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Alto interés tuvo la actividad organizada por el Consejo para la Transparencia en el Hotel Galerías de Santiago con el objetivo de informar  a los funcionarios municipales, y en especial a los encargados de transparencia, respecto de las exigencias contenidas en las instrucciones generales número 4 y número sobre Transparencia Activa, dictadas por el CPLT y que entraron en vigencia el 1 de julio. Además, se presentó el modelo de cumplimiento de dichas instrucciones, la herramienta de autofiscalización a través de la extranet del Consejo y el Sistema de Transferencia Electrónica de Transparencia (Sitret), que otorga una herramienta de gestión de solicitudes de información y un reporte estadístico para los organismos obligados.

El taller se inició con una presentación del presidente del Consejo, Raúl Urrutia, quien destacó que la importancia del  derecho de acceso a la información pública  para el fortalecimiento de la democracia y también para el fortalecimiento de la credibilidad de los funcionarios públicos y las autoridades. “En la medida que toda la información esté disponible para las personas se hace más difícil cuestionar los actos y decisiones del Estado. Este es un derecho humano esencial considerado hoy entre los derechos de última generación y está consagrado constitucionalmente en nuestra Carta Fundamental”, subrayó.

A continuación, el director general del Consejo, Raúl Ferrada, puso énfasis en las facultades normativas que tiene el Consejo para la Transparencia y que le permiten ir adaptando las obligaciones que impone la ley, de manera de hacerla más clara para los ciudadanos.

La jefa de la unidad de Normativa, Andrea Ruiz, explicó en detalle las instrucciones generales número 4 y número 7 en todos sus numerales, aclarando los cambios y buenas prácticas que se exigen a partir de este mes y las que entrarán en vigencia el 1 de septiembre próximo.

Herramientas para la transparencia

En el segundo módulo del taller, se presentó el modelo de cumplimiento  con que se evaluarán las obligaciones de transparencia activa a partir del próximo mes por parte del Consejo y que está hecho siguiendo las nuevas instrucciones generales. Carolina Maturana, jefa de la unidad de Estudios y Publicaciones, especificó los aspectos de la fiscalización como también las ponderaciones que se darán a cada tema.

De gran interés para todos los asistentes fue la Extranet que ha desarrollado el Consejo y en la cual hoy se encuentra un sistema de autoevaluación de transparencia activa. Esta es una herramienta digital muy sencilla que permite a los enlaces de todos los organismos y servicios sujetos a las normas de transparencia activa a chequear su nivel de cumplimiento en cada aspecto tal cual lo hará el Consejo a partir de agosto. Esta es una plataforma web sencilla que solo requiere que los enlaces se registren con un correo electrónico y una clave y los resultados que obtienen son privados. Además pueden aplicarse el modelo todas las veces que quieran y borrar los resultados obtenidos cada vez.

Otra herramienta presentada durante el taller y que generó un alto interés fue el Sistema de Transferencia Electrónica de Transparencia (Sitret). Éste es un programa desarrollado por la Dirección de Operaciones y Sistemas del Consejo para la Transparencia que recoge estadísticas de las solicitudes de información y también puede ser utilizado como un modelo de gestión de solicitudes de información para aquellos organismos y servicios que no tienen uno disponible. Hoy se encuentra en versión beta, disponible en forma absolutamente gratuita para todos los servicios que deseen utilizarla. Por ello se convocó a inscribirse con el objetivo de poder dar una capacitación a todos los interesados y generar una interacción que ayude a ir estableciendo la versión definitiva en un plazo cercano.

De izquierda a derecha: Sebastián Vera, abogado de Promoción y Clientes; Raúl Urrutia, presidente del CPLT y Pablo García, analista de Promoción y Clientes.

La consagración del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y el cambio conceptual que implica la Ley de Transparencia en el actuar del Estado fueron los dos ejes primordiales de la actividad realizada en el Teatro Jorge Peña de la ciudad de La Serena. El imponente edificio recientemente restaurado y que es parte del antiguo Liceo Gregorio Cordobés, fue el escenario para esta actividad organizada por el Consejo para la Transparencia y la Gobernación del Elqui.

En total asistieron más de 150 personas, mayoritariamente funcionarios encargados del área de transparencia de las gobernaciones, municipios y servicios regionales, además de representantes de fundaciones y organizaciones sociales.

La actividad se inició con las palabras de bienvenida del gobernador de la provincia del Elqui, Pablo Argandoña Medina, quien resaltó que la normativa de acceso a la información pública es un impulso significativo en la modernización tecnológica y de gestión documental para todos los servicios públicos, lo que representa un desafío relevante para la administración central del Estado y los municipios.

El primer orador fue el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, quien destacó el cambio de paradigma que significa para la administración pública que todos sus actos sean  públicos. “Puede parecer algo redundante para algunos, pero es necesario destacar que gracias a ello Chile es distinto. Chile es más transparente desde el 20 de abril de 2009, cuando entró en vigencia la Ley N° 20.285”, enfatizó.

Por lo mismo aclaró que un principio que contiene esta normativa es el de la “facilitación”, lo que significa que los funcionarios públicos debes “facilitar” a las personas el poder ejercer su derecho de acceso a la información y ayudarlos y guiarlos en sus solicitudes. En ese mismo ámbito mencionó otro de los principios que contiene la normativa en su artículo 11 y que habla de la “oportunidad de la información”. “No da lo mismo en qué momento esa persona accede a la información que necesita ni la cantidad de tiempo que demora en obtenerla”, aclaró. “Es importante que los funcionarios comprendan que así como hoy están desde un lado del mesón recibiendo las solicitudes, mañana pueden estar del otro y como ciudadanos ejercer su derecho. Por eso, es necesario que en ustedes se impregnen estos principios”, concluyó.

El taller continúo con la presentación del abogado Sebastián Vera, de la unidad de promoción y clientes, quien explicó los hitos más importantes de la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, y luego el analista Pablo García, analizó en detalla las Instrucciones Generales N°4 y 7 sobre Transparencia Activa, las cuales entraron en vigencia el 1 de julio pasado.

La capacitación terminó con un bloque de preguntas de los asistentes a los tres expositores.

La sesión estuvo dirigida por el presidente del Consejo, Raúl Urrutia, junto con los consejeros Alejandro Ferreiro y Juan Pablo Olmedo

Este viernes el Consejo para la Transparencia realizó una audiencia por el caso C39-10, deducido por Paulo Álvarez Bravo contra la Subsecretaría del Interior. El requirente había solicitado a dicho organismo información sobre el plan de intervención policial en la población La Legua. Aunque recibió información, consideró que ésta era incompleta e interpuso un amparo ante el CPLT.

Tras analizar el caso el Consejo convocó a una audiencia que se centró en:

• Conocer si existe formalmente el denominado “Plan de Intervención de la población La Legua”, y si éste consta en uno o más documentos, o bien si la denominación de “Plan de Intervención” se ha dado a un conjunto de iniciativas en materia de seguridad pública diseñadas e implementadas en la población aludida por diversos órganos gubernamentales.
• Si el “Plan de Intervención de la población La Legua” -en caso de existir formalmente como tal- o los proyectos y demás iniciativas que lo componen, se enmarcan dentro del Plan Comunal de Seguridad Pública, respecto de la comuna de San Joaquín, del cual da cuenta la página web institucional de la División de Seguridad Pública del Ministerio de Interior.
• Si las consultas del requirente obedecen a alguna política del Ministerio, independiente de la denominación, y si hay documentos que la sustentan.

La sesión estuvo dirigida por el presidente del Consejo, Raúl Urrutia, junto con los consejeros Alejandro Ferreiro y Juan Pablo Olmedo. Acudieron el propio reclamante, Paulo Álvarez, y, por parte del organismo reclamado, los profesionales Elizabeth Collins Von Hausen, Jefa de la Unidad Jurídica de la División de Seguridad Pública, y Manuel Pérez Saavedra, Asesor Jurídico de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior.

Tras cincuenta minutos de reunión el Consejo dio plazo hasta el jueves 15 para que la Subsecretaría del Interior presente al CPLT, si es que lo hubiere, algún documento relacionado con la estrategia de seguridad en La Legua, bajo el Artículo 26 de la Ley de Transparencia.

La nueva aplicación será presentada el 8 de julio

Como una forma de promover, apoyar y facilitar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia activa por parte de los Órganos de la Administración del Estado, el Consejo para la Transparencia pondrá a disposición de los organismos obligados, una aplicación web que permitirá realizar una simulación de Fiscalización de Transparencia Activa.

Esta aplicación, alojada en la Extranet del CPLT, estará disponible a partir del 8 de julio, y permitirá a los organismos saber si la información publicada se ajusta a las exigencias que establece la Ley y las Instrucciones Generales N° 4 y N° 7, permitiendo al organismo autoevaluar su nivel de cumplimiento.

Para presentar esta herramienta, en una primera etapa el CPLT invitó a los enlaces de las subsecretarías a una actividad  donde, además de conocer el sistema se resolverán dudas que puedan surgir en su uso. Posteriormente se realizará otra reunión con los enlaces de las municipalidades.

La aplicación será presentada por el presidente del Consejo, Raúl Urrutia. Posteriormente la Jefa de la Unidad de Estudios y Publicaciones, Carolina Maturana, se referirá al modelo de cumplimiento. Luego el Jefe Unidad de Sistemas, Gastón Avendaño, dará a conocer el Sistema de Autofiscalización en Transparencia Activa.

El encuentro finalizará con preguntas y con la invitación a usar la nueva herramienta.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, integró el foro-panel “Ciudadanía, incidencia y desarrollo territorial: retos ineludibles para una efectiva calidad de vida”, junto a María Eugenia de la Fuente, subsecretaria de Gobierno, Carlos March, representante Avina Argentina y ex – Director del Movimiento Poder Ciudadano, y Rodrigo Márquez, del  Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile, y Tomás Mosciatti, director de Radio Bío Bío y comentarista de CNN Chile.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, participó en la primera cuenta pública que se realiza en la región de Los Ríos y que permitió conocer 86 indicadores de estado de avance en diez áreas temáticas como vivienda, salud, medio ambiente, infraestructura urbana, transporte y conectividad y desarrollo social. El objetivo de esta iniciativa llamada “Nueva Región , Cómo Vamos”, busca generar e instaurar un sistema ciudadano de seguimiento periódico y sistemático a los avances en la calidad de vida del territorio, mediante la evaluación rigurosa de la gestión pública. El proyecto es implementado por diversas instituciones entre las que se cuentan el Programa Eco-Región  Agenda Local 21, Comité Nueva Región, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Austral, la ONG Conservación Marina, Codepu, Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y la Cámara de Comercio Detallista.

La Ley de Acceso a la Información fue un aporte muy importante para este trabajo, ya que todos los indicadores se construyeron gracias a los datos recopilados a través de solicitudes de información presentadas a los servicios regionales y municipios. Este proceso también detectó falencias en las respuestas de algunas de las instituciones, aunque los solicitantes no realizaron reclamos ante el Consejo para la Transparencia.

Es por ello que el presidente del CPLT destacó la importancia de conocer bien la normativa de manera de que pueda ser usada por todas las personas. “El Consejo para la Transparencia existe para garantizar el derecho de acceso a la información para todos las personas porque es un derecho fundamental”, aclaró. “Si un organismo no entrega la información o no responde, la persona debe presentar su reclamo ante el Consejo”, agregó.

En un fallo unánime la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó que las Corporaciones Municipales de Educación y Salud están sujetas a los preceptos de la Ley de Transparencia en cuanto a la entrega de información pública.

Ésta es la segunda sentencia que entrega el tribunal que se refiere a la publicación de información por parte de las corporaciones municipales. El 14 de junio pasado había acogido un reclamo similar presentado por la Municipalidad de Viña del Mar.

En esta nueva sentencia, sobre la causa rol 294-2010, el tribunal de alzada porteño desestimó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad de Villa Alemana en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia que, en noviembre de 2009, acogió un reclamo presentado por el capítulo comunal del Colegio de Profesores al que se le había negado el acceso a la información que solicitó invocando la Ley de Transparencia, y que recaía en diversos documentos relacionados con la gestión educativa realizada por dicha Corporación en el año 2009, como su nómina de personal ( Ver decisión del CPLT)

El fallo determina que decisión del Consejo para la Transparencia, que requiere a la Corporación entregar la información solicitada se encuentra ajustada a la ley y no viola los preceptos de privacidad y relación laboral de los empleados.

En el considerando quinto, el tribunal sentencia que:

“Que la información que se ha requerido al ente municipal, no se encuentra comprendida dentro de las excepciones a que se refiere el artículo 21 de la Ley 20.285, tampoco en alguna ley de quórum calificado siendo inaplicable lo dispuesto en el artículo 154 Bis del Código del Trabajo porque ella dice relación, exclusivamente, con la obligación del empleador de mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral, disposición genérica derivada de la vinculación laboral entre empleador y trabajador, que no guarda relación con los antecedentes solicitados al Municipio ya que bien se ha solicitado nómina de trabajadores y remuneraciones, sin embargo esa información es pública”.

Y agrega, en el considerando sexto, que:

“La excusa de la reclamante en orden a que mucha de la información solicitada corresponde proporcionarla a la Corporación de Desarrollo Social de Villa Alemana que es una corporación de derecho privado y la Ley de Transparencia no les es aplicable, cabe desestimarla por cuanto se trata de un organismo creado para el cumplimiento de una de las labores que debe desarrollar un municipio y, por lo tanto, como en su creación concurren órganos públicos y está integrada por funcionarios públicos tanto para aquellas funciones de toma de decisiones, como para su administración y control y considerando que realizan funciones destinadas al bien común,  no cabe duda el carácter público de dichos organismos”.

El fallo se suma así al precedente sentado por la  decisión sobre la corporación de la Municipalidad de Viña del Mar, considerando que quedan aún otras dos causas en manos de los tribunales:  un recurso presentado por  la Corporación Municipal de San Miguel (decisión del CPLT A327-09 y  Rol 132-2009 en la I. Corte de San Miguel) y otro recurso presentado por la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa (decisión A242-09 del CPLT y Rol 8131-2009, I. Corte de Santiago).

Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia Ver galería de imágenes

Este miércoles se realizó la Primera Jornada de Actualización en Transparencia Activa, dirigida a enlaces del CPLT y funcionarios del área de transparencia, organizada por la Unidad de Promoción y Clientes del Consejo.

La actividad fue de especial relevancia, pues se expusieron y clarificaron las instrucciones 4 y 7, que comienzan a regir el jueves 1 de julio, así como el modelo de fiscalización que se aplicará según dichas instrucciones.

Poco más de 250 personas se reunieron en el Salón Mapuche del Hotel Galerías que  durante medio día escucharon con atención las diferentes ponencias y tuvieron la oportunidad de hacer preguntas puntuales.

Expositores

En la primera exposición el presidente del Consejo, Raúl Urrutia, se refirió a la importancia del derecho de acceso a la información pública en el fortalecimiento de la democracia. Posteriormente el director de Estudios y Clientes, Eolo Díaz-Tendero, habló sobre el Sentido de la Política Pública del Derecho de Acceso. En tercer lugar, y para finalizar la primera parte de la jornada, el director Jurídico, Enrique Rajevic dio a conocer jurisprudencia inicial en la resolución de amparos y reclamos, específicamente en el tema de transparencia activa.

La última parte del encuentro estuvo a cargo de Andrea Ruiz, jefa de la Unidad de Normativa, y de Carolina Maturana, jefa de la Unidad de Estudios y Publicaciones. Andrea Ruiz explicó punto por punto las instrucciones generales, N°4 y N°7, sobre Transparencia Activa que comienzan a regir el 1 de julio, salvo por numerales específicos cuya vigencia se inicia el 1 de septiembre.

Por su parte, Carolina Maturana presentó el modelo de fiscalización que se aplicará a todos los sujetos obligados. Este modelo de cumplimiento se basa en las metodologías e instrumentos de fiscalización, y utilizan criterios emanados de la percepción ciudadana y la experiencia internacional para determinar la prioridad de la información solicitada.  La profesional aclaró que el proceso de fiscalización tiene una mirada de facilitar la entrega de información y tomará como referencia las directrices recogidas en las instrucciones 4 y 7 al momento de evaluar.

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En el Centro Cívico de la Municipalidad de San Joaquín y con la presencia de alrededor de 50 líderes vecinales de la comuna, la Corporación Libertades Ciudadanas presentó el Manual Control Ciudadano sobre Transparencia y la Información Pública, publicación realizada por el organismo con financiamiento del Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia y auspicio del Consejo para la Transparencia.

Se trata de un texto didáctico redactado tras la ejecución de talleres didácticos respecto a la ley de transparencia y acceso a la información pública dirigidos a dirigentes vecinales de la comuna de San Joaquín. Cumplida esa primera tapa, se efectuó un trabajo práctico en el que los asistentes hicieron solicitudes de información al municipio en temas relacionados con las agrupaciones que ellos dirigían. El proceso completo  y las experiencias de cada uno se recogen en el texto, convirtiéndose en un relato práctico que puede ayudar a personas de diversos ámbitos de la sociedad a comprender mejor y utilizar la ley de acceso a la información pública.

En el evento de lanzamiento del manual, organizado por la Corporación Libertades Ciudadanas con el apoyo de la Municipalidad de San Joaquín, expusieron la concejala de dicha comuna, Nelly Santander; el presidente de la Corporación Libertades Ciudadanas, Adolfo Castillo; el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia; la coordinadora de la agrupación Mujeres Territoriales de San Joaquín, Eva Peña; y Glenda Montero, una de las autoras de la publicación. Todos ellos destacaron la importancia de que las personas se involucren en el actuar de la sociedad, fiscalicen a sus autoridades y ejerzan sus derechos como ciudadanos.

El presidente del Consejo para la Transparencia enfatizó que la entrada en vigencia de la ley de transparencia y acceso a la información pública hizo que Chile cambiara. “Quizás sus efectos aún no los notamos, pero este es un proceso que se ha iniciado. Todas las personas son contribuyentes. Quien compra un kilo de pan paga IVA y ese impuesto es para el Estado. Por eso, todos tenemos derecho a fiscalizar que los servicios públicos hagan bien su trabajo”, señaló. “El Consejo quiere que todas las personas conozcan la ley y la usen. Vamos a ser más personas y más dignos en la medida que usemos nuestros derechos”, concluyó.

Bajar Manual Contro Ciudadano sobre Transparencia y la Información Pública

Raúl Urrutia, presidente del CPLT, ante la audiencia de Antofagasta

Con una amplia convocatoria a funcionarios públicos y dirigentes vecinales comenzó el jueves 17 de junio a las 9 horas la jornada de capacitación del Consejo para la Transparencia en Antofagasta. La actividad, que se realizó en el Auditorio del edificio del Ministerio de Obras Públicas, y que fue organizada en forma conjunta con la gobernación provincial, contó con más de 120 asistentes.

Tras el saludo inicial y palabras de bienvenida, ofrecidas por el gobernador de la provincia de Antofagasta, Pablo Tolosa Fernández, correspondió al presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, hacer un análisis de la implementación de la normativa en su primer año. El presidente del CPLT destacó la importancia del derecho de acceso como un derecho fundamental e hizo un llamado a que todas las personas hicieran uso de la ley. “Esta ley debe ser usada por los chilenos porque estamos fortaleciendo nuestra administración pública y nuestra democracia, aunque requiera más trabajo para los funcionarios y el Consejo que presido”, enfatizó.  “Se requiere voluntad de transparencia”, aclaró.

En el segundo módulo, el jefe de la unidad de promoción y clientes del Consejo, Christian Anker, hizo una revisión de las normas de transparencia activa y especialmente de la Instrucción General N° 4 sobre Transparencia Activa, que entra en vigencia el próximo 1 de julio.

Durante la tarde, ambos expositores participaron en el Seminario sobre Transparencia Activa organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades en conjunto con el Consejo para la Transparencia, dirigido a todos los municipios de la zona norte del país.

La visita a Antofagasta es el segundo destino de una amplia gira que llevará al presidente del Consejo para la Transparencia y algunas de sus autoridades por todo el país dentro de los próximos meses.

El lunes 14 la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió que la Corporación Municipal de Viña del Mar debe acatar la Ley de Transparencia. El dictamen resuelve un reclamo de ilegalidad interpuesto por la alcaldesa de esa comuna y presidenta de dicha corporación en contra de una decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia que obligaba a la corporación a acatar las normas de transparencia activa.

La Corte consideró que aunque se trataba de una corporación de Derecho Privado debían considerarse organismos públicos porque han concurrido “…mayoritaria o exclusivamente órganos públicos en su creación; porque la integración de sus órganos de decisión, administración y control es efectuada por autoridades o funcionarios públicos y, por la naturaleza de las funciones que desempeñan” (considerando 6º).

En el considerando octavo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso añade que: “(…) se colige el carácter público de las corporaciones municipales, en orden a que propende intereses generales y públicos. Y que si bien es cierto, el legislador quiso dotar a los municipios de la facultad para crear entes privados, como es el caso de las corporaciones municipales, éstas no podrían quedar excluidas de los controles sobre los agentes del Estado, ya que al aceptar que un organismo de la Administración cree y participe en entidades que persiguen intereses privados se vulnera el principio constitucional de probidad consagrado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, razón por la cual, la Corporación de Desarrollo Social de Viña del Mar queda sujeta, en todos sus aspectos, a la Ley de Transparencia, por tratarse de una entidad creada para el cumplimiento de la función administrativa. No obstante ello, los mecanismos establecidos en dicha norma no afectan la autonomía de la entidad, pues actúan ex post, básicamente a petición de los propios ciudadanos mediante el juicio de la opinión pública”.

Antecedentes

En agosto pasado el diputado y ex alcalde de Viña del Mar, Rodrigo González, interpuso un reclamo ante el Consejo para la Transparencia luego de no encontrar en la página web de la Municipalidad de Viña del Mar, “información detallada y completa de las cuentas municipales tal como obliga el artículo 7° de la Ley de Transparencia”.

El amparo fue parcialmente acogido por el Consejo, que en su decisión sobre el caso R23-09 estableció que hubo una infracción a las normas de transparencia activa y requirió a la alcaldesa, en su calidad de presidenta de la Corporación Municipal de Viña del Mar, que publicara en el sitio web de la corporación toda la información exigida por los art. 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su reglamento, incluyendo el presupuesto financiero asignado y ejecutado de dicha corporación.

La corporación municipal no publicó dicha información y los servicios jurídicos municipales presentaron un redamo de ilegalidad en contra de la decisión tomada por el Consejo de Transparencia, el que fue resuelto este martes por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Importancia del precedente

El fallo sienta un precedente importante, pues existen otras tres corporaciones que han reclamado ante las Cortes decisiones del CPLT en que les exige cumplir con la Ley de Transparencia. Se trata de la decisión A327-09, sobre la Corporación Municipal de San Miguel (Rol 132-2009, I. Corte de San Miguel), la decisión A242-09, sobre la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa (Rol 8131-2009, I. Corte de Santiago) y la decisión A194-09 sobre la Corporación de Desarrollo Social de Villa Alemana (Rol 294-2010, I. Corte de Valparaíso).

También existen corporaciones que no han cuestionado la aplicación de la Ley y la competencia del Consejo y han cumplido sus decisiones, como ocurrió con la decisión C378-09, referida a la Corporación de Desarrollo Social de Buin, que dio cumplimiento a lo resuelto por el Consejo reconociendo, con ello, la aplicación de la Ley de Transparencia a su respecto.

A través de un comunicado el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia informó que el Consejero Roberto Guerrero Valenzuela ha presentado su renuncia a la institución.

El Consejero Guerrero señaló que lamenta profundamente tener que dejar su labor en el Consejo para la Transparencia, la cual ha representado un desafío muy especial por el importante rol al cual ha sido llamada la corporación en apoyar la construcción de la cultura de la transparencia en el país, pero debido a sus compromisos tanto en el ejercicio de la profesión de abogado como el mundo académico, y la creciente demanda de trabajo que implica el desarrollo del Consejo, considera que a futuro no podrá cumplir con la dedicación necesaria dichas obligaciones.

El Consejo Directivo al informarse de dicha dimisión destacó y agradeció especialmente el aporte que ha realizado el consejero Guerrero en el primer año de instalación de la entidad, señalando que su trabajo debe ser reconocido por todo el país.

El consejero Roberto Guerrero Valenzuela fue nominado por la presidenta Michelle Bachelet para ocupar el cargo por un período de seis años y posteriormente ratificado el 28 de octubre por las dos terceras partes del Senado.

Con el objetivo de conocer en detalle la verdadera situación respecto a la cantidad de bases de datos que hoy existen en el sector privado, el nivel de cuidado que se le da a los datos personales y hacer una evaluación de los requerimientos económicos y de carga de trabajo para el Consejo para la Transparencia en caso de asumir la supervigilancia de todas las bases de datos en el país, esta entidad encargó al Centro de Sistemas Públicos de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile un estudio integral.

Éste fue un trabajo que tomó varios meses de ejecución con un acabado estudio de los sistemas de protección de datos personales imperantes en el extranjero, las nuevas tendencias en esta materia, las opiniones de expertos en el país, y también a nivel de lo que implicaría en cuanto a las nuevas exigencias que asumiría el Consejo para la Transparencia en caso de aprobarse la normativa que hoy se encuentra en el Congreso y que le entrega a este organismo la vigilancia sobre las bases de datos tanto a nivel público como privadas. Según la Ley N° 20.285, el CPLT tiene la facultad de “velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628 de protección de datos de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado”.

Un aspecto muy importante para el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, fue lograr obtener un diagnóstico de la magnitud de trabajo que implicaría asumir la tarea que el proyecto de ley hoy le encomienda, conocer la cantidad de recursos económicos que necesitaría para asumir bien esa responsabilidad y los cambios que debería realizar a su estructura actual.

La investigación cumple con esas exigencias y para el Consejo es un instrumento útil que permitirá aportar en el debate del proyecto de ley que hoy se discute.