En los últimos días la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema entregó sus fallos relacionados con recursos interpuestos en contra de decisiones del Consejo para la Transparencia. Se trata en total de seis fallos, dos de la Corte Suprema, uno por un recurso de Queja y otro por un recurso de Casación en la Forma y Fondo; y cuatro fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago, tres recursos de Ilegalidad y un recurso de reposición. Todos los fallos rechazaron los recursos interpuestos ratificando las decisiones del CPLT.

En relación con los recursos de Ilegalidad interpuestos son los siguientes:

1. Con fecha 22 de septiembre de 2011 la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 2742-2011, deducido por la Universidad Pedro de Valdivia en contra de la resolución del Consejo que acogió el amparo C70-11 interpuesto por don Juan Carreño Rodríguez en contra de Comisión Nacional de Acreditación – CNA-, al negarle por oposición de tercero acceso a todos los antecedentes del proceso de acreditación 2010 de la UPV, que primeramente había sido rechazada, y que luego de un Recurso de Reposición presentado por la Universidad se concedió por tan solo un año.

El fallo fue dictado unánimemente por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Javier Moya, María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Francisco Tapia (redactor).

La sentencia señala que las causales que impugnó la UPV no son de “aquellas que afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad y el interés nacional, causales éstas en cuya virtud se debe limitar el acceso a la información en conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N°20.285, pues fluye de los antecedentes cuya entrega se ha solicitado, que se trata de aquellos necesarios para obtener la acreditación que espera del órgano público correspondiente. En efecto, no se advierte de qué modo se ha podido vulnerar los derechos de la reclamante, desde que ésta se ha sometido al proceso de acreditación, por el que necesariamente ha debido proporcionar antecedentes que en caso alguno comprometen los bienes jurídicos que la referida disposición cautela, limitando sólo en esos casos el acceso a la información”. Por ello, agrega que “de este modo es que ha sido procedente ordenar la entrega de los antecedentes requeridos, atendido el derecho constitucional sobre que incide y al principio de transparencia de la función pública consagrado en el artículo 4° de la Ley N°20.285”.

2. Otro Recurso de Ilegalidad rechazado fue el interpuesto por Enap en contra de la decisión del CPLT C191-10 por un reclamo presentado por Francisca Skoknic por incumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, ya que no publica las remuneraciones de sus ejecutivos. El fallo fue dictado unánimemente por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Lamberto Cisternas (redactor), Dobra Lusic y el abogado integrante Ángel Cruchaga y declara inadmisible el reclamo de ilegalidad por extemporáneo, ya que se presentó en contra del dictamen de un recurso de reposición presentado por la empresa en contra de la decisión original del Consejo y no en contra del fallo original.

3. El tercer recurso de Ilegalidad fue deducido por Oscar Karadima en contra de la resolución del Consejo que había rechazado el amparo C38-10 interpuesto en contra de la USACH, referido a la solicitud de que el rector de la universidad explique los fundamentos de ciertos actos administrativos dictados, lo cual consideró el Consejo que no correspondía a una solicitud de información, ya que los actos deben ser autosuficientes y exponer entre sus considerandos los motivos que llevaron a la autoridad a adoptar una determinada decisión. El Reclamo (rol N° 2442-2010) fue rechazado en forma unánime por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Javier Moya, María Soledad Melo y la abogada integrante María Teresa Hoyos (redactora) y en el fallo se avala el criterio señalado por el CPLT en su rechazo original
al establecer que los actos administrativos deben ser motivados o fundados, éstos deben ser autosuficientes, “por lo que no está dentro de las atribuciones del Consejo exigir la entrega de información que sólo estuvo en la mente del Rector de la USACH y que no fue plasmada en el respectivo acto, entender lo contrario implicaría una contravención al inciso 2º del Art. 10 de la Ley de Transparencia”.

En el caso del recurso de Reposición, este fue presentado por la empresa AES Gener en contra de la resolución de fecha 1 des septiembre que había declarado inadmisible por extemporáneo el reclamo de Ilegalidad deducido en contra de la decisión C851-10 del CPLT.

Corte Suprema

La Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de Casación en la Forma y en el Fondo interpuestos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó el reclamo de Ilegalidad deducido en contra de la decisión C15-10, que había ordenado entregar la copia de un sumario administrativo concluido que se había tramitado en el Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota.
El fallo fue dictado unánimemente por los ministros Héctor Carreño, Sonia Araneda, Haroldo Brito (redactor), María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia. El fallo es importante porque ratifica que en contra de las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones no procede recurso alguno, quedando por ende solamente circunscrita la posibilidad de recurrir a la interposición del recurso de Queja. Este pronunciamiento se suma al contenido en el fallo dictado por la Corte Suprema en el Recurso de Hecho Rol N° 2874-2011, que también señaló que no procedía el Recurso de Apelación en contra de las resoluciones dictadas por las Cortes de Apelaciones durante la tramitación de los Reclamos de Ilegalidad, atendido a que ni siquiera se contempla para la sentencia definitiva.

En relación al recurso de Queja (Rol N° 4000-2011), interpuesto por la empresa Masprot en contra de los ministros de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que unánimemente habían rechazado un reclamo de Ilegalidad deducido en contra de la decisión del Consejo A63-09, la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Héctor Carreño, Sonia Araneda (redactora), Roberto Jacob, María Eugenia Sepúlveda y el abogado integrante Ricardo Peralta rechazaron en forma unánime el recurso pero también invalidaron la decisión A63-09 del Consejo y la sentencia de la Corte de Santiago dictada en los autos Rol N° 7390-2009, ordenando al CPLT a pronunciarse sobre la causal de secreto esgrimida por Aduanas.
Esto se debe a que la sentencia desestima el argumento del Consejo de no poder pronunciarse sobre el Amparo al encontrarse el asunto siendo conocido por un Tribunal de la República,  además de rechazar el argumento de la Corte de Santiago de que en el caso concretó operó la institución de la “cosa juzgada”, ya que sostiene que aun cuando en dos oportunidades anteriores a la vigencia de la Ley de Transparencia la empresa Masprot ya había solicitado la misma información, la “acción” deducida luego de la entrada en vigencia  la Ley N° 20.285 es diferente.
A su vez, el fallo de la Corte Suprema sostiene que es el Consejo el órgano encargado de resolver las reclamaciones formuladas cuando se ha denegado información, debiendo emitir pronunciamiento en torno a si se dan o no las causales de reserva que se invocan, lo cual no lo inhiben de pronunciarse, más aun, cuando el procedimiento invocado como fundamento de su declaración de incompetencia es diferente al consagrado en la Ley de Transparencia.

El Consejo para la Transparencia publicó hoy en el Diario Oficial las Recomendaciones sobre protección de datos personales dirigidas a todos los órganos de la Administración del Estado.
El objetivo de estas recomendaciones son establecer orientaciones respecto de los criterios jurídicos aplicables por los órganos de la Administración del Estado en el tratamiento de datos de carácter personal que obren en su poder, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones y limitaciones dispuestas por la Ley Nº 19.628. Esta normativa es la que establece las formas en que se garantiza a las personas el derecho a la protección de los datos de carácter personal y asegurar el debido manejo de los registros o bancos de datos personales que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias.

Esta Recomendación fue elaborada por el Consejo para la Transparencia en cumplimiento de las atribuciones que le señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 33 letra e) de “Velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado” y la letra e) de “Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que poseen”.

La Recomendación fue sometida previamente a un proceso de Consulta Pública durante los meses de abril y mayo pasados recibiéndose los aportes de expertos en materia de protección de datos personales, sujetos obligados en el marco de la Recomendación y ciudadanía en general, todos los cuales fueron analizados por el Consejo y debidamente respondidos, como se establece en el documento que se adjunta.

El pasado 7 de septiembre las empresas Hytech Production Chile S.A., Saprosem S.A., Mansur Agricultural Service Limitada y Erick Von Baer Lochow y otros, presentaron un recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en contra del inciso segundo del Art. 5° de la ley de Transparencia, el cual señala “…Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

Este recurso tiene su origen en una decisión del Consejo para la Transparencia A165-09 en relación a la petición de información formulada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) respecto a la “ubicación exacta de todos los sitios donde se hayan liberado cultivos y árboles transgénicos desde 1992 a la fecha”.

Frente a la resolución del Consejo Directivo del CPLT, se habían presentado reclamos de Ilegalidad por parte de las empresas que como terceros afectados se habían opuesto a la entrega de la información solicitada, los cuales se acumularon y hoy están caratulados  “Agrícola Green Seed Limitada y otros con Consejo para la Transparencia”, del cual debe conocer la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 3726-2010.

En caso que el Tribunal Constitucional acoga a tramitación el recurso de Inaplicabilidad interpuesto, el recurso que está ante la Corte de Apelaciones debría quedar pendiente a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional.

Dentro del proyecto que está desarrollando el Consejo para la Transparencia con el apoyo del Banco Mundial y el patrocinio de la Asociación Chilena de Municipalidades y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de crear un Modelo de Gestión de Transparencia Municipal que pueda convertirse en una plataforma única para el sector, el CPLT elaboró un estudio de diagnóstico sobre las dificultades y necesidades de los municipios para poder cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta es la primera etapa del proyecto y un paso clave para el diseño de una plataforma que pueda adaptarse a los diversos requerimientos del sector municipal y que hoy se está desarrollando en conjunto con 50 municipios de las regiones Metropolitana, Valparaíso y O¨Higgins como un piloto que luego se espera replicar en el resto del país.
La investigación, efectuada por el Centro de Estudios de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica (CetiUC) incluyó una evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicar información respecto a su gestión en sus sitios electrónicos, lo que es denominado Transparencia Activa, donde en promedio se logró un porcentaje del 30%, muy inferior a lo que hoy exhibe la administración central del Estado, que bordea el 94%, según el ranking publicado por el Consejo para la Transparencia en enero de 2011.
Sin embargo, hay diferencias relevantes entre los municipios de tipo urbano y con mayores presupuestos que los rurales. Aún así, ningún municipio ostenta un cumplimiento del 100% y se presentan algunas municipalidades pequeñas que tienen mejores promedios que otros de mayor tamaño y presupuesto.
El estudio también demostró que existen hoy 15 municipalidades en el país que no tienen sitio electrónico, siendo poblados rurales que no tienen conectividad o que fueron severamente afectados por el terremoto y/o tsunami el 27 de febrero de 2010.  También hay otros 27 que cuentan con sitio electrónico pero no publican información. En todos estos casos, el CPLT junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo desplegará una estrategia de apoyo para que puedan cumplir con las obligaciones evaluando sus realidades geográficas y tecnológicas.

Algunos resultados
Al evaluar los 330 municipios que sí tienen sitio electrónico operativo se pudo obtener algunos hallazgos interesantes:
-La mayoría de los municipios tiene un promedio de cumplimiento en cuatro de las 13 materias obligatoria. Pero si se evalúa solo los municipios urbanos su promedio se eleva a más de 10 materias.
-Respecto al tipo de materias donde se exhibe mayor cumplimiento, se refieren a aquellas que requieren menor actualización mensual, como los banners de transparencia y las estructuras normativas y de organización interna.
-También tiene buen desempeño la información que está linkeada hacia otros servicios. como las compras realizadas a través del portal ChileCompra, o los presupuestos que están linkeados a la Dirección de Presupuesto.
-Una realidad distinta son los casos en que la información exige actualización mensual, ahí es muy bajo el cumplimiento, como ocurre con Otras Compras, transferencias y la información sobre subsidios y beneficios, donde se informa la existencia de estos, pero no sobre los plazos para postular.
-Otro tema de bajo cumplimiento es la publicación del personal y sus remuneraciones con un 15,8% de promedio a nivel nacional, siendo de 39,3% en las urbanas y 5,5% en las rurales.
-El estudio también comprendió solicitudes de información a una muestra de 50 municipalidades. En ese caso se obtienen mejores resultados por parte de las comunas rurales y más pequeñas, donde se presenta un mayor hábito de atención a público.
-Una materia en que el estudio pone hincapié es que en Chile el acceso a internet es aún bajo. Según la más reciente Encuesta Casen (2009) el promedio es de 30% a nivel nacional y los niveles menores están en la población rural, por lo cual en los quintiles más bajos es la actividad presencial la más relevante en su relación con los servicios públicos.

El Instituto de Previsión Social (IPS), ex INP, respondió el oficio enviado por el Consejo para la Transparencia el pasado 9 de agosto en el cual se le solicitó información respecto a las medidas que se tomaban para proteger las bases de datos personales en su poder dado una denuncia sobre un posible acceso a su base de datos de pensionados por parte de la empresa La Polar. El CPLT, conforme con lo dispuesto en la letra m) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, que señala que tiene la atribución de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado, le requirió al IPS que aclarara explicítamente:

– Las medidas de seguridad adoptadas por el IPS, a fin de resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad a sus titulares de los datos personales que deba tratar para el adecuado cumplimiento de las competencias que el Ordenamiento Jurídico le atribuye.
– Las acciones puntuales que dicho Servicio está ejecutando para definir responsabilidades respecto de los hechos descritos, y evitar en el futuro la pérdida de información y la transmisión y acceso no autorizado por terceros a sus bancos o bases de datos.

En el oficio de respuesta, firmado por el director nacional (s) del organismo, Juan Bennett, aclara que tras conocer los hechos de una supuesta filtración se instruyó a la División Jurídica el inicio de una investigación sumaria y en forma paralela al Departamento de Auditoría un proceso de auditoría, todo lo cual se sumó a una denuncia al Ministerio Público.

Por otro lado, se informa que en los meses recientes se han estado tomando precauciones administrativas y legales con el objeto de resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales de sus clientes.

El oficio enviado al CPLT se sumó al anteriormente despachado a Fonasa por una denuncia similar y que también fue respondido por el organismo.

La región del BíoBío es la tercera en el país que convierte su intendencia en “transparente” para así mostrar a sus habitantes como la Ley de Transparencia permite que conozcan el trabajo de sus autoridades y funcionarios públicos.
Con la presencia del director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del ministerio Secretaría General de la Presidencia, Alberto Precht, y el gobernador Alejandro Reyes, se inaugurará la campaña de difusión nacional creada con motivo del segundo aniversario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta normativa entrega las herramientas para que las personas puedan hacer uso del derecho de acceso a la información pública que está garantizado en la Constitución y que significa que todos los documentos en poder del Estado son públicos salvo aquellos que se enmarquen dentro de las excepciones consagradas en la misma Constitución.

Esta Ley, que entró en vigencia el 20 de abril de 2009, también creó al Consejo para la Transparencia, organismo autónomo del Estado, que garantiza el respeto a este derecho y el cumplimiento de la norma, fiscalizando a los organismos públicos obligados y resolviendo los reclamos que presentan las personas.

Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, destacó la importancia que las personas puedan conocer cómo actúan sus autoridades y funcionarios públicos, porque permite acercar a los ciudadanos a los servicios públicos. “Hoy las personas de Concepción pueden mirar hacia el interior de su intendencia. Queremos que todos sientan ese efecto y que utilicen el derecho de acceso a la información pública como una herramienta que tienen las personas para hacer uso de sus derechos”, explicó. “Una región como BíoBío que fue severamente afectada por el terremoto, requiere que sus habitantes sepan cómo se están realizando los trabajos de reconstrucción y los beneficios y subsidios con que cuentan. La Ley de Transparencia justamente les permite conocer esa información”, subrayó el director general del Consejo para la Transparencia.