A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) continúa con el plan de capacitaciones presenciales 2013 en todas las regiones del país, el cual es complementado con la plataforma Educatransparencia y la firma de convenios con municipios para adherirse al Portal de Transparencia del Estado.

 

Con un nivel de transparencia que alcanzó el cumplimiento del 93% de las materias en la reciente fiscalización nacional, la Ilustre Municipalidad de Arica, encabezada por su alcalde (s), Fernando Núñez, junto al jefe comunal de Camarones, Iván Romero Menacho, y los subrogantes de Putre, Edgard Loza González y de General Lagos, Gregorio Mendoza Chura, firmaron el convenio del Modelo de Transparencia Municipal con el Consejo. Esta iniciativa corresponde a un convenio de colaboración entre esta entidad y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), con el fin de entregar una serie de herramientas y buenas prácticas, y culmina con la incorporación de los municipios al Portal.

 

En la oportunidad, Raúl Ferrada, director general del Consejo, se refirió a esta firma como un compromiso de trabajo permanente, cotidiano y tangible en la gestión de la transparencia. En esa línea, llamó a los presentes a invertir y trabajar en la transparencia, ya que trae beneficios para la gestión comunal y fortalece la función de los municipios.

 

Por su parte, el alcalde (s) Nuñez sostuvo que los buenos números alcanzados en  Transparencia Activa por su comuna motivan a continuar trabajando en pos de la transparencia de cara a la ciudadanía. Asimismo, los representantes del resto de los municipios manifestaron que, pese a obtener bajos resultados en la última fiscalización, será un desafío como municipios rurales trabajar los próximos meses en elevar sus índices.

 

Jornada de capacitación

 

Con más de 70 asistentes, el Consejo dictó charlas  para funcionarios públicos, municipales, sociedad civil e integrantes del Consejo Consultivo Municipal de la región. El objeto fue dar a conocer el sentido y alcance de la Ley de Transparencia, capacitando en su adecuado cumplimiento, tanto en lo referido al Derecho de Acceso a la Información Pública como a las disposiciones legales y normativas de la Transparencia Activa.

 

La capacitación la realizó Christian Anker, Jefe de Promoción y Clientes del CPLT, con el apoyo de Eduardo González, director de Operaciones y Sistemas, y Raúl Ferrada, director general.

-Alza en nivel de cumplimiento de la Ley: si en 2012 el promedio era de 30,26%, en 2013 subió a 47,43%. Incremento fue especialmente sustantivo en los 36 municipios acogidos a modelo de apoyo Consejo-Subdere: sus resultados subieron  de 37% a 68%.

-Mejores resultados no se corresponden necesariamente con tamaño o recursos de la comuna, según muestra emblemático caso de Calle Larga: pasó de  6% a 95% en un año.

-Lista de municipios sumariados por incumplimiento incluye a La Reina, Pedro Aguirre Cerda y Antofagasta, entre otros.

Un alza de 17 puntos en el cumplimiento de las normas de Transparencia Activa constató la fiscalización 2013 a las 345 municipalidades del país efectuada por el Consejo para la Transparencia. En efecto, si en 2012 la cifra promedio de cumplimiento alcanzaba al 30,26%, esta vez subió al 47,43%. Aun así, las corporaciones edilicias continúan siendo un área crítica en el tema, en comparación, por ejemplo, con la administración central del Estado, donde el promedio, según arrojó la última fiscalización del sector, en diciembre pasado, llega al 96,93%.

Precisamente por ello es que el Consejo decidió este año incrementar los niveles de exigencia y someter a sumario a 88 de los municipios fiscalizados (el año pasado la cifra fue de sólo 30), investigaciones administrativas que serán llevadas a cabo por la Contraloría General de la República y que podrían derivar en la aplicación de sanciones a los respectivos alcaldes, las que pueden llegar a multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración bruta. Las sujetas a sumario son las municipalidades cuyo cumplimiento de la Ley de Transparencia se ubica notoriamente bajo el promedio de su respectiva categoría (determinada a partir de la clasificación de comunas que efectúa la Subsecretaría de Desarrollo Regional y que considera factores como ruralidad y nivel desarrollo) o que experimentaron caídas sustantivas en sus niveles de cumplimiento con respecto al año pasado. Así, en la lista de sumariados figuran municipios de muy distinta situación, incluidas comunas como La Reina (que bajó su cumplimiento de 92,54% a 67,32%), Pedro Aguirre Cerda (53,41% a 62,61%)  o Antofagasta (44,33% a 30,53%).

En contraste con casos como ésos, la fiscalización 2013 también detectó un total de 23 comunas donde el nivel de cumplimiento supera el 90%: el listado lo encabeza Providencia, pero también incluye a municipios de tamaños medianos e incluso rurales, como Calle Larga, en la V región. Esta comuna constituye un caso emblemático: mientras que el año pasado su nivel de cumplimiento era de apenas 6,12%, este año tuvo un salto de 89 puntos y llegó a 95,49%. Calle Larga es una de las 36 comunas adscritas al Modelo de Gestión de Transparencia Municipal (MGTM), convenio en virtud del cual el Consejo, con el respaldo de la Subdere, entrega apoyo para el mejoramiento de estándares y buenas prácticas de transparencia. Pero los efectos de este convenio se reflejan no sólo en casos puntuales: en conjunto, dichos municipios pasaron de un nivel de cumplimiento de 37,38% en 2012 a 68,29% este año, situándose por encima del promedio nacional.

A nivel general, otros municipios que incrementaron de modo sustantivo su evaluación fueron Maipú (de 8,24% a 91,11%); Puchuncaví (de 14,07% a 93,84%); Talca (de 15,59% a 94,35%), Contulmo (de 18,97% a 97,16%) y San Joaquín (de 20,22% a 97,73%).

En cambio, las mayores bajas correspondieron a Tiltil, que cayó de 43,01% a 5,12%; Zapallar, de 75,05% a 39,78%, y San Pedro de la Paz, de 51,82% a 16,88%.

 

En tres fallos sucesivos, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó sendos recursos interpuestos por las universidades Santo Tomás, Uniacc y de las Américas que pretendían impedir el acceso a sus respectivos expedientes de acreditación. En las sentencias, todas dictadas de modo unánime por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, se ratificó el criterio previo seguido por el Consejo para la Transparencia en esta materia, y se destacó el “interés público” que el tema reviste.

El caso se originó en una solicitud presentada a fines del año pasado por el abogado Rodrigo Mora ante la Comisión Nacional de Acreditación, solicitando los expedientes de los tres planteles mencionados, más los de las universidades del Mar y Pedro Valdivia. La CNA sólo entregó los antecedentes de estas dos últimas, pero no de las otras tres, argumentando que ellas se habían opuesto por estimar que ello afectaba sus intereses. Ante ello, Mora recurrió al Consejo para la Transparencia, el cual acogió su reclamo de modo unánime. En su argumentación, el organismo enfatizó que “existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma”. Incluso, hizo alusión expresa a los temas de índole financiera evaluados en el proceso de acreditación. “El conocimiento y la publicidad de las proyecciones financieras de una universidad, y en general de las instituciones de educación superior, han demostrado tener un altísimo interés público, entre otras cosas, por la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de éstas”, dictaminó.

Tras la decisión del Consejo, las universidades Santo Tomás, Uniacc y de las Américas presentaron sendos recursos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, los que fueron rechazados también en forma unánime esta semana, en sucesivas sentencias.  En ellas el  tribunal de alzada hizo notar la “voluntariedad” con que cada plantel se integró al proceso de acreditación, el cual les permite poder acceder a los recursos del Estado para el financiamiento estudiantil. Pero además resaltó el hecho de que el tema del aseguramiento de la calidad de la educación superior “se encuentra instalado en la discusión social… por lo que no aparece inusitado, imprevisto ni abusivo que se requiera información y se exija transparencia al respecto”.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó a la Municipalidad de Las Condes entregar el listado de morosos con deudas anteriores a 2009 por concepto de patentes municipales. El caso se originó en una solicitud presentada por un particular en junio del año pasado, la que había sido denegada por el municipio.

Este había argumentado que los antecedentes pedidos afectaban la honra y derechos económicos de los deudores. Ante ello, el particular recurrió al Consejo, el cual resolvió unánimemente en su favor, estableciendo que la información sobre el pago  de derechos municipales es de carácter público, al igual que la identidad de los deudores y el monto adeudado.

Frente a ello, la municipalidad presentó un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, la cual, sin embargo, ratificó los criterios del Consejo. Así, hizo notar que “la información requerida es pública, en tanto  forma parte del acto municipal, a través del cual se persigue el cobro de las obligaciones morosas o su castigo, así como por tratarse de información elaborada con presupuesto público”. Teniendo, además, un origen legal –estimó-, no corresponde aplicar a ella las normas sobre protección de datos personales.

En el razonamiento del tribunal y tratándose de una deuda de carácter tributario, ella “constituye un reflejo de las cargas públicas, e involucra un evidente interés público que justifica su publicidad”.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los ministros Dobra Lusic, Adelita Ravanales y la abogada integrante María Teresa Álvarez. Ello, aunque Ravanales estuvo por acoger parcialmente el recurso en lo referido al nombre y rut de los deudores morosos, por estimar que ello constituye información personal.

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades profesionales en el ámbito del acceso a la información pública, el Consejo para la Transparencia realizó una jornada de capacitación dirigida a funcionarios públicos de municipios que utilizan el Modelo de Gestión de Transparencia.

En esta oportunidad, se convocó a los municipios de Recoleta; Panguipulli; Vichuquén; San Bernardo; Molina; Independencia; Quinta Normal; Cerrillos; San Antonio; La Cisterna; Renaico y Santiago. El Director general del Consejo, Raúl Ferrada, dio inicio a la capacitación manifestando que “la gestión de cada funcionario es fundamental para una implementación exitosa de la Ley de Transparencia en el ámbito municipal. Queremos que cada funcionario sea un promotor de la cultura de la transparencia y un facilitador del ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos”.

Luego, fue el turno del  Director de Operaciones y Sistemas, Eduardo González quien explicó a los asistentes la importancia de la implementación en cada municipio del Modelo de Gestión Municipal, el cual es un apoyo relevante en el avance en la gestión en pos de la transparencia con buenos resultados hacia la ciudadanía.

Durante la jornada el Consejo realizará charlas sobre Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia; Jurisprudencia Municipal e Instrucción General N°10 de Derecho de Acceso a la Información.

Por último, se llevará a cabo un taller de Autoevaluación en Transparencia Activa, el cual está pensado para explicar a los funcionarios la gestión que deben realizar mensualmente para cumplir con las normas de la Ley de Transparencia.

La nueva Ley de TV Digital Terrestre ratificará el sometimiento del Consejo Nacional de Televisión a las normas de la Ley de Transparencia. Así quedó a firme, luego de que la Cámara de Diputados aprobara, en tercer trámite constitucional, una indicación introducida por el Senado  al proyecto, en la cual expresamente se establece el punto.
Originalmente, el texto despachado por la Cámara en primer trámite había incluido una disposición en la cual se dejaba al CNTV fuera del alcance de las distintas normas que regulan la administración del Estado, con lo cual se podía llegar a concluir que la Ley de Transparencia tampoco le resultaría aplicable.  El punto fue hecho notar al Senado por el Consejo para la Transparencia, y finalmente se corrigió al aprobarse la señalada indicación. Como ahora, en tercer trámite, los diputados ratificaron lo obrado en esta materia por la Cámara Alta, el tema quedó a firme y en esta materia la ley no irá a comisión mixta.

Cabe señalar que el propio CNTV ha reconocido las competencias del Consejo para la Transparencia y cumple con las normas sobre transparencia activa.

Antofagasta se suma a la gira de actividades organizada por un equipo de profesionales del CPLT que es liderado por su Director General, Raúl Ferrada Carrasco. Iniciativa que es complementado con la plataforma Educatransparencia y la firma de convenio con municipios, acuerdo responde a una serie de iniciativas impulsadas por el Consejo para la Transparencia en el marco de un convenio de colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), para los municipios de las capitales regionales que se incorporen al Portal de Transparencia del Estado, proyecto lanzado en abril pasado” para adherirse al Portal de Transparencia del Estado.

En esta oportunidad los alcaldes de las comunas de Antofagasta, Calama, Sierra Gorda, Ollagüe y Taltal, firmaron un convenio de colaboración con el Consejo, el que permitirá a las casas consistoriales contar con mayores herramientas para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 20.285 sobre Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Con esto las máximas autoridades comunales concretan un hito, el que marca el inicio de la implementación de un nuevo modelo de gestión, orientado a ordenar y sistematizar el trabajo municipal derivado de la Ley de Transparencia.

El director general, Raúl Ferrada, explicó que “la firma de este convenio por parte de cinco municipios de la región de Antofagasta, refleja el compromiso de los alcaldes con la implementación de un modelo que pretende mejorar la gestión de las casas consistoriales sobre la base de la incorporación de la transparencia y el acceso a la información pública como un elemento de la gestión cotidiana”.

A su vez, más de 80 funcionarios públicos recibieron capacitación sobre el sentido y alcance de la Ley de Transparencia, con especial foco en las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia, capacitando a los participantes en el adecuado cumplimiento de esta ley, tanto en lo referido al Derecho de Acceso a la Información Pública como a las disposiciones legales y normativas de la Transparencia Activa.

Además, se mostró el Portal de Transparencia del Estado, orientado a facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, educar y promocionar el derecho a saber, recopilar y analizar la información de esta política pública, fiscalizar el cumplimiento de la normativa, apoyar a los servicios públicos en su gestión de transparencia, posicionar el rol del Consejo, y contribuir a la modernización del Estado.

Cumpliendo con el objetivo de difusión y capacitación de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información, el Consejo para la Transparencia, al igual que en años anteriores, recibió la visita de los alumnos del Diploma de Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción, organizado por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Este curso regional ofrece a sus participantes la posibilidad de adquirir una base teórica sobre los conceptos fundamentales del campo de la Transparencia, Accountability y Lucha Contra la Corrupción; el estudio de los problemas ligados a la corrupción y su impacto en los derechos humanos, y la revisión de diversas herramientas disponibles, tanto en el plano nacional como internacional, para la construcción de sociedades más democráticas, transparentes, participativas y respetuosas de los derechos humanos.

La jornada se inició con una introducción del Director General del CPLT, Raúl Ferrada, quien comentó acerca de las facultadles del Consejo, su organigrama, desafíos y metas cumplidas.

Luego, la Directora (s) Jurídica, Andrea Ruiz, explicó a los alumnos los procesos para solicitar y acceder a información pública, el rol resolutivo y sancionatorio si se incumple, que multa o suspende al Jefe Superior del Servicio. Además, hizo énfasis en el marco normativo de la transparencia activa, el marco normativo del derecho acceso, comentó acerca del total de reclamos y amparos  ingresados a marzo 2013 y  las causales de secreto o reserva. Para terminar ejemplificó con casos concretos como el de “correo electrónicos”

Por su parte, el Director de Estudios, Eolo Díaz-Tendero expuso acerca de cómo funciona el acceso a la información como un derecho, el tipo de mediciones que realiza el Consejo y la importancia de estas mediciones en los desafíos institucionales que se planifican año a año. Detalló la metodología ocupada en la Encuesta Nacional de Transparencia, el Estudio a Stakeholders y en especial el nuevo Índice de Transparencia.

Los estudiantes se mostraron muy entusiasmados con las temáticas haciendo preguntas. El objetivo del presente diploma de postítulo es capacitar, en cada curso, a un grupo de hasta 25 profesionales de diversas disciplinas (derecho, periodismo, educación, economía, entre otras), que estén en posición de colaborar, ya sea desde el sector público, privado o no gubernamental, con el fortalecimiento de la integridad pública, la democracia y los derechos humanos en sus países.

 

– A sólo cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, sus objetivos se han cumplido en un 38%. Este es un paso importante, aunque insuficiente, en la instalación de la política pública de transparencia.

– El desconocimiento es el factor crítico que impide alcanzar niveles más altos en inédito Índice de Transparencia y Acceso a la Información, que registrará los avances y retrocesos del país en esta materia.

– Situación que se explica tanto porque los ciudadanos no saben cómo ejercer sus derechos, como porque los funcionarios públicos no tienen suficientemente claro cómo cumplir con la Ley.

– Apenas el 8% de las personas conoce efectivamente cómo funciona este nuevo derecho, mientras que sólo el 13% de los funcionarios públicos sabe los plazos que tienen los ciudadanos para reclamar frente al Consejo para la Transparencia.

Así lo revela el primer Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), inédito indicador que busca medir los niveles de eficacia alcanzados en la implementación de la normativa que garantiza y regula el derecho de las personas para acceder a la información de los organismos del Estado.

El ITAI, que debutó hoy y que se dará a conocer anualmente, fue elaborado por el Consejo para la Transparencia, a partir de diversos estudios que evalúan el conocimiento y ejercicio exitoso de este derecho por parte de la ciudadanía, así como las barreras que lo dificultan. Este índice será la principal herramienta para medir los avances o eventuales retrocesos del país en esta materia, transformándose en un estímulo para el desempeño del aparato estatal y del propio Consejo.

A futuro se apuesta a internacionalizar este “Índice” a través de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), de modo que pueda funcionar como un instrumento de comparación a nivel latinoamericano.
El presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, explicó el sentido de esta iniciativa, haciendo notar que el país necesita avanzar en la evaluación de las políticas públicas que implementa: “El índice de Transparencia y Acceso a la Información servirá para medir el avance en la implementación de las políticas de transparencia, así como para orientar los esfuerzos del Consejo en el cumpliento de su gran objetivo que es masificar el ejercicio del derecho ciudadano para acceder a la información pública”.

Las áreas más fuertes

Para la elaboración del ITAI, se consideraron tres dimensiones: el uso de la Ley de Transparencia, y las condiciones ciudadanas e institucionales para el ejercicio del derecho de acceso a la información. De este modo, el índice, por una parte,  recoge la información objetiva respecto del modo en que se ha utilizado esta norma, como los factores que dificultan o facilitan su empleo.

Así, se constató que durante el 2012 las páginas de Transparencia Activa de los distintos organismos del Estado recibieron 1 millón 774 mil 124 visitas, presentándose ante el Consejo sólo 28 reclamos por deficiencias en los antecedentes contenidos. En el período, además, se registraron 43 mil 293 solicitudes de información a entidades públicas, de las cuales 1.225 llevaron a la presentación de Amparos ante el Consejo, ya sea por denegación o entrega incompleta o defectuosa de lo solicitado. Tales cifras dan cuenta de la principal fortaleza que muestra el país dentro del Índice: una alta satisfacción, que llega al 98% de los casos, entre los usuarios que conocen la ley y la utilizan.

Igualmente, el ITAI destaca como otra fortaleza central la alta valoración que hace la ciudadanía de la transparencia pública, donde el indicador llega al 75%.

 

Los puntos débiles

Las áreas que, en cambio, representan desafíos a superar son las que tienen que ver precisamente con el conocimiento de la normativa, tanto entre la ciudadanía como entre los funcionarios públicos encargados, en última instancia, de responder las demandas de las personas por acceder a información.

Así, apenas el 8% de las personas conoce efectivamente la Ley de Transparencia y la labor del Consejo ante el cual se puede recurrir cuando su derecho de acceso a la información pública es denegado.

El punto es crítico, según advierte el director de Estudios del Consejo, Eolo Díaz-Tendero, pues no se trata sólo de saber de la existencia de la normativa, sino de los alcances que ésta tiene para las personas: “Da lo mismo si el ciudadano conoce que hay una Ley; lo importante es que sepa que puede reclamar (que tiene un derecho) y que sepa dónde hacerlo (exigibilidad)”.

El ITAI también detectó un conocimiento insuficiente de los funcionarios públicos en materia de transparencia: el indicador específico en este punto es de 43%. Ello, porque si bien el 80% de ellos señala conocer la Ley, sólo el 13% sabe sobre los plazos que tienen los ciudadanos para reclamar por una solicitud de información no respondida o deficiente, y sólo el 12% identifica correctamente las situaciones que pueden dar origen a reclamos, entre otros números.

Díaz -Tendero pone énfasis en la importancia de este punto: nuevamente, no basta con que se sepa de la existencia de una normativa, sino también de las obligaciones que ella impone a los funcionarios y el modo en que deben procesar las demandas de los usuarios. De hecho, otros estudios del Consejo advierten que un 30% de las solicitudes de información fracasan (es decir, no logran entrar al sistema para ser respondidas) por barreras que se vinculan a elementos tecnológicos o a una mala orientación por parte de los funcionarios y organismos.

Las tareas pendientes

El ITAI también permite detectar áreas en las cuales, si bien los resultados aparecen positivos, queda margen para mejorar: las capacidades institucionales (60%) para cumplir efectivamente la ley; la valoración del principio de la transparencia que hacen los funcionarios públicos (índice de 72%, tres puntos más bajos que la de los ciudadanos), y la accesibilidad a la información, con un índice de 64%, lo que significa que aún quedan barreras que remover para el ejercicio pleno de este derecho.

El Consejo para la Transparencia participó en el Seminario “Transparencia y Acceso a la Información para entidades de Control”, organizada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y EUROsociAL en la ciudad de Quito.

Christian Anker, jefe de la Unidad de Promoción y Clientes junto Mauricio Godoy, Jefe de Transparencia Activa fueron invitados a participar en los paneles sobre Difusión del Derecho al Acceso a la Información Pública y los Mecanismos de control en transparencia activa.

Además, lideraron mesas de trabajo sobre Levantamiento de Recomendaciones para fomentar el ejercicio ciudadano del derecho al acceso a la información desde la Institucionalidad y Cooperación y Coordinación entre entidades de control.

El seminario fue oportunidad para que los representantes del Consejo para la Transparencia Chile asistieran a diversas reuniones y talleres de trabajo, destacando la sostenida con el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira y el área de educación de esta, donde se revisó la experiencia del CPLT en los ámbitos de capacitación y mecanismos de difusión del acceso a la información. Asimismo, suscitó interés la implementación del nuevo Portal de Transparencia de Chile.

El evento tuvo como objeto sensibilizar a las instituciones sobre la importancia de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información para la ciudadanía y homogenizar los conocimientos básicos de los funcionarios que trabajan en las entidades de control en temas de acceso a la información pública de Ecuador.

A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) inicia su  plan de capacitaciones presencial 2013 en todas las regiones del país, el cual es complementado con la plataforma www.educatransparencia.cl y la firma de convenio con municipios para adherirse al Portal de Transparencia del Estado.

Iquique es el destino para continuar la gira de actividades organizada por un equipo de profesionales del CPLT que es liderado por su Director General, Raúl Ferrada Carrasco.

Durante tres días el Consejo realizará jornadas de capacitación a Alcaldes y Concejales, funcionarios de Servicios Públicos Regionales y tendrá actividades con la Sociedad Civil de la región.

En esta oportunidad el Consejo dictará charlas  a los asistentes para dar a conocer el sentido y alcance de la Ley de Transparencia, con especial foco en las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia, capacitando a los participantes en el adecuado cumplimiento de esta ley, tanto en lo referido al Derecho de Acceso a la Información Pública como a las disposiciones legales y normativas de la Transparencia Activa.

A su vez, se realizarán actividades orientadas a organizaciones ciudadanas y dirigentes sociales en conjunto con la dirección regional de la Fundación para a la Superación de la Pobreza, convocando a otras ONGs y entidades de la región para una actividad en Iquique.

A lo anterior, se suman talleres que se realizarán con dirigentes sociales de las comunas de Pozo Almonte, La Tirana, Pica, Camiña y Alto Hospicio. Estas actividades tienen como fin habilitar a los participantes en la formulación de solicitudes de información a organismos públicos y de reclamos frente al Consejo para la Transparencia.

La iniciativa pretende generar un espacio abierto para resolver dudas, permitiendo que se hagan todas las consultas respecto a la implementación de la ley. Además, se mostrará la nueva plataforma digital sobre el Portal de Transparencia del Estado, orientado a facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, educar y promocionar el derecho a saber, recopilar y analizar la información de esta política pública, fiscalizar el cumplimiento de la normativa, apoyar a los servicios públicos en su gestión de transparencia, posicionar el rol del Consejo, y contribuir a la modernización del Estado.

El Consejo para la Transparencia junto a representantes del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y academia participó en la firma del proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de los Capítulos II y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Chile” (UNCAC). El objetivo es evaluar las políticas de prevención y continuar trabajando en la lucha contra la corrupción en el país.

 

La actividad estuvo encabezada por el Contralor General, Ramiro Mendoza, y el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Chile y Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Antonio Molpeceres.

En la ocasión, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada se reunió junto a autoridades del Consejo de Defensa del Estado, Comisión de Probidad y Transparencia, Ministerio Público, Fundación Pro acceso, entre otras, para firmar el acuerdo que ratifica el informe final de la UNCAC, producto de un análisis de diversas mesas de trabajo que persigue fortalecer las buenas prácticas en pos de la prevención de la corrupción, comprometiéndose a promover la probidad en las instituciones, destacando el rol de la Ley de Transparencia como la esencia en la  rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones.

Por último, el documento de la UNCAC establece un mecanismo de colaboración continuo entre las entidades con el fin de continuar un diálogo permanente, destacando el control social y ciudadano en pos de la transparencia y la lucha contra la corrupción en Chile.