Ramiro Mendoza, Contralor General de la República.
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Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, participó este martes del segundo panel del Seminario Internacional Implementación de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública en Chile, que conmemora el primer año de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia.

En su ponencia, el Contralor destacó que la autonomía no es significado de libertad de las instituciones y que todo ente público está regido por la legalidad, “son autónomos en lo que es el marco de su competencia, y la fortaleza de su autonomía está en la forma en cómo se relacionan con el Presidente de la República”.

En este sentido Ramiro Mendoza felicitó al Consejo para la Transparencia. “Esa gallardía institucional depende de quien ejerce el poder, y ahí es donde la suma del binomio de autoritas con potestas marcan el equilibrio. Si se restan y se queda sólo lo autoritas, es un buen decálogo moral; si se queda sólo potestas, es teoría del abuso del derecho. Así que ahí está el equilibrio y felicito al Consejo, porque que creo que hasta el día de hoy ha logrado ese equilibrio en la administración, que es tan complejo en la autonomía  institucional”.

En el caso de la Contraloría Mendoza explicó que “este organismo del Estado en general es autónomo en el ámbito de sus competencia frente al poder central, y eso no lo da la ley, pese a que es bien generosa en ese contexto”.

Paloma Baena, consultora del BID; José Clastornik, director de AGESIC; Juan Pablo Olmedo, presidente del CPLT; Melanie Putsay, directora de la OIP del Departamento de Justicia de EE.UU.; y John Wilson, Secretaría de Asuntos Jurídicos, OEA.
Videos: Paloma Baena | Melanie Putsay | John Wilson

La demanda del uso de la información es de carácter obligatorio y se tiene que entregar a los ciudadanos como derecho humano de las personas. Así lo concluyeron los expositores del Panel 4 Implementación del Derecho de Acceso a la información en el marco del segundo día del Seminario Internacional Implementación de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública en Chile.

En su ponencia, la consultora Paloma Baena, del Banco Interamericano de Desarrollo, comentó que los soportes tecnológicos aseguran este derecho y los usuarios demandantes han hecho que las políticas en este ámbito cambien con información consolidada y transparencia focalizada a través de la web. “El rol de prevención y fortalecimiento institucional ha considerado grandes mejoras a través de los gobiernos tecnológicos”, dijo.

Por su parte John Wilson, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, presentó la nueva ley modelo de acceso a la información. “Toda información en poder del Estado debe ser accesible al público, debe tener la máxima divulgación a través de soportes como la web, definiendo antes y por ley,  qué información es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad”.

Al tener más información de los poderes del estado y los gobiernos centrales existirán menos solicitudes de información requeridas, desde como se presenta una solicitud hasta cuantos tiempo tiene el estado o una institución para entregarla, agregó Wilson.

En tanto la directora de la Oficina de Información y Privacidad del departamento de Justicia de Estados Unidos, Melanie Ann Pustay, comentó que desde el primer día del gobierno de Barak Obama se implementó una ley de apertura y divulgación, instando a las agencias la revelación discrecional de la información. “Las agencias deben revelar tanta información como sea posible, a través de un sistema eficaz para responder a las demandas”.

Es este sentido recalcó que todos los funcionarios de las agencias y de alto nivel son responsables de la entrega de información, y es por ello que se ha capacitado a los funcionarios, recogido percepciones de usuarios y medios de comunicación, como asimismo la realización de un manual donde los empleados públicos tienen todas las preguntas que realizan generalmente los usuarios de este tipo de información para responder de manera eficiente; “aunque la clave es implementar tecnologías para capitalizar la información”.

Finalmente José Clastornik, director de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento AGESIC de Uruguay, relató la experiencia del e-gobierno enfocado en las necesidades de la ciudadanía a través una web 2.0. “El gobierno electrónico esta enfocado al ciudadano y su efecto es mayor participación, más ambientes colaborativos, más ambientes ciudadanos con mayor acceso y gestión en todos los niveles de servicios, de manera adecuada, brindando seguridad y protección”, relató.

José Luis Piñar, ex director de la Agencia Española de Protección de datos. Ver video

José Luís Piñar, ex director de la Agencia Española de Protección de Datos, comenzó su exposición con la premisa de que todos los ciudadanos son transparentes ante los ojos de las autoridades, pero por lo mismo se debe potenciar esta transparencia para no pasar a llevar la protección de datos personales.

Piñar explicó que “potenciar la privacidad a través del fortalecimiento de la transparencia, no son en absoluto propuestas contradictorias sino complementarias y es imprescindible que se fije con certeza la relación entre privacidad y protección de datos; definir el contenido y los contornos del derecho y diferenciar entre el acceso a información y acceso a los datos personales”.

Para que la información fluya sin fronteras, el ex director de la Agencia Española, señaló que “es imprescindible que la información sea de libre circulación, garantizando normas y criterios mínimos, y que demás deben respetarse en todos los estados miembros, de los 27 países de la Unión Europea, y ésa es una gran meta”

Lo importante es resguardar la protección de datos personales, ya que considerar que ha perdido el control de sus datos genera en las personas una sensación de malestar físico y psíquico. “El que yo haga publica la información es una cosa, pero no se trata de controlar la información, ya que se la facilito a quien yo quiera”.

Por eso que la información de datos personales debe tener el consentimiento de las personas, “el tratamiento de datos debe ser legitimo y con permiso de las personas, yo concedo para que la usen, y para eso la ley debe abordar justamente este tema, el tratamiento de que le da a los datos y  a la información”.

Ejemplificó diciendo que es legítimo que los salarios de los empleados públicos sean conocidos y entregados, pero “lo que no puedo hacer con esta información es elaborar base de datos para vender los servicios de una empresa y obtener beneficios económicos, esto no se puede hacer; hay que respetar y proteger datos privados y no privados, íntimos y no íntimos, frente a cualquier tratamiento de datos informatizado y no informatizado”.

Para asegurar esto, Piñar prepuso una autoridad independiente que se encargue de la garantía y otra de la transparencia de la protección de datos, “para garantizar dos caras de la misma moneda, dos manifestaciones de los derechos de las personas. Si hay dos autoridades al final que lo puede suceder es que ambas traten de pasar una sobre la otra”, dijo. “La transparencia y protección de datos son elementos esenciales de una sociedad democrática”, concluyó.