Casi el doble de postulantes que el año pasado tuvo la nueva versión del concurso Transparentarte, organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en colaboración con la Fundación Chaco, y cuya etapa de inscripciones finalizó este viernes 21 de febrero. Al término del plazo se contabilizaron 201 inscritos, cifra que supera ampliamente los 119 postulantes registrados en 2013 cuando se realizó la primera versión de esta iniciativa, cuyo objetivo es promover el valor de la transparencia a través de las actividades culturales.

Tal como en su primera versión, este año el concurso invitó a todos los artistas visuales chilenos, residentes en el país o en el exterior y con obras ya realizadas e inéditas, a proponer desde su disciplina—dibujo, pintura, escultura, objeto, fotografía o gráfica— una reflexión sobre el sentido de la transparencia en la sociedad y su aporte a la ciudadanía.

El jurado —integrado  por Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia; Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia; Nicolás Cobo, presidente de Fundación de Artes Visuales Asociadas; Roberto Farriol, director del Museo Nacional de Bellas Artes; y Bernardita Mandiola, directora ejecutiva de Fundación AMA—, evaluará las obras inscritas y entregará su veredicto en marzo.

El artista ganador obtendrá un premio de $1.200.000 y un pasaje —con estadía incluida— para asistir a la inauguración de la 31° Bienal de Arte Contemporáneo de Sao Paulo. A su vez, se entregarán menciones honrosas al segundo y tercer lugar, las que serán galardonadas con $1.000.000 y $800.000, respectivamente.

Las obras ganadoras pasarán a formar parte de la colección de arte contemporáneo que está generando el Consejo para la Transparencia, cuya finalidad es contar con un patrimonio artístico público que permita a la ciudadanía aproximarse a la transparencia a través de un lenguaje diferente al jurídico.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) recibió a fines de 2013 la visita de una delegación de Comisionados del recién creado Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de la República de El Salvador. Esto, con el objetivo de mostrarles el modelo de implementación de la Ley de Transparencia y su institucionalidad en Chile.

A dos meses del encuentro, el presidente del IAIP, Carlos Adolfo Ortega, manifestó que la visita dio buenos resultados, ya que con el traspaso de experiencias y conocimientos durante las distintas reuniones de la delegación salvadoreña con profesionales del CPLT, lograron recabar ideas que les sirvieron para el diseño de su Plan Estratégico Institucional 2013-2016.

Dicho documento del IAIP recoge las bases y fija los objetivos y estrategias que guiarán la implementación de la Ley de Acceso a Información Pública en El Salvador.  Además, el plan se basa en tres iniciativas: transformar una cultura social en pos de la participación ciudadana; concientizar a la sociedad que con el acceso oportuno a la información se logra incidir efectivamente en el desarrollo de políticas públicas de calidad; y, por último, construir alianzas a nivel nacional e internacional para lograr el pleno entendimiento de la utilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública en la vida de las personas.

 

A fines de enero el Consejo para la Transparencia despacho una carta a todas las reparticiones de gobierno. El objetivo asegurar que todos los entes públicos traspasen la información acumulada en los cuatro últimos años de gobierno a la nueva administración de Michelle Bachelet.

La recomendación aconseja a todos los funcionarios que dejan el gobierno respaldar debidamente toda la información y dejarla a disposición de las nuevas autoridades. También se aclara que toda la información que pueda ser requerida por los ciudadanos, como actas o presupuestos, deben quedar a disposición de la nueva administración, pero siempre asegurando el acceso a ésta a los ciudadanos que la requieran.

Un punto importante de la carta se centra en que toda la correspondencia enviada y recibida por la Presidencia de la República deberá quedarse dentro de la Administración del Estado, no siendo posible traspasar estos documentos originales a alguna fundación u otra entidad de derecho privado. Es obligatorio guardar los documentos en que consten actos declarados secretos o reservados en condiciones que aseguren su preservación y seguridad durante 10 años, para luego ser entregados al Archivo Nacional, como dispone la Ley de Transparencia.

Además el texto apunta a asegurar la coordinación entre los funcionarios de las diferentes reparticiones encargados de manejar información del Estado y los funcionarios que se encargarán de la misma labor durante la administración Bachelet.

Ver recomendación

Tras una intensa semana de reuniones y trabajo, finalizó la pasantía en Europa del equipo del Consejo para la Transparencia liderado por el Presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, junto con Christian Anker y Pablo García, de la Unidad de Promoción y Clientes, y Gastón Avendaño, Jefe de la Unidad de Operaciones y Sistemas.

Todos los encuentros e intercambio de experiencias con instituciones tanto del ámbito público como de la sociedad civil, se enfocaron en la implementación del “Consejo en Línea”, una plataforma virtual donde los ciudadanos podrán interactuar directamente con la organización mejorando con ello la participación ciudadana y la gestión al interior del CPLT.

Las visitas se distribuyeron en una agenda que incluyó reuniones con el Information Commissioner’s Office (ICO) del Reino Unido en Manchester, y con el HM Government E-petitions en Londres, además de una reunión con la ONG británica  MySociety, quienes se dedican a diseñar plataformas virtuales de interacción ciudadana y fiscalización desde la sociedad civil, y cuentan con experiencia internacional en países como Estonia y Kenya.

El equipo del CPLT se trasladó luego a Bruselas para conocer las iniciativas y  líneas de trabajo del Parlamento Europeo en esta área, incluyendo la instalación de una plataforma de peticiones electrónicas en dicha institución. En esta ocasión, los enviados también visitaron a la Comisión Europea de Cooperación EuropAid, específicamente a la Unidad de los Programas Regionales para América Latina y el Caribe, la Secretaría EUROsociAL, quienes han financiado esta iniciativa.

La pasantía finalizó en Berlín, Alemania, donde el equipo se reunió con representantes del Deutscher Bundestag Petitionen  y el Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Comisionado Federal para la Protección de Datos y Libertad de Información).

 

 

Con la participación de representantes de las municipalidades de La Granja y Doñihue, el viernes 17 de enero se inició el ciclo de Talleres de Verano impartido por el Consejo Para la Transparencia (CPLT), destinado a funcionarios de municipalidades que se han incorporado al Portal de Transparencia del Estado y que desean reforzar y profundizar en sus procesos de gestión. Ello, con el objetivo de cumplir con  los estándares técnicos y jurídicos que exigen la Ley de Transparencia y dicha plataforma única de acceso a la información pública.

os talleres son impartidos por la Dirección de Operaciones y Sistemas del CPLT y por la Unidad de Promoción y Clientes.

Las jornadas, además de ser presenciales, se transmitirán en modalidad “webinar” y contemplan un mecanismo de preguntas y consultas vía Facebook y Twitter.

El ciclo, que se extenderá hasta el 30 de abril 2014, consta de 8 talleres y se realiza de manera presencial en las dependencias del Consejo Para la Transparencia. Cada 15 días, los funcionarios participantes reciben capacitación personalizada en materias relativas a:

• Gestión de solicitudes de acceso a la información dentro del Portal de Transparencia:
• Gestión de usuarios del Portal de Transparencia
• Uso de módulo analítico y de datos abiertos

 

Se encuentran ya comprometidos a asistir los municipios de: San Antonio, Olmué, La Serena, Antofagasta, Concepción, Cerro Navia, Talca, Sagrada Familia, Codegua, Pelarco, Yerbas Buenas, General Lagos, San Pedro de la Paz, Santiago, San Joaquín, Molina, Chañaral, Coquimbo, Santa María, Monte Patria.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) desarrolló una innovadora iniciativa para potenciar la difusión del uso de la Ley de Transparencia en la ciudadanía.

El organismo acaba de lanzar Transparencia, la primera aplicación tecnológica para equipos móviles, la cual permite realizar el seguimiento de casos presentados ante el Consejo.

Según Eduardo González, Director de Operaciones y Sistemas del Consejo, “Transparencia es una aplicación que permite consultar y hacer seguimiento de casos presentados ante el Consejo. Con esta iniciativa esperamos contribuir a facilitar el acceso a la información pública y que se transforme en una herramienta de difusión del ejercicio del derecho de acceso en amplios sectores de la ciudadanía. Además, nos interesa captar nuevos segmentos de personas que se caracterizan por un uso intensivo en plataformas móviles”.

El objetivo de este desarrollo tecnológico —inédito en este tipo de institución— está enfocado, por una parte, a facilitar el uso de la ley de modo que las personas puedan conocer en qué estado está su reclamo, simplificando el trámite a un solo clic. Por otro lado, apunta a saber, según diferentes criterios de búsqueda, qué  instituciones públicas tienen reclamos ante el CPLT, entre otros.

Además, cuenta con la opción de buscador Avanzado para usuarios expertos o que requieran información específica de algún reclamo.

Transparencia es una aplicación gratuita disponible en plataformas móviles con sistema operativo Android e iOS. La fuente de información proviene de los datos abiertos publicados por el Consejo que corresponden al estado de los reclamos puestos a disposición del público en www.consejotransparencia.cl

Descarga la App Transparencia

 

 

El Consejo para la Transparencia resolvió acoger parcialmente el amparo Rol C399-13, deducido en contra de la Armada de Chile.

La reclamación fue motivada por una solicitud en la que se requirió a la Armada de Chile información relativa a la construcción de los Patrulleros de la Zona Marítima (PZM). Los antecedentes solicitados estaban vinculados a distintos órganos como el Ministerio de Defensa Nacional; el Estado Mayor General de la Armada; la Empresa de Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR); la Dirección General de los Servicios de la Armada (DGSA); la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR); la Dirección de Investigación, Programas y Desarrollo de la Armada (DIPRIDA) y la Dirección de Inteligencia de la Armada.

La Armada inicialmente respondió que parte de la información solicitada no estaba en su poder (una parte, por no haber sido generada; y otra, porque no estaba dentro de su esfera de competencia). En este último caso, derivó la solicitud al Ministerio de Defensa y a ASMAR, respectivamente

Tras esto, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Armada de Chile.

Recibido el amparo, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia solicitó a la Armada —a través de una medida para mejor resolver— que le remitiera los documentos que tuviera en su poder con: 1) La Comandancia en Jefe de la Armada; (2) El Estado Mayor General de la Armada; (3) La Dirección General de los Servicios de la Armada; (4) la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante; y (5) la Dirección de Investigación, Programas y Desarrollo de la Armada. Esto con objeto de examinar el contenido de tales documentos y, en base a ello, ponderar en concreto la eventual procedencia de las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 3 (seguridad de la Nación) y N° 4 (interés nacional) de la Ley de Transparencia y que fueron invocadas por la Armada.

Una vez recibida la respuesta de la Armada, el Consejo resolvió la reclamación.

Entre los considerandos más relevantes, se estimó que si bien la Armada sostuvo que parte de la información solicitada —la requerida a DIRECTEMAR sobre decretos de financiamiento de los PZM; resolución recaída en el contrato celebrado entre dicho organismo y DIPRIDA respecto del proyecto de desarrollo de los PZM— no obraba en su poder, no se refirió a los motivos de su inexistencia ni a los estándares de búsqueda de dichos antecedentes. Por ende, conforme a los criterios aplicados anteriormente por el Consejo sobre la alegación de inexistencia, y teniendo en cuenta que se trata de antecedentes asociados a la inversión de fondos públicos, se acogió el amparo en esta parte, requiriéndose a la Armada la búsqueda exhaustiva de la información, entregándola en caso de ser hallada, o en caso contrario, entregar al reclamante el acta que dé cuenta de dicha búsqueda, explicando los motivos de la inexistencia.

Respecto de otros antecedentes que sí obraban en poder de la Armada, efectuadas las distinciones del caso, el Consejo resolvió rechazar el amparo, dando aplicación a la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con la Ley N° 20.424 (respecto de las especificaciones técnicas de los PZM); de la causal de reserva del artículo 21 N° 3 del mismo cuerpo legal (en cuanto a la información considerada como pertrecho militar), pues se estimó que la divulgación de esta última podría afectar la seguridad de la Nación; y de la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de dicho cuerpo legal (respecto a la información sobre embarcaciones de la Armada Argentina), por afectar el interés nacional.

En definitiva, por unanimidad el Consejo Directivo decidió que el Comandante en Jefe de la Armada de Chile debe entregar la información solicitada a la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante consistente en: 1) decretos de financiamiento de los Patrulleros de Zona Marítima; 2) resolución recaída en el contrato celebrado entre dicho organismo y Dirección de Investigación Programas y Desarrollo respecto del proyecto de desarrollo de los Patrulleros de Zona Marítima; 3) copia del documento que de cuenta de la ingeniería básica de los Patrulleros de Zona Marítima, o, en caso de no contar con esa información, indicarlo expresamente y entregar copia del acto que autorizó la expurgación de esta información o señalar de manera precisa los motivos de la inexistencia, previa búsqueda exhaustiva de los documentos, de lo que deberá dar cuenta mediante acta de búsqueda. Asimismo, hacer entrega del acta que de cuenta de la expurgación del Oficio Ordinario (DIRINTA) Nº 8100/643, de 28.03.05.

Los máximos representantes del Congreso, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República suscribieron hoy un convenio de colaboración con el Consejo para la Transparencia y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para incorporarse paulatinamente al Portal de Transparencia del Estado.

La ceremonia, efectuada en el Palacio de La Moneda, fue encabezada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al titular de dicha cartera, Cristián Larroulet, y el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada.

Asimismo estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros; el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans; el contralor general de la República, Ramiro Mendoza.

El compromiso suscrito establece que dichos órganos del Estado adoptarán de manera gradual el Portal de Transparencia para recibir y gestionar las solicitudes de acceso a la información que se les formulen. Asimismo, en el documento firmado hoy manifiestan su compromiso de mantener a disposición permanente del público la información que corresponda, de acuerdo a los procedimientos, plazos y normas que les sean aplicables, ya sea usando directamente las funcionalidades del Portal o a través de mecanismos de interoperabilidad.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, destacó que el convenio suscrito hoy por el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República de sumarse al Portal de Transparencia del Estado “constituye una clara evidencia de la voluntad que todos los actores relevantes de la vida institucional tienen en favor de avanzar hacia instituciones más transparentes y cercanas a una ciudadanía cada vez más exigente”.

Agregó que “su incorporación a esta plataforma tecnológica al servicio de la ciudadanía, ayudará no sólo a la modernización de las principales instituciones públicas sino que también facilitará y renovará la comunicación entre las personas y los poderes e instituciones públicas”.

Añadió  que “este gran paso, sin duda, elevará la transparencia a su máximo sitial como un valor señero y esencial del Estado chileno y contribuirá a robustecer nuestra democracia”.

Qué es el Portal de Transparencia del Estado de Chile
•    El Portal, iniciativa impulsada por el Consejo para la Transparencia en colaboración con el Gobierno, se lanzó en abril 2013 y lleva 8 meses de funcionamiento.
•    Es una plataforma digital pensada para integrar y gestionar la información de la toda la Administración General del Estado.
•    Esta tecnología se presenta como sitio web en www.portaltransparencia.cl  siguiendo criterios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de la información que ofrece.
•    La administración del Portal de la Transparencia está en manos del Consejo para la Transparencia,  en su calidad de organismo autónomo encargado de garantizar el cumplimiento de la ley 20.285 pero, sobre todo, de promover una cultura de la transparencia en el área pública y en la ciudadanía.
•    El modelo de plataforma desarrollado en Chile busca que el ciudadano tenga una buena y fácil experiencia de navegación encontrando la información pública que busca gracias a un diseño práctico e intuitivo. Cuenta además con un canal de asistencia en línea.
•    La iniciativa tiene por objetivo final que toda la administración central, así como las municipales, sean incorporadas, tal como sucederá con los Poderes del Estado y la Contraloría General de la República en virtud del convenio que se firmó hoy.

CIFRAS  A DICIEMBRE 2013

•    N° de municipios funcionando en el Portal de Transparencia a diciembre 2013: 115 Municipios

•    N° de solicitudes realizadas a través del portal: 2.539. De éstas, un 85% corresponde a Municipios (2163)

•    N° de respuestas a las consultas hecha a través del portal
2.093 Solicitudes respondidas, dentro de un plazo de 18 días como promedio.

Para qué le sirve al ciudadano

•    La plataforma digital (que el usuario ve como una website o “portal”) funciona como una gran “ventanilla virtual del Estado”. Esto reduce los peregrinajes de la ciudadanía de organismo en organismo, e incluso la navegación a ciegas en los sitios web de cada institución en el intento por reunir la información que necesita.
•    Se puede encontrar la información desde un mismo lugar, formular solicitudes de acceso, hacer un seguimiento de cómo éstas van siendo procesadas y eventualmente realizar (en el caso de los organismos de la administración central y municipios) sus reclamos en línea.

Leer discurso completo Presidente del Consejo para la Transparencia

 

 

Las propuestas inscritas en este concurso abarcan desde georreferenciación de datos sobre vivienda o de hospitales según las patologías Auge, hasta seguimiento de causas en el Poder Judicial o de leyes en trámite en el Congreso.

Esta iniciativa, desarrollada por el Consejo para la Transparencia a través de un programa de Laboratorio Cívico y en la que coparticipan el PNUD y Unesco, busca mostrar que la información de los organismos públicos a la que los chilenos pueden acceder por derecho (en virtud de la Ley 20.285) puede ser usada en forma concreta y útil, a través de aplicaciones que podrían estar disponibles en cualquier smartphone.

Durante la jornada, los guías de Hackatón Cívica interactuaron con los equipos de programadores y desarrolladores informáticos que se instalaron en la sede del Consejo Para la Transparencia, y el desafío fue generar aplicaciones que abordaran temas de Salud, Vivienda, Educación y/o Calidad Democrática.

El paso siguiente será el próximo 9 de enero, cuando se realice el “demoday”, día en que los equipos mostrarán cómo funcionaría en un celular o en una tablet la aplicación que desarrollaron.

A partir de esa fecha, el jurado evaluará y deliberará esta competencia (ver el jurado). Hay US$ 9.000 dólares en premios para las tres aplicaciones de software más destacadas.

El director de Estudios del Consejo para la Transparencia y encargado directo del programa Laboratorio Cívico, Eolo Díaz-Tendero, manifestó su satisfacción por el desarrollo de esta iniciativa y destacó que “cumplió el objetivo fundamental de generar soluciones prácticas reales para los ciudadanos, soluciones que muestran que la información disponible en el Estado tiene utilidad”.

Díaz-Tendero agregó que esta iniciativa impulsada por el Consejo Para la Transparencia  es pionera, pues integra a sociedad civil, organismos del Estado, entidades internacionales y empresas, en torno a la información pública. Y agregó que su desafío es sumar a más organizaciones ciudadanas. En esa línea, resaltó que “hemos comenzado un camino de diálogo con los organismos públicos para que vean que la transparencia no sólo es una obligación que deben cumplir, sino que pueden aprovecharla como vía de relacionamiento con sus usuarios y de innovación en los servicios”.

Más detalles de alguna de las iniciativas en competencia en http://hackcivico.hackdash.org/

 

ChileTransparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, dio a conocer este martes 3 de diciembre su Índice de Percepción de la Corrupción 2013. El Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, fue uno de los participantes en el panel que comentó este ranking internacional, junto al ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y a Gonzalo Delaveau, presidente del Directorio de ChileTransparente.

Este Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2013) se basa en una combinación de encuestas realizadas en 177 países, los que reciben una puntuación del 1 al 100 de acuerdo con la corrupción percibida. La información se consolida consultando a 13 fuentes distintas, sus resultados se estandarizan y se saca un promedio simple para cada país, con un intervalo de confianza del 90%.

El 70% de los países tiene menos de 50 puntos en este indicador y los más destacados son Dinamarca y Nueva Zelanda. Chile tiene una ponderación de 71 puntos sobre 100, y descendió dos lugares desde la medición pasada. Ver estudio 

El informe identifica a la desigualdad, el crimen organizado y el desgaste de las instituciones como fenómenos responsables de la corrupción en América Latina.

Ministro Larroulet: “Avanzar en aprobación de leyes”

En el acto de presentación del IPC 2013 participó como invitado el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet. El secretario de Estado planteó que la transparencia requiere de transversalidad entre los actores políticos tanto para impulsar la institucionalidad adecuada, como para fomentar su aplicación. Agregó que se requiere, además, crear instituciones garantes de la transparencia que no estén sujetas al vaivén político.

Larroulet identificó como desafíos la necesidad de legislar en materia de transparencia en municipios, “organismos que hoy tienen la institucionalidad más débil de la cadena”, dijo. Y también enfatizó la importancia de avanzar en los proyectos de ley pro transparencia que estén en la agenda legislativa, como el de probidad pública y el que regula al lobby.

Jorge Jaraquemada: Riesgo de regresión

Jorge Jaraquemada, presidente del CPLT, junto con felicitar la continuidad de esta iniciativa (que se publica desde 1995), llamó la atención sobre uno de los aspectos metodológicos. Indicó que las fuentes utilizadas para obtener los índices son fundamentalmente organismos económicos y empresariales y recogen la opinión de “las elites económicas interesadas en el clima de negocios de sus países. Es decir, el indicador deja fuera la percepción de la ciudadanía que es el foco con el que estamos trabajando en el Consejo para la Transparencia”, explicó.

Jorge Jaraquemada sostuvo que el riesgo de elitización de la transparencia y del derecho a acceso a la información se refleja en, por ejemplo, en el perfil del reclamante de su derecho a la información: hombre, 35 años, universitario con un renta promedio de un millón de pesos.

Añadió que una encuesta realizada por el Consejo para la Transparencia muestra que el 60% de los chilenos consultados cree que el sistema público tiene “mucha corrupción”, no cree que la información publicada por los organismos del Estado sea fidedigna e incluso cree que se oculta información.

Por todo esto, insistió Jorge Jaraquemada, el Consejo para la Transparencia se ha embarcado en una empresa de enorme magnitud como es impulsar un cambio cultural que permee a toda la ciudadanía en cuanto a ejercer su derecho a la información y a controlar por esta vía a los organismos públicos. Añadió que la transparencia fortalece la confianza institucional y eso hace más sólida la democracia.

Jaraquemada le restó importancia a la baja de dos puntos de Chile, considerando que el margen de error del IPC 2013 es de 4% y porque Chile sigue estando entre el 15% de países mejor evaluados. Sin embargo, dijo, lo negativo es que Chile lleve muchos años en similar ubicación pese al avance experimentado en las áreas públicas, económicas e institucionales.

Un último llamado de atención de Jaraquemada fue el riesgo de regresión en materia de transparencia en la medida que haya presiones y críticas a la ley y su institucionalidad.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, subrayó la necesidad de mejorar los proyectos de ley pro transparencia que están en trámite, entre ellos el que regula el lobby y el de probidad pública. Asimismo, instó a generar una cultura de la transparencia entre la clase política, legisladores, candidatos a cargos de representación y los partidos políticos.

En tanto, el presidente de ChileTransparente, Gonzalo Delaveau , coincidió con Jorge Jaraquemada en la necesidad de profundizar los cambios culturales en dirección a una sociedad más interesada en la transparencia. Señaló que en Chile hay una muy débil sanción social respecto de personas que ocupan cargos y cometen faltas a la probidad. También consideró urgente que en este movimiento cultural se integre al mundo privado.

Más información en http://www.transparency.org/cpi2013/

El Consejo para la Transparencia recibió la visita de los Comisionados del recién creado Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de la República de El Salvador.

Los cinco comisionados titulares del IAIP, Carlos Adolfo Ortega su presidente junto a Herminia Funes, Jaime Mauricio Campos, José Adolfo Ayala y Mauricio Antonio Vásquez se reunirán con el equipo del CPLT con el fin de intercambiar experiencias, conocer el modelo de implementación de la ley y su institucionalidad.

El encuentro se extiende hasta el viernes 6 de diciembre y contempla además una serie de actividades y charlas con el presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, los Consejeros, Directores y Jefes de área de la institución.

Programa Chile – El Salvador

 

El Consejo para la Transparencia participó en un seminario organizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sobre transparencia y lucha contra la corrupción.

Al encuentro asistieron José Luis Santa María, Consejero del Consejo para la Transparencia Chile, Renato Sepúlveda, Embajador de Chile en El Salvador, Claudia Umaña, Fundación DTJ y Alberto Precht, presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia Chile.

Los expertos chilenos dieron cuenta del proceso de instalación de la Ley de transparencia, su implementación y el cambio cultural que ha significado en la sociedad desde que entró en vigencia en 2009.

Entre una de las bondades de dicha ley se encuentra el anonimato, que permite al solicitante que conoce de actos de corrupción solicitar la información sin necesidad de presentar un documento de identificación, puede hacerla a través de internet y se le responde de la misma manera. La normativa chilena también permite que menores de edad, así como los extranjeros puedan acceder a la información.

En representación del CPLT, Santa María sostuvo que El Salvador cuenta con un Instituto y una Ley de Acceso a la Información para poder facilitar los datos a la población, la cual necesita el respaldo de las autoridades, no su bloqueo y agregó que “ustedes tienen los medios para poder sacar esto adelante, pero necesitan la voluntad política, en Chile la tuvimos porque la Presidencia ha apoyado la aplicación de la ley y la actuación del Consejo”.