El Consejo para la Transparencia rechazó el amparo interpuesto por el periodista Sebastián Rivas, quien había solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores una nota diplomática enviada por Chile a Bolivia el 27 de febrero de 2009, que trataría, según el solicitante, sobre el contenido que aparece en la nueva Constitución boliviana y su aspiración marítima.

El fallo, emitido por unanimidad, considera que la publicidad de la nota podría afectar las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia. En su momento la Cancillería negó la entrega de la información invocando la causal establecida en el numeral 4 del artículo 21, es decir, la afectación del interés nacional, en especial en lo referido a las relaciones internaciones de Chile.

Al respecto el Consejo para la Transparencia sostiene, entre otros considerando, que “existiendo un proceso de diálogo entre Chile y Bolivia en una materia de suyo delicado, desvelar notas diplomáticas de manera unilateral afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial la fluidez de los canales de comunicación existentes entre ambos países, lo que sin duda afectaría el interés nacional”.

El Consejo se apoya, además, en la decisión del Instituo Federal de Acceso a la Información mexicano (IFAI) el que en 2008 también se manifestó en contra de entregar notas diplomáticas entre México y Estados Unidos relacionadas con el operativo Casablanca, por considerar que su revelación causaría un daño específico en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, violentaría la confianza dañando la capacidad negociadora de México. Esta decisión, a su vez, se remitió a un caso sobre notas diplomáticas ocurrido en Canadá que hacía notar el daño en las relaciones internacionales que podía causar la publicación de una nota de este tipo.

Asimismo la decisión cita un fallo de 2007 de la Corte Suprema, que denegó una solicitud que pedía conocer los países por los que votó Chile para la elección del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2006, el criterio de dicho voto y los documentos que lo fundamentaron. En ese caso la Corte invocó como causal la protección del interés nacional.

El Consejo para la Transparencia recibió 258 respuestas a la encuesta de protección de datos enviada en enero a organismos de la administración del estado, correspondiente al 42,8% del universo analizado en esta etapa.

El Consejo realizó este estudio para conocer la realidad de los organismos públicos en cuanto al tratamiento de los datos personales que manejan, conforme a la Ley N° 19.628 y así poder velar por el cumplimiento de dicha ley, facultad otorgada por la ley de transparencia.

La encuesta, enviada por oficio el 28 de enero y que estuvo disponible hasta el 19 de marzo, consistía en doce preguntas en las que se consultaba sobre la cantidad y tipo de bases de datos personales administradas por el organismo, su marco legal y el tratamiento de los datos; incluyendo si el servicio tiene contratos o convenios de entrega de dichos datos personales. Asimismo, se requería información sobre negativas, modificaciones, eliminación y recursos ante la justicia por parte de los titulares de los datos. (Ver formato encuesta)

 

Los resultados

El CPLT envió la encuesta a 618 organismos públicos, incluyendo 345 municipalidades, a los que solicitó información relativa a la protección de datos personales en su poder, a través del llenado de una encuesta creada especialmente para estos efectos. Para esta entrega de resultados, se ha considerado un universo de 602 organismos, ya que los de las universidades estatales (16) serán  analizados posteriormente.

Se recibieron 258 respuestas correspondientes al 42,8% de dicho universo. Se destaca, además que hubo 77 encuestas que quedaron en proceso de llenado.

 

Jessica Matus, abogada de la Unidad de Normativa de la Dirección Jurídica del CPLT, destaca el interés y la participación tanto de los órganos de la Administración a nivel nacional, como también la de municipios apartados y pequeños, como Los Sauces, Queilén, Cabo de Hornos, Camiña, Hualañé, Máfil, San Ignacio, Paihuano, entre otros. “Las municipalidades corresponden a un 57,3% del universo analizado. Si bien recibimos la respuesta de un tercio de ellas, hubo mucha preocupación por entender la encuesta contactándose con el Consejo cuando tenían dudas”, dijo.

Tras el análisis cualitativo de las respuestas el Consejo para la Transparencia evaluará la pertinencia de elaborar recomendaciones o instrucciones generales  con el objeto de velar por la protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado.

 

En sesión ordinaria del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, este martes 27 los cuatro consejeros eligieron al nuevo presidente de la institución, quien ocupará el cargo por los próximos 18 meses según lo establece la ley.  El nuevo presidente es el abogado Raúl Urrutia Ávila, quien asume su cargo el jueves 29 de abril.

Este miércoles 28 es el último día en ejercicio del presidente actual, el abogado Juan Pablo Olmedo Bustos, quien fue elegido el 29 de octubre en la primera sesión del Consejo Directivo, según consta en el Acta N° 1 del Consejo. 

 

El abogado Raúl Urrutia Ávila, cursó sus estudios en la Universidad Católica de Valparaíso y ha desempeñado una extensa carrera uniendo el ejercicio de su profesión, la docencia y el servicio público. Fue diputado de la República en representación del distrito número 14, Viña del Mar Concón, y por el partido Renovación Nacional por dos períodos (1990-1994/ 1994 -1998) integrando las comisiones de Gobierno Interior y Regionalización; Derechos Humanos y Nacionalidad; Constitución, Legislación y Justicia; y Familia.

 

Desde 1995 a la fecha es abogado socio del Estudio Jurídico Oelckers, Urrutia & Cía. Ltda, Abogados Consultores y desde 2001 es Árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Regional de Valparaíso. En 2006 asumió como Director de Schwager Energy S.A. En lo académico ha estado vinculado a la enseñanza del Derecho desde 1991, dictando las cátedras de Derecho Constitucional y Teoría Política en la Universidad del Mar en Viña del Mar y Valparaíso hasta 2008 y desde entonces a cargo de las cátedras de Sociedad y Estado, Teoría de la Constitución y Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Andrés Bello.

 

Por su experiencia académica también ha participado como expositor desde 1985 a la fecha en numerosos seminarios realizados en Chile, Colombia, España y República Dominicana, donde ha expuesto sobre Corrupción y Gobernabilidad y Democracia.

 

En octubre de 2008 fue designado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet  y ratificado por el Senado como Consejero del Consejo para la Transparencia por un período de tres años.

 

El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar el proceso democrático al interior de las naciones es una de las tendencias relevantes hoy  que buscan estimular la participación ciudadana y acceder a sectores menos privilegiados de la sociedad.  Con eso en mente se gestó el Debate de Ideas organizado por la Embajada de Francia y auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cepal y el Consejo para la Transparencia.

El énfasis estuvo dado en el hecho que el acceso a la información es un eje clave para la gobernabilidad democrática, y también para lograr la erradicación de la pobreza y el respeto a los derechos humanos. “Sólo en la medida que existan canales que permitan a los sectores más pobres influir en la política, podrá darse un cambio sustancial en el desarrollo social de ese país”, señalaron durante la ceremonia inaugural.

En la apertura, la embajadora de Francia en Chile, Maryse Bossiere, destacó el interés del gobierno de Francia y de la Comunidad Económica Europea en contribuir al debate público en estas materias. Por su parte, Benigno Rodríguez, Representante Residente Adjunto del PNUD en Chile, señaló que la esencia misma de lo que persigue este programa de las Naciones Unidas es la erradicación de la pobreza y el respeto de los derechos humanos, por lo que toda herramienta que permita el acceso a la información por parte de la ciudadanía es un aporte a lograr ese objetivo.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, afirmó que los grandes desafíos que tiene el CPLT en este ámbito son el lograr recoger información suficiente para poder medir el real uso del derecho de acceso por parte de los chilenos y buscar herramientas y recursos que permitan lograr que las municipalidades logren asimilarse a los estándares ya logrados por el poder ejecutivo. “Existen asimetrías en cuanto a los recursos, a nivel de estructura y también en lo cultural”, enfatizó. “Las municipalidades en su calidad autónoma no tiene entes aglutinadores que las representen efectivamente, lo que dificulta la comunicación y capacitación”, agregó.

Olmedo aclaró que este desafío se hace mayor en el marco de los programas de reconstrucción que hoy se comienzan a ejecutar en Chile tras el terremoto y tsunami, y en los cuales una gran cantidad de recursos se canalizarán a través de los gobiernos locales. “El país tendrá que rendir cuenta de cómo se recibieron  y usaron esos recursos, por lo que es importante incorporar la transparencia en todas las etapas”, puntualizó.