De derecha a izquierda, Artemi Rallo, Cristián Behm, Raúl Ferrada y Francisco Cruz

La Agencia de Protección de Datos de España fue creada en 1995 con el objetivo de garantizar a todos sus habitantes la debida confidencialidad de su información en manos de organismos públicos y privados. Hoy es uno de las entidades de este tipo más consolidada a nivel mundial y su experiencia es reconocida. Por ello, y dado que el Consejo para la Transparencia es la institución que en Chile vela por la debida protección de los datos personales en poder de la administración del Estado, invitó a Artemi Rallo a compartir parte de esas experiencias y aprendizajes con diversos organismos y autoridades.

Durante la mañana del jueves 11 se realizó un taller de trabajo con el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en el auditorio del ministerio de Justicia. La actividad comenzó con la presentación del director del Registro Civil, Christian Behm quien se refirió a las obligaciones que vinculan a este servicio con la protección de datos, siendo por un lado el órgano encargado de llevar el registro de bases de datos personales en poder de los organismos de la Administración del Estado y por el otro, es que dado el tipo de función que cumple es en si el organismo que más datos personales tiene de todos los chilenos, por lo cual su experiencia en el tema es altamente relevante. Posteriormente, Corfo expuso sobre el tema a través de su abogado, Francisco Cruz, quien en el marco del resguardo de datos y cumpliendo con la ley resaltó la realidad del intercambio de bases de datos entre órganos públicos y privados, dando cuenta de su experiencia, ya que la finalidad de este servicio público es otorgar servicios de la mejor naturaleza pero no duplicar funciones.
A su vez, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo relató la experiencia en su país, contando acerca de los seguimientos, regulación y algunos de los numerosos casos que han enfrentando durante estos 15 años de trabajo y siempre enfatizando la importancia de la protección de los datos personales en el sector público y su debida armonía con el acceso a la información.
Por último, el Consejo para la Transparencia se sumó a las experiencias, y mostró la labor que ha gestionado desde sus inicios, destacando que en un 30% de las resoluciones dictada a la fecha se ha debido conciliar el acceso a la información pública con la debida protección de datos personales.

 

Instituto de Estudios Judiciales

Durante la tarde, Artemi Rallo dictó una charla magistral durante el seminario internacional VI Jornada Jueces y Estado de Derecho organizada por el Instituto de Estudios Judiciales con el Consejo para la Transparencia y que este año se centró en el tema Transparencia. En su exposición, el abogado y experto en protección de datos personales profundizó en las legislaciones que garantizan la reserva de la información personal y también los desafíos que requiere armonizarla con el derecho de acceso a la información pública. “A diario debemos ponderar entre los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Debemos buscar la armonía, aunque a veces también es necesario sacrificar uno en favor de otro”, aclaró.

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Sin embargo, muy pocos chilenos reconocen tener esta facultad y menos son aquellos que hacen uso de este. A fines de 2009, a eso de ocho meses de entrada en vigencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece los procedimientos para que las personas puedan hacer uso de ese derecho, alrededor del 20% de los chilenos conocía de su existencia según un estudio realizado especialmente para el CPLT por parte de MideUC.

La campaña de difusión busca llevar el derecho de acceso a la información pública a casos concretos de información que puede ser valiosa para muchos chilenos en toma de decisiones diarias, vinculadas a las educación, salud, seguridad y vivienda. Por eso, los llamados son preguntas sencillas que identifican a muchos y que reconocen que toda persona puede solicitar los antecendentes en el servicio público respectivo y que ese organismo está obligado a entregarlo al requirente. Además, se hace un llamado a buscar más información de cómo hacer solicitudes en el sitio web del Consejo para la Transparencia.

La campaña estará en radios, diarios y transporte público en todo el país durante noviembre y se reanudará la primera quincena de enero.

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Hasta la región de Arica y Parinocata llegó esta semana el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, junto a profesionales de la entidad para ofrecer talleres de capacitación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a funcionarios públicos y ciudadanos.

El miércoles 27 se organizó en Putre una actividad en conjunto con la gobernación de Parinacota en la sede de dicha entidad, a la cual asistieron funcionarios de los diversos servicios públicos asentados en la localidad así como también dirigentes vecinales. El taller duró aproximadamente dos horas, en las cuales se hizo una completa revisión de los conceptos básicos de la Ley de Transparencia y las formas en que las personas pueden hacer uso del derecho de acceso a la información pública. Además, los asistentes realizaron numerosas consultas, generando un diálogo muy interactivo.

El jueves 28 se llevó a cabo una actividad similar en Arica en conjunto con la gobernación provincial, en la que participaron alrededor de 50 personas. El presidente del Consejo destacó el interés de los habitantes de la región en conocer sobre el derecho de acceso a la información pública y motivó a las personas a que pidan aquella información que necesitan porque los servicios públicos están obligados a responder. “Este es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución que garantiza que todas las personas pueden pedirle a su municipio o cualquier servicio público aquel documento, antecedente que necesitan. Y si nos les responden en el plazo de 20 días que señala la ley o les niegan la información pueden recurrir al Consejo para la Transparencia”, destacó.

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En fallo unánime, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por improcedente el Reclamo de Ilegalidad interpuesto por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) respecto a la decisión de amparo C623-09 del Consejo para la Transparencia al considerar que se invocaron las causales Nos. 1 y 5 del Art. 21 de la Ley de Transparencia, pero que la causal del Nº 5 se fundaba en los mismos antecedentes de la Nº 1, esto es, en la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, por lo que al ser reconducida a la causal del numeral 1º, resulta que la reclamación no podía ser admitida. El fallo fue dictado por los Ministros Mauricio Silva y Jessica González, además de la abogada integrante Andrea Muñoz.

El amparo interpuesto ante el Consejo emana de la solicitud de información que Jorge Alvarez Torres respecto de la copia del sumario administrativo que la PDI hizo en su contra cuando era subcomisario, entendiendo que este ya estaba cerrado y prescrito. La PDI negó la solicitud argumentando que la publicidad de esa información afectaba el cumplimiento de sus funciones, ya que el sumario era “secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiera su defensa”. El requirente presentó su amparo invocando la prescripción de la acción disciplinaria, dado que el sumario se instruyó en 2005, argumentando que ese caso no se entiende cómo la publicidad puede afectar el debido cumplimiento de la PDI. La decisión del Consejo acogió la solicitud del reclamante y ordenó entregar la información al peticionario.

Sin embargo, la PDI presentó un reclamo de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pese a que la Ley N° 20.285 en su artículo 28 establece claramente que cuando el organismo invoca la causal de que la solicitud de información afecta el debido cumplimiento de sus funciones (causal número 1 del artículo 21) no cabe ese recurso. Por ello, también argumentó la causal número 5 en la cual se señala que se puede negar la información cuando se trata de “documentos, datos o informaciones que una ley de quorum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política”

En su fallo la Corte establece que no sería impedimento para alegar la improcedencia del Reclamo de Ilegalidad, de conformidad al Art. 28, si se alegaron causales distintas del numeral 1º, cuando éstas pueden reconducirse, conforme a los argumentos de la reclamante, a la causal del Nº 1, que hace improcedente el recurso para un órgano de la administración, al carecer de legitimación activa: “Si el artículo 28 ha prohibido a los Órganos de la Administración , reclamar por la causal del Nº 1, la cual se pone en el caso que la publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, es inconcuso que la causal del Nº 5 en cuanto reconducida al Nº 1 por la reclamante, no puede ser admitida”.
A mayor abundamiento la Corte estableció que, “en relación con la causal 5ª del artículo 21, no existe ningún antecedente hecho valer que demuestre que con la vista del sumario se afecte alguno de los bienes jurídicos que protege el artículo 8º de la Constitución, esto es, los derechos de las personas, la seguridad de la nación y el interés nacional, ya que el debido cumplimiento de las funciones de los órganos no corresponde. Antes bien, atendido el estado de la investigación y el tiempo transcurrido desde su inicio, no se divisa cómo pudieran concurrir las causales constitucionales”.

Por último, el falló estableció que “el hecho de fundamentar el Consejo que por el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho en el año 2005, y no haberse formulado cargos, todo lo cual pudo observar directamente de la copia del sumario administrativo que se le adjuntó por la PDI, atento además el dictamen de Contraloría Nº 34407/2008, no cabía estimarse que se tratara de un antecedente previo para adoptar una decisión, pues en tal caso sólo hay una decisión posible, no es razón para estimar que ello constituya una vulneración a las normas de los artículos 6 y 7 de la Constitución, pues se trataba de hechos que podía y debía ponderar para resolver el reclamo contra la Policía de Investigaciones”.

 

En la audiencia estuvo presente el presidente del CPLT y los consejeros Juan Pablo Olmedo y Jorge Jaraquemada

Las audiencias se relacionan con los amparos C118-10 y C119-10 interpuestos por Francisca Skoknic en representación de CiperChile en contra del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo).

En el primer caso, se refiere a la solicitud realizada a las entidades mencionadas sobre todos los contratos, comunicaciones oficiales y otros documentos entre Corfo y la Sociedad Chilena del Litio (SCL) y entre Corfo y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) relativos a la extracción del litio junto a todos los documentos relacionados con autorizaciones para esta actividad, datos de las sociedades y de las pertenencias del Salar de Atacama así como su arrendamiento.

Ante la solicitud, SEP notificó a los terceros involucrados. SQM se negó en tiempo y forma pero SCL se negó en forma posterior al plazo legal de tres días argumentando daño a sus intereses comerciales. Por este motivo, SEP no entregó los documentos requeridos. Por este motivo, Francisca Skoknic presentó un amparo el 8 de marzo en contra de SEP y Corfo explicitando las particularidades de las empresas y los documentos involucrados y señalando que ninguno de los terceros involucrados entregaron razones para argumentar los derechos económicos que se veían afectados por la petición de información.

SEP justificó su negativa señalando que ambas empresas argumentaron su oposición y que se enmarca dentro de loa confidencialidad de los contratos suscritos con Corfo. Las empresas por su parte alegaron la necesaria privacidad de sus contratos y la amplitud de la información solicitada puede generarle daños patrimoniales.

El Consejo para la Transparencia decidió citar a audiencia para conocer bien de los posibles derechos afectados y solicitó a las empresas hacer llegar previo a esa fecha los documentos requeridos para analizar su contenido. De esta manera se podrá precisar con detalle el tenor de la información contenida en los documentos y los posibles derechos afectados.

En el caso del Amparo C119, la solicitud presentada el 5 de febrero de 2010 se relaciona directamente con las actas de directorio de SEP en los cuales se discutió la petición de SQM de aumentar la cuota de extracción de litio del Salar de Atacama, entidad pública de propiedad de Corfo y que está en arrendamiento a la empresa. SEP y Corfo denegaron la solicitud señalando que afectaba el buen funcionamiento de los organismos, ya que esta era una decisión que aún no había sido tomada y que las publicidad de las actas podrían producir daño en el análisis del tema. Sin embargo, el día 15 de enero se había publicada en El Mercurio una entrevista al director jurídico de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) que señalaba que esa petición se había denegado, considerando que este es el organismo que finalmente autoriza la extracción de litio en el país.

La argumentación de SEP y Corfo ante el reclamo interpuesto fue ratificar que esta era una decisión que aún no se tomaba y que dar a conocer el debate y los antecedentes que se están tomando en consideración podría afectar el correcto proceso en desarrollo.

Por ello, el Consejo Directivo decidió citar a audiciencia y pidió conocer las actas y posibles acuerdos para precisar en qué estaba se encuentran estas decisiones y conocer cómo la publicidad de lo solicitado podría afectar los derechos de carácter comercial y económico de SQM, aunque ésta optó por no acudir a la audiencia.

Durante la audiencia se reiteraron las consultas a los abogados representantes de SE, Lorena Mora, y de Corfo, Olga Coste y Francisco Cruz, respecto a si efectivamente este posible acuerdo de ampliar la capacidad de explotación de litio de SQM aún está en proceso y no existen decisiones tomadas ni solicitudes realizadas a la Cchen. Por su parte, Francisca Skoknic y su abogado, Pablo Gómez, reiteraron la importancia de que estas decisiones que comprometen activos chilenos deben ser discutidas y conocidas por todos los chilenos.

El director general del CPLT inicia el despacho electrónico de los reportes de fiscalización junto al equipo encargado de la tarea

La dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, presidida por su directora, Alejandra Sepúlveda, entregó todos los reportes de cumplimiento de los organismos de la Administración Central del Estado al director general del Consejo, Raúl Ferrada, para su firma y despacho. Cada uno de los informes incluye la firma digital del jefe de servicio y se envía en forma electrónica al encargado de transparencia de cada servicio, al jefe de servicio (subsecretario) y a su jefe de gabinete con las indicaciones completas respecto al puntaje obtenido y las requeridas mejoras.

Esta primera evaluación sólo será conocida por la entidad evaluada y busca ayudar a los servicios para que logren un total cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa que determina la Ley N° 20.285 en su artículo 7 junto a las instrucciones generales N° 4, 7 y 9 del Consejo para la Transparencia. A partir de noviembre, las evaluaciones serán publicas yel Consejo para la Transparencia publicará en su web un informe con los resultados obtenidos por los organismos.

El abogado Sebastián Vera durante su exposición

La unidad de promoción y clientes del Consejo para la Transparencia tuvo a su cargo realizar una capacitación sobre ley de transparencia dirigida especialmente al personal del ministerio Subsecretaría de Gobierno.

La actividad, realizada en dependencias del palacio de gobierno, fue encabezada por el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, y la subsecretaria de gobierno, María Eugenia de la Fuente. Ambos realizaron la apertura de la actividad enfatizando la necesidad de que la labor de los funcionarios públicos sea efectuada con la mayor transparencia posible. La subsecretaria destacó la importancia de que la gestión de la administración central se realice con apertura y transparencia para lograr un gobierno más participativo. Es por ello que “existe un compromiso de este gobierno de trabajar con la mayor eficiencia y transparencia”, dijo.

El presidente del CPLT, por su parte, resaltó que la transparencia en la información permite que todas las personas sepan cómo se están usando los fondos públicos, lo que permite que “exista credibilidad respecto a la labor que hacen los funcionarios públicos a la vez que se fortalece la democracia”.

La jornada contempló un análisis respecto a la ley y la jurisprudencia que ha desarrollado el Consejo a cargo del abogado de la unidad de promoción y clientes, Sebastián Vera, y luego una completa revisión sobre las obligaciones de transparencia activa que impone la ley y las instrucciones generales dictadas por el CPLT a cargo del analista de la unidad de promoción y clientes Pablo García.

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Dentro del plan de promoción y capacitación que está realizando el Consejo para la Transparencia en todo Chile, las autoridades de la entidad estuvieron en Linares, Cauquenes, Pelluhue y Chanco los días 19 y 20, realizando diversas actividades. Esta zona no había sido visitada antes, ya que se consideró postergarlo debido a las necesidades propias del proceso de emergencia tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado.

Por eso, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, señaló que se ha esperado seis meses, para efectos de que hoy, cuando se trabaja en los planes de reconstrucción, los habitantes sepan que tienen el derecho de acceso a la información pública, lo que los puede ayudar en las importantes decisiones que deben tomar. “Existen numerosos planes, estudios que se están ejecutando o que ya han terminado. Las autoridades han hecho diversos anuncios y las personas deben conocer bien de qué se tratan. Si no les han informado, pueden hacer una solicitud de esos antecedentes al servicio respectivo”, explicó.

En Cauquenes, ante una convocatoria de alrededor de 80 personas que se reunieron en las oficinas que actualmente ocupa la gobernación provincial, el presidente del CPLT, su director general, Raúl Ferrada, y el jefe de la unidad de promoción y clientes, Christian Anker, les explicaron a funcionarios públicos, autoridades de la zona y dirigentes vecinales sobre las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a todos los servicios de la administración central del Estado y municipalidades y cómo las personas pueden hacer uso de su derecho de acceso a la información . Respecto a esto último, se puso énfasis en las amplias posibilidades que hoy ofrece para lograr que el desafío de la reconstrucción se haga con la mayor transparencia. “Los proyectos que se están ejecutando y que se desarrollarán en el futuro requieren de altos recursos fiscales y es de la mayor importancia que sean utilizados bien. Las personas pueden pedir toda la información respecto a esos gastos y el hecho que las instituciones publiquen en sus sitios electrónicos cómo ejecutan esos presupuestos permitirá que exista credibilidad en la labor que hacen”, destacó Urrutia.

Los vecinos demostraron un gran interés en el tema , realizaron diversas consultas y solicitaron contar con mayor información y apoyo para poder traspasar al resto de los habitantes e integrantes de las juntas vecinales los conocimientos adquiridos durante la jornada. Ante ello, el presidente del CPLT destacó que la ley le otorga al Consejo una labor primordial de difusión y capacitación y que se considera relevante acompañar a autoridades, funcionarios y todas las personas en el proceso de conocer y hacer uso del derecho de acceso a la información pública. “Queremos que la gente conozca y haga uso de este derecho fundamental. Ese es nuestro llamado”, concluyó.

 

Con el objetivo de promover el derecho de aaceso a la información pública entre los estudiantes universitarios y ayudar al centro de alumnos de la Universidad Católica se firmó un convenio de colaboración entre el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, su director general, Raúl Ferrada, y el presidente de la Feuc, Joaquín Walker Martínez.

El acuerdo busca apoyar a la entidad estudiantil en el proceso de rendición de cuentas que debe efectuar y así transparentar al máximo su gestión. Por otro lado, se abrirá un canal de comunicación con los estudiantes para dictar charlas respecto al derecho de acceso a la información pública. El presidente del CPLT destacó la importancia de dar a conocer este derecho entre las nuevas generaciones de profesionales y Walker por su parte expresó que este acuerdo es un ejemplo para que sea seguido por otros grupos estudiantiles.

Proyecto fortalecimiento del Consejo para la Transparencia y rendición de cuentas.
Servicio de consultoría para el desarrollo del modelo de gestión de transparencia para municipios y diseño detallado para su construcción

Donación N° IDF P117937.

El Consejo para la Transparencia ha recibido una donación del Banco Mundial y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.

Los servicios comprenden: Desarrollar un modelo de gestión integrado para la transparencia orientado al segmento de los municipios del país, mediante una consultoría que incluya el diagnóstico y caracterización de las distintas realidades municipales en torno a la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, N° 20.285, el modelamiento y parametrización de las mejores prácticas para soportar la gestión y respuesta a solicitudes de información, la transparencia activa y la gestión de archivos. Incorporando además, el diseño para la construcción y operación de una plataforma tecnológica que de soporte el modelo de gestión. Debiendo cumplir la consultoría los siguientes objetivos:

• Diagnosticar y caracterizar la situación municipal con respecto a la Ley de Transparencia.
• Desarrollar un modelo integrado de gestión para transparencia en el mundo municipal.
• Diseñar técnicamente un sistema tecnológico que soporte el modelo de gestión.
• Desarrollar un prototipo funcional para el sistema tecnológico.
• Desarrollar las especificaciones para la licitación futura de la construcción del sistema tecnológico.
• Diseñar e implementar un programa de gestión del cambio, de acompañamiento en la implementación del modelo de gestión y del sistema tecnológico de apoyo.

Para dar respuesta a lo anterior, la consultoría deberá generar productos específicos, siguiendo las siguientes grandes etapas:

1. Diagnóstico y Caracterización
2. Modelamiento integrado de gestión
3. Diseño tecnológico detallado
4. Acompañamiento

El Consejo para la Transparencia invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. Las firmas consultoras deberán hacer llegar una carta expresando su interés en prestar los servicios solicitados, adjuntando la información pertinente que demuestre que están cualificadas y adjuntando lleno el formulario FEI-001, en formato digital (que se obtiene en www.consejotransparencia.cl), indicando claramente la experiencia de la organización y de sus profesionales en la participación de proyectos similares.

Las firmas consultoras serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, edición actual.

Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información dirigiendo su consulta al correo electrónico ccardenas@consejotransparencia.cl, a partir del lunes 18 de octubre y hasta el martes 26 de octubre de 2010, ambas fechas inclusive.

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a más tardar el martes 2 de noviembre de 2010.

Consejo para la Transparencia
Atn: Raúl Ferrada Carrasco
Agustinas 1291, piso 6°, depto. G, comuna y ciudad de Santiago
Tel: 56-02-4952100
Fax: 56-02-4952103
Correo electrónico: ccardenas@consejotransparencia.cl
Portal: http//:www.consejotransparencia.cl

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Con la presencia del gobernador de la provincia de Valparaíso, Pablo Zúñiga, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia y su director general, Raúl Ferrada se realizó la jornada de Actualización en Transparencia dirigida a funcionarios públicos y municipales de toda la zona. La actividad se efectuó en la misma gobernación y asistieron más de 120 representantes de diversos organismos, además de algunos dirigentes sociales.

Tras el saludo y bienvenida del gobernador, quién destacó la importancia de la transparencia en el actuar de la administración pública como un garante de buena gestión, el presidente del Consejo para la Transparencia hizo una revisión de los principales desafíos que han marcado la implementación de la ley sobre acceso a la información pública. “Estamos muy satisfechos con el cumplimiento que ha tenido hasta ahora la administración central del Estado”, destacó. “Nuestra primera medición repecto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa a pocos días de entrada en vigencia de la ley, el 20 de abril de 2009, marcó un índice de 87%”, explicó.

Sin embargo, reconoció que en los municipios el cumplimiento en promedio ha sido más bajo por la gran disparidad de situaciones, pero que ha ido repuntando. Además, motivó a los funcionarios públicos a involucrarse en el tema y transmitir a todos su compañeros la importancia de la transparencia en su trabajo. “Sabemos que en algunos casos ha significado más trabajo, pero es necesario porque la publicidad de los actos públicos dan credibilidad a la gestión de todos ustedes. Eso permite que las personas tengan confianza en cómo se gastan sus impuestos”, subrayó.

El director general del CPLT hizo un análisis de las principales tareas ejecutadas desde que entró en vigencia la ley y se refirió al bajo conocimiento que aún tienen los chilenos respecto al derecho de acceso a la información pública y la labor del Consejo para la Transparencia. “Todo demuestra que aún estamos en una etapa inicial y que en la medida que exista mayor conciencia sobre este derecho y su utilidad aumentarán la cantidad de solicitudes de información como de posibles reclamos”, advirtió.

El jefe de la unidad de promoción y clientes del CPLT, Christian Anker, hizo una revisión sobre los conceptos principales de la ley y puso énfasis en las instrucciones generales que ha dictado el Consejo para el buen cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. La jornada terminó con una sesión de preguntas.