La frase de la Presidenta Michelle Bachelet da el contexto. “A nosotros nos tienen bajo una lupa que yo nunca había visto antes”, dijo hace casi un mes, dando cuenta del sentir de las nuevas autoridades frente a uno de los procesos de instalación más movidos de los que se tenga memoria.
Aunque ya quedó atrás, el episodio de la caída de una decena de nombramientos de autoridades, propiciada por un chequeo de antecedentes -a juicio de la Mandataria- más exhaustivo que el de otras épocas, es hoy tema obligado a la hora de analizar el avance de las políticas de transparencia como mecanismo de control de la acción de los gobiernos.
A cinco años de la puesta en marcha de la ley y la institucionalidad creada para asegurar el acceso de los ciudadanos a la información pública, el Consejo para la Transparencia organizó esta semana un seminario internacional en que se analizaron los avances y los principales temas pendientes en dicha materia. “Hay cosas que hoy se conocen, y que antes no, precisamente porque hay una mayor transparencia”, dice el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada.
¿Cuáles son las principales deudas, a su juicio, en la consolidación de un sistema de transparencia como el que se trató de instaurar hace cinco años?
Ha habido avances y progresos muy relevantes en estos cinco años, pero sin duda que nosotros estamos recién en los albores de la instalación de una política pública que es de enorme envergadura y que finalmente implica un cambio cultural. Yo creo que nosotros estamos muy lejos aún de tener una verdadera cultura de la transparencia. Acá las autoridades ancestralmente tenían una cultura que favorecía más bien la reserva de la información o la información se consideraba más bien de propiedad de quienes la tenían y no de los ciudadanos, entonces como todo cambio cultural requiere mucho tiempo, y eso es lo que nos muestran, además, todas las experiencias exitosas en este ámbito, yo creo que donde están tal vez los mayores espacios de mejora es en el conocimiento y el ejercicio ciudadano del derecho.
¿No cree que ha faltado voluntad para difundir los derechos que la gente tiene para acceder a la información del Estado?
Yo creo que la transparencia siempre es incómoda y, por lo tanto, siempre hay nichos de resistencia al interior del Estado frente a la idea de ampliar la transparencia o difundir masivamente el ejercicio de un derecho que puede ser, por así decirlo, costoso para el Estado. Pero yo creo que eso pasa por convencer a las autoridades de que la verdad es que esta política pública es extremadamente rentable, que a la larga contribuye a recuperar parte de la confianza en las instituciones.
La ley surgió como respuesta a casos de corrupción e irregularidades, como fue el caso MOP-Gate. ¿Cree que casos como esos podrían volver a repetirse?
En ningún caso se está inmune a la corrupción. La transparencia ciertamente es un antídoto muy fuerte respecto de la corrupción, pero no la inhibe absolutamente.
Hay situaciones que se han mencionado acá, en este mismo seminario, como el caso de una autoridad que -pese a que fue condenada por corrupta- pudo presentarse con éxito y llegar a ser diputado. Bueno, pero es que eso se supo precisamente por la transparencia, si no hubiera habido transparencia, probablemente no se hubiera conocido esa situación.
¿Qué pasa con acciones como el decreto del anterior gobierno que permitiría la eliminación de algunos correos o archivos por considerarlos privados?
Lo que pasa es que la Constitución y la ley señalan expresamente cuáles son las causales de reserva, yo creo que uno tiene que atenerse a eso. Lo que a mí me parece que fue inoportuno, cuando el gobierno de Piñera dicta este decreto diciendo que algunos correos electrónicos podían ser eliminados, es que esa eliminación imposibilita el juicio respecto de si el contenido era privado o público.
Hay instituciones que no tienen demasiadas exigencias de transparencia, como las empresas públicas. Así se ha visto en casos como el de TVN…
Efectivamente, las empresas públicas hoy día solamente están obligadas a una transparencia activa, más acotada que los organismos públicos, pero el consejo no tiene competencia respecto de ellas si alguien quiere ejercer el derecho de acceso a la información, de aquella que no está disponible en los sitios web, ya que la ley no les ordena, y yo creo que no hay muchas razones para eso. Es cierto que porque están inmersas en un rubro en que tienen que competir con otros actores privados, hay temas que deben ser reservados, pero a mí me parece que eso tendrá que ser evaluado en su momento, pero no veo por qué descartarlo a priori.
No solamente debiera haber más exigencia de transparencia activa, respecto de las empresas públicas, sino que también debiéramos instalar el derecho de acceso a la información pública, que hoy día no está.
¿Y cómo ve usted el tema de la transparencia en el mundo privado?
Es un tema que personalmente me preocupa. En la medida en que la ciudadanía es más consciente de que tiene derecho a informarse de lo público, también quiere saber cómo se adoptan ciertas decisiones que obviamente tienen un impacto en su vida cotidiana en el ámbito privado. Y yo creo que el sector privado está perdiendo una gran oportunidad, porque la transparencia es un valor esencial para los ciudadanos de este siglo y, por lo tanto, invertir en transparencia siempre va a ser rentable.
Hay casos, como el “cascadas”, en donde la información a la que se puede acceder es muy poca…
Es un tema súper complejo. Entiendo que todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación tiene que tener un cierto nivel de reserva, porque si no, eso precisamente entorpecería la investigación que está realizando el órgano a cargo, pero una vez que se adoptan ciertas decisiones, tienen que ser absolutamente públicas, sobre todo en un caso con una connotación tan relevante como el que se está discutiendo.
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Tras más de una década de tramitación legislativa, la Ley de Lobby está próxima a entrar en vigencia. A partir de septiembre, y con el objetivo de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, debutará este cuerpo legal que regula la publicidad en la actividad de lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades.
Un total de 17 municipios se comprometieron hoy a elevar sus estándares de cumplimiento en materias de transparencia, a través de la firma de convenio suscrito con el Consejo para la Transparencia (CPLT).
