El director general del CPLT inicia el despacho electrónico de los reportes de fiscalización junto al equipo encargado de la tarea

La dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, presidida por su directora, Alejandra Sepúlveda, entregó todos los reportes de cumplimiento de los organismos de la Administración Central del Estado al director general del Consejo, Raúl Ferrada, para su firma y despacho. Cada uno de los informes incluye la firma digital del jefe de servicio y se envía en forma electrónica al encargado de transparencia de cada servicio, al jefe de servicio (subsecretario) y a su jefe de gabinete con las indicaciones completas respecto al puntaje obtenido y las requeridas mejoras.

Esta primera evaluación sólo será conocida por la entidad evaluada y busca ayudar a los servicios para que logren un total cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa que determina la Ley N° 20.285 en su artículo 7 junto a las instrucciones generales N° 4, 7 y 9 del Consejo para la Transparencia. A partir de noviembre, las evaluaciones serán publicas yel Consejo para la Transparencia publicará en su web un informe con los resultados obtenidos por los organismos.

El abogado Sebastián Vera durante su exposición

La unidad de promoción y clientes del Consejo para la Transparencia tuvo a su cargo realizar una capacitación sobre ley de transparencia dirigida especialmente al personal del ministerio Subsecretaría de Gobierno.

La actividad, realizada en dependencias del palacio de gobierno, fue encabezada por el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, y la subsecretaria de gobierno, María Eugenia de la Fuente. Ambos realizaron la apertura de la actividad enfatizando la necesidad de que la labor de los funcionarios públicos sea efectuada con la mayor transparencia posible. La subsecretaria destacó la importancia de que la gestión de la administración central se realice con apertura y transparencia para lograr un gobierno más participativo. Es por ello que “existe un compromiso de este gobierno de trabajar con la mayor eficiencia y transparencia”, dijo.

El presidente del CPLT, por su parte, resaltó que la transparencia en la información permite que todas las personas sepan cómo se están usando los fondos públicos, lo que permite que “exista credibilidad respecto a la labor que hacen los funcionarios públicos a la vez que se fortalece la democracia”.

La jornada contempló un análisis respecto a la ley y la jurisprudencia que ha desarrollado el Consejo a cargo del abogado de la unidad de promoción y clientes, Sebastián Vera, y luego una completa revisión sobre las obligaciones de transparencia activa que impone la ley y las instrucciones generales dictadas por el CPLT a cargo del analista de la unidad de promoción y clientes Pablo García.

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Dentro del plan de promoción y capacitación que está realizando el Consejo para la Transparencia en todo Chile, las autoridades de la entidad estuvieron en Linares, Cauquenes, Pelluhue y Chanco los días 19 y 20, realizando diversas actividades. Esta zona no había sido visitada antes, ya que se consideró postergarlo debido a las necesidades propias del proceso de emergencia tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado.

Por eso, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, señaló que se ha esperado seis meses, para efectos de que hoy, cuando se trabaja en los planes de reconstrucción, los habitantes sepan que tienen el derecho de acceso a la información pública, lo que los puede ayudar en las importantes decisiones que deben tomar. “Existen numerosos planes, estudios que se están ejecutando o que ya han terminado. Las autoridades han hecho diversos anuncios y las personas deben conocer bien de qué se tratan. Si no les han informado, pueden hacer una solicitud de esos antecedentes al servicio respectivo”, explicó.

En Cauquenes, ante una convocatoria de alrededor de 80 personas que se reunieron en las oficinas que actualmente ocupa la gobernación provincial, el presidente del CPLT, su director general, Raúl Ferrada, y el jefe de la unidad de promoción y clientes, Christian Anker, les explicaron a funcionarios públicos, autoridades de la zona y dirigentes vecinales sobre las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a todos los servicios de la administración central del Estado y municipalidades y cómo las personas pueden hacer uso de su derecho de acceso a la información . Respecto a esto último, se puso énfasis en las amplias posibilidades que hoy ofrece para lograr que el desafío de la reconstrucción se haga con la mayor transparencia. “Los proyectos que se están ejecutando y que se desarrollarán en el futuro requieren de altos recursos fiscales y es de la mayor importancia que sean utilizados bien. Las personas pueden pedir toda la información respecto a esos gastos y el hecho que las instituciones publiquen en sus sitios electrónicos cómo ejecutan esos presupuestos permitirá que exista credibilidad en la labor que hacen”, destacó Urrutia.

Los vecinos demostraron un gran interés en el tema , realizaron diversas consultas y solicitaron contar con mayor información y apoyo para poder traspasar al resto de los habitantes e integrantes de las juntas vecinales los conocimientos adquiridos durante la jornada. Ante ello, el presidente del CPLT destacó que la ley le otorga al Consejo una labor primordial de difusión y capacitación y que se considera relevante acompañar a autoridades, funcionarios y todas las personas en el proceso de conocer y hacer uso del derecho de acceso a la información pública. “Queremos que la gente conozca y haga uso de este derecho fundamental. Ese es nuestro llamado”, concluyó.

 

Con el objetivo de promover el derecho de aaceso a la información pública entre los estudiantes universitarios y ayudar al centro de alumnos de la Universidad Católica se firmó un convenio de colaboración entre el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, su director general, Raúl Ferrada, y el presidente de la Feuc, Joaquín Walker Martínez.

El acuerdo busca apoyar a la entidad estudiantil en el proceso de rendición de cuentas que debe efectuar y así transparentar al máximo su gestión. Por otro lado, se abrirá un canal de comunicación con los estudiantes para dictar charlas respecto al derecho de acceso a la información pública. El presidente del CPLT destacó la importancia de dar a conocer este derecho entre las nuevas generaciones de profesionales y Walker por su parte expresó que este acuerdo es un ejemplo para que sea seguido por otros grupos estudiantiles.

Proyecto fortalecimiento del Consejo para la Transparencia y rendición de cuentas.
Servicio de consultoría para el desarrollo del modelo de gestión de transparencia para municipios y diseño detallado para su construcción

Donación N° IDF P117937.

El Consejo para la Transparencia ha recibido una donación del Banco Mundial y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.

Los servicios comprenden: Desarrollar un modelo de gestión integrado para la transparencia orientado al segmento de los municipios del país, mediante una consultoría que incluya el diagnóstico y caracterización de las distintas realidades municipales en torno a la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, N° 20.285, el modelamiento y parametrización de las mejores prácticas para soportar la gestión y respuesta a solicitudes de información, la transparencia activa y la gestión de archivos. Incorporando además, el diseño para la construcción y operación de una plataforma tecnológica que de soporte el modelo de gestión. Debiendo cumplir la consultoría los siguientes objetivos:

• Diagnosticar y caracterizar la situación municipal con respecto a la Ley de Transparencia.
• Desarrollar un modelo integrado de gestión para transparencia en el mundo municipal.
• Diseñar técnicamente un sistema tecnológico que soporte el modelo de gestión.
• Desarrollar un prototipo funcional para el sistema tecnológico.
• Desarrollar las especificaciones para la licitación futura de la construcción del sistema tecnológico.
• Diseñar e implementar un programa de gestión del cambio, de acompañamiento en la implementación del modelo de gestión y del sistema tecnológico de apoyo.

Para dar respuesta a lo anterior, la consultoría deberá generar productos específicos, siguiendo las siguientes grandes etapas:

1. Diagnóstico y Caracterización
2. Modelamiento integrado de gestión
3. Diseño tecnológico detallado
4. Acompañamiento

El Consejo para la Transparencia invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. Las firmas consultoras deberán hacer llegar una carta expresando su interés en prestar los servicios solicitados, adjuntando la información pertinente que demuestre que están cualificadas y adjuntando lleno el formulario FEI-001, en formato digital (que se obtiene en www.consejotransparencia.cl), indicando claramente la experiencia de la organización y de sus profesionales en la participación de proyectos similares.

Las firmas consultoras serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, edición actual.

Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información dirigiendo su consulta al correo electrónico ccardenas@consejotransparencia.cl, a partir del lunes 18 de octubre y hasta el martes 26 de octubre de 2010, ambas fechas inclusive.

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a más tardar el martes 2 de noviembre de 2010.

Consejo para la Transparencia
Atn: Raúl Ferrada Carrasco
Agustinas 1291, piso 6°, depto. G, comuna y ciudad de Santiago
Tel: 56-02-4952100
Fax: 56-02-4952103
Correo electrónico: ccardenas@consejotransparencia.cl
Portal: http//:www.consejotransparencia.cl

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Con la presencia del gobernador de la provincia de Valparaíso, Pablo Zúñiga, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia y su director general, Raúl Ferrada se realizó la jornada de Actualización en Transparencia dirigida a funcionarios públicos y municipales de toda la zona. La actividad se efectuó en la misma gobernación y asistieron más de 120 representantes de diversos organismos, además de algunos dirigentes sociales.

Tras el saludo y bienvenida del gobernador, quién destacó la importancia de la transparencia en el actuar de la administración pública como un garante de buena gestión, el presidente del Consejo para la Transparencia hizo una revisión de los principales desafíos que han marcado la implementación de la ley sobre acceso a la información pública. “Estamos muy satisfechos con el cumplimiento que ha tenido hasta ahora la administración central del Estado”, destacó. “Nuestra primera medición repecto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa a pocos días de entrada en vigencia de la ley, el 20 de abril de 2009, marcó un índice de 87%”, explicó.

Sin embargo, reconoció que en los municipios el cumplimiento en promedio ha sido más bajo por la gran disparidad de situaciones, pero que ha ido repuntando. Además, motivó a los funcionarios públicos a involucrarse en el tema y transmitir a todos su compañeros la importancia de la transparencia en su trabajo. “Sabemos que en algunos casos ha significado más trabajo, pero es necesario porque la publicidad de los actos públicos dan credibilidad a la gestión de todos ustedes. Eso permite que las personas tengan confianza en cómo se gastan sus impuestos”, subrayó.

El director general del CPLT hizo un análisis de las principales tareas ejecutadas desde que entró en vigencia la ley y se refirió al bajo conocimiento que aún tienen los chilenos respecto al derecho de acceso a la información pública y la labor del Consejo para la Transparencia. “Todo demuestra que aún estamos en una etapa inicial y que en la medida que exista mayor conciencia sobre este derecho y su utilidad aumentarán la cantidad de solicitudes de información como de posibles reclamos”, advirtió.

El jefe de la unidad de promoción y clientes del CPLT, Christian Anker, hizo una revisión sobre los conceptos principales de la ley y puso énfasis en las instrucciones generales que ha dictado el Consejo para el buen cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. La jornada terminó con una sesión de preguntas.

 

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El director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, fue invitado a participar de las actividades organizadas en Santo Domingo, República Dominicana para conmemorar el día internacional del Derecho a Saber. Las actividades consideraron una activa exposición en el seminario organizado por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, organismo de gobierno, que vela por por el debido cumplimiento de la Ley General sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Ferrada presentó el trabajo realizado por el Consejo para la Transparencia desde su proceso de implementación y la evolución que ha tenido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el país. “Para nosotros es un orgullo poder dar a conocer nuestra experiencia, ya que este es un proceso en el cual todos los países de latinoamerica hoy están trabajando”, destacó.

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La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago presidida por el ministro Lamberto Cisternas y conformada por la ministro Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Regina Clark acogió parcialmente en su fallo (Rol 950-2010) la decisión del Consejo para la Transparencia respecto al Amparo (A309-09) interpuesto por Francisca Skoknic en contra de la Fundación Futuro, luego de que ésta se opusiera en calidad de tercero afectado ante la entrega de sus memorias, balances y actas. La solicitante había pedido a la subsecretaría de Justicia estos documentos desde el año 1994 a 2008, conforme con la obligación de todas las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro de entregar estos antecedentes cada año a dicha entidad como medida de fiscalización para garantizar que cumplen con las labores que certificaron al momento de pedir la personería jurídica.

El Consejo para la Transparencia previa audiencia pública con las partes, acogió el reclamo interpuesto por la solicitante, argumentando en su decisión que “los documentos cuya copia solicita constituyen, de conformidad con lo establecido en el art. 5° de la Ley de Transparencia, sustento o complemento de una decisión de la autoridad, pues son recibidos por el ministerio de Justicia a fin de cautelar que las corporaciones y fundaciones cumplan los fines con que han sido autorizadas a funcionar, lo que implica que la autoridad debe formarse una convicción, de conformidad o disconformidad, cuya base son precisamente los documentos requeridos”.
Además, agregó que “la información solicitada no podría sino ser calificada de pública, pues está en poder del Estado, pudiéndose decretar su reserva sólo conforme a las causales que establece la ley o bien por la oposición de un tercero, la que en cualquier caso debe ser fundada, requisito que en este caso no se cumpliría, pues la Fundación Futuro no señala cuál es el mal uso que podría darse a la información a cuya difusión se opone o de qué manera podría afectarle de manera negativa, ni precisa cómo su entrega podría alejarla de sus fines propios e interferir con sus objetivos”.

La Corte de Apelaciones acogió en parte esta argumentación pero matizó el alcance del artículo 5° con respecto a lo público de la información que obra en poder del Estado.

El voto de mayoría, escrito por los ministros Cisternas y Chevesich señala principalmente:

• La Corte reconoce la presunción de publicidad del Art. 5 de la Ley de Transparencia, pero sostiene que debe matizarse en función de la naturaleza, origen y destino de la información que está en poder del Estado, señalando que no toda información que está en poder del estado debe recibir el mismo tratamiento.
• Que las memorias y balances de este tipo de instituciones son necesarias para la adecuada función fiscalizadora de la autoridad.
• Que las Actas de Directorio o Asamblea dan cuenta de etapas deliberativas previas, propias del ente colectivo, que no necesitan ser conocidas por la autoridad, salvo algunas relativas a la modificación de estatutos o poderes.
• Que no es posible aceptar, de manera lisa y llana, que toda información proveniente de particulares, que está en poder del estado, sea obligatoriamente pública, debiéndose condicionar el carácter público de tal información a la circunstancia de que ella esté en relación clara con el ejercicio de las facultades del órgano.
• Que no es posible negarse a entregar información, limitando la finalidad de la Ley de Transparencia por un mero carácter preventivo.

 

Por su parte, el voto de minoría, de la abogada integrante Regina Clark, acoge en forma íntegra la decisión del Consejo para la Transparencia, y estipula:

• Que la información que obra en poder del Estado, y particularmente aquella referida a las “Actas del Directorio”, forma parte consustancial de las decisiones que originan la memoria y balances, constituyendo fundamentos necesarios para la labor fiscalizadora de la Subsecretaría de Justicia.
• Que la información que excluye el fallo de mayoría no puede afectar los derechos de las personas, su salud o la esfera de su vida privada.
• Reconoce el rango constitucional de la trasparencia de la función pública, sosteniendo que debe facilitarse el acceso de cualquier persona dicha información.
• Que la expresión e información libre es valiosa para la sociedad, configurándose una posición preferente respecto de otros derechos fundamentales, ratificando que la libertad de información no es solo un valor en sí mismo, sino que es esencial para el ejercicio de otros derechos, y reconociendo que comprende el derecho a la libertad de buscar y recibir información.
• Que los límites al derecho de acceso a la información están expresamente determinados por la ley en términos de

Andrea Ruiz, abogada jefa de la unidad de normativas del CPLT durante su exposición

En septiembre entró en vigencia el artículo quinto de la Ley N° 20.416, conocida por muchos como el “Estatuto Pyme”, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño (EMT). El objetivo de esta regulación fue proteger a las empresas más pequeñas ya que las legislaciones tendían a solo tener en cuenta a aquellas de mayor tamaño. Es por ello, que con este artículo en particular, se le exige a todos los ministerios que dicten normas que afecten a las EMT, con excepción de las ordenanzas municipales y los dictámenes de la Administración Central del Estado, a mantener a disposición sus antecedentes bajo las mismas exigencias del artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ximena Clark, jefa de la división de empresas de menor tamaño del ministerio de Economía, explicó que las EMT ofrecen el 60% del empleo formal del país, lo que las convierten en un sector de vital importancia para la actividad del país.

Previo a la entrada en vigencia de este artículo en particular, el ministerio trabajó con diversos organismos para coordinar el trabajo con toda la administración central del Estado. El Consejo para la Transparencia integró estos equipos y en agosto dictó la Instrucción General N° 8 sobre la obligación de informar los antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño.

Andrea Ruiz, jefa de la unidad de normativas del CPLT, destacó que la elaboración de esta instrucción ha sido un caso especial, ya que se redactó en coordinación con el ministerio de Economía, el cual será su principal cliente, lo que además permitió preparar mejor el terreno para la entrada en vigencia del artículo 5° de la Ley N° 20.416. “La instrucción general N° 8 entró en vigencia el 1 de septiembre al igual que el artículo 5° clarificando a todos los organismos cómo debían cumplir con la obligación de publicar la información”, enfatizó.

 

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En dos fallos distintos, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó dos resoluciones del Consejo para la Transparencia (A145-09 y C533-09) que ordenan a organismos públicos entregar la información solicitada originalmente por ciudadanos conforme con lo establecido en la Ley sobre Acceso a la Información Pública.

Uno de los casos se refiere a una solicitud realizada por Óscar Karadima Fariña a la Universidad de Santiago respecto a antecedentes académicos de esa casa de estudios. La decisión del Consejo fue ratificada por un fallo unánime de la Primera Sala (causa rol 1803-2010) integrada por los ministros Jorge Dahm, María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Ángel Cruchaga. En el fallo establece: “No cabe duda que -en principio- toda la información que posee es de carácter público, por lo cual para negarse a proporcionar dichos datos a quienes se lo soliciten debería en primer término probar legalmente que la información requerida es reservada, privada o sensible, de manera que mientras no se pruebe dicha característica, el órgano se encuentra en la obligación de entregar los antecedentes solicitados”.

Y agrega: “del mérito de los antecedentes, se observa también que la solicitud de información del señor Karadima se refiere a antecedentes de carácter académico tales como grados, jerarquía académica, fechas de ingreso, fechas de permisos o licencias, cometidos funcionarios, retiros y reincorporaciones, becas, situación contractual, etc. De esta manera, no existiendo entre la información solicitada nada que pueda considerarse propio de la vida privada, y siendo atribución precisamente del Consejo para la Transparencia calificar la información solicitada, como así también resolver si dicha información pudiere causar un perjuicio a los terceros, el uso de tal facultad -la compartan o no la compartan los recurrentes- no puede ser motivo de ilegalidad, por lo cual esta Corte no divisa el acto reprochable a que alude el reclamante”.

El otro caso (rol 8405-2009), el cual fue visto por la Tercera Sala, integrada por los ministros Juan Escobar, Jorge Zepeda y Amanda Valdovinos, se rechazó el recurso interpuesto por el Subsecretario de Minería ante la decisión del Consejo de ordenar entregar información al requirente Lucio Cuenca Berger respecto de la creación del paso fronterizo Pascua Lama.

La Corte en su fallo concluyó que “…de todo lo anterior, aparece que el Consejo para la Transparencia, al acoger el amparo solicitado por el requirente, ha actuado en un caso y conforme con las atribuciones que la ley le entrega, de resolver conflictos sobre el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado”.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, junto a Camilo Ballesteros de la Universidad de Santiago y Joaquín Walker de la Universidad Católica.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, se reunió con representantes de los centros de alumnos de la Universidad Católica y la Universidad de Santiago con el objeto de dar a conocer la ley sobre acceso a la información pública y las opciones de organizar actividades y charlas en los centros académicos. En la reunión se comentó la utilidad de la normativa como una herramienta para las federaciones de estudiantes, que normalmente requieren de información en sus procesos de evaluación de los sistemas educativos. El presidente del Consejo destacó que todos los estudios que realiza el ministerio de Educación son públicos y que por lo tanto son posibles de solicitar a través de la Ley N° 20.285.

Joaquín Walker, de la Universidad Católica, comentó que la Feuc ha pedido al ministerio de Educación, antecedentes respecto a las evaluaciones que se han realizado a la PSU sin obtener respuesta. Así también, Camilo Ballesteros de la Universidad de Santiago, señaló que existe un alto interés por parte de la federación que integra de conocer la cantidad de fondos públicos que integran los presupuestos de empresas conformadas al interior de la universidad. En ambos casos, el presidente del CPLT les reiteró que esa es información pública que puede solicitarse conforme el procedimiento que establece la ley.

Los estudiantes consultaron respecto a la posibilidad de una capacitación en los ámbitos de las obligaciones de transparencia activa y especialmente todo lo concerniente a buenas prácticas, ya que las federaciones de estudiantes deben publicar a fin de año sus balances y están motivados a hacerlo conforme las instrucciones que ha dictado el Consejo para la Transparencia.

La reunión coincidió con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el Recurso de Ilegalidad interpuesto por la Universidad de Santiago en contra de la decisión del Consejo (C533-09) ante un Amparo interpuesto tras una solicitud de información que la Usach no contestó en forma íntegra y negó en algunas de sus partes. El requirente, Oscar Karadima, había solicitado información respecto a las remuneraciones de algunos profesores, así como informes técnicas y antecedentes que sirvieron de sustento a actos administrativos de la universidad. La universidad alegó que había información sensible que afectaba a terceros y debía notificar a los profesores involucrados, oponiéndose algunos de ellos. El Consejo consideró en el análisis que la información requerida respecto a los académicos era sólo respecto a esa labor (remuneraciones, fecha de contratación, entre otros) por lo cual no era necesario informar ni cabía la oposición.

Este criterio fue compartido por la Corte de Apelaciones, la cual lo señaló en su decisión.

Sebastián Vera y Felipe Ramírez, abogados de la unidad de Promoción y Clientes del CPLT, junto con Enzo Barrueto, encargado de transparencia del Gabinete del Ministerio de Salud

La Unidad de Promoción y Clientes realizó este lunes 27 la primera capacitación vía videoconferencia. La actividad estuvo orientada a funcionarios del Ministerio de Salud y de hospitales autogestionados del país, alcanzando a 130 personas.

La idea de realizar esta capacitación a distancia surgió tras diversos acercamientos con el enlace central del Ministerio de Salud, Martín Lobos, quien planteó la necesidad de realizar un taller a lo largo del país, sumando de manera especial a los hospitales autogestionados y aprovechando la plataforma de videoconferencia que ya existe en la red de salud y en dichos centros asistenciales.

La actividad se prolongó por una hora y 45 minutos y se realizó sin inconvenientes. “La situación era distinta para nosotros, un poco más fría, porque no veíamos a los asistentes y había que coordinar bien los turnos de las preguntas del público, pero fue exitosa”, expresó Christian Anker, jefe de la unidad de Promoción y Clientes del Consejo.

El lunes 4 se realizará otra capacitación vía videoconferencia para más funcionarios del Ministerio de Salud que no estuvieron en la primera oportunidad.