María Marván, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México, IFAI. Ver video

Tras la inauguración del Seminario Internacional Implementación de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública en Chile, se llevó a cabo el primer panel sobre la experiencia internacional en la implementación de la ley.

Dicho panel contó con la participación de autoridades que son o han sido responsables de implementar organismos con derecho a acceso a la información a nivel internacional, quienes entregaron evaluaciones y desafíos que han tenido las distintas jurisdicciones para poner en marcha las disposiciones legales sobre este derecho.

La primera ponencia estuvo a cargo de María Marván, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México (IFAI), quien entregó un enriquecedor  relato sobre la expriencia mexicana. El país cuenta con Ley de Acceso desde 2002 y  las consultas sobre esta información ha ido en aumento. Sólo en 2009 contaron 28 millones de consultas a los sitios web de transparencia.

Dentro de las dificultades que tuvieron, Marván mencionó la sincronización de  la federación con los estados y las tensiones, que se producen con los funcionarios públicos, “porque reclaman que el Instituto es juez y parte”. La comisionada también se refirió a los retos presentes, como un mejor manejo de archivos y  la ley de protección de datos personales.

María Marván fue enfática al decir que “cuando la información pública es pública por definición y es irrelevante quién la solicita. Es poner la información al servicio del público en general”. Sin embargo, este anonimato causa molestia y la ejemplificó en la experiencia de “responder solicitudes presentadas por Mickey Mouse o Winnie the Pooh, o simplemente no saber quién la hace, ya que no es necesario identificarse”.

Asímismo añadió que hay grandes avances, pero también desafíos: “Convencer al servidor público que la información que tiene es de la sociedad y la sociedad tiene mucho que ganar si aprende a solicitarla”.

La experta también se refirió a la protección de datos personales. Manifestó que “es difícil determinar el daño de entregar información, pero es fácilmente reconocible trazar la línea hasta dónde llega la información privada de los gobernados, de su vida personal y la que tiene que ver con el ejercicio del gobierno”, cuya discusión, dijo, “ha sido de las más interesantes, apasionadas y con responsabilidades de buen juicio”.

En la ponencia se destacan también algunos consejos que se pueden extraer para mejorar la cultura de la transparencia, como la educación ciudadana, la calidad de la información entregada en las páginas web de los organismos y el impacto de la publicación de información. “Genera mas escándalo en la prensa la información que doy a la que no doy”, dijo.

Información pública y privada

Al finalizar el panel hubo espacio para preguntas. Una de las que respondió la comisionada se refirió a la diferenciación entre información pública y privada.

Respecto de la publicación de sueldos de los funcionarios públicos, María Marván fue tajante: “es información pública porque quien los paga es la sociedad, y cualquier patrón tiene derecho a saber cuánto le paga a sus empleados”.

Sin lugar a dudas, dijo, hay ciertos datos que los trabajadores privados no tienen por qué revelar. Y en este sentido se refirió a las diferencias que ha habido en temas de salud, como el caso del fallecido ex presidente François Mitterrand, quien no dio a conocer su enfermedad a la población, caso que llegó a las cortes francesas y de la Unión Europea, que emitieron  fallos contradictorios.

“En México, donde todavía no hay ley de datos personales, ir diferenciando es complicado. ¿Es información pública cuando un padre pide al Ministerio de Educación el nombre de la escuela de su hijo? En ese caso decidimos que no lo era. ¿Se puede revelar los expedientes médicos de presos muertos en la cárcel? ¿Qué parte de esa información puede ser revelada?  Establecer esos balances son de las discusiones filosóficas y éticas más interesantes que hemos tenido”,

Miriam Nisbet, Directora Oficina de Servicios de Información de Gobierno (OGIS), Archivos Nacionales y Administración de Archivos de Estados Unidos. Ver video

Para Miriam Nisbet, Directora de la OGIS), Archivos Nacionales y Administración de Archivos de Estados Unidos, las palabras de Thomas Jefferson han sido el lema estos últimos años: “la información es la divisa de la democracia”.

“Este mensaje es una apertura a la democracia en los últimos doscientos años y de quienes gobiernan, y la idea es mantenerlo”, dijo Nisbet en su exposición durante el primer panel 1 del Seminario Internacional Implementación de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública en Chile.

La oradora también abordó el último cambio en la ley de acceso a la información pública en Estados Unidos, enfocada en la resolución de conflictos por información no entregada.

Dentro de esta última modificación, explicó, “estamos trabajando por resolver disputas, litigación y revisar lo que hacen las agencias para mejorar esta ley. Queremos que las personas tengan ayuda y exista una tradición de apertura a esta ley”.

Agregó además que en la OGIS, es primera vez que se vez que se realizan servicios de mediación entre solicitantes y las agencias de información. “Existen desacuerdos en los enfoques, pero lo principal es evitar que el solicitante vaya a la corte, porque tiene mayor costo y pérdida de tiempo”.

OGIS cuenta hoy con una oficina de resolución de conflictos on line, pero tal como explica su directora “no sabemos cuántos conflictos vamos a resolver, pero sí vemos que cada año la cifra aumenta; queremos llegar a tener la mejor comunicación y diálogo. El solicitante puede llegar a nuestras oficinas, enviar un email, estamos abiertos al público”.

Finalmente Miriam Nisbet se mostró contenta de participar en este seminario con una sala completa de personas interesadas y “apasionadas en tener acceso a la información”.

Thomas Blanton, director del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Ver video

Thomas Blanton, director del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington,  comenzó su exposición entregando sus condolencias por la destrucción ocurrida en Chile a raíz del terremoto, destacando que la masiva presencia a este seminario, “sólo demuestra el valor de ustedes como país”.

Blanton destacó que Chile es líder en el mundo sobre el derecho fundamental de las personas y respondió a esta necesidad con un Consejo de Transparencia y con una ley modelo. “Ahora deben ampliarlo y mejorarlo aun más, ya que están siendo el estándar en el resto del mundo. Somos parte de un movimiento global, un movimiento que está cambiando las relaciones de poder y en donde surge el espíritu humano”.

El director del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, destacó que actualmente 15 o 16 países del mundo han creado instituciones autónomas de este tipo como China, México y obviamente Chile y “aquellos países que hoy no la tienen quieren una”.

Para Blanton el acceso a la información en una tendencia global por lo que los países que cuentan con organismos para esto, deben desarrollarlas aun más. “El mayor problema en común de los países con acceso a información, es la recolección de datos, en China por ejemplo éste ha sido el mayor problema en sus dos años de implementación, en Shangai existen 9 mil 400 solicitudes de información, 400 juicios en contra del gobierno por la falta de entrega o tardanza en la información  y sólo un caso ha sido ganado. Si creen que es difícil este trabajo en Chile, pues vayan a China”.

Respecto de los recursos, dijo que Chile está un poco desfasado en este tema y si quiere ser modelo deberá invertir el doble por per cápita. “Quizás sus recursos sean similares a países como Irlanda o Eslovenia, pero la población en Chile es mayor”, agregó.

Para el especialista existen desafíos globales en común sobre transparencia. “Chile es un país muy grande y cómo hacer que el sistema funcione tanto en Atacama como en Patagonia, cómo te comunicas con ellos. Es aquí donde se deben aumentar los recursos, en los municipios, sobre todo después del terremoto que afecto al país”.

Otros videos: Ena von Baer, Secretaría General de Gobierno | Jean Michel Arrighi, OEA

Raúl Ferrada, Director General del CPLT; Marcelo Barg, enlace del Banco Mundial (firmando) y Juan Pablo Olmedo, presidente del CPLT

En el marco de las actividades organizadas para conmemorar el primer año de vigencia de la Ley  N° 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como también de existencia del Consejo para la Transparencia,  este lunes se firmó en las oficinas del Consejo para la Transparencia el acuerdo que da pie a un convenio de colaboración con el Banco Mundial.

Este acuerdo implica la cooperación, asistencia y complementariedad en materias tales como:

• Creación y desarrollo de grupos de trabajo e investigación;
• Ejecución de proyectos conjuntos; 
• Diseño y desarrollo de iniciativas tendientes a generar buenas prácticas en la administración pública chilena, en cuanto a modelos de gestión, tecnologías de la información y variadas formas de difusión y capacitación sobre la ley de acceso a la información; 
• Otras formas de cooperación que las dos instituciones puedan organizar en forma conjunta.

Para estos efectos, el convenio contemplaría una donación por parte de la entidad internacional de poco más de US$ 400 mil, los que serán destinados por parte del CPLT a proyectos especiales que buscan fortalecer  la transparencia en Chile, dentro del marco de lo mencionado anteriormente.

Uno de los proyectos, ya en gestación, es un programa piloto con varios municipios para apoyarlos en el proceso de gestión y digitalización de la información, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa así como el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.

20 y 21 de abril de 2010
Centro de Extensión, Pontificia Universidad Católica

Este 20 de abril se conmemora el primer año de entrada en vigencia de la Ley 20.285 y el Consejo para la Transparencia, organismo encargado de administrar dicha normativa, decidió celebrarlo con un seminario que reúne a importantes exponentes del acceso a la información pública, nacionales e internacionales.

El Seminario Internacional Implementación de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile contará con la presencia de los comisionados de acceso a la información de México, Canadá, Noruega y Estados Unidos,  quienes están a cargo del primer panel sobre experiencias internacionales en la implementación de la ley de acceso.

Durante el segundo panel se debatirá sobre el significado de la autonomía institucional y contará con las exposiciones de autoridades de poderes autónomos nacionales.

El primer taller tratará de gestión del conocimiento: políticas de tecnologías de la información, manejo y archivo de información.

El segundo día abrirá con el panel Sector Privado y Transparencia seguido del panel Implementación del derecho de acceso a la información; ambos con la valiosa participación de autoridades y expertos, chilenos y extranjeros.

Posteriormente se realizarán dos talleres simultáneos: uno dedicado a la sociedad civil y el derecho de acceso, y otro sobre medios de comunicación y transparencia. Cada cual tendrá exposiciones seguidas de comentarios y debate de expertos en el tema respectivo.

La convocatoria

La invitación al seminario se lanzó en enero pasado y  las inscripciones han sido recibidas principalmente vía web,  a través del sitio oficial del seminario www.consejotransparencia.cl/seminario_transparencia2010, donde los interesados pueden registrarse y elegir en línea los paneles y talleres a los que quieren asistir.

Los asistentes, que suman más de 500, son tanto profesionales especializados en el área de transparencia –como abogados, funcionarios públicos o de ONGs-; como académicos -estudiantes y ciudadanos interesados en profundizar sus conocimientos sobre el tema y participar de debates al respecto.

La invitación es gratuita y sigue abierta hasta el 20 de abril. Quienes no puedan ir hasta el Centro de Extensión de la Universidad Católica, pueden seguir las ponencias de manera virtual, ya que se transmitirán en línea y, posteriormente, los videos quedarán almacenados en el sitio web del Consejo.

Seminario Internacional Implementación de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile
20 y 21 de abril de 2010

Centro de Extensión de la Universidad Católica, Alameda 390

Santiago, Chile

Ver programa

Un valioso reporte es el que recogió el Estudio Mide-UC a petición del Consejo para la Transparencia, en un proceso que se llevó a cabo entre noviembre de 2009 y febrero de 2010. En total se efectuaron cinco estudios de carácter exploratorio, con métodos cualitativos y cuantitativos que permiten complementar información general sobre el Consejo para la Transparencia y su desempeño durante 2009.

A nivel cualitativo se realizaron los estudios de caracterización de los clientes del Consejo y en lo cuantitativo la encuesta nacional de posicionamiento, la caracterización de los clientes públicos y la encuesta de satisfacción de clientes.

En relación al tipo de público usuario del Consejo para la Transparencia, la investigación permitió generar y caracterizar tres tipos principales: los clientes potenciales (ciudadanía en general que podría hacer uso de la Ley), clientes públicos (funcionarios públicos y los encargados de las unidades de transparencia en las diversas reparticiones) y los clientes privados (aquellos ciudadanos que de abril de 2009 a la fecha han recurrido al Consejo con un Reclamo o consulta.

La evaluación presenta un gran desafío, ya que a nivel de posicionamiento señala que sólo 20% de los chilenos saben que existe una ley que les permite acceder a información de los organismos públicos y el 29% declara saber que durante 2008 se promulgó una Ley de Transparencia. Más aún, sólo el  18,7% declara haber escuchado hablar del Consejo para la Transparencia. Sin embargo, aquellos ciudadanos que no conocen el CPLT, cuando se les explica su rol y características, muestran una excelente percepción valorando especialmente su carácter autónomo, ya que lo interpretan en términos de independencia política.

Este primer estudio desarrollado por el Consejo para la Transparencia constituye el punto de inicio en la construcción de una línea base que permitirá ir midiendo cada año los avances en el conocimiento y valoración que los chilenos le dan al derecho de acceso a la información y a la labor del mismo Consejo. A la vez, se posiciona como el primer estudio a nivel nacional sobre conocimiento, comprensión y significación del derecho de acceso por parte de los chilenos.

La Instrucción General N°6, que comienza a regir el 5 de abril de 2010, define los “costos directos” y especifica las referencias de lo que puede ser cobrado, mencionando que la gratuidad es uno de los principios del derecho de acceso a la información.

De tener una tarifa más alta, el organismo debe probar que sus costos son más elevados que el límite establecido en el instructivo. Este instructivo se hace obligatorio el 5 de abril y se publica en el Diario Oficial el martes 30 de marzo.

El documento también se refiere al formato y al contenido de la entrega de la información solicitada, pudiendo ser “datos, voz, imágenes, videos, planos o informes, entre otros. Podrá transferirse de modo telemático (por medio de correo electrónico, por ejemplo) o físico, empleándose el soporte que el requirente haya señalado: papel (fotocopia, impresión, braille), medios magnéticos (cintas de video, cintas de audio, diskettes, discos duros, cintas magnéticas, etcétera), medios electrónicos (memorias, pendrives, etcétera) y medios ópticos (CD, DVD, BLUE RAY, etcétera), entre otros”.

Menciona, además, que los organismos deben traspasar oportunamente su información de formato cuando el que la contenga esté en riesgo de quedar obsoleta o desactualizada.

La instrucción especifica que no se puede solicitar un pago cuando la información se envía telemáticamente -como el caso del correo electrónico-, o cuando el solicitante aporta el soporte -por ejemplo, un DVD.

En cuanto al costo directo, se entiende por tal a “todos los costos asociados al proceso de copiado de un documento u otro tipo de soporte, en la medida que sea necesario incurrir en ellos para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado”.

A partir de dicha definición se fijan la referencia de dicho valor, ya sea el precio que cobra el organismo a otros organismos de la administración del Estado, establecido en el convenio marco respectivo; el monto del convenio marco o el inferior, en caso de tener un contrato a un monto menor; el costo real en que incurre el organismo en caso de no tener contrato o convenio marco.

La instrucción especifica que si el organismo estima que dicho valor de referencia es insuficiente para solventar los costos directos de reproducción “deberá establecer en el acto administrativo que fije aquéllos, en forma desglosada y conforme al criterio de realidad, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción”.

Dice también, que si el solicitante manifiesta que no está dispuesto a pagar el monto cobrado, el organismo debe buscar la manera de hacer entrega de la información, ya sea en sus propias dependencias o  de una manera más barata, de acuerdo con el solicitante.

El documento ordena que si el costo excede al presupuesto, el organismo debe informar de las circunstancias que lo califican como excesivo y de los medios y formatos alternativos para su acceso.

La Instrucción N°6 establece el modo de notificación al solicitante de la tarifa que le será cobrada y los plazos de pago.

Finalmente, se menciona que hay costos que no pueden ser traspasados -como los de búsqueda de información- y recomienda como buena práctica fijar un monto que esté exento de cobro.

El Consejo emite esta instrucción tras la decisión del caso A125-09, de 25 de marzo de 2010, y la revisión de los distintos actos administrativos que han establecido los costos directos de reproducción dictados por los órganos y servicios de la Administración del Estado, especialmente al amparo de lo establecido en el Oficio Ordinario N° 877, de 8 de julio de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que impartió directrices sobre el cobro de los costos de reproducción de la información requerida por vía de la Ley de Transparencia.

Juan Pablo Olmedo, presidente del Consejo para la Transparencia, y Roberto Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel

Juan Pablo Olmedo, Presidente del Consejo para la Transparencia, expuso en uno de los encuentros del Seminario Transparencia y Poder Judicial, realizado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso  y organizado por la Academia Judicial.

Dentro de su exposición Olmedo resaltó que el Poder Judicial a través de las Cortes de Apelaciones son los garantes finales del derecho de acceso a la información. Y en ese sentido recalcó que “no hay derechos adquiridos. Cada caso compromete a todo el sistema. La jurisprudencia que se va a ir sentando es la que irá garantizando o dando nuevos alcances al derecho de acceso”.

A la fecha, se han interpuesto quince recursos de ilegalidad ante las Cortes de Apelaciones, principalmente la de Santiago y también en la de San Miguel y de Valparaíso,  contra las resoluciones del Consejo. De éstas, no todas han sido notificadas aún, ya que la norma exige notificación por cédula.

El presidente del CPLT señaló que el artículo 8° de la Constitución impone como país la obligación de avanzar en la cultura de la transparencia. “Si elevamos los estándares de la administración del Estado como consecuencia se elevarán los estándares a nivel país”, argumentó. “Cómo se resuelvan los casos presentados ante las Cortes determinarán la rapidez con que vayamos avanzando en estándares de transparencia. Este es un proceso cultural que se está gestando y los primeros casos tienen un trasfondo social”, agregó.

La otra ponencia, “Dimensión judicial de la Ley N° 20.285”, correpondió al ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, quien destacó el impacto que ha tenido la normativa en el poder judicial, debido a la importancia de la información en los procesos judiciales. “Más allá de los procedimientos contenciosos y no contenciosos que puedan llegar hasta la Corte de Apelaciones, es necesario destacar que esta legislación nos impone obligaciones trascendentales en lo que respecta a la transparencia del poder judicial”, comentó.

La sesión en Valparaíso corresponde a la tercera de siete fechas programadas del ciclo que comenzó en Enero. y en el cual participan ministros de la Corte de Apelaciones, profesores de derecho constitucional y derecho administrativo, ministros del Tribunal Constitucional y consejeros del Consejo para la Transparencia. El seminario persigue eflexionar sobre los desafíos abiertos por esta nueva normativa, para analizar y  discutir las implicancias y problemas jurídicos específicos que puedan generarse en la aplicación de la Ley Nº 20.285, en relación a la actividad propia del Poder Judicial.

Durante enero se realizó el seminario en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la Corte de Apelaciones de San Miguel. De las fechas programadas por ahora se han suspendido las que estaban fijadas en Concepción y Talca debido a los daños producidor por el terremoto y se está a la espera de posibles reprogramaciones.

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