Este jueves el Consejo para la Transparencia realizó dos capacitaciones en SITRET, Sistema de Transferencia Electrónica de Transparencia, desarrollada por el propio Consejo, que permite a los sujetos obligados reportar las estadísticas respecto de solicitudes de acceso a la información y, en una segunda aplicación, gestionar dichas solicitudes al interior de su institución.

Las actividades, que en esta ocasión estuvieron orientadas a empleados municipales, tienen como objetivo realizar un recorrido detallado por la herramienta e invitar a los organismos a sumarse a la etapa piloto que se prolonga hasta noviembre de este año.

Los talleres estuvieron a cargo de Daniel Manríquez, jefe de la Unidad de Estadísticas; Gastón Avendaño, jefe de la Unidad de Sistemas; y Felipe Ramírez, abogado de la Unidad de Promoción y Clientes. Los profesionales pudieron responder a las dudas de los asistentes, así como escuchar sus consultas y sugerencias en pro de la mejora del sistema.

SITRET se encuentra en una fase de prueba (versión beta) y todas las instituciones que estén interesadas pueden utilizarla y participar en las pruebas que permitan en los próximos meses desarrollar la versión definitiva.  Los comentarios y críticas que se envíen al Consejo serán recogidos y considerados en el modelo final que deberá estar operativo a fines de año.

Para aquellos organismos y municipios que estén interesados en obtener la herramienta digital, ésta se encuentra disponible en el sitio http://sitret.consejotransparencia.cl y también pueden dirigir sus consultas a la dirección de correo electrónico: sitret@consejotransparencia.cl. La próxima actividad se realizará en octubre.

Este martes 10 fue notificado el fallo de la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad de Ñuñoa contra una decisión del Consejo para la Transparencia que obligaba a entregar información. (Amparo A242-09)

En el considerando sexto del fallo la Corte establece que:

“Que se encuentra reconocido en autos que la Corporación reclamante fue creada por un órgano público como lo es la Municipalidad de Ñuñoa, que por otra parte de la personería agregada a los autos aparece que su dirección corresponde precisamente al Alcalde, no obstante su derecho a delegar tal función como ocurre en la especie y, por último, la función que le es asignada es eminentemente pública, como lo es la operación y administración de servicios educacionales, a lo que se suma lo dispuesto en el artículo 15 del DFL 1-3063 en cuanto a que tales Corporaciones son fiscalizadas por la Contraloría General de la República, lo que termina por demostrar que si bien se constituyen como personas jurídicas de derecho privado, el objetivo es sólo facilitar el ejercicio de una función administrativa y como tal sujeta a los mismos mecanismos de control y fiscalización que el órgano que las creó”.

En noviembre de 2009 el CPLT acogió el amparo de Emma Román, quien recurrió al Consejo tras recibir información que, a su juicio, no correspondía con la solicitada. La reclamante había pedido sus resultados completos obtenidos en el concurso público para docentes de Ñuñoa, efectuado en junio de 2009.

Tras esta decisión el representante de la corporación, Axel Müller, presentó un reclamo de ilegalidad, el que fue rechazado por la Corte.

De esta manera, de los cuatro reclamos presentados ante cortes de apelaciones sobre este mismo tema, los cuatro han dado la razón al CPLT, estableciendo que la Ley de Transparencia es aplicable a las corporaciones municipales. Los anteriores reclamos se refieren a las corporaciones municipales de Viña del Mar, Villa Alemana y San Miguel.

Raúl Ferrada, director general; Raúl Urrutia, presidente; y Christian Anker, jefe de Promoción y Clientes del CPLT

Profundizar en diversos aspectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y dar a conocer las nuevas instrucciones generales referentes a Transparencia Activa fueron los objetivos principales de este Taller de Actualización en Transparencia, realizado en la provincia de San Antonio y organizado en forma conjunta con la gobernación respectiva.

La actividad se realizó en el auditorio de la Asociación Chilena de Seguridad en San Antonio y contó con la presencia del gobernador, Mauricio Araneda, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, el director general, Raúl Ferrada y el jefe de la unidad de promoción y clientes, Christian Anker.

La capacitación comenzó con una ponencia del presidente del CPLT en la que destacó que el derecho de acceso a la información pública es un derecho consagrado en la Constitución desde 2005, cuando se modificó el artículo 8° de la Carta Fundamental. “La Constitución Política recoge este anhelo ciudadano de que todos los actos del Estado fueran públicos”, enfatizó. Además agregó que la creación de organismo autónomo dedicado a velar por el respeto de este derecho, como lo es el Consejo para la Transparencia, fue parte de las exigencias que Chile debió cumplir para su ingreso a la OCDE, ya que “el derecho de acceso a la información pública es vital para cualquier actividad económica”.

“Me enorgullece decir que la conformación de este Consejo, con cuatro miembros y elegidos de forma transversal para que estén presentes todas las sensibilidades políticas, ha permitido que nuestro trabajo siempre sea en base a la ley. Nunca hemos tomado una decisión influenciada por una postura política por parte de sus miembros. Todos los casos los hemos analizado conforme con la Constitución y la Ley de Acceso a la Información”, como corresponde a la labor que deben realizar los órganos autónomos”, comentó.

Raúl Ferrada, director general del Consejo, realizó una revisión de la labor que ha desarrollado el CPLT durante este año y tres meses de actividad, destacando las actividades de apoyo a los organismos y municipios, en especial el modelo de autofiscalización de la Transparencia Activa que se inició en julio. “Nuestro objetivo no es repartir sanciones, queremos ayudar a que todos los sujetos obligados por la ley, puedan cumplirla bien y que avancen en la implementación de la cultura de la transparencia”, señaló.

El jefe de Promoción y Clientes, Christian Anker explicó en detalle las Instrucciones Generales N° 4 y N°7 referentes a la Transparencia Activa que imponen nuevas obligaciones a los organismos y demostró las buenas prácticas que el CPLT intenta implementar a futuro que permiten avanzar más allá de lo que imponen las normas.

El taller terminó con una ronda de preguntas y una activa inscripción de todos los funcionarios para particiapar en nuevas actividades.

Este martes el Senado ratificó la nominación de Jorge Jaraquemada Roblero como nuevo consejero del Consejo para la Transparencia.

El abogado  asume el cargo hasta el 28 de octubre de 2014, ya que ingresa en lugar de Roberto Guerrero, quien presentó su renuncia a la institución por motivos personales.

Jaraquemada es abogado de la Universidad Católica y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.  Tiene un diploma en Gestión, de la Wharton School, de la Universidad de Pensilvania, y otro en Estudios de Audiencias de la PUC.

Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. Entre 1998 y 2007 fue socio de Benavente y Jaraquemada Consultores. Hasta 2001 estuvo ligado al Consejo Nacional de Televisión, organismo en el que ocupó diversos cargos, como Jefe de Administración y Finanzas y Jefe del Departamento de Supervisión de Contenidos, entre otros. Entre 1992 y 1999 fue consultor externo del Instituto Libertad y Desarrollo.

En lo académico ha sido profesor de distintos módulos en magister y MBA de las  universidades Mayor y Diego Portales, así como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo e investigador en la UDP y en la Universidad de Chile.

Ha sido autor y coautor de libros, documentos de trabajo y artículos, entre los que destaca el artículo Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: construyendo confianza institucional, del libro del senador Hernán Larraín, Transparencia y acceso a la información: la modernización que faltaba, publicado en 2008.

Los participantes del panel: Juan Enrique Vargas, Andrés Allamand, Alejandro Ferreiro, Felipe Harboe, Alejandro Barros y Moisés Sánchez.

Este lunes 2 se realizó un taller de protección de datos personales organizado por el Consejo para la Transparencia y el Centro de Sistemas Públicos de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile (CSP).

El encuentro, que reunió un interesante panel con personalidades que han estudiado el área, tuvo como objetivo abrir la discusión sobre el tema de la protección de datos, presentando un estudio realizado por dicha universidad y, al mismo tiempo, escuchar los planteamientos de distintos sectores.

Luego de las palabras del bienvenida del presidente del Consejo, Raúl Urrutia, y de la introducción del director general de la institución, Raúl Ferrada, se realizó la presentación del estudio, a cargo de José Inostroza, director ejecutivo del CSP, y de René Lagos, investigador asociado al centro.

Posteriormente se realizó el panel Protección de Datos: el desafío institucional en el que participaron  el senador Andrés Allamand, el diputado Felipe Harboe, el decano Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas;  Alejandro Barros, académico de la Universidad de Chile, y Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso.

Tras la conversación, que estuvo moderada por el consejero del CPLT  Alejandro Ferreiro, el público invitado tuvo un espacio para realizar consultas y comentarios a los panelistas.

Este jueves 29 de julio la 5ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó unánimemente un reclamo de ilegalidad deducido por CIPER Chile en contra del Consejo para la Transparencia.

El recurso fue interpuesto por dicho medio de comunicación a raíz de la decisión del amparo C450-09, en que se concluye que no resulta aplicable a Polla Chilena de Beneficencia, y en general, a las empresas públicas y del Estado, las normas sobre derecho de acceso a la información, sino sólo las referidas a la transparencia activa, con el contenido especial del artículo décimo de la Ley N° 20.285.

La sentencia, causa rol 608-2010, es la primera que aborda el fondo la aplicabilidad del derecho de acceso a las empresas del Estado y que ratifica íntegramente el voto de mayoría del Consejo en la materia. Así, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que las empresas públicas no se encuentran obligadas a cumplir con los principios de transparencia pasiva y dar acceso a la información de sus actividades propias.

En los vistos 14° y 15° del  fallo la Corte de Apelaciones establece:

“Que como ya quedó claro de los razonamientos expuestos en esta sentencia, el legislador, al crear el Consejo para la Transparencia no le reconoció la función de garantizar el derecho de acceso a la información cuando fuera ejercido respecto de empresas del Estado, como lo prueba además el hecho de que el artículo décimo de la Ley Nº 20.285 regulara, de un modo especifico, los términos en que éstas deberán divulgar los antecedentes que allí se precisan”.

“Que, por consiguiente, ese órgano del Estado carece de facultad para otorgar derecho de acceso a la información que terceros interesados ejerzan respecto de empresas el Estado para solicitarles informes o antecedentes específicos relativos a su giro, de suerte que al resolver el aludido Consejo que carece de competencia en tal sentido, sobre la solicitud que el reclamante formuló a Polla Chilena de Beneficencia S.A., no incurrió en la ilegalidad denunciada en esta sede”.

Ciper Chile había solicitado a Polla Chilena copia de documentos relativos a la licitación pública internacional destinada a contratar la provisión de servicios tecnológicos de administración de juegos de azar, adjudicada a la empresa GTECH Corporation, solicitud que fue denegada, tras lo cual recurrió al Consejo para la Transparencia. Sin embargo, en su decisión, el CPLT declaró el amparo como inadmisible por incompetencia del Consejo para su conocimiento.

Ver sentencia de la causa Rol 608-10

Audiencia pública sobre caso contra Subsecretaría del Interior

Este viernes 23 de julio se realizó una audiencia pública que trató sobre el Amparo C248-10, deducido por Francisco Contreras Arce contra la Subsecretaría del Interior. El reclamante había solicitado la propuesta de un anteproyecto de ley que regula los temas de extranjería, pero al no recibir respuesta, interpuso un amparo ante el CPLT.

La audiencia estuvo dirigida por Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia, junto con los consejeros Alejandro Ferreiro y Juan Pablo Olmedo. Representaron a la Subsectretaría del Interior el abogado Manuel Pérez Saavedra, Asesor Jurídico de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior, y Carmen Gloria Daneri, jefa del Departamento de Extranjería y Migración del organismo. El reclamante estuvo representado por Macarena Rodríguez  y Alberto Urzúa, de la clínica jurídica de la Universidad Alberto Hurtado.

Durante la audiencia el organismo reclamado aclaró que, si bien la respuesta no llegó por un error en la dirección del destinatario, la misma denegaba acceso a la información por razones contenidas en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, es decir, afectaría al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

Así, la defensa de la Subsecretaría se basó en dicho argumento y, al mismo tiempo, las preguntas del Consejo se centraron en saber de qué manera específica se produciría tal afectación. Otras consultas se refirieron a saber la existencia misma del anteproyecto, conocimiento del documento por otras reparticiones y plazos del mismo.

La sesión duró 50 minutos y los consejeros se retiraron para deliberar.

Corte de Apelaciones de San Miguel

Éste es el tercer fallo de una Corte de Apelaciones que ratifica las decisiones del Consejo para la Transparencia que ha determinado que las corporaciones municipales están sujetas a las obligaciones de la ley de acceso a la información pública, pese a ser entes de derecho privado.

Se trata del reclamo A327-09 presentado por la Asociación Nacional de Consumidores Pro Derechos de la Educación (Ancoprode) en contra de la Corporación Municipal de San Miguel por el rechazo a una solicitud de información en la que se pedían antecedentes respecto a los ingresos de la entidad entre 2007 y 2009, del personal de la misma y copia del sumario administrativo seguido al ex director. La Corporación rechazó la petición argumentando que “el derecho de acceso a la información” es aplicable sólo a los órganos de la administración del Estado, en virtud de lo prescrito por el artículo 2° de la Ley 20.285. Al respecto es posible sostener que sus efectos no son aplicables a personas jurídicas de Derechos privado, como las Corporaciones Municipales, ni menos a entidades creadas por Decreto Supremo, ya que sólo hace referencia a empresas públicas creadas por Ley”.

El CPLT en su decisión señaló, al igual como lo hizo en los otros casos presentados ante la entidad en relación a las Corporaciones Municipales, que “la Ley de Transparencia se aplica a las Corporaciones Municipales, a pesar de ser entidades derecho privado, por tratarse organizaciones creadas y controladas por organismos públicos y por la relación de instrumentalidad que motivó su existencia, al ser creadas para el cumplimiento de funciones administrativas”.

Estos argumentos fueron refrendados por la Corte de Apelaciones de San Miguel en su decisión al establecer que “es evidente que la dirección, decisión, control y administración de la aludida corporación, por expreso mandato del legislador, está entregada a su directorio, constituido por el Alcalde del Municipio, quien lo preside, y los demás directores, en calidad de Concejales; y su patrimonio proviene de aportes fiscales a través del Fondo Común Municipal, entregados justamente para el logro del fin para el que fue creada, subvenciones proporcionadas por el Ministerio de Educación…” Por lo mismo estableció que “forzoso es concluir que la reclamante, Corporación Municipal de San Miguel, pese a tener la forma jurídica de una corporación de derecho privado, clara, cierta e inequívocamente es un órgano creado por un ente público…”. Además, consideró que dado que la Corporación publica en su sitio web información conforme con las obligaciones de transparencia activa, “no se condice y hace inexplicable para esta Corte las alegaciones de la referida corporación en cuanto a la inaplicabilidad de la Ley 20.285”.

Con todo esto, concluye que “por lo expuesto en los anteriores razonamientos, en los que se ha establecido que la Ley 20.285 es aplicable a la corporación reclamante y por ende debe proporcionar la información requerida por la solicitante”.

Los criterios establecidos en esta decisión son similares a los que había plasmado la Corte de Apelaciones de Valparaíso ante el recurso de Ilegalidad interpuesto por la Municipalidad de Viña del Mar y otro por la Municipalidad de Villa Alemana. El primero se trataba de un reclamo original por incumplimiento de las obligaciones de transparencia activa al no estar en el sitio web los datos de las Corporaciones Municipales, y el segundo, por la denegación de una solicitud de acceso ante la Corporación Municipal de Villa Alemana.

De esta manera, de cuatro reclamos de ilegalidad presentados, tres han sido favorables al Consejo para la Transparencia, estableciendo que las corporaciones municipales sí deben acogerse a la Ley de Transparencia. Al día de hoy, sólo queda conocer el fallo del reclamo de ilegalidad por la decisión A242-09 del CPLT, sobre la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa (Rol 8131-2009, I. Corte de Apelaciones de Santiago).

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Alto interés tuvo la actividad organizada por el Consejo para la Transparencia en el Hotel Galerías de Santiago con el objetivo de informar  a los funcionarios municipales, y en especial a los encargados de transparencia, respecto de las exigencias contenidas en las instrucciones generales número 4 y número sobre Transparencia Activa, dictadas por el CPLT y que entraron en vigencia el 1 de julio. Además, se presentó el modelo de cumplimiento de dichas instrucciones, la herramienta de autofiscalización a través de la extranet del Consejo y el Sistema de Transferencia Electrónica de Transparencia (Sitret), que otorga una herramienta de gestión de solicitudes de información y un reporte estadístico para los organismos obligados.

El taller se inició con una presentación del presidente del Consejo, Raúl Urrutia, quien destacó que la importancia del  derecho de acceso a la información pública  para el fortalecimiento de la democracia y también para el fortalecimiento de la credibilidad de los funcionarios públicos y las autoridades. “En la medida que toda la información esté disponible para las personas se hace más difícil cuestionar los actos y decisiones del Estado. Este es un derecho humano esencial considerado hoy entre los derechos de última generación y está consagrado constitucionalmente en nuestra Carta Fundamental”, subrayó.

A continuación, el director general del Consejo, Raúl Ferrada, puso énfasis en las facultades normativas que tiene el Consejo para la Transparencia y que le permiten ir adaptando las obligaciones que impone la ley, de manera de hacerla más clara para los ciudadanos.

La jefa de la unidad de Normativa, Andrea Ruiz, explicó en detalle las instrucciones generales número 4 y número 7 en todos sus numerales, aclarando los cambios y buenas prácticas que se exigen a partir de este mes y las que entrarán en vigencia el 1 de septiembre próximo.

Herramientas para la transparencia

En el segundo módulo del taller, se presentó el modelo de cumplimiento  con que se evaluarán las obligaciones de transparencia activa a partir del próximo mes por parte del Consejo y que está hecho siguiendo las nuevas instrucciones generales. Carolina Maturana, jefa de la unidad de Estudios y Publicaciones, especificó los aspectos de la fiscalización como también las ponderaciones que se darán a cada tema.

De gran interés para todos los asistentes fue la Extranet que ha desarrollado el Consejo y en la cual hoy se encuentra un sistema de autoevaluación de transparencia activa. Esta es una herramienta digital muy sencilla que permite a los enlaces de todos los organismos y servicios sujetos a las normas de transparencia activa a chequear su nivel de cumplimiento en cada aspecto tal cual lo hará el Consejo a partir de agosto. Esta es una plataforma web sencilla que solo requiere que los enlaces se registren con un correo electrónico y una clave y los resultados que obtienen son privados. Además pueden aplicarse el modelo todas las veces que quieran y borrar los resultados obtenidos cada vez.

Otra herramienta presentada durante el taller y que generó un alto interés fue el Sistema de Transferencia Electrónica de Transparencia (Sitret). Éste es un programa desarrollado por la Dirección de Operaciones y Sistemas del Consejo para la Transparencia que recoge estadísticas de las solicitudes de información y también puede ser utilizado como un modelo de gestión de solicitudes de información para aquellos organismos y servicios que no tienen uno disponible. Hoy se encuentra en versión beta, disponible en forma absolutamente gratuita para todos los servicios que deseen utilizarla. Por ello se convocó a inscribirse con el objetivo de poder dar una capacitación a todos los interesados y generar una interacción que ayude a ir estableciendo la versión definitiva en un plazo cercano.

De izquierda a derecha: Sebastián Vera, abogado de Promoción y Clientes; Raúl Urrutia, presidente del CPLT y Pablo García, analista de Promoción y Clientes.

La consagración del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y el cambio conceptual que implica la Ley de Transparencia en el actuar del Estado fueron los dos ejes primordiales de la actividad realizada en el Teatro Jorge Peña de la ciudad de La Serena. El imponente edificio recientemente restaurado y que es parte del antiguo Liceo Gregorio Cordobés, fue el escenario para esta actividad organizada por el Consejo para la Transparencia y la Gobernación del Elqui.

En total asistieron más de 150 personas, mayoritariamente funcionarios encargados del área de transparencia de las gobernaciones, municipios y servicios regionales, además de representantes de fundaciones y organizaciones sociales.

La actividad se inició con las palabras de bienvenida del gobernador de la provincia del Elqui, Pablo Argandoña Medina, quien resaltó que la normativa de acceso a la información pública es un impulso significativo en la modernización tecnológica y de gestión documental para todos los servicios públicos, lo que representa un desafío relevante para la administración central del Estado y los municipios.

El primer orador fue el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, quien destacó el cambio de paradigma que significa para la administración pública que todos sus actos sean  públicos. “Puede parecer algo redundante para algunos, pero es necesario destacar que gracias a ello Chile es distinto. Chile es más transparente desde el 20 de abril de 2009, cuando entró en vigencia la Ley N° 20.285”, enfatizó.

Por lo mismo aclaró que un principio que contiene esta normativa es el de la “facilitación”, lo que significa que los funcionarios públicos debes “facilitar” a las personas el poder ejercer su derecho de acceso a la información y ayudarlos y guiarlos en sus solicitudes. En ese mismo ámbito mencionó otro de los principios que contiene la normativa en su artículo 11 y que habla de la “oportunidad de la información”. “No da lo mismo en qué momento esa persona accede a la información que necesita ni la cantidad de tiempo que demora en obtenerla”, aclaró. “Es importante que los funcionarios comprendan que así como hoy están desde un lado del mesón recibiendo las solicitudes, mañana pueden estar del otro y como ciudadanos ejercer su derecho. Por eso, es necesario que en ustedes se impregnen estos principios”, concluyó.

El taller continúo con la presentación del abogado Sebastián Vera, de la unidad de promoción y clientes, quien explicó los hitos más importantes de la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, y luego el analista Pablo García, analizó en detalla las Instrucciones Generales N°4 y 7 sobre Transparencia Activa, las cuales entraron en vigencia el 1 de julio pasado.

La capacitación terminó con un bloque de preguntas de los asistentes a los tres expositores.

La sesión estuvo dirigida por el presidente del Consejo, Raúl Urrutia, junto con los consejeros Alejandro Ferreiro y Juan Pablo Olmedo

Este viernes el Consejo para la Transparencia realizó una audiencia por el caso C39-10, deducido por Paulo Álvarez Bravo contra la Subsecretaría del Interior. El requirente había solicitado a dicho organismo información sobre el plan de intervención policial en la población La Legua. Aunque recibió información, consideró que ésta era incompleta e interpuso un amparo ante el CPLT.

Tras analizar el caso el Consejo convocó a una audiencia que se centró en:

• Conocer si existe formalmente el denominado “Plan de Intervención de la población La Legua”, y si éste consta en uno o más documentos, o bien si la denominación de “Plan de Intervención” se ha dado a un conjunto de iniciativas en materia de seguridad pública diseñadas e implementadas en la población aludida por diversos órganos gubernamentales.
• Si el “Plan de Intervención de la población La Legua” -en caso de existir formalmente como tal- o los proyectos y demás iniciativas que lo componen, se enmarcan dentro del Plan Comunal de Seguridad Pública, respecto de la comuna de San Joaquín, del cual da cuenta la página web institucional de la División de Seguridad Pública del Ministerio de Interior.
• Si las consultas del requirente obedecen a alguna política del Ministerio, independiente de la denominación, y si hay documentos que la sustentan.

La sesión estuvo dirigida por el presidente del Consejo, Raúl Urrutia, junto con los consejeros Alejandro Ferreiro y Juan Pablo Olmedo. Acudieron el propio reclamante, Paulo Álvarez, y, por parte del organismo reclamado, los profesionales Elizabeth Collins Von Hausen, Jefa de la Unidad Jurídica de la División de Seguridad Pública, y Manuel Pérez Saavedra, Asesor Jurídico de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior.

Tras cincuenta minutos de reunión el Consejo dio plazo hasta el jueves 15 para que la Subsecretaría del Interior presente al CPLT, si es que lo hubiere, algún documento relacionado con la estrategia de seguridad en La Legua, bajo el Artículo 26 de la Ley de Transparencia.

La nueva aplicación será presentada el 8 de julio

Como una forma de promover, apoyar y facilitar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia activa por parte de los Órganos de la Administración del Estado, el Consejo para la Transparencia pondrá a disposición de los organismos obligados, una aplicación web que permitirá realizar una simulación de Fiscalización de Transparencia Activa.

Esta aplicación, alojada en la Extranet del CPLT, estará disponible a partir del 8 de julio, y permitirá a los organismos saber si la información publicada se ajusta a las exigencias que establece la Ley y las Instrucciones Generales N° 4 y N° 7, permitiendo al organismo autoevaluar su nivel de cumplimiento.

Para presentar esta herramienta, en una primera etapa el CPLT invitó a los enlaces de las subsecretarías a una actividad  donde, además de conocer el sistema se resolverán dudas que puedan surgir en su uso. Posteriormente se realizará otra reunión con los enlaces de las municipalidades.

La aplicación será presentada por el presidente del Consejo, Raúl Urrutia. Posteriormente la Jefa de la Unidad de Estudios y Publicaciones, Carolina Maturana, se referirá al modelo de cumplimiento. Luego el Jefe Unidad de Sistemas, Gastón Avendaño, dará a conocer el Sistema de Autofiscalización en Transparencia Activa.

El encuentro finalizará con preguntas y con la invitación a usar la nueva herramienta.