Con el objetivo de conocer experiencias de implementación de portales ciudadanos, compartir opiniones, ideas y sugerencias y ampliar la posibilidad de propuestas en el diseño del Portal de la Transparencia del Estado de Chile, el Consejo para la Transparencia junto al Ministerio Secretaría General de la Presidencia iniciaron la ejecución de talleres de expertos.

En total se realizarán 14 reuniones a las cuales se ha convocado a representantes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos públicos, centros de estudios, parlamentarios y autoridades municipales, entre otros.

Este trabajo se enmarca dentro del cronograma que está llevando a cabo el Comité Técnico creado con la función primordial de proponer las características, especificaciones, atributos, funcionalidades y alcance de los componentes del Portal de Transparencia del Estado de Chile, así como los lineamientos generales para el éxito de esta iniciativa. Este comité está conformado por dos representantes del Consejo para la Transparencia, y dos representantes del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

En su primera reunión los invitados fueron Soledad Ferreiro, directora de la Biblioteca del Congreso y Alejandro Barros, consultor y ex Secretario Ejecutivo de Estrategia Digital.

El Portal de Transparencia del Estado de Chile será desarrollado en forma conjunta por el Consejo para la Transparencia y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para lo cual se firmó en abril pasado un Convenio de Colaboración entre ambos organismos. Una vez implementado corresponderá su administración al Consejo para la Transparencia.

La Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado en contra de los ministros de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que no acogieron el reclamo de Ilegalidad deducido en oposición a la decisión de Amparo C94-10, sobre acceso a los antecedentes curriculares de los postulantes que pasaron la primera fase del concurso para proveer el cargo de Director Regional de O´Higgins del Registro Civil.
El fallo fue dictado unánimemente por los ministros de la Tercera Sala, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Luis Bates argumentando que “…el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte”.

Esta decisión no entra en el fondo del recurso de Ilegalidad y así se precisa en la misma decisión estableciendo que el rechazo al recurso de queja no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del Derecho efectuada por los jueces reclamados ni implica que no lo compartan.

Este es el tercer recurso de queja que ha conocido la Corte Suprema en relación con decisiones del Consejo para la Transparencia sobre Concursos del Sistema de la Alta Dirección Pública, habiéndose rechazado dos y uno terminó por desistimiento.

Los organismos Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna de Aysén y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén presentaron al Consejo para la Transparencia ocho amparos distintos (C126-11, C151-11, C94-11, C109-11, C198-11, C122-11, C124-11 y C270-11) a raíz del solicitudes sobre el proyecto energético Hidroaysén presentadas ante la Gobernación de General Carrera, la Subsecretaría de Pesca, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Aysén, la Municipalidad de O´Higgins, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En las solicitudes —que fueron parcialmente rechazadas— se pidieron los mismos antecedentes: “La información (mail institucionales, memos, oficios, cartas, etc.) vinculada con la evaluación técnica del Segundo Adenda del Proyecto Hidroeléctrico Aysén, que fuera solicitada mediante ORD. N° 76, de 28 de octubre de 2010 por parte del Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental. Esto debe incluir en forma especial los informes de los profesionales técnicos y evaluadores, la citaciones a reuniones, las actas de tales reuniones y la comunicación formal con el nivel superior en Santiago relacionado con la materia (si procede) además de todos los antecedentes necesarios para la elaboración del pronunciamiento oficial de su servicio”.
Los amparos se fundaron en que la información entregada era incompleta, ya que no se remitieron los correos electrónicos y/o informes emitidos en forma previa y como antecedente de los pronunciamientos emitidos por cada organismo sobre el Proyecto Hidroeléctrico Aysén, señalándose que éstos se habían generado y discutido en reuniones informales y sin actas, de manera que el único documento existente era el pronunciamiento oficial, publicado en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.e-seia-cl).
Las decisiones del Consejo para la Transparencia fueron distintas en cada uno de los casos debido a las diferencias de los antecedentes existentes y las alegaciones de los organismos reclamados. En algunos se comprobó que existía información no entregada, como correos electrónicos, ordenándose su entrega (p. ej., decisión del  amparo C124-11), o que existían indicios a partir de los cuales era posible presumir la existencia de documentación interna por lo que se requirió entregarla o declarar formal y expresamente que no existían (como en la decisión del  amparo C126-11). Pero en la mayoría, el Consejo no pudo determinar la existencia de más información y rechazó los amparos. Sin embargo, el Consejo manifestó su preocupación porque se afirmara la inexistencia de antecedentes preliminares que consignaran las deliberaciones e información recabada por cada Servicio para pronunciarse y, aplicando la parte final del art. 33 d) de la Ley de Transparencia, les requirió que, en lo sucesivo, dejasen “…constancia aunque sea mínima, del procedimiento empleado y de los antecedentes efectivamente tenidos a la vista por la autoridad al emitir pronunciamientos o adoptar decisiones, máxime tratándose de pronunciamientos sobre asuntos de alta relevancia pública como la evaluación del impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico”.

Con el título “Reflexiones sobre el Uso y Abuso de los Datos Personales en Chile”, Expansiva publicó la recopilación de 11 papers realizados por expertos chilenos bajo la coordinación del abogado Raúl Arrieta, quien también es autor del ensayo “Autorregulación y protección de datos personales”.

Junto a él, participan entre otros el diputado Felipe Harboe, la bloguera Paloma Baytelman, el ex fiscal económico Enrique Vergara y el director jurídico del Consejo para la Transparencia, Enrique Rajevic. Los escritos buscan mostrar los diversos desafíos que enfrenta el tema de la protección de datos personales en una sociedad altamente informatizada, en la cual circula la información rápidamente sin fronteras y en desconocimiento, en la mayoría de los casos, de los dueños de esos antecedentes. Por ello, se evalúa la situación legislativa en Chile en primer lugar para luego hacer foco en actividades económicas específicas como el retail, la industria de la salud, la comercialización de medicamentos, el caso de los adolescentes infractores de la ley penal, los brazaletes telemáticos y el regimen penitenciario.

A nivel del mundo público, le correspondió a Enrique Rajevic hacer una evaluación sobre los posibles conflictos entre la transparencia de la gestión pública y la debida privacidad de los datos personales en poder del Estado en su paper “Protección de datos y transparencia en la administración pública chilena: Inevitable y deseable ponderación”. En sus análisis hace una retrospectiva de la jurisprudencia acumulada del Consejo para la Transparencia en estos dos años en razón de los casos en que se ha debido cumplir con esa ponderación, estableciendo las materias en las cuales se han concentrado y las formas de resolverlos.

“Atención de solicitudes en el ámbito municipal” y “Protección de datos personales” son las nuevas imparticiones que buscan promover habilidades en los funcionarios municipales, especialmente en aquéllos que trabajan directamente con la ciudadanía, para la recepción y adecuada gestión de las solicitudes de información que se presenten en su respectivo municipio. Al mismo tiempo, entrega contenidos para desarrollar competencias  relacionadas con la atención de público y la entrega de un buen servicio vinculados con el ejercicio del derecho de acceso a la información.

El curso sobre protección de datos tiene como objeto que el alumno conozca, comprenda y aplique la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 19.628), conociendo sus principios orientadores, los distintos derechos que pueden ejercer los titulares de datos personales y, en especial, las obligaciones específicas que tienen que cumplir los distintos órganos de la Administración del Estado. Está dirigidos a funcionarios públicos y también a otras personas interesadas en esta temática.

Para tomar alguno de estos cursos basta con registrarse como usuario e inscribir el curso en el que se está interesado. Hay cupos limitados.

Desde 2009 el CPLT se encuentra desarrollando diversas actividades nacionales de capacitación y desde octubre de 2011 realiza cursos virtuales a través  del portal Educatransparencia, el cual es una plataforma y sistema integral de educación que comprende un conjunto organizado de componentes físicos y tecnológicos, en especial cursos a distancias y diversos componentes educativos. Sólo este año ya han participado 1.464 personas. El 86% de ellas han catalogado su experiencia con nota entre 6 y 7 en materia de satisfacción.

El objetivo principal de este portal educativo es expandir el Derecho de Acceso a la Información y mejorar los procedimientos que deben implementar los servicios públicos para dar cumplimiento a los requerimientos ciudadanos, y disminuir las barreras de entrada detectadas en los estudios del Consejo para la Transparencia en los OAE.

Para acceder a los cursos y más detalle ingresa a www.educatransparencia.cl

Con el objetivo de promover la ley de transparencia y acceso a la información pública, el Consejo para la Transparencia inicia la convocatoria al Concurso de Cuentos “La transparencia en los 200 años de Chile” dirigido a todos los alumnos de enseñanza media del país. El plazo para recibir las obras es hasta el 1° de septiembre del presente año.

Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia, destacó que esta iniciativa busca conocer la visión que tienen los adolescentes del aporte que un gestión transparente hace al país e incentivar su interés por involucrarse en los temas cívicos.Además, se convierte en un motivo para que se interioricen con el derecho de acceso a la información pública y puedan luego hacer uso de este, especialmente considerando que pronto cumplirán 18 años y podran hacer uso de todos sus derechos ciudadanos.

El concurso cuenta con el patrocinio de la Comisión Bicentenario, Editorial Norma y la Universidad Diego Portales y se premiarán al primer, segundo y tercer lugar. Las bases están publicadas en el sitio web del Consejo y pueden ser descargadas aquí.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por voto de mayoría el Reclamo de Ilegalidad deducido por el Servicio Civil en contra de la decisión de Amparo C94-10, que había dispuesto se entreguen los curriculum vitae de los postulantes que superaron la primera etapa del concurso público para proveer el cargo de Director Regional de la VI Región del Registro Civil, tarjándose ciertos datos para evitar su individualización.

Esta es la cuarta sentencia dictada por una Corte de Apelaciones en temas relacionados con los concursos convocados por la Alta Dirección Pública. De estas, tres han rechazado el recurso ratificando la decisión del CPLT y en una de ellas se acogió el recurso y los argumentos interpuestos por el Servicio Civil. Además, en dos decisiones se recurrió de Queja, siendo la primera desestimada por la Corte Suprema y la segunda desistida en el día de ayer por el Consejo de Defensa del Estado.

El fallo fue dictado en votación dividida por los ministros  Lamberto Cisternas, Dobra Lusic y Juan Cristóbal Mera (redactor y voto de minoría). Del fallo se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Que en cuanto a la alegación del reclamante de que la solicitud de información se efectuó al amparo de la Ley Nº 19.882 y no de la Ley de Transparencia, el Consejo, en virtud de lo que establecido en los Art. 16, 24 y 33 letra b) de la Ley de Transparencia, es competente para conocer de la denegación de toda solicitud de información formulada ante los órganos de la Administración del Estado, respecto de la cual el solicitante ha recurrido ante el CPT solicitando el amparo a su derecho a la información, y aunque es cierto que la Dirección Nacional del Servicio Civil tramitó la presentación del solicitante en los plazos contemplados en el artículo quincuagésimo sexto de la Ley Nº 19.882, denegó la solicitud de información señalando la reserva a que se refiere el artículo quincuagésimo quinto de la Ley 19.882, la que está vinculada a la causal de reserva o secreto a que se refiere el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.
• Que las disposiciones de la Ley Nº 19.882, que entró en vigencia en el año 2003, deben interpretarse en armonía con el Art. 8° de la Constitución Política de la República, añadido en el año 2005, y por la Ley de Transparencia del año 2008, que precisamente desarrolla el principio esbozado en el Art. 8° de la Carta Fundamental, estando en consecuencia el Consejo facultado para conocer del amparo presentado.
• Que en cuanto al fondo de la Decisión adoptada por el Consejo, esta Corte entiende que los citados artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882 efectivamente contemplan un caso de ley de quórum calificado que establece la reserva o secreto de una determinada actuación de un órgano del Estado, en los términos del inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República y del N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia (contemplada en el artículo primero de la ley 20.285).
• Que tales disposiciones deben ser interpretadas en forma sistemática con lo que señala la letra b) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, pareciendo claro que los antecedentes curriculares de aquellos que pasaron la primera etapa de selección para el concurso para proveer el cargo de Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de O’Higgins, si bien son secretos o reservados, tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté pendiente, ya que si el Art. 5° de la Ley de Transparencia establece el principio por el cual toda información que esté en poder de la Administración es pública, el secreto o reserva de la misma es excepcional y toda norma que lo establezca debe ser interpretada restrictivamente, no pareciendo razonable entender, como lo hace lo hace el Servicio Civil, que el secreto o reserva contemplada en los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley 19.982 es perpetuo.
• Que, lo que se debe otorgarse al solicitante de la información no son los currículum de los que lograron pasar a la segunda etapa del mencionado concurso público sino -como lo reconoció el representante del Consejo en estrados- sus antecedentes curriculares de una ficha emitida por el Servicio Civil, en que se han eliminado datos que permitan la identificación del concursante, como su nombre y apellidos, cédula de identidad, dirección y correo electrónico, de manera que tampoco es cierto que se hará pública la individualización de dichos concursantes.
• Que, por último, tal como se señaló en estrados, el gobierno, el 19 de enero de 2011, mediante Mensaje N° 216-358, envió al Parlamento un proyecto de ley que modifica la Ley Nº 19.882 y, en lo que interesa a esta reclamación, señala que se propone modificar su Art. quincuagésimo quinto con el objeto de precisar que el carácter de reservado o secreto de la nómina del proceso de selección y de la identidad de los candidatos, permanecerá durante diez años contados desde el término del proceso de selección, con el objeto, dice el proyecto, “de precisar que pese a concluir el proceso de selección, subsiste la reserva…”, de donde concluye esta Corte que si es necesario una modificación legal para llegar a dicha conclusión, es porque el verdadero sentido y alcance de aquella norma es que la reserva o confidencialidad dura sólo hasta el término del proceso de selección, lo que está en armonía con lo señalado en el citado artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia y con lo resuelto por el Consejo.

Voto de minoría

Por otra parte, en el voto de minoría redactado por el ministro Juan Cristóbal Mera se presentan los siguientes argumentos:

a)    Que el Art. 8° de la Constitución establece la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, pero afirma que “sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

b)    Que los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882 deben entenderse de quórum calificado para estos efectos, estableciendo la confidencialidad de la información que pretende obtener el solicitante, no correspondiéndole al Consejo para la Transparencia calificar durante cuánto tiempo dicha información es confidencial o reservada, pues la norma no hace tal distingo, no teniendo facultades para hacer esa distinción, debiendo actuar dentro de su  competencia como cualquier organismo público, dando estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley,  y no cumpliendo una labor educativa a los sujetos imperados por las normas jurídicas, como lo sostiene en su informe.

c)    Si hay una ley de quórum calificado que establece la reserva o confidencialidad de los datos curriculares de los participantes en un concurso público, no puede hacer otra cosa el CPLT que cumplirla, aun cuando sus miembros estimen que tal norma no debiera existir, pues ya desde el Código Civil se sabe que en la labor de interpretación no debe influir lo favorable u odioso de una disposición legal.

d)    Que, precisamente, como la reserva o confidencialidad de los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.982 no tiene plazo, es que el Poder Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto de ley que  pretende modificar tales disposiciones estableciendo un plazo de reserva de diez años contados desde el término de del proceso de selección, indicándose que el fin de la modificación es “precisar” que pese a concluir el proceso de selección, subsiste la reserva. O sea, el Ejecutivo entiende que terminado dicho proceso la reserva continúa y la modificación sólo quiere precisar tal afirmación y limitar la reserva a diez años.