Christian Anker, jefe de la Unidad de Promoción y Clientes, y Raúl Ferrada, Director General del CPLT en la actividad realizada en Castro
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Un extenso programa de reuniones y jornadas de capacitación a autoridades regionales, funcionarios públicos, representantes de organizaciones civiles, agrupaciones comunales y periodistas dio inicio al Plan Nacional de Capacitación 2010 del Consejo para la Transparencia.

El primer destino fue la región de Los Lagos con actividades los días 9 y 10 de junio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt, Castro y Puerto Varas y asistieron el presidente del Consejo Directivo, Raúl Urrutia, el director general, Raúl Ferrada y el jefe de Promoción y Clientes, Christian Anker.

En las ciudades de Osorno y Puerto Montt se organizaron el día 9 de junio talleres en conjunto con las gobernaciones respectivas, invitando a autoridades, jefes de servicio, funcionarios públicos regionales y municipales, así como ciudadanos. A cada una de estas actividades asistieron alrededor de 80 personas. En el caso de Puerto Montt, se contó con el apoyo adicional de la Universidad Santo Tomás y la organización civil Codesosur-Sinergias.

Ese mismo día, a las 18:30, se realizó un taller especial para periodistas organizado por el Colegio de Periodistas de la Décima Región en la sede de la Intendencia regional y al cual asistieron también el gobernador de la provincia de Llanquihue y el seremi regional de Gobierno.

El jueves 10 por la mañana se efectuó una masiva actividad en Castro con casi 100 personas, la cual fue inaugurada por el gobernador de la provincia de Chiloé y que contó con el apoyo de la organización Chiloé cómo Vamos.

Durante la tarde, el Consejo para la Transparencia en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades fue sede de un Seminario de Capacitación sobre Transparencia Activa para los municipios del sur del país, actividad que se hizo en Puerto Varas.

Al cierre de las jornadas, el presidente del Consejo, Raúl Urrutia, destacó la importancia de dar a conocer el derecho de acceso a la información a todos los chilenos. “Este es un derecho fundamental de todas las personas. La información es una herramienta muy importante para que los chilenos puedan hacer uso de todos sus derechos. Por eso, llamamos a las personas a que lo usen, a que hagan solicitudes de información y que reclamen al Consejo si no les entregan lo solicitado”, aclaró.

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Este martes 8 de junio se realizó una audiencia pública sobre el amparo C-587-09, interpuesto por Víctor Araya Anchía contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El requirente había solicitado acceso a:

a) Anexos y documentos fundantes de la demanda y acciones ejercidas por el Estado de Chile en contra del Banco de Chile ante los tribunales del Distrito Sur del Estado de Florida, División Miami, de los Estados Unidos de América, Civil Case N° 09-20614.

b) En general, todos los documentos que obran en poder del CDE y que hayan servido como base o antecedente, tanto para los efectos de entablar la demanda singularizada precedentemente, como para aprobar la transacción que puso término al juicio.

Como primera respuesta el Consejo de Defensa del Estado denegó acceso a lo solicitado por ser “un conjunto voluminoso de documentos que no sólo se refieren al Banco de Chile sino también a terceros vinculados a los hechos que son actualmente investigados en la causa Rol N° 1649-2004”, actualmente en estado de sumario. El CDE invocó el artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia, argumentando que la publicidad de los antecedentes, “afecta el debido cumplimiento de las funciones del CDE, pues inciden en la defensa judicial”.

El 15 de diciembre el reclamante interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia y, en paralelo, envió una reconsideración al CDE, tras lo cual obtuvo los documentos de la demanda y los anexos, pero no los antecedentes que fundaron la demanda que el Estado de Chile interpuso en Estados Unidos.

El Consejo para la Transparencia citó a una audiencia de las partes, solicitando el envío de los medios que prueban la equivalencia entre los antecedentes que tiene el CDE, y los que aportó a la investigación de la causa Rol N° 1649-04, el eventual carácter estratégico de tales antecedentes para la defensa judicial del CDE en el juicio de la misma causa y la afectación a derechos de terceros que podría producirse como consecuencia de la divulgación de los mismos.

A la sesión asistieron el abogado de la parte demandante, Ignacio Torrontegui, y el abogado y encargado institucional de Transparencia del CDE, Iván Fuenzalida Suárez. Por parte del Consejo para la Transparencia, asistieron los cuatro consejeros y fue dirigida por el presidente del Consejo, Raúl Urrutia.

Tras una exposición breve de cada una de las partes y sendas réplicas, los consejeros realizaron preguntas a las partes. Luego de una hora, la reunión se dio por terminada y los consejeros se retiraron para deliberar.

Los sueldos de las personas que ganan más de 178.000 euros fueron revelados por el Gobierno por primera vez para contribuir a la transparencia del sector público.

La información, dada a conocer por la BBC y reproducida por medios españoles, representa un intento por mejorar la transparencia. Según el diario El País, el Gobierno británico afirma que una mayor transparencia sobre los salarios de los principales funcionarios “ayudará a recuperar la confianza de la sociedad” en el sector público.

Los datos, entregados por la Oficina de la Consejo de Ministros de Reino Unido, deja ver que hay más de 170 personas que perciben más de 178.000 euros anuales (casi $113 millones al año), superando los 169.000 anuales que recibe el Primer Ministro David Cameron.

La revelación de estos ingresos es parte de una promesa del Gobierno para dar a la sociedad más acceso a información oficial. El Primer Ministro Cameron ha establecido una serie de requisitos que todas las oficinas gubernamentales deben hacer públicos en un intento por eliminar lo que ha definido como una “capa de secretismo” alrededor de los asuntos del Gobierno.

Según el mismo medio la coalición gubernamental planea publicar durante 2011 el nombre, empleo y los ingresos de todos los funcionarios cuyo sueldo supere los 69.000 euros.

El Gobierno también planea publicar la próxima semana una base de datos de todos los programas del Gobierno, una medida a la que se enfrentan los sindicatos, que prometen proteger la privacidad de sus empleados. Pero la coalición ha establecido que estos planes son vitales para afrontar las críticas contra los elevados salarios en el sector público.

En una reunión realizada en las oficinas del Consejo para la Transparencia se presentó el Sistema de Transferencia Electrónica de Transparencia (Sitret) en su versión Beta. Esta interfaz, en la cual trabajarán en su fase piloto durante dos meses más de diez organismo públicos, pemitirá registrar el número de solicitudes de información recibidas por cada servicio como también su seguimiento completo hasta su respuesta cumplido el plazo legal. En esta etapa de pruebas, la idea es que los organismos que utilicen la plataforma puedan hacer sus evaluaciones y análisis, entregando al cabo del plazo (fines de julio) un reporte con sus críticas, comentarios y sugerencias. Todos estos datos serán recogidos y considerados en el modelo final que deberá estar operativo en septiembre de 2010.

La presentación del modelo fue encabezada por el consejero Juan Pablo Olmedo, quien destacó la importancia para el CPLT de contar con información para cumplir con sus obligaciones de generar estadísticas y hacer estudios respecto al funcionamiento del derecho de acceso en Chile. “Los servicios son los que están cada día recibiendo y gestionando las solicitudes de información, por lo que son al final, quienes tienen los mejores registros”, destacó. “Es por eso que necesitamos de su ayuda”, enfatizó.

Eolo Díaz-Tendero, director de estudios del CPLT, agregó que existen numerosas iniciativas para ir haciendo más completa esta plataforma denominada Sitret y que serán los mismos usuarios quienes permitirán a través de sus comentarios y experiencias, el adecuarla a sus necesidades en la versión final.

El Sistema de Transferencia Electrónica de Transparencia estará disponible en el sitio http://sitret.consejotransparencia.cl a partir de las 12 horas del 1° de junio de 2010. Para aquellas personas que quieran contar con mayor información, pueden dirigir sus consultas a la dirección de correo electrónico: sitret@consejotransparencia.cl

El Amparo (407-09) interpuesto por el periodista Sebastián Rivas estaba basado en que el costo que el Servicio Electoral exigía para entregar una copia del padrón alfabético computacional de inscripciones electorales vigentes, varones y mujeres, el previo pago de 21.698.799 de pesos, lo que en su opinión estaba contra la Ley de Transparencia, que estipula la gratuidad en la entrega de información y sólo el posible cobro de los gastos de reproducción. Además, el Servel estipulaba que la información era pública, por lo que le parecía una contradicción el alto monto de dinero exigido.

La decisión del Consejo acogió esta petición señalando conforme con los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, que establece el derecho de acceso, y en la Ley  N° 18.556, de 1986, Orgánica Constitucional sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral, en cuyo artículo 25 se determina que “Los Registros serán públicos”.

Asimismo, el dictamen establece que los costos de reproducción deben ajustarse al artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia, es decir, los costos directos de reproducción,  y no a lo que dice la Resolución Exenta 802/2002, modificada por la Resolución Exenta N°1.076/2009, ambas del Servel, que establece un cobro por el padrón electoral alfabético en Unidades Tributarias Mensuales que no están ligadas a los costos directos.

El solicitante también planteó en el amparo su inquietud porque cierta información disponible en el padrón electoral, como el domicilio, la condición de discapacidad o el RUT pueden ser considerados como datos sensibles. Agregó que el hecho de que sea obligatorio entregar estos datos para inscribirse en el registro electoral no implica otorgar expresamente el consentimiento para que se hagan públicos. Por lo tanto, solicitó al Consejo que se pronuncie sobre este punto y aclare si todos los datos que incluye el padrón electoral tienen el carácter de públicos o no.

Respecto de esto, el Consejo determinó que una Ley Orgánica Constitucional (N° 18.2556) señala categóricamente que “los Registros serán públicos” y que esta norma se deriva directamente del  artículo 18 de la Carta Fundamental, al señalar que “Habrá un sistema electoral público”. En este sentido, el Consejo argumentó que  “el carácter público del sistema electoral es un dato que entrega la propia Constitución y no es posible subordinar su interpretación a una norma legal de quórum simple pues su regulación fue encargada, en exclusiva, a una ley de rango orgánico constitucional”.

Agregó que aunque  es una preocupación del Consejo para la Transparencia la difusión de algunos datos personales contenidos en los Registros Electorales, la claridad de la Ley N° 18.556 al disponer que la información contenida en ellos es pública impide desatenderla.  Es por ello que corresponderá “a los órganos colegisladores y no al Consejo resolver, a futuro, si es preciso modificar este estado de cosas”.

En esta materia, se produjo un voto disidente del entonces presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo, quien argumentó que es posible eliminar de la copia del padrón a entregar al solicitante la profesión, fecha de nacimiento, domicilio, número de cédula de identidad e indicación de discapacidad (no vidente, analfabeto) de las personas inscritas en los Registros, porque en este caso lo que se ha pedido es el “padrón alfabético computacional de inscripciones electorales vigentes”. Además, para efectos electorales no tienen mayor interés los datos personales contenidos en la inscripción. “Ni la profesión, ni la fecha de nacimiento, ni el domicilio, ni el número de la cédula de identidad resultan indispensables para controlar estos procesos. En cambio, su tráfico indiscriminado —atendido el bajo costo que tiene la reproducción de esta información en soporte electrónico, según el criterio adoptado por esta decisión y que el suscrito comparte— arriesga severamente el derecho a la intimidad de las personas, pues implica que cualquiera podría tener acceso a esos datos”.

El director del Diario Oficial, Cristián Letelier Aguilar, envió una carta al Consejo para la Transparencia en respuesta a la inquietud manifestada por el Consejo Directivo del organismo, respecto del futuro del Diario Oficial y de la importancia de este medio en la facilitación del acceso a la información pública. Esta valoración fue enviada por oficio el 18 de mayo al Ministro Secretario General de la Presidencia y publicada el sábado 22 por El Mercurio en una columna de opinión firmada por los cuatro consejeros.

En respuesta a dicha misiva, el director del Diario Oficial afirmó que desde que asumió el nuevo gobierno, tiene la misión de modernizar el periódico, cuyo primer paso ha sido la creación de tres secciones  que agrupan la información de manera de facilitar al usuario la lectura y navegación.

Especificó, además, las diversas maneras con que cuentan los ciudadanos para acceder la publicación vía web y de manera gratuita, así como la radio virtual del medio, que entrega acceso a los no videntes.

A través de un oficio dirigido al Presidente de la República, el presidente del Consejo para la Transparencia hizo llegar las sugerencias y propuestas para una reforma a la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Este proyecto ya había sido anunciado por el entonces presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo, el 20 de abril pasado, en el marco de los actos conmemoratorios por el primer aniversario de la puesta en marcha de la normativa.

El texto entregado, y que se encuentra redactado íntegramente con los artículos que rmodificarían a los existentes, busca principalmente realizar perfeccionamientos normativos en aspectos relacionados con:

• Transparencia activa
• Derecho de acceso y notificación a terceros
• Plazos de reserva o secreto
• Procedimientos de Reclamos y Amparos
• Reclamos de Ilegalidad presentandos ante las Cortes de Apelaciones
• Temas relativos al Consejo para la Transparencia y sus funciones
• Infracciones y sanciones establecidas en la ley

Cada uno de estos temas persigue facilitar el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos y hacer también más expedita la tramitación de los recursos administrativos y judiciales involucrados.

Raúl Ferrada, Director General del CPLT; Raúl Urrutia, presidente del CPLT; Cristián Barra, jefe División Gobierno Interior; Enrique Rajevic, director Jurídico del CPLT y Christian Anker, jefe de Promoción y Clientes del CPLT

En el marco de la primera convocatoria nacional que el Ministerio del Interior realiza a los 53 gobernadores del país, el Consejo para la Transparencia fue especialmente invitado para dirigirse a las nuevas autoridades, quienes tienen un importante rol frente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, por ser considerados los representantes del CPLT en sus provincias para recibir los Reclamos de los ciudadanos.

La ocasión, desarollada durante el viernes 7 y el sábado 8 de mayo en el Palacio de La Moneda, permitió que el presidente del CPLT, Raúl Urrutia, destacara sus prioridades para el período que inicia, incluyendo su meta principal de recorrer el país para promover la existencia de la normativa y el rol del Consejo. “Vamos a visitar todas las gobernaciones”, aseveró.

El Director General del Consejo, Raúl Ferrada, aprovechó de hacer un análisis del primer año de funcionamiento del Consejo, explicar a los gobernadores las principales funciones del organismo y responder numerosas consultas. Además, enfatizó el interés del CPLT en apoyar a las autoridades para que puedan dar un buen cumplimiento a la Ley de Transparencia. “El Consejo tiene una vocación por la promoción de la ley”, resaltó.

Junto al presidente del CPLT y a su director general, expuso el jefe de la unidad de promoción y clientes, Christian Anker, encargado de la atención a los enlaces y los servicios públicos y ciudadanos.  Por ello, su charla se centró en los aspectos operativos de la ley y especialmente en el rol que le cabe a las gobernaciones de recibir los reclamos que sus habitantes entablan ante el Consejo y la obligación de despacharlos con la mayor prontitud posible. (Ver documento)

El Consejo para la Transparencia rechazó el amparo interpuesto por el periodista Sebastián Rivas, quien había solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores una nota diplomática enviada por Chile a Bolivia el 27 de febrero de 2009, que trataría, según el solicitante, sobre el contenido que aparece en la nueva Constitución boliviana y su aspiración marítima.

El fallo, emitido por unanimidad, considera que la publicidad de la nota podría afectar las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia. En su momento la Cancillería negó la entrega de la información invocando la causal establecida en el numeral 4 del artículo 21, es decir, la afectación del interés nacional, en especial en lo referido a las relaciones internaciones de Chile.

Al respecto el Consejo para la Transparencia sostiene, entre otros considerando, que “existiendo un proceso de diálogo entre Chile y Bolivia en una materia de suyo delicado, desvelar notas diplomáticas de manera unilateral afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial la fluidez de los canales de comunicación existentes entre ambos países, lo que sin duda afectaría el interés nacional”.

El Consejo se apoya, además, en la decisión del Instituo Federal de Acceso a la Información mexicano (IFAI) el que en 2008 también se manifestó en contra de entregar notas diplomáticas entre México y Estados Unidos relacionadas con el operativo Casablanca, por considerar que su revelación causaría un daño específico en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, violentaría la confianza dañando la capacidad negociadora de México. Esta decisión, a su vez, se remitió a un caso sobre notas diplomáticas ocurrido en Canadá que hacía notar el daño en las relaciones internacionales que podía causar la publicación de una nota de este tipo.

Asimismo la decisión cita un fallo de 2007 de la Corte Suprema, que denegó una solicitud que pedía conocer los países por los que votó Chile para la elección del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2006, el criterio de dicho voto y los documentos que lo fundamentaron. En ese caso la Corte invocó como causal la protección del interés nacional.

El Consejo para la Transparencia recibió 258 respuestas a la encuesta de protección de datos enviada en enero a organismos de la administración del estado, correspondiente al 42,8% del universo analizado en esta etapa.

El Consejo realizó este estudio para conocer la realidad de los organismos públicos en cuanto al tratamiento de los datos personales que manejan, conforme a la Ley N° 19.628 y así poder velar por el cumplimiento de dicha ley, facultad otorgada por la ley de transparencia.

La encuesta, enviada por oficio el 28 de enero y que estuvo disponible hasta el 19 de marzo, consistía en doce preguntas en las que se consultaba sobre la cantidad y tipo de bases de datos personales administradas por el organismo, su marco legal y el tratamiento de los datos; incluyendo si el servicio tiene contratos o convenios de entrega de dichos datos personales. Asimismo, se requería información sobre negativas, modificaciones, eliminación y recursos ante la justicia por parte de los titulares de los datos. (Ver formato encuesta)

Los resultados

El CPLT envió la encuesta a 618 organismos públicos, incluyendo 345 municipalidades, a los que solicitó información relativa a la protección de datos personales en su poder, a través del llenado de una encuesta creada especialmente para estos efectos. Para esta entrega de resultados, se ha considerado un universo de 602 organismos, ya que los de las universidades estatales (16) serán  analizados posteriormente.

Se recibieron 258 respuestas correspondientes al 42,8% de dicho universo. Se destaca, además que hubo 77 encuestas que quedaron en proceso de llenado.

Jessica Matus, abogada de la Unidad de Normativa de la Dirección Jurídica del CPLT, destaca el interés y la participación tanto de los órganos de la Administración a nivel nacional, como también la de municipios apartados y pequeños, como Los Sauces, Queilén, Cabo de Hornos, Camiña, Hualañé, Máfil, San Ignacio, Paihuano, entre otros. “Las municipalidades corresponden a un 57,3% del universo analizado. Si bien recibimos la respuesta de un tercio de ellas, hubo mucha preocupación por entender la encuesta contactándose con el Consejo cuando tenían dudas”, dijo.

Tras el análisis cualitativo de las respuestas el Consejo para la Transparencia evaluará la pertinencia de elaborar recomendaciones o instrucciones generales  con el objeto de velar por la protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado.

En sesión ordinaria del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, este martes 27 los cuatro consejeros eligieron al nuevo presidente de la institución, quien ocupará el cargo por los próximos 18 meses según lo establece la ley.  El nuevo presidente es el abogado Raúl Urrutia Ávila, quien asume su cargo el jueves 29 de abril.

Este miércoles 28 es el último día en ejercicio del presidente actual, el abogado Juan Pablo Olmedo Bustos, quien fue elegido el 29 de octubre en la primera sesión del Consejo Directivo, según consta en el Acta N° 1 del Consejo. 

El abogado Raúl Urrutia Ávila, cursó sus estudios en la Universidad Católica de Valparaíso y ha desempeñado una extensa carrera uniendo el ejercicio de su profesión, la docencia y el servicio público. Fue diputado de la República en representación del distrito número 14, Viña del Mar Concón, y por el partido Renovación Nacional por dos períodos (1990-1994/ 1994 -1998) integrando las comisiones de Gobierno Interior y Regionalización; Derechos Humanos y Nacionalidad; Constitución, Legislación y Justicia; y Familia.

Desde 1995 a la fecha es abogado socio del Estudio Jurídico Oelckers, Urrutia & Cía. Ltda, Abogados Consultores y desde 2001 es Árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Regional de Valparaíso. En 2006 asumió como Director de Schwager Energy S.A. En lo académico ha estado vinculado a la enseñanza del Derecho desde 1991, dictando las cátedras de Derecho Constitucional y Teoría Política en la Universidad del Mar en Viña del Mar y Valparaíso hasta 2008 y desde entonces a cargo de las cátedras de Sociedad y Estado, Teoría de la Constitución y Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Andrés Bello.

Por su experiencia académica también ha participado como expositor desde 1985 a la fecha en numerosos seminarios realizados en Chile, Colombia, España y República Dominicana, donde ha expuesto sobre Corrupción y Gobernabilidad y Democracia.

En octubre de 2008 fue designado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet  y ratificado por el Senado como Consejero del Consejo para la Transparencia por un período de tres años.

El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar el proceso democrático al interior de las naciones es una de las tendencias relevantes hoy  que buscan estimular la participación ciudadana y acceder a sectores menos privilegiados de la sociedad.  Con eso en mente se gestó el Debate de Ideas organizado por la Embajada de Francia y auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cepal y el Consejo para la Transparencia.

El énfasis estuvo dado en el hecho que el acceso a la información es un eje clave para la gobernabilidad democrática, y también para lograr la erradicación de la pobreza y el respeto a los derechos humanos. “Sólo en la medida que existan canales que permitan a los sectores más pobres influir en la política, podrá darse un cambio sustancial en el desarrollo social de ese país”, señalaron durante la ceremonia inaugural.

En la apertura, la embajadora de Francia en Chile, Maryse Bossiere, destacó el interés del gobierno de Francia y de la Comunidad Económica Europea en contribuir al debate público en estas materias. Por su parte, Benigno Rodríguez, Representante Residente Adjunto del PNUD en Chile, señaló que la esencia misma de lo que persigue este programa de las Naciones Unidas es la erradicación de la pobreza y el respeto de los derechos humanos, por lo que toda herramienta que permita el acceso a la información por parte de la ciudadanía es un aporte a lograr ese objetivo.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, afirmó que los grandes desafíos que tiene el CPLT en este ámbito son el lograr recoger información suficiente para poder medir el real uso del derecho de acceso por parte de los chilenos y buscar herramientas y recursos que permitan lograr que las municipalidades logren asimilarse a los estándares ya logrados por el poder ejecutivo. “Existen asimetrías en cuanto a los recursos, a nivel de estructura y también en lo cultural”, enfatizó. “Las municipalidades en su calidad autónoma no tiene entes aglutinadores que las representen efectivamente, lo que dificulta la comunicación y capacitación”, agregó.

Olmedo aclaró que este desafío se hace mayor en el marco de los programas de reconstrucción que hoy se comienzan a ejecutar en Chile tras el terremoto y tsunami, y en los cuales una gran cantidad de recursos se canalizarán a través de los gobiernos locales. “El país tendrá que rendir cuenta de cómo se recibieron  y usaron esos recursos, por lo que es importante incorporar la transparencia en todas las etapas”, puntualizó.