El Presidente del Consejo Para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, fue invitado a Argentina por la Fundación Civilidad a exponer en la jornada “Taller aplicado sobre modernización pública municipal y provincial”, encuentro que se realizó en Buenos Aires este 29 y 30 de noviembre del 2013.

El think tank trasandino impartió este taller a representantes de gobierno local y en la oportunidad Jorge Jaraquemada compartió la experiencia chilena desarrollada por el Consejo Para la Transparencia con los municipios. En esa línea, explicó las claves de este modelo de gestión que contempla fiscalización pero, al mismo tiempo, promoción, acompañamiento y capacitación a los municipios empeñados en implementar o mejorar estándares de transparencia.

La Fundación Civilidad está ligada al instituto argentino del mismo nombre y es un centro de estudios dedicado a promover investigación en áreas de políticas públicas, focalizando su trabajo en los municipios como comunidad natural primaria.

 

El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, fue el encargado de presentar este miércoles 27 de noviembre el nuevo número de la Revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, publicación semestral que en esta oportunidad lleva por título “Transparencia y Acceso a la Información” y está centrada en el análisis jurídico del tema, a través de ensayos de varios autores.

La ceremonia de presentación de la Revista de Derecho fue encabezada por el Decano de la Facultad de Derecho, Miguel Schweitzer y por el Director de Investigación y Publicaciones, Enrique Navarro, y en ella participaron personeros de la Secretaria General de la Presidencia, el ex ministro del Segpres y ex senador, José Antonio Viera Gallo, y el ex decano de Derecho de la casa de Estudios, Roberto Guerrero, entre otros.

Jorge Jaraquemada planteó a la audiencia que la Transparencia es antes que nada un enorme cambio cultura, y la adopción de hábitos sociales y ciudadanos. Por ello, dijo, el proceso de instalación e implementación progresiva de nuevos estándares de transparencia debe ser mirado como parte importante de la modernización del Estado y también debe ser visto como un factor de participación política y de profundización democrática en la medida que la Transparencia es incluye a los ciudadanos como controladores de la administración pública y como generadores de confianza en las instituciones.

El Presidente del CPLT habló además del éxito y reconocimiento que está logrando Chile entre países de la región como líder en materias de transparencia y modelo de gestión para la transparencia. Explicó que este liderazgo se basa en varios pilares. El primero de ellos es que la legislación ganó rápidamente legitimación pública y es usada (Ley 20285) “es una ley con clientes”, dijo. Otro pilar clave es que existe un órgano garante y autónomo, con un gobierno corporativo, que garantiza resolución imparcial de los casos y cumplimiento de las decisiones, por lo que la legislación no es una ley que se limite al papel.

Jaraquemada también se refirió a los desafíos que enfrenta la institucionalidad para la Transparencia, entre otros, el todavía bajo conocimiento que tienen los ciudadanos comunes de su derecho de acceso a la información y de las facultades del CPLT, y mencionó también como desafío que la jurisprudencia y fallos del Consejo no sean cuestionados cada vez que un fallo no gusta.

La Universidad Finis Terrae es una casa de estudios que ha profundizado en los temas de transparencia como sello de varios de sus programas de estudios: imparte un diplomado y un magister en probidad y Transparencia en la Administración del Estado.

El Consejo para la Transparencia recorrió ocho regiones del país y se acercó a 122 instituciones para verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Esto con el objetivo de conocer en terreno la forma en que los distintos organismos públicos llevan a cabo los procedimientos relativos al derecho de acceso a la información pública, es decir, la manera en que ingresan y responden las solicitudes de información que reciben de los ciudadanos, tanto de manera presencial, como vía web.

Tras lo anterior, se detectaron barreras a las que se ven enfrentadas las personas y la calidad y oportunidad de las respuestas recibidas a las solicitudes de información ingresadas.

Mientras los distintos Serviu del país obtuvieron un puntaje promedio de un 87%, los municipios y las universidades sobrepasan por poco el 60%. Esto significa que el servicio dependiente del Ministerio de Vivienda tiene menos barreras de acceso a la información que las alcaldías y las instituciones de educación superior.

Se destaca en esta fiscalización la Dirección de Bibliotecas y Museos como una de las “más transparente” junto a las municipalidades de Cerrillos y Quilpué.  Al contrario las instituciones con más barreras se encuentran los municipios de Llanquihue, Frutillar y Concepción.

“Es de alta importancia que los organismos públicos puedan incorporar en sus planes de capacitación los alcances de esta ley”, explica Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia. Esto, para que no se cometan errores como pedir demasiados datos a quien requiere información pública, cuando lo único que señala la ley es que se debe expresar el nombre y la dirección. Cualquier otro dato es una “barrera” que podría desmotivar a una persona para exigir información.

“En este período (desde que se aprobó la ley) se han desarrollado capacitaciones y difusión de su contenido, sin embargo, aún falta mayor conocimiento ciudadano y de los funcionarios”, agrega Jaraquemada.

En diciembre, todas las instituciones evaluadas recibirán un informe con las observaciones para que puedan corregirlas.

Resultados Usuario Simulado en Derecho de Acceso a la Información

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) invitan a participar el próximo 14 de diciembre en el Primer Hackatón Cívico de Chile.

La iniciativa es una competencia abierta de desarrollo de aplicaciones tecnológicas sobre temáticas de salud, educación, vivienda y calidad democrática, con el objetivo de masificar y promover el uso de la información a través de soluciones digitales, útiles y prácticas para todos los chilenos.

El Hackatón Cívico está abierto para todos y especialmente dirigido a organizaciones civiles, desarrolladores web y programadores, periodistas, expertos en temas sociales y/o políticas públicas, especialistas y/o funcionarios del sector público, diseñadores gráficos, webmaster y gestores de proyectos. Las tres mejores aplicaciones de software recibirán US$ 3.000 cada una para que los autores las mejoren y se conviertan en productos digitales sustentables y de alto impacto público. Estas iniciativas serán incubadas por el Laboratorio de Innovación Cívica del Consejo para la Transparencia.

Para el Director de Estudios del CPLT, Eolo Díaz-Tendero, este proyecto “se constituye en un espacio que consolida una lógica colaborativa de trabajo, cuyo eje es la co-creación de soluciones a problemas sociales, a través de la utilización por parte de los ciudadanos de información pública”.

Por su parte, el Director general del Consejo, Raúl Ferrada sostiene que “con esta iniciativa queremos lograr el encuentro entre los datos públicos y la tecnología para construir soluciones y aplicaciones digitales a partir de información que debe ser accesible para todos los chilenos y que muestren el valor de la transparencia”.

Inscripciones hasta el 7 de diciembre en www.consejotransparencia.cl/labcivico

Más información:
Twitter: @labcivico
Email: labcivico@cplt.cl

Hackatón Cívico, “Co-creando soluciones a través de la información pública”

Inscripciones: hasta 7 de diciembre
Sesión de Datos: 7 de diciembre
Hackaton: 14 de Diciembre
Demo Day: 9 de Enero

 

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores entregar los nombres de los abogados que participaron en la defensa de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre enero de 2010 y octubre de 2011, y el monto de los honorarios percibidos por su gestión.

 

La resolución de la Corte de Apelaciones determina que la entrega de los nombres de los abogados que participaron en la defensa de Chile ante el tribunal internacional no vulnera el “interés nacional” en el manejo de las relaciones internacionales del país y que, por lo tanto, la información no está sujeta a causal de reserva.

El fallo fue dictado en votación unánime por la 6° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros Sr. Mauricio Silva; Sra. Jenny Book (suplente y redactora), y la abogado integrante Sra. Claudia Schmidt, rechazaron el reclamo de ilegalidad presentado por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol), en contra de la determinación que ordenó entregar los datos solicitados por Romina Colman Carnevali, quien reside en Argentina.

 

Entre los días 11 y 15 de noviembre el Consejo para la Transparencia estará participando en el Programa de Cooperación de Singapur (PCS), encuentro internacional sobre Transparencia y Gobernabilidad en Políticas Públicas organizado por la Agencia de Cooperación Internacional AGCI Chile y su socio cooperante triangular. El evento reúne a 25 representantes de 6 países de ASEAN y se está realizando actualmente en Singapur.

La inauguración del curso, realizada el pasado lunes 11, contó con la participación de autoridades singapurenses y chilenos de alto nivel, incluyendo el Embajador de Chile en Singapur, Fernando Danús Charpentier y la Directora General para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur, Foo Chi Hsia. Además, asistieron representantes del Colegio del Servicio Civil de Singapur, entidad capacitadora de funcionarios públicos y co-organizador del programa.

Por primera vez, Chile realiza conjuntamente con el PCS un curso destinado a compartir experiencias sobre gobernabilidad y transparencia, con representantes gubernamentales de los países de ASEAN, como son Camboya, Laos, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

El objetivo del encuentro es conocer la experiencia chilena y singapurense en gobernabilidad y administración pública, acercamiento a la transparencia, acceso a información, buen gobierno, y la posibilidad de compartir herramientas de gestión pública asertivas.

El curso internacional cuenta con presentaciones de expertos técnicos chilenos del Consejo para la Transparencia, de la Secretaría General de la República (SEGPRES), la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, así como de la Agencia de Cooperación Internacional AGCI Chile y de la Embajada de Chile en Singapur.

 

En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó una decisión previa del Consejo para la Transparencia ordenando al Ministerio de Transportes revelar los correos  electrónicos vinculados con el proceso de modificación de los contratos del Transantiago. Se trata de la tercera vez en que el máximo tribunal se pronuncia respecto de la difusión de mails de autoridades, pero la primera en que lo hace a favor de su difusión: anteriormente había rechazado la posibilidad de que se hicieran públicos correos electrónicos del ministro Cristián Larroulet y del subsecretario Rodrigo Ubilla.

Ahora, en cambio, la Tercera Sala (conformada esta vez por los ministros titulares Sergio Muñoz y Pedro Pierry; los suplentes Carlos Cerda y Juan Escobar, y el abogado integrante Luis Bates) resolvió que Transportes “debe entregar una copia digital de los correos electrónicos recibidos y enviados por el Ministro de Transportes, la Subsecretaria de Transportes, el Coordinador de Transantiago y el equipo responsable de las modificaciones de los contratos del Transantiago, que digan relación con las modificaciones de los contratos, en virtud de las cuales se asignan nuevos recorridos del transporte público en la ciudad de Santiago”.

El caso se inició el 22 de octubre de 2011, cuando el ingeniero Leonardo Osorio Briceño pidió a Transportes los mencionados correos electrónicos. La cartera se negó a ello, lo que llevó a Osorio a presentar, el 30 de noviembre de ese año, un amparo ante el Consejo para la Transparencia. Este, el 29 de junio de 2012, en una decisión dividida (adoptada con los votos a favor del entonces presidente, Alejandro Ferreiro, y de la consejera Vivianne Blanlot, y la disidencia del consejero José Luis Santa María, y en ausencia del cuarto integrante, el actual presidente, Jorge Jaraquemada), acogió el amparo y ordenó la entrega de los correos. Frente a ello, el 10 de agosto el ministro Pedro Pablo Errázuriz; la subsecretaria, Gloria Hutt; el coordinador del Transantiago, Patricio Pérez, y los asesores que participaron en la renegociación del contrato presentaron un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago;  el 19 de noviembre, además, la cartera recurrió al Tribunal Constitucional, con un recurso de inaplicabilidad que sin embargo fue declarado inadmisible. Pese a ello, la Corte de Santiago dio la razón a Transportes en un fallo 3-0, lo que llevó al Consejo para la Transparencia a recurrir de queja ante la Corte Suprema, la que ayer acogió la queja y revirtió lo resuelto por el tribunal de alzada.

El elemento determinante para el vuelco, y que explica además por qué en este caso la Suprema se pronunció a favor de la difusión de los correos, tiene que ver con que, al responder la solicitud de Osorio, el Ministerio de Transportes reconoció explícitamente que los mails en cuestión servirían de base para adoptar decisiones relativas al sistema de transporte público de Santiago; esto es, en la visión del máximo tribunal, “se trata de información que integra la formación del acto de la Administración, que por expresa disposición del constituyente es pública”.  Por otra parte, durante la tramitación del caso ante el Consejo, éste pudo constatar que los nuevos contratos en cuestión ya habían sido suscritos e incluso publicados en la web del Ministerio, con lo cual resultaban aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia según las cuales, una vez adoptada una decisión, son públicos los antecedentes que le sirven de sustento o complemento.

El curso es parte de la oferta de formación on line del Programa EducaTransparencia, que es una línea de trabajo pedagógico y de formación que desarrolla el Consejo para la Transparencia a través de equipos que imparten capacitación presencial y a través del portal EducaTransparencia.

Los alumnos que se inscriban en el módulo educativo “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal” podrán conocer una metodología diseñada en el Consejo de la Transparencia que permitirá transparentar la gestión administrativa y financiera de los distintos Servicios Públicos del país en todos los ámbitos y con los estándares requeridos.

El curso apunta a lograr una optimización de los servicios en el gobierno local y un uso eficiente de los recursos con que cuenta cada municipio con el propósito específico de responder de modo oportuno, eficiente y transparente a las demandas de información de la comunidad.

Una vez realizado el curso, el estudiante puede certificar su conocimiento en las materias de transparencia y acceso a la información.

Desde que entró en vigencia la Ley N◦ 20.285 el 20 de Abril de 2009, hasta el 31 de Agosto  de 2013,el total de casos referidos a Municipalidades ingresados al Consejo Para la Transparencia llegó a los 2.006. El índice promedio de cumplimiento de Transparencia Activa por parte de las Municipalidades el 2013 es de 47,43% . Es por esto que el Consejo Para la Transparencia junto con sus labores de fiscalización realiza un trabajo de formación, capacitación  y acompañamiento.

Inscripciones para el curso Modelo de Gestión en Transparencia Municipal

El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, destacó los amplios consensos expresados en la Cumbre de OGP (Open Government Partnership) realizada la semana pasada en Londres. Así, hizo notar, todos los participantes coincidieron en la necesidad de homegeneizar los estándares de transparencia entre los países miembros de esta alianza; en la importancia de abrir espacios para una verdadera participación de la sociedad civil en el cumplimiento de los compromisos en materia de gobierno abierto, y  en desarrollar mecanismos de evaluación del impacto de las medidas que se tomen.

Jaraquemada fue parte de la delegación chilena a la cita que reunió a los 60 países ya comprometidos con OGP, una iniciativa lanzada en 2011 y que busca apoyar internacionalmente el avance hacia gobiernos más abiertos y que permitan un amplio escrutinio ciudadano.

En la reunión, el presidente del CPLT destacó las propuestas impulsadas por el Consejo dentro del Plan de Acción de Chile en esta materia. Estas incluyen el fortalecimiento de las capacidades institucionales (por ejemplo, a través de la consolidación del Portal de Transparencia del Estado), lograr un efectivo uso del derecho de acceso a la información por parte de las personas, evitando su elitización, y avanzar hacia la definición de estándares mínimos de transparencia entre los países miembros de la alianza, entre otras materias.

En la jornada, a la que se invitó a participar a Raúl Ferrada, éste explicó las nuevas líneas de trabajo que está desarrollando el CPLT para masificar la difusión de la Ley de Transparencia en la ciudadanía y promover el ejercicio del derecho de Acceso a la Información.

El Centro de Educación Cívica, dirigida por el abogado y académico Luis Bates, es una entidad de extensión y formativa de la Universidad San Sebastián, que tiene por objetivo acercar el mundo de las normas y del Derecho a la ciudadanía en general. En ese marco, está dictando el mencionado curso taller, dirigido a periodistas, intervinientes del sistema de justicia penal, abogados y comunidad jurídica, estudiantes de derecho y de periodismo, y a organizaciones ciudadanas.

En la sesión del miércoles 29 de octubre se revisaron “EXPERIENCIAS COMUNICACIONALES DEL DERECHO Y LA JUSTICIA”, y, junto con el director del Consejo Para la Transparencia, expusieron Francisca Zapata, jueza de Garantía y vicepresidenta de la  Asociación Nacional de Magistrados; el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Roberto Contreras; la directora de Comunicaciones del Poder Judicial, María Lucy Dávila, y Romina Garrido, de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Raúl Ferrada comenzó su exposición mostrando cifras del Estudio Nacional de Transparencia 2012 que muestran el alto porcentaje – 89% — de la ciudadanía que cree que el Estado debe entregarle información que es pública, y el contraste de ello con las bajas cifras de conocimiento de la Ley de Transparencia, 11%, o de disposición a presentar un reclamo ante el Consejo por denegación de información.

De igual modo, explicó Raúl Ferrada, el conocimiento y el uso de la Ley de Transparencia como herramienta para obtener información oficial y verificable es también muy bajo entre el mundo de los periodistas, siendo que el derecho de Acceso a la Información puede aplicarse de variados modos para obtener noticias, clarificar situaciones de interés público, y para ejercer control social sobre el aparato público.

Esta situación de escaso conocimiento y uso de un derecho y de su institucionalidad ha motivado al Consejo para la Transparencia a desarrollar varias iniciativas que, bajo distintos formatos, persiguen un acercamiento a la ciudadanía, poniendo en lenguaje comprensible y sencillo los alcances de la Ley y del Derecho de Acceso a la Información, cómo ejercerlo, y para qué le sirve a la ciudadanía general.

Una de estas líneas de trabajo es la realización de talleres para periodistas que explican el uso profesional específico que se le puede dar a la ley. Otra iniciativa en esta línea de difusión e interacción ciudadana fue la campaña multimedial Que no te Nieguen Información, y un tercer aspecto de esta ofensiva, dijo Ferrada, es el abordaje desde las plataformas digitales, con una nueva web orientada al ciudadano y a la oferta de servicios, con presencia en redes sociales y con la existencia de EducaTransparencia, un website dependiente del Consejo, pero orientado a la formación y educación

 

Jorge Jaraquemada recordó que ya en mayo pasado el Consejo envió un oficio a los principales actores del sistema (entre ellos, el Ministerio de Educación y las autoridades del Consejo de Rectores) formulando recomendaciones para mejorar la transparencia en las pruebas de selección universitaria. Dichas recomendaciones, indicó, siguen estando  “plenamente vigentes”  hoy. Ello, considerando, además, que la controversia en torno al ránking de notas también involucra aspectos de transparencia. “Uno de los cuestionamientos que han planteado los rectores y alumnos de colegios emblemáticos es que las nuevas ponderaciones implican un cambio drástico en las reglas del juego que se anuncia a meses de tener que rendir la PSU y cuando los estudiantes ya pueden hacer muy poco para mejorar sus promedios de notas: en el fondo, lo que reclaman es una falta de acceso oportuno a la información”, hizo notar Jaraquemada. A eso se suman otras aristas de la polémica, como los reales alcances de la medida y sus efectos, los antecedentes que llevaron a su adopción y los estudios que la justifican.

Propuestas para la PSU

En cuanto a las recomendaciones respecto de la PSU, el presidente del CPLT indicó que éstas surgieron de un levantamiento de información que incluyó la revisión del Informe Pearson (encargado por el Ministerio de Educación y el Departamento de Medición y Registros de la Universidad de Chile esa consultora), los casos vinculados con el tema presentados ante el Consejo , así como los reclamos, consultas y comentarios de los usuarios de la prueba ante la Fiscalía del Demre y su mesa de ayuda. Dicho levantamiento de datos mostró que, si bien existe abundante información en la página del DEMRE, ésta se refiere al proceso mismo de rendición de la prueba y no atiende otros elementos relevantes. Frente a ello, el Consejo propuso un conjunto de medidas, entre las que se encuentran:

 -Disponer, en la página web del DEMRE un banner que centralice toda la información relativa al diseño de la prueba.

-Publicar todos los organismos que participan en el diseño de las pruebas y cuáles son las tareas específicas en que intervienen.

-Publicar, en la fase de confección de las pruebas, el procedimiento llevado a cabo para ello; los perfiles académicos y caracterización profesional de los participantes en los comités de elaboración de la PSU; la estructuración y selección de ítems a aplicar, y los resultados del proceso de pilotaje de la misma.

-Poner a disposición de los estudiantes no sólo los puntajes obtenidos, sino también otros antecedentes que les permitan conocer en detalle los resultados de sus pruebas. Así, se sugiere explicitar los criterios de asignación de los puntajes, mencionando las preguntas con la respectiva respuesta correcta.

-Informar sobre el comportamiento de los puntajes en función de criterios territoriales, temporales, características de los establecimientos de egreso de los estudiantes y origen social de éstos.

-Informar las evaluaciones las evaluaciones generales y el impacto de la rendición de la PSU en relación a sus objetivos, y también el costo total de la prueba y los ingresos que ella genera por concepto de inscripción.

 

            

La Oficina del Gabinete es el departamento del gobierno británico responsable de la coordinación general y de muchas iniciativas e innovaciones interrelacionadas, como la reforma del servicio civil, la transparencia y apertura de la información, reforma sobre la eficiencia y el régimen de compras públicas, e inversión social.  En su calidad de Secretario Permanente, Richard encabeza el departamento y es responsable de su conducción, estrategia y gestión.

Heaton es además Primer Asesor Parlamentario,  y como tal está a cargo de supervisar a un equipo de especialistas en redacción de leyes así como gestionar los asuntos de gobierno en cada una de las Cámaras del Parlamento británico.

El personero está de visita en Chile y su reunión con el Consejo para la Transparencia tuvo como finalidad interiorizarse en cómo fue el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, las atribuciones del Consejo, los cambios en la percepción ciudadana sobre el proceso de mayor acceso a la información de la administración del Estado.

Otro tópico de la reunión fue el de los avances en materia de transparencia en el Cono Sur, región donde Chile está liderando un proceso de buenas prácticas en modelo de gestión.

La delegación que acompañaba a Richard Heaton estaba integrada además por  Liz McKeown, la Economista Jefe de la Oficina del Gabinete británico.