La conmemoración del día Nacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre, moviliza a organizaciones de más de 40 países.

Las actividades de celebración incluyen talleres, paneles de discusión, foros, seminarios y chats con algunos comisionados, entre otras. En Bulgaria, cuna de esta conmemoración, se hace una entrega de premios del Right to Know Day, en seis categorías, incluyendo a ciudadanos, periodistas.

En México, la red México Infórmate coordinó más de 75 actividades en diferentes estados del país para promover dicho derecho, entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, en lo que han llamado Cruzada México Infórmate 2010.

Instaurado por primera vez en Sofía, Bulgaria, durante un encuentro de transparencia, el 28 de septiembre de 2003, el Día Internacional del Derecho a Saber buscar elevar la conciencia del derecho individual de acceso a la información pública y del acceso a la información como un derecho humano fundamental.

En la actualidad 82 países tienen Ley de Acceso a la Información Pública o alguna regulación específica. En el Cono Sur Brasil, Argentina y Bolivia aún están tramitando su normativa al respecto.

El estudio Gobiernos Corporativos en las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) presenta un diagnóstico del estado del arte de los directorios de las organizaciones sin fines de lucro del país y da un análisis de buenas prácticas producto de la experiencia comparada.

Los resultados fueron presentados por Sebastián Errázuriz, director ejecutivo de Chile Transparente, en el seminario internacional Transparentemos: un aprendizaje para las organizaciones de la sociedad civil, realizado el 14 de septiembre pasado y que fue organizado por Fundación Avina en conjunto con el Consejo para la Transparencia.

Para el diagnóstico se aplicaron 102 encuestas a directores de dichas organizaciones, concluyendo que la realidad del sector es diversa y existen diferencias significativas entre las organizaciones dependiendo de su presupuesto y año de creación.

Entre los principales hallazgos, se anota la necesidad de que el directorio esté separado de la dirección ejecutiva, ya que el 48,6% de las organizaciones encuestadas cuenta con directores ejecutivos que participan con derecho a voto en el directorio. Según la investigación, auspiciada por Avina, son necesarios los directorios independientes para evitar conflictos de interés y suspicacias, ya que pueden surgir dificultades cuando es la misma persona la que toma decisiones y evalúa su pertinencia.

Respecto de la búsqueda de financiamiento se preguntó si el directorio debe participar en ello. El 61,8% de los directores encuestados estuvo muy de acuerdo, mientras que el 16,7%, de acuerdo. Pero cuando se preguntó cuáles eran las funciones más importantes del directorio, sólo un 8,9% escogió esta función como importante, por lo que existe incongruencia en las respuestas. El estudio establece que es necesario establecer la búsqueda de financiamiento como una responsabilidad compartida del directorio con la dirección ejecutiva.

Finalmente, Errázuriz explicó que, tomando en cuenta el diagnóstico y las distintas realidades que viven las OSFL, se creó una Guía de Buenas Prácticas para directorios de OSFL con tres distintos modelos dependiendo del tamaño de la institución.

El estudio también dio origen a los documentos ¿Cómo captar buenos directores? Herramientas de Incentivo para Directorios de OSFL, una propuesta sobre estrategias para incentivar el ingreso de personas relevantes a los directorios de estas organizaciones; y a Ya que me comprometí, ¿cómo ser un buen director de una OSFL? Guía para Directores de OSFL, con información a los directores sobre sus tareas y responsabilidades.

Manuel Bengolea, socio y director de WAC Research; Alejandro Ferreiro, consejero del CPLT; y Carolina Mardones, decana de la Facultad de Comunicaciones de la UDD.

El estudio realizado por la Universidad del Desarollo y la consultora Inteligencia de Negocios (IdN) analiza la información que publican en sus sitios corporativos las 75 principales empresas chilenas que cotizan en la Bolsa de Valores. Entre los datos que se analizaron se consideró datos acerca de su negocio, el gobierno corporativo, información financiera y políticas de responsabilidad social empresarial, entre otros. La evaluación demostró que aquellas compañías internacionales presentes en el país exhiben un mejor nivel de información que las nacionales, destacándose en los primeros lugares Antogafasta Minerals, Masisa y Enersis.

La presentación del estudio estuvo a cargo de Rodrigo Díaz, director ejecutivo de IdN, quien destacó la falta de una política activa destinada a comunicar a la sociedad el comportamiento de las empresas, lo que se convierte en un aporte para su valor final. Esta investigación solo midió la existencia de los antecedentes pero no la veracidad de ellos, lo que podrá ser tema de un trabajo posterior. Dentro del análisis también se consideró la accesibilidad de los datos expuestos para que fueran realmente comprensibles por las personas. En general se concluyó que un puntaje superior a los 70 puntos las ubicaba en el nivel más alto y cercano a los patrones internacionales, donde se colocaron aquellas compañías integrantes de consocios multinacionales o aquéllas que cotizan en bolsas extranjeras. Entre las conclusiones se pudo determinar que en general en Chile las compañías ponen poca información a disposición de las personas y que en general sólo está determinada por lo que la ley exige. Por lo mismo, no existe una política por parte de las empresas de entregar activamente información a las personas y posibles accionistas. Incluso se detectaron diferencias entre dos sociedades pertenecientes al mismo conglomerado.

Los resultados fueron comentados por Alejandro Ferreiro, consejero del Consejo para la Transparencia, y Manuel Bengolea, socio y director de WAC Research. Ferreiro señaló que en Chile no existen incentivos para que las empresas privadas publiquen información debido a que es un mercado dominado por grandes conglomerados y las administradoras de fondos mutuos, por lo que la representación de los accionistas individuales es muy baja. Además, advirtió que los antecedentes exigidos por la ley también conllevan una obligación de veracidad, la cual es fiscalizada. En cambio, toda aquella información que se entrega en forma voluntaria no es chequeada, por lo que puede darse un escenario de manipulación del mercado. “Hay un conflicto entre lo que es autoregulación y aquello que está regulado. Creo que la autoregulación es positiva y hay que darle espacio, pero también hay que cuidar qué se publica”, destacó.

Manuel Bengolea por su parte, se mostró inclinado hacia la libertad de acción por parte de las compañías aunque resaltó la necesidad de avanzar hacia la existencia de mayor información disponible. Reconoció que aquellas empresas que hoy entregan más antecedentes, lo hacen en general por las obligaciones que imponen bolsas extranjeras, como la de Nueva York, pero ese es un proceso que irá permeando también al mercado local.

Inauguración de seminario Ver más imágenes

Este martes se realizó el seminario Transparentemos en el que se dialogó respecto de la importancia de la transparencia en las organizaciones de la sociedad civil, y la relevancia de la rendición de cuentas por parte de dicho sector.

La actividad, realizada en la Casa Central de la Universidad Católica, reunió a expertos en materia de transparencia y rendición de cuentas del mundo público y privado, provenientes de distintos países de América Latina.

Los participantes coincidieron en la importancia de la rendición de cuentas ya no sólo por los organismos del Estado, sino también por aquéllas organizaciones del llamado tercer sector.

Inauguraron el seminario la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, el director del Centro de Estudios Internacionales de esa casa de estudios, Juan Emilio Cheyre, el representante del BID en Chile, Jaime Sujoy, y el representante en Chile de Avina, Guillermo Scallan.

El primer panel, moderado por el director de Estudios del Consejo para la Transparencia, Eolo Díaz-Tendero, giró en torno al Rol y Desafíos de la Sociedad Civil, y contó con las intervenciones de Anabel Cruz, directora del Instituto de Comunicación y Desarrollo de Uruguay; Pedro Guell, investigador del Informe Desarrollo Humano, PNUD; y Gonzalo Delamaza, del Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas Públicas Universidad de Los Lagos.

En el segundo panel, sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, expusieron Rubén Fernández, presidente de la Corporación Región y coordinador en América Latina y El Caribe del Foro Abierto sobre Efectividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil; Juan Pablo Olmedo, consejero del Consejo para la Transparencia; y Ramiro Mendoza, Contralor General de la República. Este panel estuvo moderado por Nicolás Cobo, subdirector de CEIUC.

El tercer y último panel agrupó Algunas Experiencias Destacadas en Latinoamérica. Moderados por el responsable de Avina Argentina, Carlos March, dieron a conocer su visión Rosa Inés Ospina, directora de la Red de ONG por la Transparencia y consejera rectora de Transparencia por Colombia; Alejandra Pizarro, directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias; y Miguel Santibáñez, director ejecutivo de Jundep.

La actividad estuvo organizada en conjunto por la fundación Avina, BID/FOMIN, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y el Consejo para la Transparencia.

El CPLT representado por su presidente, Raúl Urrutia, su director general, Raúl Ferrada, y el director jurídico, participaron como expositores junto al Contralor General, Ramiro Mendoza, en la jornada anual que realizan todos los abogados de Corfo y a la cual también se sumaron profesionales de otros organismos de la administración pública vinculados al sector económico.

El encuentro fue inaugurado por el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, quien expresó la importancia de que todos los actos de la institución se enmarquen en plena legalidad y que puedan ser conocidos por todos los chilenos.

El presidente del CPLT puso énfasis que la ley de acceso a la información pública permite que cada vez sea más transparente el accionar del Estado, lo que “trae como beneficio la credibilidad de los servidores públicos y el fortalecimiento del sistema democrático, lo cual permite que en el país no se produzca una escalada de corrupción”.

El director general del CPLT, Raúl Ferrada, hizo un análisis de los avances alcanzados por el Consejo desde la entrada en vigencia de la ley en abril de 2009, el proceso de institucionalización del organismo y los desafíos que se presentan en su gestión y en la agenda necesaria para aportar en la instalación de una cultura de la transparencia en el país.

Por su parte, Enrique Rajevic, director jurídico, hizo un análisis de los principios más relevantes contenidos en la jurisprudencia acumulada por el CPLT en estos 16 meses y cómo estos criterios han ido definiendo numerosos aspectos de la normativa.

Juan Carlos Délano, presidente de Chile Transparente; Marco Antonio Núñez, presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados; Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia, y Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia.

Durante la mañana de este lunes 6 de septiembre se llevó a cabo el seminario A un año de la Ley de Transparencia: Evaluación ciudadana de las autoridades públicas. La actividad, realizada en la Cancillería, fue inaugurada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, quien expresó su compromiso por considerar las conclusiones del encuentro.

En su intervención el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, resaltó que la integración del Consejo, pese a ser transversal políticamente, no ha sido impedimento para acordar la toma de decisiones, las que se remiten a la aplicación estricta del derecho.

Urrutia destacó también el rol que las autoridades han tenido en la implementación de la Ley: “recientemente, en la Semana de la Transparencia en México, nos preguntaban a qué se debe el éxito de la implementación de nuestra ley y yo les respondía ‘a la voluntad política de los servidores públicos, de los gobiernos, de los municipios”, relató.

Por su parte el senador Hernán Larraín, uno de los autores de la Ley de Transparencia, realizó un recorrido histórico desde los antecedentes de la legislación y manifestó que “esta legislación es la reforma al Estado más profunda que hemos vivido en el último tiempo”.

El presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, Marco Antonio Núñez, mencionó los avances de la Cámara de Diputados respecto del derecho de acceso, que se remontan a 1993.

Juan Carlos Délano, presidente de Chile Transparente, expresó que si bien la cantidad de información que se ha subido a la red tras la entrada en vigencia de la ley es importante, ahora corresponde un segundo paso, que es uniformarla, de manera de poder hacer comparaciones entre un organismo y otro, y hacerla más amigable, para que así llegue a mayor cantidad de gente, con diferentes niveles de educación.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, reiteró el compromiso del gobierno en materia de transparencia, resaltando el nuevo proyecto de fideicomiso ciego, que perfecciona el existente, el nuevo proyecto sobre declaración de patrimonio e intereses –enviado la semana pasada al Congreso- y el perfeccionamiento de la Ley 20.285.

El segundo panel fue integrado por el diputado Jorge Ulloa, por Claudio Arriagada, alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades; por Hernán Calderón, presidente de la Asociación de Consumidores (Conadecus); y por Francisca Skoknic, editora de CIPER Chile.

Este panel, si bien se reconoció el avance que ha logrado la Ley de Transparencia, fue más crítico en cuanto a lo que se puede hacer y a las mejoras necesarias. Se mencionó, por ejemplo, la necesidad de sumar en forma íntegra a la ley los poderes autónomos del Estado.

A poco más de un año de entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Consejo para la Transparencia es el invitado de honor junto a otras importantes autoridades nacionales a la Séptima Semana de la Transparencia que se realiza en México y donde se destacará el proceso de implementación de esta normativa en el país.

El Seminario que se realizará en el país azteca busca replicar en parte la presentación que hizo el Consejo para la Transparencia en abril pasado con motivo de la celebración del primer año de vigencia de la ley y su existencia en Chile y donde se discutió en profundidad el proceso de implementación, incluyendo temas como el valor de la autonomía entre los organismos fiscalizadores.

La Séptima Semana de la Transparencia de México es organizada por el Instituto de Acceso a la Información (IFAI) de ese país que es el organismo a cargo de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en ese país. En México, dicho cuerpo legal entró en vigencia el 12 de junio de 2003.

El programa del Seminario contempla exposiciones del presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, el director Jurídico, Enrique Rajevic, el Contralor General Ramiro Mendoza, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, la directora de la biblioteca del Congreso Soledad Ferreiro, el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Felipe del Solar y Josefina Soto, asesora legal del Ministerio de Hacienda.

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Integrantes del primer panel: Carlos Williamson, director del Servicio Civil; Jorge Correa, director de Chile Transparente y moderador del panel; y Raúl Urrutia, presidente del CPLT.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, formó parte del primer panel del seminario Transparencia y Probidad: el Sello del Bicentenario, organizado por el capítulo chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente. El encuentro fue inaugurado el presidente de dicha organización, Juan Carlos Délano. Posteriormente Eduardo Engel, asesor del organismo, presentó los resultados de una encuesta sobre el financiamiento electoral y enumeró las propuestas para su perfeccionamiento.

Tras dichas intervenciones se dio paso al Panel I, Desafíos pendientes en la agenda de Probidad y Transparencia, integrado por Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia; Carlos Williamson, director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública; y moderado por Jorge Correa, director de Chile Transparente.

En su intervención el presidente del CPLT destacó los avances en materia de transparencia a partir del 20 de abril de 2009, cuando comenzó la vigencia de la Ley 20.285, resaltando que el Consejo ya ha resuelto 924 de los cerca de 1.120 casos que ha recibido.

En materia de Transparencia Activa, Urrutia entregó algunos ejemplos de buenas prácticas, como la publicación de viáticos y resaltó la información que entregan el Poder Judicial y la Contraloría en sus páginas web.

El personero dio a conocer un convenio de cooperación con el ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través del cual el Consejo para la Transparencia tendrá acceso a las estadísticas sobre solicitudes de información que llegan a la administración central. Adelantó, además, dos proyectos en los que trabaja el Consejo: soporte en la gestión de solicitudes de acceso de municipalidades – con apoyo del Banco Mundial- y un trabajo con alumnos de enseñanza media, de manera de potenciar la educación cívica en materia de transparencia.

Dentro de los desafíos pendientes, el presidente del Consejo mencionó completar el proceso de construcción de capacidades institucionales, el perfeccionamiento de los productos y servicios y un mayor posicionamiento institucional y público. En este sentido, dijo, es importante una voluntad política y el aporte de los recursos adecuados para la institución. Sumó, además, el gran desafío que podría asumir el Consejo en materia de protección de datos personales, recalcando que gran parte de las decisiones en materia de acceso dirimen también la publicación de información de esa índole.

Posteriormente se realizó el segundo panel, sobre la agenda de transparencia del gobierno y la Contraloría en el marco del Bicentenario. El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, realizó un recorrido histórico general sobre los avances en materia de probidad y transparencia que ha tenido el país, destacando la tradición de unidad que han concitado dichos esfuerzos.

Finalmente Cristián Larroulet, ministro Secretario General de la Presidencia, se refirió a la agenda de transparencia del gobierno, subrayando que la “transparencia es el tema central y está en el corazón de lo que se propone el gobierno”. Larroulet destacó el rol protagonista que algunas instrucciones han tenido en los avances al respecto, como la Contraloría, el Consejo para la Transparencia y organizaciones de la sociedad civil.

Dentro de los proyectos concretos de la agenda, el Ministro mencionó el perfeccionamiento a la ley de fideicomiso ciego, el nuevo proyecto de declaración de patrimonio e intereses y el perfeccionamiento de la Ley de Transparencia.

El Consejo para la Transparencia publicó este viernes 20 de agosto en el Diario Oficial, dos nuevas Instrucciones Generales. Se trata de la Instrucción General N°8 y de la Instrucción General N°9, ambas aprobadas por el Consejo Directivo el 10 de agosto pasado.

La Instrucción General Nº 8 se refiere a la obligación de informar en transparencia activa los antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño, conforme lo dispuso el artículo quinto de la Ley 20.416, y explica cómo cumplir con dicha obligación.

Esta instrucción se aplica sólo a los órganos de la Administración del Estado mencionados en el artículo 3 del Reglamento para la dictación de normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño, aprobado por Decreto Supremo N°80, de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Es decir, a “los Ministerios, Subsecretarías y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios, a que se refiere el Párrafo 1º del Título II D.F.L. Nº 1/19.653”.

Por su parte, la Instrucción General Nº 9 modifica las instrucciones generales N° 4 y N° 7, sobre Transparencia Activa. La Instrucción N°9 busca simplificar la manera de informar dos ítems de la transparencia activa: Personal y Remuneraciones y Actos y Resoluciones con Efectos sobre Terceros y facilitar el acceso por parte de los ciudadanos a esta información. Esta instrucción estuvo motivada y tuvo especialmente presente los planteamientos que hizo a este Consejo el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Raúl Urrutia, presidente del Consejo, en el taller realizado en la Municipalidad de Iquique.

Más de 120 funcionarios de la Región de Tarapacá asistieron al Taller de Actualización sobre la Ley de Transparencia dictado por el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia y abogados de la entidad.

La actividad se dividió en dos bloques, el primero efectuado durante la mañana en dependencias de la Municipalidad de Iquique, y que fue enfocado al mundo municipal, y luego por la tarde en la gobernación provinciall y al cual asistieron representantes de todos los servicios de la región.

En ambas ocasiones, el presidente del CPLT destacó el aporte que la Ley N° 20.285 significa para el país porque permite fortalecer la democracia y también le entrega credibilidad a la gestión de los funcionarios públicos. “Todos nosotros somos servidores públicos. Nuestro empleador son todos los chilenos y el hecho que ellos puedan ver cómo utilizamos los dineros públicos avala nuestra gestión”, resaltó refiriéndose a las obligaciones que impone la ley de publicar en los sitios web numerosa información mes a mes según lo consigna el artículo 7 de la normativa.

En relación con las obligaciones de transparencia activa, también se profundizó en las instrucciones generales N° 4 y N° 7 que entraron en vigencia en julio pasado y cuyo cumplimiento será fiscalizado a partir de septiembre próximo.

Raúl Urrutia, presidente del CPLT, en el 3er. Encuentro Nacional de Concejales

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, integró junto al alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, el panel “Transparencia en la función pública y obligaciones de los municipios”, realizado el jueves 12 de agosto de 9 a 11 horas, dentro del programa del tercer Encuentro Nacional de Concejales efectuado en Osorno y organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades.

Al panel asistieron más de 600 personas de todo el país, ofreciendo una oportunidad muy importante para profundizar los conocimientos de los asistentes respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de analizar las buenas prácticas que ya están incorporando los municipios en su gestión.

El presidente del CPLT destacó la importancia del sector municipal para el buen funcionamiento de la Ley N° 20.285, ya que son las instituciones más cercanas a las personas y donde se concentra gran cantidad de información útil para ellos. Por eso, detalló las diversas actividades y programas que el CPLT está desarrollando para apoyar a que estos organismos puedan implementar la normativa y cuenten con herramientas de gestión que les permita canalizar la información, tanto referente a la transparencia activa, como las solicitudes de acceso que reciban. Además, recalcó el rol de los concejales como fiscalizadores de las actividades de los municipios, siendo la ley de acceso a la información pública una herramienta muy valiosa en su trabajo.

Junto a la exposición del presidente del CPLT, participó Christian Anker, jefe de la unidad de Promoción y Clientes, quién explicó a los concejales presentes las nuevas instrucciones respecto a Transparencia Activa y la importancia de estas obligaciones dentro de las normativas a las cuales están sujetos todas las municipalidades del país.