A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) se encuentra implementando su  plan de capacitaciones presenciales 2013 en todas las regiones del país, el cual es complementado con la plataforma digital www.educatransparencia.cl  y con la firma de convenios con municipios para adherirse al Portal de Transparencia del Estado.

En esa línea, y con gran convocatoria,  hoy el CPLT firmó el convenio del Modelo de Transparencia Municipal con la Ilustre Municipalidad de La Serena, encabezada por su alcalde, Roberto Jacob Jure, junto a los jefes comunales de Salamanca, Los Vilos, Illapel, Vicuña, Paihuano, Coquimbo, Andacollo, Monte Patria y Combarbalá. Esta iniciativa corresponde a un convenio de colaboración entre esta entidad y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), con el fin de entregar una serie de herramientas y buenas prácticas, y culmina con la incorporación de los municipios al Portal.

En la oportunidad, Raúl Ferrada, director general del Consejo, agradeció la convocatoria y el espíritu positivo que se generó con los asistente. Sostuvo que “con este convenio se pretende cumplir la función del municipio, queremos que las cosas estén cada vez mejor en el ámbito del acceso a la información para los vecinos. La transparencia es importante y el municipio es esencial para lograr igualdad y acceso. Esta herramienta viene a  fortalecer una gestión que debe estar centrada en las personas”.

Por su parte, el alcalde Jacob dijo que “este convenio lo firmo con mucha esperanza y tranquilidad. Hoy el Consejo para la Transparencia es nuestro aliado, necesitamos aprender y capacitarnos. Nosotros tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo a la ciudadanía en trabajar en pro de la transparencia y mejorar los índices”.

Asimismo, cada jefe comunal presente tuvo la oportunidad de expresar su convicción de continuar trabajando para actuar con la máxima transparencia, con el fin de contar con la confianza de las personas.

Jornadas de Transparencia

Paralelo a la firma de convenio con los municipios, hasta el viernes se realizarán diversas actividades relacionadas con el acceso a la información y la Transparencia con funcionarios municipales y  la sociedad civil de la región. El objeto es dar a conocer el sentido y alcance de la Ley de Transparencia, capacitando en el adecuado cumplimiento de esta ley, tanto en lo referido al Derecho de Acceso a la Información Pública como a las disposiciones legales y normativas de la Transparencia Activa.

Un paso decisivo para la incorporación de los tres poderes del Estado y la Contraloría General de la República al Portal de la Transparencia, que administra el Consejo para la Transparencia, acordaron dar los representantes de esos organismos. En un almuerzo sostenido hoy en La Moneda, todos ellos definieron los pasos a seguir para concretar, de aquí a octubre, su ingreso a la iniciativa y lograr que ésta opere, efectivamente, como el Portal de la Transparencia del Estado de Chile.

En la cita, convocada por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, expuso las características de la iniciativa, que busca transformarse en la gran plataforma virtual que reúna toda la información del Estado y donde cualquier ciudadano pueda acceder a ella. El Portal fue oficialmente lanzado en abril y hoy se encuentra en su primera fase de operación, cuya meta apunta a lograr que hacia fines de año cien organismos públicos y municipios sean parte de él.

Sin embargo, el Consejo —con el respaldo decisivo de la Segpres— se autoimpuso, además, el objetivo de que los otros poderes públicos —que se autorregulan en materias de transparencia, pues no se encuentran sometidos a la fiscalización del CPLT— también hicieron suya la iniciativa. Así, Jaraquemada, luego de asumir en mayo la presidencia del Consejo, sostuvo sucesivas reuniones con las distintas autoridades del Estado para exponerles las características del portal e invitarlos a incorporarse a él, dando así una señal poderosa de compromiso con la transparencia.

La cita de hoy

A tales esfuerzos se sumó también La Moneda, con la convocatoria al almuerzo de hoy. En él participaron, además de Larroulet y Jaraquemada, el senador Hernán Larraín, en representación de la comisión bicameral de transparencia del Congreso; el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, y el presidente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Antonio Larraín. Todos ellos expresaron la voluntad de sus respectivas instituciones de incorporarse al portal y acordaron la fórmula de trabajo para concretarlo. De este modo, en septiembre firmarán un convenio para comprometer su ingreso, el que en una primera etapa se materializará “linkeando” sus respectivas páginas de transparencia, para luego —a través del trabajo de mesas técnicas— lograr su incorporación plena e integrada, si bien respetando sus respectivas autonomías y facultades  autorregulatorias. Todo ello, en plazos acotados y predefinidos.

Beneficio ciudadano

El presidente del Consejo valoró los acuerdos alcanzados hoy y el apoyo dado por todos los poderes públicos al Portal. Explicó que de esta forma la plataforma podrá funcionar como la gran “ventana virtual del Estado”, lo que, junto con expresar un compromiso institucional con la transparencia, redundará en beneficios prácticos para los ciudadanos. Estos “ya no tendrán que hacer un peregrinaje organismo por organismo, ni sitio web por sitio web, intentando reunir la información que necesiten”, sino que podrán encontrarla en un mismo lugar, formular solicitudes de acceso, hacer un seguimiento de cómo éstas van siendo procesadas y eventualmente realizar (en el caso de los organismos de la administración central y municipios) también allí sus reclamos en línea.

El Consejo para la Transparencia ordenó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, de La Serena, cumplir con las disposiciones de la Ley de Transparencia y publicar en su web un conjunto de antecedentes relevantes respecto de su funcionamiento. Estos incluyen  transferencias de fondos públicos; el presupuesto asignado y su ejecución; indicar, en el caso del personal de salud y educación, si se trata de planta, contrata u honorarios, y publicar, en el caso de la administración de la propia corporación y del cementerio (también administrado por la entidad), su personal y las remuneraciones.
La decisión (C633-13) fue adoptada de modo unánime por el Consejo el pasado 26 de julio, acogiendo un reclamo presentado por un particular. En su análisis, los consejeros ratificaron la jurisprudencia que permanentemente han seguido en esta materia, al sostener que este tipo de corporaciones deben cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia respecto de los organismos públicos, en la medida en que sean aplicables a ellas tres criterios: haberse  constituido en virtud de un decreto de un municipio, desempeñar funciones administrativas públicas y que sus órganos de decisión se encuentren integrados por funcionarios públicos.
En el caso de la Corporación Gabriel González Videla, maneja un presupuesto de más de $10 mil millones, y su dotación de personal, correspondiente a 1.960 personas, es muy superior al número de funcionarios (374) que laboran en la propia municipalidad.
Cabe recordar, por otra parte, que este año, por primera vez, el Consejo realizará una fiscalización del cumplimiento de las normas de Transparencia Activa en las 54 corporaciones municipales que operan en el país.

El alcalde de La Reina, Raúl Donckaster, suscribió esta mañana un convenio para adherir al Modelo de Gestión en Transparencia Municipal que impulsa el Consejo para la Transparencia. Con ello, busca lograr un mejoramiento sustantivo del desempeño de su comuna en este ítem, al iniciar un trabajo que permitirá al municipio mejorar su gestión y hacer suyos los más altos estándares en esta materia.

La Reina fue uno de los municipios que resultaron sumariados luego de la última fiscalización de Transparencia Activa realizada este año, al  experimentar un descenso de 25 puntos (de 92,54% a 67,32%) en sus niveles de cumplimiento de las obligaciones que en este sentido establece la ley. El propio edil reconoció que para la municipalidad aquello fue “un golpe” y que por lo mismo están decididos a tomar las medidas que les permitan superar falencia y ubicarse el próximo año en el “top” de la transparencia a nivel nacional.

Una completa exposición respecto de lo que ha significado la experiencia del Consejo para la Transparencia en Chile, realizó el presidente de este organismo, Jorge Jaraquemada, al intervenir hoy en el I Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, que se desarrolla en Buenos Aires. El encuentro es organizado por el gobierno de la ciudad porteña, que encabeza Mauricio Macri, y en él intervienen personalidades de toda la región.

Jaraquemada fue parte del panel “Experiencias regionales sobre políticas de Acceso a la Información Pública” e inició su intervención haciendo un recuento histórico. Recordó la labor de la Comisión de Etica Pública de 1994 y los primeros esfuerzos por legislar en materia de transparencia, hasta la promulgación en 2008 de la ley que creó el Consejo. El presidente del CPLT destacó como características del modelo chileno en esta materia la consagración constitucional del principio de transparencia, el reconocimiento legal del derecho de acceso a la información pública y la existencia de un órgano garante autónomo y con un gobierno corporativo en cuya designación participan dos de los poderes del Estado. Esta estructuración otorga credibilidad y legitimidad a la política pública de transparencia, y  permite la resolución imparcial de las controversias que se suscitan entre los ciudadanos y los organismos públicos respecto del derecho de acceso a la información, incluso pudiendo aplicarse sanciones a los funcionarios que incumplan la normativa.

El presidente del CPLT también entregó antecedentes respecto de cómo ha operado la Ley de Transparencia desde su entrada en vigencia, en abril de 2009. Desde entonces ha habido un progresivo aumento de las solicitudes de acceso a información presentadas ante organismos públicos, las que en un 48% se vinculan a ministerios sociales. Igualmente se han ido incrementando los “amparos” presentados ante el Consejo por ciudadanos que estiman que sus solicitudes no han sido debidamente respondidas: entre abril de 2009 y junio de 2013, la cifra llegaba a 6049.

Jaraquemada enfatizó que “la transparencia trae consigo mayor legitimidad, credibilidad y confianza institucional”, permite mayor participación ciudadana, estimula la rendición de cuentas por parte de la autoridad, mejora la reputación e inserción internacional del país y, en definitiva, profundiza la democracia.

Junto a Jaraquemada, también expuso en Buenos Aires María Elena Pérez Jaén, Comisionada del IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, de México, quien relató la experiencia de su país en el tema.

El director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, participó esta mañana en el I Congreso Internacional sobre Transparencia y Acceso a la Información que se está desarrollando durante estos días en la ciudad de Buenos Aires. Ferrada expuso en el panel titulado “Acciones globales sobre Transparencia y Acceso a la Información”, junto al nuevo secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Moisés Sánchez, y a Jesús Sanchez, representante de Transparencia España.

El panel partió con la intervención de Moisés Sánchez, quien se refirió a la evolución que ha tenido el derecho de acceso a la información en la región, donde la elaboración de la llamada “ley modelo” de la OEA marcó un antes y un después. Sánchez recalcó la importancia de que los países cuenten con legislaciones en esta materia y el desafío pendiente de Argentina en cuanto a promulgar una ley de acceso. El expositor enfatizó en la necesidad de incorporar la transparencia como principio orientador de la gestión política. “No es posible avanzar en esta materia si no existen contenidos mínimos en la política; no les podemos pedir a las leyes que cumplan roles para los cuales no estamos preparados”.

Raúl Ferrada, en tanto, presentó la configuración, el trabajo y los desafíos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), iniciativa que reúne a órganos de distintos países y donde el CPLT ejerce hoy la Secretaría Ejecutiva. Ferrada hizo notar cómo esta red ha ido creciendo y la importancia de sumar a más miembros. También explicó los cuatro temas en que sus integrantes se encuentran trabajando: jurisprudencia, capacitación, archivos e indicadores. Particular énfasis puso en este último punto, señalando la importancia de contar con mediciones que puedan reflejar el estado del derecho de acceso en la región. También entregó antecedentes del proyecto de “usuario simulado”, medición que ya se realizó en cinco países y que está pronta a iniciar su segunda etapa, incorporando a más naciones.

En cuanto a los próximos desafíos de la RTA, Ferrada señaló su participación como coordinador de un grupo de trabajo sobre acceso a la información en la Alianza para el Gobierno Abierto, la implementación del ITAI (Índice de Transparencia y Acceso a la Información ya desarrollado en Chile) en los países miembros y la incorporación de nuevos integrantes.

Cerró el panel Jesús Sánchez, quien habló de los desafíos pendientes en España, donde hoy se tramita una Ley de Transparencia que contempla también la existencia de un órgano garante —replicando así experiencias como la de Chile—, y  sobre la importancia de generar una cultura de la transparencia en la sociedad.

Promover la transparencia a nivel regional y compartir las buenas prácticas en esta área son parte de los objetivos del convenio suscrito ayer en Buenos Aires entre la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA, iniciativa en la que participan diversos países latinoamericanos) y la Alianza Regional para la Libre Expresión.

Para la firma del acuerdo se reunieron ayer en la ciudad trasandina los miembros de la Alianza, encabezados por su secretaria ejecutiva, Karina Banfi, y el director general del Consejo para la Transparencia de Chile, Raúl Ferrada, como representante de la secretaría Ejecutiva de la RTA.

Con este convenio, se concreta una relación de trabajo que se ha venido forjando desde  hace largo tiempo entre dos organizaciones que luchan por promover la transparencia y el acceso a la información pública como principios fundamentales para la construcción de sociedades democráticas en la región. En virtud del documento, ambas entidades asumen una serie de compromisos específicos:

– Compartir experiencias de buenas prácticas y políticas de acceso a la información en los países donde las partes tienen organizaciones miembros.
– Realizar actividades, conjuntas de promoción y/o capacitación a nivel internacional en el tema de acceso a la información.
– Promover conjuntamente y participar activamente en grupos de trabajo que se encuentren constituidos o se constituyan en el futuro al amparo o en relación con iniciativas internacionales en el ámbito de este convenio, tales como la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) u otras similares.
– Intercambiar investigaciones, estudios, análisis y experiencias relativas en la materia y la promoción de herramientas legales que promuevan el derecho a la información pública.

 

Sendos encuentros con los presidentes de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen, han sostenido esta semana el presidente de la Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, junto al director general de la entidad, Raúl Ferrada.

Las citas, de carácter protocolar, han servido también para intercambiar visiones respecto del tema de la transparencia y explorar eventuales ámbitos de colaboración entre el Consejo y esas instituciones.

Pero, además, han sido una oportunidad para continuar con los esfuerzos que desarrolla el CPLT en la promoción del Portal de Transparencia del Estado, lanzado en abril pasado. Este portal web busca convertirse en el principal canal de acceso a la información pública en el país. Por ello, el Consejo —que lidera la iniciativa— no sólo impulsa la incorporación a éste de los municipios y los organismos de la administración central, sino que también ha invitado a participar de la iniciativa a las entidades autónomas, como la Contraloría —la que ya manifestó su disposición—, y a los otros poderes del Estado.

Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia asistió ayer al Seminario Internacional “Transparencia en los partidos políticos”, organizado por Chile Transparente.

El objetivo del evento fue presentar el estudio sobre transparencia y partidos políticos, además de una propuesta de estándares en ese ámbito.

En la oportunidad, se contó con los expositores Nicolás Lange, director general adjunto, Fundación Konrad Adenauer Alemania y el doctor César Astudillo, Investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Además, se conformó una mesa redonda, donde participaron el Senador, Hernán Larraín; el Diputado Patricio Vallespín; el Director del CEP, Lucas Sierra y el ex Ministro del Trabajo, Ricardo Solari.

 

Con resultado sobresaliente, el Consejo para la Transparencia, única institución del sector público participante, fue galardonada en el desarrollo del Programa Empresa Competitiva (PEC) 2012 de Mutual de Seguridad.

El evento congregó a gran número de asistentes y contó con la presencia de varias autoridades como la Superintendenta de Seguridad Social, María José Zaldívar; el Presidente de la Asociación de Mutualidades, Ernesto Evans; el Presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Guillermo Gacitúa Sepúlveda y el Vice Presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Eduardo Gidi Nagli.

En la premiación representó al Consejo para la Transparencia su Director de Administración, Finanzas y Personas, Javier Pérez Iracabal junto al presidente (s) de la Asociación de Funcionarios del Consejo, Isabel Ayares.

17 firmas -del total de 666 que desarrollaron el “Programa Empresa Competitiva” 2012- fueron galardonadas por sus resultados en la ejecución de este sistema de gestión de riesgos, que permite a las empresas que lo llevan a cabo establecer un mecanismo de control de sus factores de riesgo y de sus avances en seguridad y salud ocupacional, incorporando un modelo sistemático de trabajo en esta materia al interior de las organizaciones.