Una completa exposición respecto de lo que ha significado la experiencia del Consejo para la Transparencia en Chile, realizó el presidente de este organismo, Jorge Jaraquemada, al intervenir hoy en el I Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, que se desarrolla en Buenos Aires. El encuentro es organizado por el gobierno de la ciudad porteña, que encabeza Mauricio Macri, y en él intervienen personalidades de toda la región.

Jaraquemada fue parte del panel “Experiencias regionales sobre políticas de Acceso a la Información Pública” e inició su intervención haciendo un recuento histórico. Recordó la labor de la Comisión de Etica Pública de 1994 y los primeros esfuerzos por legislar en materia de transparencia, hasta la promulgación en 2008 de la ley que creó el Consejo. El presidente del CPLT destacó como características del modelo chileno en esta materia la consagración constitucional del principio de transparencia, el reconocimiento legal del derecho de acceso a la información pública y la existencia de un órgano garante autónomo y con un gobierno corporativo en cuya designación participan dos de los poderes del Estado. Esta estructuración otorga credibilidad y legitimidad a la política pública de transparencia, y  permite la resolución imparcial de las controversias que se suscitan entre los ciudadanos y los organismos públicos respecto del derecho de acceso a la información, incluso pudiendo aplicarse sanciones a los funcionarios que incumplan la normativa.

El presidente del CPLT también entregó antecedentes respecto de cómo ha operado la Ley de Transparencia desde su entrada en vigencia, en abril de 2009. Desde entonces ha habido un progresivo aumento de las solicitudes de acceso a información presentadas ante organismos públicos, las que en un 48% se vinculan a ministerios sociales. Igualmente se han ido incrementando los “amparos” presentados ante el Consejo por ciudadanos que estiman que sus solicitudes no han sido debidamente respondidas: entre abril de 2009 y junio de 2013, la cifra llegaba a 6049.

Jaraquemada enfatizó que “la transparencia trae consigo mayor legitimidad, credibilidad y confianza institucional”, permite mayor participación ciudadana, estimula la rendición de cuentas por parte de la autoridad, mejora la reputación e inserción internacional del país y, en definitiva, profundiza la democracia.

Junto a Jaraquemada, también expuso en Buenos Aires María Elena Pérez Jaén, Comisionada del IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, de México, quien relató la experiencia de su país en el tema.

El director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, participó esta mañana en el I Congreso Internacional sobre Transparencia y Acceso a la Información que se está desarrollando durante estos días en la ciudad de Buenos Aires. Ferrada expuso en el panel titulado “Acciones globales sobre Transparencia y Acceso a la Información”, junto al nuevo secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Moisés Sánchez, y a Jesús Sanchez, representante de Transparencia España.

El panel partió con la intervención de Moisés Sánchez, quien se refirió a la evolución que ha tenido el derecho de acceso a la información en la región, donde la elaboración de la llamada “ley modelo” de la OEA marcó un antes y un después. Sánchez recalcó la importancia de que los países cuenten con legislaciones en esta materia y el desafío pendiente de Argentina en cuanto a promulgar una ley de acceso. El expositor enfatizó en la necesidad de incorporar la transparencia como principio orientador de la gestión política. “No es posible avanzar en esta materia si no existen contenidos mínimos en la política; no les podemos pedir a las leyes que cumplan roles para los cuales no estamos preparados”.

Raúl Ferrada, en tanto, presentó la configuración, el trabajo y los desafíos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), iniciativa que reúne a órganos de distintos países y donde el CPLT ejerce hoy la Secretaría Ejecutiva. Ferrada hizo notar cómo esta red ha ido creciendo y la importancia de sumar a más miembros. También explicó los cuatro temas en que sus integrantes se encuentran trabajando: jurisprudencia, capacitación, archivos e indicadores. Particular énfasis puso en este último punto, señalando la importancia de contar con mediciones que puedan reflejar el estado del derecho de acceso en la región. También entregó antecedentes del proyecto de “usuario simulado”, medición que ya se realizó en cinco países y que está pronta a iniciar su segunda etapa, incorporando a más naciones.

En cuanto a los próximos desafíos de la RTA, Ferrada señaló su participación como coordinador de un grupo de trabajo sobre acceso a la información en la Alianza para el Gobierno Abierto, la implementación del ITAI (Índice de Transparencia y Acceso a la Información ya desarrollado en Chile) en los países miembros y la incorporación de nuevos integrantes.

Cerró el panel Jesús Sánchez, quien habló de los desafíos pendientes en España, donde hoy se tramita una Ley de Transparencia que contempla también la existencia de un órgano garante —replicando así experiencias como la de Chile—, y  sobre la importancia de generar una cultura de la transparencia en la sociedad.

Promover la transparencia a nivel regional y compartir las buenas prácticas en esta área son parte de los objetivos del convenio suscrito ayer en Buenos Aires entre la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA, iniciativa en la que participan diversos países latinoamericanos) y la Alianza Regional para la Libre Expresión.

Para la firma del acuerdo se reunieron ayer en la ciudad trasandina los miembros de la Alianza, encabezados por su secretaria ejecutiva, Karina Banfi, y el director general del Consejo para la Transparencia de Chile, Raúl Ferrada, como representante de la secretaría Ejecutiva de la RTA.

Con este convenio, se concreta una relación de trabajo que se ha venido forjando desde  hace largo tiempo entre dos organizaciones que luchan por promover la transparencia y el acceso a la información pública como principios fundamentales para la construcción de sociedades democráticas en la región. En virtud del documento, ambas entidades asumen una serie de compromisos específicos:

– Compartir experiencias de buenas prácticas y políticas de acceso a la información en los países donde las partes tienen organizaciones miembros.
– Realizar actividades, conjuntas de promoción y/o capacitación a nivel internacional en el tema de acceso a la información.
– Promover conjuntamente y participar activamente en grupos de trabajo que se encuentren constituidos o se constituyan en el futuro al amparo o en relación con iniciativas internacionales en el ámbito de este convenio, tales como la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) u otras similares.
– Intercambiar investigaciones, estudios, análisis y experiencias relativas en la materia y la promoción de herramientas legales que promuevan el derecho a la información pública.

 

Sendos encuentros con los presidentes de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen, han sostenido esta semana el presidente de la Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, junto al director general de la entidad, Raúl Ferrada.

Las citas, de carácter protocolar, han servido también para intercambiar visiones respecto del tema de la transparencia y explorar eventuales ámbitos de colaboración entre el Consejo y esas instituciones.

Pero, además, han sido una oportunidad para continuar con los esfuerzos que desarrolla el CPLT en la promoción del Portal de Transparencia del Estado, lanzado en abril pasado. Este portal web busca convertirse en el principal canal de acceso a la información pública en el país. Por ello, el Consejo —que lidera la iniciativa— no sólo impulsa la incorporación a éste de los municipios y los organismos de la administración central, sino que también ha invitado a participar de la iniciativa a las entidades autónomas, como la Contraloría —la que ya manifestó su disposición—, y a los otros poderes del Estado.

Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia asistió ayer al Seminario Internacional “Transparencia en los partidos políticos”, organizado por Chile Transparente.

El objetivo del evento fue presentar el estudio sobre transparencia y partidos políticos, además de una propuesta de estándares en ese ámbito.

En la oportunidad, se contó con los expositores Nicolás Lange, director general adjunto, Fundación Konrad Adenauer Alemania y el doctor César Astudillo, Investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Además, se conformó una mesa redonda, donde participaron el Senador, Hernán Larraín; el Diputado Patricio Vallespín; el Director del CEP, Lucas Sierra y el ex Ministro del Trabajo, Ricardo Solari.

 

Con resultado sobresaliente, el Consejo para la Transparencia, única institución del sector público participante, fue galardonada en el desarrollo del Programa Empresa Competitiva (PEC) 2012 de Mutual de Seguridad.

El evento congregó a gran número de asistentes y contó con la presencia de varias autoridades como la Superintendenta de Seguridad Social, María José Zaldívar; el Presidente de la Asociación de Mutualidades, Ernesto Evans; el Presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Guillermo Gacitúa Sepúlveda y el Vice Presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Eduardo Gidi Nagli.

En la premiación representó al Consejo para la Transparencia su Director de Administración, Finanzas y Personas, Javier Pérez Iracabal junto al presidente (s) de la Asociación de Funcionarios del Consejo, Isabel Ayares.

17 firmas -del total de 666 que desarrollaron el “Programa Empresa Competitiva” 2012- fueron galardonadas por sus resultados en la ejecución de este sistema de gestión de riesgos, que permite a las empresas que lo llevan a cabo establecer un mecanismo de control de sus factores de riesgo y de sus avances en seguridad y salud ocupacional, incorporando un modelo sistemático de trabajo en esta materia al interior de las organizaciones.

A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) continúa con el plan de capacitaciones presenciales 2013 en todas las regiones del país, el cual es complementado con la plataforma Educatransparencia y la firma de convenios con municipios para adherirse al Portal de Transparencia del Estado.

 

Con un nivel de transparencia que alcanzó el cumplimiento del 93% de las materias en la reciente fiscalización nacional, la Ilustre Municipalidad de Arica, encabezada por su alcalde (s), Fernando Núñez, junto al jefe comunal de Camarones, Iván Romero Menacho, y los subrogantes de Putre, Edgard Loza González y de General Lagos, Gregorio Mendoza Chura, firmaron el convenio del Modelo de Transparencia Municipal con el Consejo. Esta iniciativa corresponde a un convenio de colaboración entre esta entidad y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), con el fin de entregar una serie de herramientas y buenas prácticas, y culmina con la incorporación de los municipios al Portal.

 

En la oportunidad, Raúl Ferrada, director general del Consejo, se refirió a esta firma como un compromiso de trabajo permanente, cotidiano y tangible en la gestión de la transparencia. En esa línea, llamó a los presentes a invertir y trabajar en la transparencia, ya que trae beneficios para la gestión comunal y fortalece la función de los municipios.

 

Por su parte, el alcalde (s) Nuñez sostuvo que los buenos números alcanzados en  Transparencia Activa por su comuna motivan a continuar trabajando en pos de la transparencia de cara a la ciudadanía. Asimismo, los representantes del resto de los municipios manifestaron que, pese a obtener bajos resultados en la última fiscalización, será un desafío como municipios rurales trabajar los próximos meses en elevar sus índices.

 

Jornada de capacitación

 

Con más de 70 asistentes, el Consejo dictó charlas  para funcionarios públicos, municipales, sociedad civil e integrantes del Consejo Consultivo Municipal de la región. El objeto fue dar a conocer el sentido y alcance de la Ley de Transparencia, capacitando en su adecuado cumplimiento, tanto en lo referido al Derecho de Acceso a la Información Pública como a las disposiciones legales y normativas de la Transparencia Activa.

 

La capacitación la realizó Christian Anker, Jefe de Promoción y Clientes del CPLT, con el apoyo de Eduardo González, director de Operaciones y Sistemas, y Raúl Ferrada, director general.

-Alza en nivel de cumplimiento de la Ley: si en 2012 el promedio era de 30,26%, en 2013 subió a 47,43%. Incremento fue especialmente sustantivo en los 36 municipios acogidos a modelo de apoyo Consejo-Subdere: sus resultados subieron  de 37% a 68%.

-Mejores resultados no se corresponden necesariamente con tamaño o recursos de la comuna, según muestra emblemático caso de Calle Larga: pasó de  6% a 95% en un año.

-Lista de municipios sumariados por incumplimiento incluye a La Reina, Pedro Aguirre Cerda y Antofagasta, entre otros.

Un alza de 17 puntos en el cumplimiento de las normas de Transparencia Activa constató la fiscalización 2013 a las 345 municipalidades del país efectuada por el Consejo para la Transparencia. En efecto, si en 2012 la cifra promedio de cumplimiento alcanzaba al 30,26%, esta vez subió al 47,43%. Aun así, las corporaciones edilicias continúan siendo un área crítica en el tema, en comparación, por ejemplo, con la administración central del Estado, donde el promedio, según arrojó la última fiscalización del sector, en diciembre pasado, llega al 96,93%.

Precisamente por ello es que el Consejo decidió este año incrementar los niveles de exigencia y someter a sumario a 88 de los municipios fiscalizados (el año pasado la cifra fue de sólo 30), investigaciones administrativas que serán llevadas a cabo por la Contraloría General de la República y que podrían derivar en la aplicación de sanciones a los respectivos alcaldes, las que pueden llegar a multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración bruta. Las sujetas a sumario son las municipalidades cuyo cumplimiento de la Ley de Transparencia se ubica notoriamente bajo el promedio de su respectiva categoría (determinada a partir de la clasificación de comunas que efectúa la Subsecretaría de Desarrollo Regional y que considera factores como ruralidad y nivel desarrollo) o que experimentaron caídas sustantivas en sus niveles de cumplimiento con respecto al año pasado. Así, en la lista de sumariados figuran municipios de muy distinta situación, incluidas comunas como La Reina (que bajó su cumplimiento de 92,54% a 67,32%), Pedro Aguirre Cerda (53,41% a 62,61%)  o Antofagasta (44,33% a 30,53%).

En contraste con casos como ésos, la fiscalización 2013 también detectó un total de 23 comunas donde el nivel de cumplimiento supera el 90%: el listado lo encabeza Providencia, pero también incluye a municipios de tamaños medianos e incluso rurales, como Calle Larga, en la V región. Esta comuna constituye un caso emblemático: mientras que el año pasado su nivel de cumplimiento era de apenas 6,12%, este año tuvo un salto de 89 puntos y llegó a 95,49%. Calle Larga es una de las 36 comunas adscritas al Modelo de Gestión de Transparencia Municipal (MGTM), convenio en virtud del cual el Consejo, con el respaldo de la Subdere, entrega apoyo para el mejoramiento de estándares y buenas prácticas de transparencia. Pero los efectos de este convenio se reflejan no sólo en casos puntuales: en conjunto, dichos municipios pasaron de un nivel de cumplimiento de 37,38% en 2012 a 68,29% este año, situándose por encima del promedio nacional.

A nivel general, otros municipios que incrementaron de modo sustantivo su evaluación fueron Maipú (de 8,24% a 91,11%); Puchuncaví (de 14,07% a 93,84%); Talca (de 15,59% a 94,35%), Contulmo (de 18,97% a 97,16%) y San Joaquín (de 20,22% a 97,73%).

En cambio, las mayores bajas correspondieron a Tiltil, que cayó de 43,01% a 5,12%; Zapallar, de 75,05% a 39,78%, y San Pedro de la Paz, de 51,82% a 16,88%.

 

En tres fallos sucesivos, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó sendos recursos interpuestos por las universidades Santo Tomás, Uniacc y de las Américas que pretendían impedir el acceso a sus respectivos expedientes de acreditación. En las sentencias, todas dictadas de modo unánime por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, se ratificó el criterio previo seguido por el Consejo para la Transparencia en esta materia, y se destacó el “interés público” que el tema reviste.

El caso se originó en una solicitud presentada a fines del año pasado por el abogado Rodrigo Mora ante la Comisión Nacional de Acreditación, solicitando los expedientes de los tres planteles mencionados, más los de las universidades del Mar y Pedro Valdivia. La CNA sólo entregó los antecedentes de estas dos últimas, pero no de las otras tres, argumentando que ellas se habían opuesto por estimar que ello afectaba sus intereses. Ante ello, Mora recurrió al Consejo para la Transparencia, el cual acogió su reclamo de modo unánime. En su argumentación, el organismo enfatizó que “existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma”. Incluso, hizo alusión expresa a los temas de índole financiera evaluados en el proceso de acreditación. “El conocimiento y la publicidad de las proyecciones financieras de una universidad, y en general de las instituciones de educación superior, han demostrado tener un altísimo interés público, entre otras cosas, por la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de éstas”, dictaminó.

Tras la decisión del Consejo, las universidades Santo Tomás, Uniacc y de las Américas presentaron sendos recursos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, los que fueron rechazados también en forma unánime esta semana, en sucesivas sentencias.  En ellas el  tribunal de alzada hizo notar la “voluntariedad” con que cada plantel se integró al proceso de acreditación, el cual les permite poder acceder a los recursos del Estado para el financiamiento estudiantil. Pero además resaltó el hecho de que el tema del aseguramiento de la calidad de la educación superior “se encuentra instalado en la discusión social… por lo que no aparece inusitado, imprevisto ni abusivo que se requiera información y se exija transparencia al respecto”.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó a la Municipalidad de Las Condes entregar el listado de morosos con deudas anteriores a 2009 por concepto de patentes municipales. El caso se originó en una solicitud presentada por un particular en junio del año pasado, la que había sido denegada por el municipio.

Este había argumentado que los antecedentes pedidos afectaban la honra y derechos económicos de los deudores. Ante ello, el particular recurrió al Consejo, el cual resolvió unánimemente en su favor, estableciendo que la información sobre el pago  de derechos municipales es de carácter público, al igual que la identidad de los deudores y el monto adeudado.

Frente a ello, la municipalidad presentó un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, la cual, sin embargo, ratificó los criterios del Consejo. Así, hizo notar que “la información requerida es pública, en tanto  forma parte del acto municipal, a través del cual se persigue el cobro de las obligaciones morosas o su castigo, así como por tratarse de información elaborada con presupuesto público”. Teniendo, además, un origen legal –estimó-, no corresponde aplicar a ella las normas sobre protección de datos personales.

En el razonamiento del tribunal y tratándose de una deuda de carácter tributario, ella “constituye un reflejo de las cargas públicas, e involucra un evidente interés público que justifica su publicidad”.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los ministros Dobra Lusic, Adelita Ravanales y la abogada integrante María Teresa Álvarez. Ello, aunque Ravanales estuvo por acoger parcialmente el recurso en lo referido al nombre y rut de los deudores morosos, por estimar que ello constituye información personal.

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades profesionales en el ámbito del acceso a la información pública, el Consejo para la Transparencia realizó una jornada de capacitación dirigida a funcionarios públicos de municipios que utilizan el Modelo de Gestión de Transparencia.

En esta oportunidad, se convocó a los municipios de Recoleta; Panguipulli; Vichuquén; San Bernardo; Molina; Independencia; Quinta Normal; Cerrillos; San Antonio; La Cisterna; Renaico y Santiago. El Director general del Consejo, Raúl Ferrada, dio inicio a la capacitación manifestando que “la gestión de cada funcionario es fundamental para una implementación exitosa de la Ley de Transparencia en el ámbito municipal. Queremos que cada funcionario sea un promotor de la cultura de la transparencia y un facilitador del ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos”.

Luego, fue el turno del  Director de Operaciones y Sistemas, Eduardo González quien explicó a los asistentes la importancia de la implementación en cada municipio del Modelo de Gestión Municipal, el cual es un apoyo relevante en el avance en la gestión en pos de la transparencia con buenos resultados hacia la ciudadanía.

Durante la jornada el Consejo realizará charlas sobre Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia; Jurisprudencia Municipal e Instrucción General N°10 de Derecho de Acceso a la Información.

Por último, se llevará a cabo un taller de Autoevaluación en Transparencia Activa, el cual está pensado para explicar a los funcionarios la gestión que deben realizar mensualmente para cumplir con las normas de la Ley de Transparencia.

La nueva Ley de TV Digital Terrestre ratificará el sometimiento del Consejo Nacional de Televisión a las normas de la Ley de Transparencia. Así quedó a firme, luego de que la Cámara de Diputados aprobara, en tercer trámite constitucional, una indicación introducida por el Senado  al proyecto, en la cual expresamente se establece el punto.
Originalmente, el texto despachado por la Cámara en primer trámite había incluido una disposición en la cual se dejaba al CNTV fuera del alcance de las distintas normas que regulan la administración del Estado, con lo cual se podía llegar a concluir que la Ley de Transparencia tampoco le resultaría aplicable.  El punto fue hecho notar al Senado por el Consejo para la Transparencia, y finalmente se corrigió al aprobarse la señalada indicación. Como ahora, en tercer trámite, los diputados ratificaron lo obrado en esta materia por la Cámara Alta, el tema quedó a firme y en esta materia la ley no irá a comisión mixta.

Cabe señalar que el propio CNTV ha reconocido las competencias del Consejo para la Transparencia y cumple con las normas sobre transparencia activa.