparencia como sello de varios de sus programas de estudios: imparte un diplomado y un magister en probidad y Transparencia en la Administración del Estado.

El Consejo para la Transparencia recorrió ocho regiones del país y se acercó a 122 instituciones para verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Esto con el objetivo de conocer en terreno la forma en que los distintos organismos públicos llevan a cabo los procedimientos relativos al derecho de acceso a la información pública, es decir, la manera en que ingresan y responden las solicitudes de información que reciben de los ciudadanos, tanto de manera presencial, como vía web.

Tras lo anterior, se detectaron barreras a las que se ven enfrentadas las personas y la calidad y oportunidad de las respuestas recibidas a las solicitudes de información ingresadas.

Mientras los distintos Serviu del país obtuvieron un puntaje promedio de un 87%, los municipios y las universidades sobrepasan por poco el 60%. Esto significa que el servicio dependiente del Ministerio de Vivienda tiene menos barreras de acceso a la información que las alcaldías y las instituciones de educación superior.

Se destaca en esta fiscalización la Dirección de Bibliotecas y Museos como una de las “más transparente” junto a las municipalidades de Cerrillos y Quilpué.  Al contrario las instituciones con más barreras se encuentran los municipios de Llanquihue, Frutillar y Concepción.

“Es de alta importancia que los organismos públicos puedan incorporar en sus planes de capacitación los alcances de esta ley”, explica Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia. Esto, para que no se cometan errores como pedir demasiados datos a quien requiere información pública, cuando lo único que señala la ley es que se debe expresar el nombre y la dirección. Cualquier otro dato es una “barrera” que podría desmotivar a una persona para exigir información.

“En este período (desde que se aprobó la ley) se han desarrollado capacitaciones y difusión de su contenido, sin embargo, aún falta mayor conocimiento ciudadano y de los funcionarios”, agrega Jaraquemada.

En diciembre, todas las instituciones evaluadas recibirán un informe con las observaciones para que puedan corregirlas.

Resultados Usuario Simulado en Derecho de Acceso a la Información

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) invitan a participar el próximo 14 de diciembre en el Primer Hackatón Cívico de Chile.

La iniciativa es una competencia abierta de desarrollo de aplicaciones tecnológicas sobre temáticas de salud, educación, vivienda y calidad democrática, con el objetivo de masificar y promover el uso de la información a través de soluciones digitales, útiles y prácticas para todos los chilenos.

El Hackatón Cívico está abierto para todos y especialmente dirigido a organizaciones civiles, desarrolladores web y programadores, periodistas, expertos en temas sociales y/o políticas públicas, especialistas y/o funcionarios del sector público, diseñadores gráficos, webmaster y gestores de proyectos. Las tres mejores aplicaciones de software recibirán US$ 3.000 cada una para que los autores las mejoren y se conviertan en productos digitales sustentables y de alto impacto público. Estas iniciativas serán incubadas por el Laboratorio de Innovación Cívica del Consejo para la Transparencia.

Para el Director de Estudios del CPLT, Eolo Díaz-Tendero, este proyecto “se constituye en un espacio que consolida una lógica colaborativa de trabajo, cuyo eje es la co-creación de soluciones a problemas sociales, a través de la utilización por parte de los ciudadanos de información pública”.

Por su parte, el Director general del Consejo, Raúl Ferrada sostiene que “con esta iniciativa queremos lograr el encuentro entre los datos públicos y la tecnología para construir soluciones y aplicaciones digitales a partir de información que debe ser accesible para todos los chilenos y que muestren el valor de la transparencia”.

Inscripciones hasta el 7 de diciembre en www.consejotransparencia.cl/labcivico

Más información:
Twitter: @labcivico
Email: labcivico@cplt.cl

Hackatón Cívico, “Co-creando soluciones a través de la información pública”

Inscripciones: hasta 7 de diciembre
Sesión de Datos: 7 de diciembre
Hackaton: 14 de Diciembre
Demo Day: 9 de Enero

 

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores entregar los nombres de los abogados que participaron en la defensa de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre enero de 2010 y octubre de 2011, y el monto de los honorarios percibidos por su gestión.

 

La resolución de la Corte de Apelaciones determina que la entrega de los nombres de los abogados que participaron en la defensa de Chile ante el tribunal internacional no vulnera el “interés nacional” en el manejo de las relaciones internacionales del país y que, por lo tanto, la información no está sujeta a causal de reserva.

El fallo fue dictado en votación unánime por la 6° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros Sr. Mauricio Silva; Sra. Jenny Book (suplente y redactora), y la abogado integrante Sra. Claudia Schmidt, rechazaron el reclamo de ilegalidad presentado por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol), en contra de la determinación que ordenó entregar los datos solicitados por Romina Colman Carnevali, quien reside en Argentina.

 

Entre los días 11 y 15 de noviembre el Consejo para la Transparencia estará participando en el Programa de Cooperación de Singapur (PCS), encuentro internacional sobre Transparencia y Gobernabilidad en Políticas Públicas organizado por la Agencia de Cooperación Internacional AGCI Chile y su socio cooperante triangular. El evento reúne a 25 representantes de 6 países de ASEAN y se está realizando actualmente en Singapur.

La inauguración del curso, realizada el pasado lunes 11, contó con la participación de autoridades singapurenses y chilenos de alto nivel, incluyendo el Embajador de Chile en Singapur, Fernando Danús Charpentier y la Directora General para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur, Foo Chi Hsia. Además, asistieron representantes del Colegio del Servicio Civil de Singapur, entidad capacitadora de funcionarios públicos y co-organizador del programa.

Por primera vez, Chile realiza conjuntamente con el PCS un curso destinado a compartir experiencias sobre gobernabilidad y transparencia, con representantes gubernamentales de los países de ASEAN, como son Camboya, Laos, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

El objetivo del encuentro es conocer la experiencia chilena y singapurense en gobernabilidad y administración pública, acercamiento a la transparencia, acceso a información, buen gobierno, y la posibilidad de compartir herramientas de gestión pública asertivas.

El curso internacional cuenta con presentaciones de expertos técnicos chilenos del Consejo para la Transparencia, de la Secretaría General de la República (SEGPRES), la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, así como de la Agencia de Cooperación Internacional AGCI Chile y de la Embajada de Chile en Singapur.

 

En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó una decisión previa del Consejo para la Transparencia ordenando al Ministerio de Transportes revelar los correos  electrónicos vinculados con el proceso de modificación de los contratos del Transantiago. Se trata de la tercera vez en que el máximo tribunal se pronuncia respecto de la difusión de mails de autoridades, pero la primera en que lo hace a favor de su difusión: anteriormente había rechazado la posibilidad de que se hicieran públicos correos electrónicos del ministro Cristián Larroulet y del subsecretario Rodrigo Ubilla.

Ahora, en cambio, la Tercera Sala (conformada esta vez por los ministros titulares Sergio Muñoz y Pedro Pierry; los suplentes Carlos Cerda y Juan Escobar, y el abogado integrante Luis Bates) resolvió que Transportes “debe entregar una copia digital de los correos electrónicos recibidos y enviados por el Ministro de Transportes, la Subsecretaria de Transportes, el Coordinador de Transantiago y el equipo responsable de las modificaciones de los contratos del Transantiago, que digan relación con las modificaciones de los contratos, en virtud de las cuales se asignan nuevos recorridos del transporte público en la ciudad de Santiago”.

El caso se inició el 22 de octubre de 2011, cuando el ingeniero Leonardo Osorio Briceño pidió a Transportes los mencionados correos electrónicos. La cartera se negó a ello, lo que llevó a Osorio a presentar, el 30 de noviembre de ese año, un amparo ante el Consejo para la Transparencia. Este, el 29 de junio de 2012, en una decisión dividida (adoptada con los votos a favor del entonces presidente, Alejandro Ferreiro, y de la consejera Vivianne Blanlot, y la disidencia del consejero José Luis Santa María, y en ausencia del cuarto integrante, el actual presidente, Jorge Jaraquemada), acogió el amparo y ordenó la entrega de los correos. Frente a ello, el 10 de agosto el ministro Pedro Pablo Errázuriz; la subsecretaria, Gloria Hutt; el coordinador del Transantiago, Patricio Pérez, y los asesores que participaron en la renegociación del contrato presentaron un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago;  el 19 de noviembre, además, la cartera recurrió al Tribunal Constitucional, con un recurso de inaplicabilidad que sin embargo fue declarado inadmisible. Pese a ello, la Corte de Santiago dio la razón a Transportes en un fallo 3-0, lo que llevó al Consejo para la Transparencia a recurrir de queja ante la Corte Suprema, la que ayer acogió la queja y revirtió lo resuelto por el tribunal de alzada.

El elemento determinante para el vuelco, y que explica además por qué en este caso la Suprema se pronunció a favor de la difusión de los correos, tiene que ver con que, al responder la solicitud de Osorio, el Ministerio de Transportes reconoció explícitamente que los mails en cuestión servirían de base para adoptar decisiones relativas al sistema de transporte público de Santiago; esto es, en la visión del máximo tribunal, “se trata de información que integra la formación del acto de la Administración, que por expresa disposición del constituyente es pública”.  Por otra parte, durante la tramitación del caso ante el Consejo, éste pudo constatar que los nuevos contratos en cuestión ya habían sido suscritos e incluso publicados en la web del Ministerio, con lo cual resultaban aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia según las cuales, una vez adoptada una decisión, son públicos los antecedentes que le sirven de sustento o complemento.

El curso es parte de la oferta de formación on line del Programa EducaTransparencia, que es una línea de trabajo pedagógico y de formación que desarrolla el Consejo para la Transparencia a través de equipos que imparten capacitación presencial y a través del portal EducaTransparencia.

Los alumnos que se inscriban en el módulo educativo “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal” podrán conocer una metodología diseñada en el Consejo de la Transparencia que permitirá transparentar la gestión administrativa y financiera de los distintos Servicios Públicos del país en todos los ámbitos y con los estándares requeridos.

El curso apunta a lograr una optimización de los servicios en el gobierno local y un uso eficiente de los recursos con que cuenta cada municipio con el propósito específico de responder de modo oportuno, eficiente y transparente a las demandas de información de la comunidad.

Una vez realizado el curso, el estudiante puede certificar su conocimiento en las materias de transparencia y acceso a la información.

Desde que entró en vigencia la Ley N◦ 20.285 el 20 de Abril de 2009, hasta el 31 de Agosto  de 2013,el total de casos referidos a Municipalidades ingresados al Consejo Para la Transparencia llegó a los 2.006. El índice promedio de cumplimiento de Transparencia Activa por parte de las Municipalidades el 2013 es de 47,43% . Es por esto que el Consejo Para la Transparencia junto con sus labores de fiscalización realiza un trabajo de formación, capacitación  y acompañamiento.

Inscripciones para el curso Modelo de Gestión en Transparencia Municipal