Dentro del proyecto que está desarrollando el Consejo para la Transparencia con el apoyo del Banco Mundial y el patrocinio de la Asociación Chilena de Municipalidades y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de crear un Modelo de Gestión de Transparencia Municipal que pueda convertirse en una plataforma única para el sector, el CPLT elaboró un estudio de diagnóstico sobre las dificultades y necesidades de los municipios para poder cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta es la primera etapa del proyecto y un paso clave para el diseño de una plataforma que pueda adaptarse a los diversos requerimientos del sector municipal y que hoy se está desarrollando en conjunto con 50 municipios de las regiones Metropolitana, Valparaíso y O¨Higgins como un piloto que luego se espera replicar en el resto del país.
La investigación, efectuada por el Centro de Estudios de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica (CetiUC) incluyó una evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicar información respecto a su gestión en sus sitios electrónicos, lo que es denominado Transparencia Activa, donde en promedio se logró un porcentaje del 30%, muy inferior a lo que hoy exhibe la administración central del Estado, que bordea el 94%, según el ranking publicado por el Consejo para la Transparencia en enero de 2011.
Sin embargo, hay diferencias relevantes entre los municipios de tipo urbano y con mayores presupuestos que los rurales. Aún así, ningún municipio ostenta un cumplimiento del 100% y se presentan algunas municipalidades pequeñas que tienen mejores promedios que otros de mayor tamaño y presupuesto.
El estudio también demostró que existen hoy 15 municipalidades en el país que no tienen sitio electrónico, siendo poblados rurales que no tienen conectividad o que fueron severamente afectados por el terremoto y/o tsunami el 27 de febrero de 2010.  También hay otros 27 que cuentan con sitio electrónico pero no publican información. En todos estos casos, el CPLT junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo desplegará una estrategia de apoyo para que puedan cumplir con las obligaciones evaluando sus realidades geográficas y tecnológicas.

Algunos resultados
Al evaluar los 330 municipios que sí tienen sitio electrónico operativo se pudo obtener algunos hallazgos interesantes:
-La mayoría de los municipios tiene un promedio de cumplimiento en cuatro de las 13 materias obligatoria. Pero si se evalúa solo los municipios urbanos su promedio se eleva a más de 10 materias.
-Respecto al tipo de materias donde se exhibe mayor cumplimiento, se refieren a aquellas que requieren menor actualización mensual, como los banners de transparencia y las estructuras normativas y de organización interna.
-También tiene buen desempeño la información que está linkeada hacia otros servicios. como las compras realizadas a través del portal ChileCompra, o los presupuestos que están linkeados a la Dirección de Presupuesto.
-Una realidad distinta son los casos en que la información exige actualización mensual, ahí es muy bajo el cumplimiento, como ocurre con Otras Compras, transferencias y la información sobre subsidios y beneficios, donde se informa la existencia de estos, pero no sobre los plazos para postular.
-Otro tema de bajo cumplimiento es la publicación del personal y sus remuneraciones con un 15,8% de promedio a nivel nacional, siendo de 39,3% en las urbanas y 5,5% en las rurales.
-El estudio también comprendió solicitudes de información a una muestra de 50 municipalidades. En ese caso se obtienen mejores resultados por parte de las comunas rurales y más pequeñas, donde se presenta un mayor hábito de atención a público.
-Una materia en que el estudio pone hincapié es que en Chile el acceso a internet es aún bajo. Según la más reciente Encuesta Casen (2009) el promedio es de 30% a nivel nacional y los niveles menores están en la población rural, por lo cual en los quintiles más bajos es la actividad presencial la más relevante en su relación con los servicios públicos.

El Instituto de Previsión Social (IPS), ex INP, respondió el oficio enviado por el Consejo para la Transparencia el pasado 9 de agosto en el cual se le solicitó información respecto a las medidas que se tomaban para proteger las bases de datos personales en su poder dado una denuncia sobre un posible acceso a su base de datos de pensionados por parte de la empresa La Polar. El CPLT, conforme con lo dispuesto en la letra m) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, que señala que tiene la atribución de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado, le requirió al IPS que aclarara explicítamente:

– Las medidas de seguridad adoptadas por el IPS, a fin de resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad a sus titulares de los datos personales que deba tratar para el adecuado cumplimiento de las competencias que el Ordenamiento Jurídico le atribuye.
– Las acciones puntuales que dicho Servicio está ejecutando para definir responsabilidades respecto de los hechos descritos, y evitar en el futuro la pérdida de información y la transmisión y acceso no autorizado por terceros a sus bancos o bases de datos.

En el oficio de respuesta, firmado por el director nacional (s) del organismo, Juan Bennett, aclara que tras conocer los hechos de una supuesta filtración se instruyó a la División Jurídica el inicio de una investigación sumaria y en forma paralela al Departamento de Auditoría un proceso de auditoría, todo lo cual se sumó a una denuncia al Ministerio Público.

Por otro lado, se informa que en los meses recientes se han estado tomando precauciones administrativas y legales con el objeto de resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales de sus clientes.

El oficio enviado al CPLT se sumó al anteriormente despachado a Fonasa por una denuncia similar y que también fue respondido por el organismo.

La región del BíoBío es la tercera en el país que convierte su intendencia en “transparente” para así mostrar a sus habitantes como la Ley de Transparencia permite que conozcan el trabajo de sus autoridades y funcionarios públicos.
Con la presencia del director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del ministerio Secretaría General de la Presidencia, Alberto Precht, y el gobernador Alejandro Reyes, se inaugurará la campaña de difusión nacional creada con motivo del segundo aniversario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta normativa entrega las herramientas para que las personas puedan hacer uso del derecho de acceso a la información pública que está garantizado en la Constitución y que significa que todos los documentos en poder del Estado son públicos salvo aquellos que se enmarquen dentro de las excepciones consagradas en la misma Constitución.

Esta Ley, que entró en vigencia el 20 de abril de 2009, también creó al Consejo para la Transparencia, organismo autónomo del Estado, que garantiza el respeto a este derecho y el cumplimiento de la norma, fiscalizando a los organismos públicos obligados y resolviendo los reclamos que presentan las personas.

Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, destacó la importancia que las personas puedan conocer cómo actúan sus autoridades y funcionarios públicos, porque permite acercar a los ciudadanos a los servicios públicos. “Hoy las personas de Concepción pueden mirar hacia el interior de su intendencia. Queremos que todos sientan ese efecto y que utilicen el derecho de acceso a la información pública como una herramienta que tienen las personas para hacer uso de sus derechos”, explicó. “Una región como BíoBío que fue severamente afectada por el terremoto, requiere que sus habitantes sepan cómo se están realizando los trabajos de reconstrucción y los beneficios y subsidios con que cuentan. La Ley de Transparencia justamente les permite conocer esa información”, subrayó el director general del Consejo para la Transparencia.

A través de un convenio de colaboración entre el Consejo para la Transparencia y el Proyecto “Transparentemos”, de la Fundación AVINA y el BID/FOMIN, se consagró hoy una alianza entre el Estado y la sociedad civil, para aunar fuerzas en la promoción de una cultura de transparencia en las organizaciones sin fines de lucro.
El Director General del Consejo para la Transparencia, Raul Ferrada, y el representante en Chile de la Fundación AVINA, Guillermo Scallan, suscribieron esta tarde un Convenio de Colaboración que permitirá intercambiar experiencias y conocimientos entre el organismo estatal y la iniciativa  denominada “Transparentemos”. Este proyecto  fue creado con el propósito de contribuir a la adopción de sistemas de transparencia activa y de rendición de cuentas en las organizaciones de la sociedad civil chilena.
Según el convenio, el Consejo para la Transparencia acompañará y apoyará a Fundación  AVINA en el proceso de investigación e implementación de su proyecto “Transparentemos”, a través asesoría técnica  y de sus conocimientos en buenas prácticas de transparencia y publicidad.
AVINA, por su parte, facilitará al Consejo su información y conocimiento de un modelo de difusión e implementación de iniciativas orientadas a promover la transparencia, que podrán ser implementados tanto en el trabajo con órganos o servicios de la Administración del Estado, así como con la ciudadanía.
El Proyecto Transparentemos es una iniciativa de la Fundación AVINA y el FOMIN/BID que ha congregado a 60 organizaciones ciudadanas, seleccionadas para participar en un proceso de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica, que les facilite adoptar estándares de transparencia y rendición de cuentas.
Entre las instituciones figuran Consumers International,  la Asociación de ONG (ASONG), la Comunidad de organizaciones solidarias, la red de organizaciones voluntarias, las fundaciones Pro Bono, Acción A.G., Trabajo para un Hermano, Terram, el  Observatorio de Derechos Ciudadanos, la Fundación para la Superación de la Pobreza y Aldeas Infantiles.

La presente consulta pública tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía en relación al procedimiento administrativo que siguen los órganos de la Administración del Estado ante una solicitud de acceso a la información, en virtud del derecho que se reconoce a todas las personas en la Constitución Política y en Ley de Transparencia.

Teniendo en cuenta que dentro de las atribuciones que la ley ha otorgado al Consejo para la Transparencia, se encuentra la de dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado y formular recomendaciones a dichos órganos, esta Corporación ha acordado la elaboración de una Instrucción General sobre el Procedimiento Administrativo del Derecho de Acceso a la Información. Dicha Instrucción General pretende servir de guía para que los mencionados órganos públicos ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a la legislación existente en materia de transparencia, perfeccionando su gestión y facilitando el acceso a la información que posean.

Esta consulta pública es de carácter no vinculante y cuenta con dos mecanismos principales de participación. El primero está centrado en la posibilidad de conocer el Borrador de la propuesta de Instrucción General para formular las observaciones que se estimen convenientes. Para ello se ha habilitado un correo electrónico consultapublica@consejotransparencia.cl en el que se pueden hacer llegar opiniones por escrito, ya sea en el cuerpo del correo o adjuntando los documentos que se estimen pertinentes. El segundo mecanismo es la participación en la Ciudadana  sobre Derecho de Acceso a la Información, que permitirá identificar temas que ayuden a perfeccionar la Instrucción General y otras líneas de acción del Consejo para la Transparencia

Así mismo, durante el mes de agosto se contempla la organización de una serie de Talleres de Trabajo con distintos usuarios de la Ley 20.285 a fin de dar a conocer el Borrador de la Instrucción General y recabar información específica que pueda ser de utilidad para mejorar el instrumento presentado.

La fecha de cierre de la consulta pública para estas actividades será el día 8 de Septiembre de 2011.

Descargar

Intrucción General

Encuesta

Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008.

Reglamento de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley.

El Consejo para la Transparencia envió la semana pasada un oficio a la Cámara de Diputados en respuesta a una solicitud del diputado Marcelo Díaz. El requerimiento del diputado se enmarcaba en la facultad que tiene el CPLT de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628 de protección de datos de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado y se requería un informe sobre la decisión del gobierno de revisar, mediante sistemas informáticos, el contenido de los mensajes que se refieran a temas de su interés y que se transmitan en las redes sociales, además de la ubicación geográfica de sus autores.

En este informe, el Consejo hace una revisión de los normas hoy vigentes en el país respecto a la protección de datos personales y recoge jurisprudencia internacional respecto a los antecedentes que hoy se entregan en las redes sociales, incluyendo recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos Personales, con el objetivo de poder aportar al debate legislativo.

El director del Fondo Nacional de Salud, Mikel Uriarte, envió el 27 de julio un oficio al Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia respondiendo a las inquietudes señaladas por este respecto a las medidas que toma la institución pública para cumplir con la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos Personales.

El oficio remitido por el CPLT se debió a las noticias sobre una posible filtración de la base de datos personales de la institución de salud a la empresa La Polar.

En el documento recibido a mediados de la semana pasada, el director de Fonasa detalla las medidas que ha tomado el organismo desde que se conoció la noticia de este supuesto traspaso a La Polar tanto a nivel de denuncias e investigaciones judiciales como de protocolos internos. Sobre esto último aclara que en mayo del año pasado Fonasa registró en el Servicio Nacional del Registro Civil e Identificación sus bases de datos como los exige la ley N° 19.628. Además, destaca los procedimientos informáticos especiales de custodia de los datos sensibles de sus afiliados y otros procesos que ha desarrollado en el último tiempo.

La organización reitera su compromiso con la protección de datos personales y establece estar a la espera de los resultados de las investigaciones hoy en proceso y conforme con esos hallazgos tomar las medidas que correspondan.