Este viernes 29 se realizó una audiencia pública sobre el amparo A-296/09, deducido contra el Servicio de Impuestos Internos, SII.

La audiencia fue presidida por los consejeros Raúl Urrutia y Roberto Guerrero, con poderes de delegación de los consejeros Ferreiro y Olmedo

La audiencia se realizó a solicitud del organismo requerido para efectos probatorios, a fin de entregar antecedentes más específicos sobre las materias técnicas involucradas en la solicitud originalmente recibida.

El reclamo se originó por una solicitud de acceso realizada por Pablo Trivelli Oyarzún pidiendo “copia digital completa de la base catastral de bienes raíces, agrícola y no agrícola, elaborada por el Servicio de Impuestos Internos excluyendo el nombre y RUT del propietario del bien raíz.

El SII denegó la solicitud argumentando que tenía carácter genérico y se refería a un número elevado de actos administrativos, por lo que su entrega implicaría distraer a funcionarios del cumplimiento regular  de sus labores habituales, a fin de recopilar la información y entregarla al requirente.

El requirente al presentar el Amparo por denegación de la solicitud de información argumentó que la causal invocada no procedía porque es un hecho conocido que la Subdirección de Avaluaciones del SII tiene una base catastral digitalizada de todos los bienes raíces, agrícola y no agrícola, por lo que realizar una copia digital difícilmente podría significar la distracción de sus funcionarios.

Por este motivo, la audiencia, presidida por los consejeros Raúl Urrutia y Roberto Guerrero, con poderes de delegación de los consejeros Ferreiro y Olmedo, se centró en preguntas de hecho concernientes a la existencia de una base de datos que contuviese efectivamente todo el catastro de los bienes raíces con sus avalúos además de datos y aplicaciones que permitan administrar el impuesto territorial; qué tan disponible está esta información para las personas y de qué manera; y también cómo afecta a las personas el artículo 35 del Código Tributario que exige al SII reserva respecto a la información tributaria.

En la sesión participaron el requirente, Pablo Trivelli Oyarzún y su abogada María Paz Trivelli González, y por parte del Servicio de Impuestos Internos el subdirector jurídico, Pablo González Suau, y el jefe del departamento de operaciones, Giovanni Pérez Mateluna.

El SII hizo una presentación técnica explicando la forma en que el organismo organiza sus catastros territoriales y las herramientas tecnológicas que hoy tiene en funcionamiento y que permiten que los usuarios puedan acceder a su información en forma individual.

Transcurridos cerca de 90 minutos, la audiencia se dio por terminada y los consejeros se retiraron. La deliberación quedó pendiente a la espera de la presencia de los otros consejeros.

El consejero Alejandro Ferreiro entrega el premio a uno de los ganadores del tercer lugar, el Servicio de Impuestos Internos.
(Foto: Comisión de Probidad y Transparencia)

La versión 2009 del Concurso Buenas Prácticas en Transparencia y Acceso a Información Pública estuvo marcada por proyectos de gestión que permitieron a los organismos públicos ir más allá de lo establecido por la Ley N° 20.285, obteniendo el primer premio la Municipalidad de Peñalolén por su trabajo utilizando tecnologías de información para favorecer la transparencia y la participación ciudadana.

Ésta es la tercera vez que se efectúa el concurso, organizado por la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que convoca a todos los organismos de la Administración Central del Estado y la primera desde que entró en vigencia la Ley de Transparencia. Es por ello, que los proyectos estuvieron en su mayoría vinculados a propuestas para mejorar las políticas de transparencia al interior de las instituciones y modelos de gestión para facilitar la tramitación de las solicitudes de información.

En total participaron 52 iniciativas de 43 instituciones (32 organismos públicos y 11 municipalidades), entre ellos,  11 organismos de regiones (5 municipios y 6 servicios públicos), buscando uno de los tres premios y 8 menciones honrosas.

La ceremonia de premiación, realizada en el Hotel Plaza San Francisco, fue encabezada por el subsecretario del ministerio Secretaría General de la Presidencia, Edgardo Riveros, el consejero del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro y el contralor Ramiro Mendoza.

En las palabras inaugurales, el consejero Ferreiro destacó que la transparencia no es sólo una obligación que consigna la ley. “Debe ser una fórmula natural de entender la gestión pública y la manera en que los ciudadanos se relacionan con el gobierno y ejercen el control social”. En relación a los proyectos que participaron y aquellos que ganaron, subrayó que todos ellos han buscado ir más allá de lo que la ley establece. “Los servicios que hoy se reconocen han buscado hacer de la transparencia un sello de su gestión y eso merece un reconocimiento”, agregó.

El alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, señaló recibir con “alegría, agradecimiento y humildad el reconocimiento” y recordó durante su discurso el trabajo que comenzó hace 15 años cuando se formó una Comisión de Ética en el gobierno del presidente Frei que buscaba avanzar en políticas de mayor transparencia. Una comisión en la cual le tocó participar junto al consejero Ferreiro. Por eso, rindió un homenaje especial a los esfuerzos que se hicieron en ese tiempo y que permitieron sembrar las primeras semillas de lo que hoy es la Ley de Transparencia.

Proyectos premiados

Primer lugar: Ilustre Municipalidad de Peñalolén, por el proyecto ““Impacto de las tecnologías de la información en el fortalecimiento democrático local: transparencia, gestión y participación ciudadana en la comuna” con las iniciativas Concejo Municipal en línea y Oficina OIRS digital.

Segundo lugar: Servicio de Impuestos Internos, por el proyecto Sistema de administración de solicitudes de información

Tercer lugar:
– Comisión Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología (Conicyt), por el proyecto “Implementación de un sistema de gestión de archivos que garantice su preservación y consulta”
– Servicio de Impuestos Internos, por el proyecto Administrador de contenido normativo con información tributaria para los contribuyentes.

Menciones Honrosas

• Agencia de Cooperación Internacional de Chile (Agci)
  Iniciativa: “Generando capacidades institucionales para transparentar la gestión”

• Ministerio de Obras Públicas 
  Iniciativa: “Diseño, construcción e implementación de un software de extracción, transformación y carga de data para la publicación en Gobierno Transparente”
• Superintendencia de Salud
  Iniciativa: “Fiscalización participativa”
• Ministerio de Justicia
  Iniciativa: “Modelo de gestión de acceso a la información pública”
• Ministerio de Obras Públicas
  Iniciativa: “Sistema de atención de solicitudes de información, Ley N° 20.285 de transparencia y acceso a la información”
• Dirección de Compras y Contratación Pública
  Iniciativa: “Modificaciones normativas para el fortalecimiento de la transparencia en compras públicas”
• Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
  Iniciativa: “Registro de beneficiarios de instrumentos de fomento”
• Municipalidad de San Felipe
  Iniciativa: “Desafiando la transparencia en oficina de partes y archivo”

Este jueves 28 se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos, promovido por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y todas las autoridades de protección de datos de los países miembros de la Unión Europea.

http://thepublicvoice.org/

El objetivo de esta  celebración es impulsar el conocimiento entre los ciudadanos europeos de cuáles son sus derechos y responsabilidades en materia de protección de datos, de forma que puedan familiarizarse con un derecho fundamental, que pese a ser menos conocido, está presente en todas las facetas de su vida diaria.

Si bien la conmemoración tiene su origen y principal desarrollo en Europa, los demás países no se han hecho esperar y se han sumado a la celebración. Grupos dedicados al tema se están movilizando para hacer un llamado de atención a la comunidad sobre la importancia de este derecho.

En Bruselas, donde se concentra la mayor cantidad de actividades, se ha organizado un día completo

http://dpd.eun.org/web/guest/home

de celebraciones y más. Entre éstas destacan:

• La Comisión Europea organiza un workshop con el tema Cómo los sujetos son informados del procesamiento de sus datos y del ejercicio de sus derechos que se realizará en la sede de la Comisión en Bruselas.
• Concurso  Surf the net- think Privacy, destinado a jóvenes de entre 15 y 19 años a expresar mediante un video, su punto de vista y preocupaciones respecto del tema. (Ver video ganador y Programa de la premiación)
• El Supervisor  Europeo de protección de Datos, Peter Hustinx, encabezará un debate titulado Privacidad y protección de datos: ¿Cómo te afecta? Tras su intervención recibirá preguntas de personal de instituciones europeas.
• Pecha Kucha Night, una presentación de trabajos gráficos de artistas visuales y afines que mostrarán su trabajo relativo al tema. Durante el evento, que se hará en el  Kaaitheater de Bruselas, se entregará por primera vez el Premio de la Sociedad Civil Europea de Protección de Datos.
• Hasta las 5.00 de la mañana promete durar la Fiesta de la Privacidad, un evento de música y danza titulado ¿Identidad todavía bajo control?

Ver programa con todas las actividades en Bruselas 

Advertencia sobre el uso de internet

La Agencia Española de Protección de Datos publicó en su sitio algunas recomendaciones y videos, haciendo un llamado al cuidado de los datos personales, en especial, de menores de edad. Preocupada por crear en la ciudadanía una cultura para la protección de sus datos en Internet, la Agencia elaboró una serie de recomendaciones y consejos prácticas relativos al comportamiento de los usuarios de la red.

La AEPD entregará, además, los Premios de Protección de Datos 2009, en su XIII versión, que reconocen aquellos trabajos que promueven el conocimiento y la investigación del derecho a la protección de datos.

En el Marco de la Conmemoración de este día internacional, el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, ha programado el foro Retos y perspectivas legals en materia de protección de datos personales.

En Facebook han creado una página dedicada a esta celebración, que cuenta con una serie de recursos como videos, y varios cientos de seguidores.

La primera versión de esta conmemoración fue en 2007, después de que en abril de 2006 el Comité de Ministros del Consejo de Europa estableciera esta celebración, con carácter anual en Europa, el día 28 de enero, recordando así el aniversario de la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa. Este Convenio se suscribió el 28 de enero de 1981 para garantizar en el territorio de cada Estado parte a cualquier persona física el derecho a la vida privada con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Otros links:

• Estándares de Privacidad en un Mundo Global. Declaración de la Sociedad Civil de Madrid.
• Boletín del Consejo para la Transparencia sobre protección de datos
• Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad – Resolución de Madrid

Con el objetivo de ejercer con mayor acierto la facultad que la Ley de Transparencia le otorga al Consejo para la Transparencia de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, el Consejo Directivo decidió solicitar información a los organismos públicos relativa al cumplimiento de dicha norma, ejerciendo la atribución que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Función Pública en su artículo 34, esto es, “solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado para obtener todas las informaciones y documentos que sean necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia”.

Por tanto y con ocasión de la celebración del Día de la Protección de Datos o de la Privacidad, promovido por el Consejo de Europa cada 28 de enero, en conmemoración de la firma del Convenio 108 para la protección de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, el Consejo para la Transparencia remite, con igual fecha, a los órganos y servicios públicos su primer oficio sobre la materia.

El oficio contiene varios puntos que buscan conocer el estado actual de las bases de datos a cargo de entidades públicas y el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley N°19.628, información que deberá proporcionarse por los diversos organismos a través de una encuesta on line elaborada especialmente para ello.

Entre los principales antecedentes solicitados pueden mencionarse los siguientes:

• La identificación de los bancos o bases de datos personales a cargo de cada servicio: su nombre, el fundamento jurídico que posibilita su existencia, su finalidad, el tipo de datos almacenados (de identificación, sobre características y circunstancias personales, laborales, de educación, financiera o económica, relativos a la salud, entre otros) y el universo (cantidad y naturaleza) de las personas o ciudadanos individualizados o identificados en el sistema. 
• El cumplimiento de la obligación de inscripción de las bases de datos en el Registro de Bancos de Datos Personales a cargo de Organismos Públicos, que para estos efectos lleva el Servicio del Registro Civil por mandato legal. A propósito de esto se hace presente la necesidad y conveniencia del pronto registro de las bases de datos no inscritas. 
• La celebración de convenios de entrega y/o acceso de datos personales entre órganos públicos o con privados. 
• La exigencia del pago de sumas de dinero por entregar documentación o archivos electrónicos que contengan datos personales por un concepto diferente a su costo directo de reproducción. 
• La indicación del número de solicitudes de acceso, modificación, eliminación o bloqueo de datos personales se han presentado por parte de los titulares de los mismos, en conformidad al artículo 12 de la Ley N° 19.628.

En último término se hace presente que la celebración de este día tiene como objetivo principal impulsar el conocimiento de los derechos en materia de protección de datos y privacidad entre los ciudadanos, siendo la emisión de este oficio un primer paso en esta materia, lo que se consolidará en el futuro de aprobarse el proyecto de Ley que transforma al Consejo para la Transparencia en la autoridad de control de la protección de datos en Chile.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la Ley de Transparencia en el contexto del próximo cambio de Gobierno, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia decidió en diciembre elaborar un conjunto de recomendaciones a los servicios públicos ejerciendo la atribución que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Función Pública en su artículo 33 letra e), esto es, “formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información”.

El oficio contiene varios puntos que buscan dar mayor certeza respecto al cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes:

• La necesidad de mantener toda la información que puede ser materia de una solicitud de acceso a la información en los archivos del respectivo servicio, de manera que esté a disposición de las futuras autoridades y de los ciudadanos que la requieran. A propósito de esto se recuerdan las normas vigentes sobre destrucción, expurgación y archivo de documentos públicos.

• La necesidad de actualizar, a inicios de marzo y en los meses siguientes, la información que es objeto de Transparencia Activa (art. 7º de la Ley de Transparencia) y de facilitar dicho proceso a las futuras autoridades.

• La actualización del índice de actos y documentos calificados como secretos y reservados, en conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General N°3 de este Consejo.

La elaboración de un listado con todas las solicitudes de acceso en trámite pendientes al 11 de marzo de 2010 o a la fecha de asunción del cargo de la autoridad del servicio, para garantizar que pese al cambio de la administración sean respondidas en tiempo y forma, como también de las reclamaciones que el organismo tiene pendientes ante el Consejo o ante los Tribunales en materia de acceso a la información.

Audiencia pública de caso A-309/09

Este viernes 22 se realizó la audiencia pública que trató sobre el amparo A-309, interpuesto por la periodista Francisca Skoknic contra el Ministerio de Justicia.

La solicitud original de acceso a la información pública fue presentada por la periodista el 27 de agosto de 2009 ante la Subsecretaría de Justicia requiriendo las memorias, balances y actas de directorio de la Fundación Futuro entre 1994 y 2008 y la constancia de la fecha de ingreso de dichos documentos.

La negativa por parte de la Subsecretaría de Justicia se basó en que la Fundación Futuro se opuso a dicha entrega en su calidad de tercero potencialmente afectado por la entrega de dicha información, en conformidad con el art. 20 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, en base al principio de la divisibilidad de la información, sí se informó respecto a las fechas de ingreso de los antecedentes pedidos.

Los argumentos entregados por la Fundación para apoyar su negativa se fundaron en que la información requerida, y que fue entregada al Ministerio de Justicia por la Fundación, es de carácter privada pues no ha sido elaborada con fondos públicos.

Señaló, además, que la utilización de manera incorrecta o inescrupulosa de la información requerida podría afectar de manera negativa el funcionamiento normal de la Fundación y los programas que realiza. Agregó, por último, que la información solicitada se encontraría dentro de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, pues su entrega afectaría los derechos de la Fundación como persona jurídica, además provocar eventuales menoscabos de carácter económico.

Desarrollo de la audiencia

La audiencia se inició pasadas las 9.30 horas y fue dirigida por Juan Pablo Olmedo, presidente del CPLT, junto con los consejeros Raúl Urrutia, Alejandro Ferreiro y Roberto Guerrero.

A ésta asistieron la periodista Francisca Skoknic, editora de CiperChile, junto con el abogado Juan Pablo Hermosilla, el abogado David Cademartori en representación de Fundación Futuro. Por parte de la Subsecretaría de Justicia, el abogado jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, Carlos Aguilar y el abogado integrante de dicha entidad, Mauricio Viera.

La audiencia tuvo por objetivo aclarar algunas interrogantes de hecho que no habían sido respondidas en los oficios entregados por las partes y que son relevantes en opinión del Consejo Directivo para resolver el Amparo presentado.
Dichas preguntas fueron las siguientes:

• A la Fundación Futuro: ¿Existe algún interés fiscal en la Fundación?; ¿Cuál es el origen de su financiamiento y si hay aportes estatales? ¿Si existe o no un registro de los donantes de la Fundación y si estas personas reciben beneficios tributarios por dichos aportes? Por último se le preguntó cuáles son los derechos de la Fundación que se verían afectados por la entrega de sus balances y memoria anual.
• A la Subsecretaría de Justicia: ¿Cuáles son las capacidades reales que tiene el Ministerio para efectos de realizar una fiscalización a las Corporaciones y Fundaciones y cómo se efectúan estas en la práctica?

Tras alrededor de una hora de sesión los consejeros se retiraron para resolver.

Juan Pablo Olmedo, presidente del Consejo para la Transparencia; Jorge Dahm, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago; Milton Juica, presidente de la Corte Suprema; Ximena Diez, directora(S) de la Academia Judicial; y Roberto Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Este miércoles se dio inicio una serie de seminarios Ley de Transparencia Cortes de Apelaciones del País, actividad realizada en conjunto con la Academia Judicial y el Consejo para la Transparencia (CPLT).

El inicio de este programa, que se extenderá hasta abril, fue encabezado por los ministros Milton Juica, presidente de la Corte Suprema; Jorge Dahm, presidente de la Corte de Apelaciones; Ximena Diez, directora(s) de la Academia Judicial y por el presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo.

Durante la inauguración el ministro Juica destacó el interés del Poder Judicial por estudiar los alcances de la Ley de Transparencia.

El seminario se replicará en distintas cortes en el territorio nacional, comenzando con la de este miércoles, en la Corte de Apelaciones de Santiago. En la ocasión expusieron Enrique Navarro, ministro del Tribunal Constitucional; Carlos Carmona, ministro del Tribunal Constitucional; Roberto Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y  Juan Pablo Olmedo, presidente del CPLT.

En su presentación, Juan Pablo Olmedo se refirió a las causales de reserva y secreto contempladas en la ley, ilustrando con casos sobre los que ha tenido que decidir el Consejo.

El seminario abordará temas relativos a la Ley de Transparencia que, como ha  manifestado la Academia Judicial, ha venido a cambiar la manera de entender la función pública, en cuanto actividad que debe desarrollarse de frente a los ciudadanos y complementa eficazmente el principio de probidad en el ejercicio de los cargos públicos.

La actividad está dirigida a ministros, relatores, abogados integrantes y, en general, a todos los jueces del territorio jurisdiccional respectivo, interesados en adquirir nuevos conocimientos sobre este tema.

El próximo encuentro se realizará en la Corte de Apelaciones de San Miguel el 27 de enero.

Fuente: Academia Judicial

Objetivos

La Ley Nº 20.285 sobre acceso a la información pública, que desarrolla legalmente el principio constitucional de publicidad, consagrado en el artículo 8º de la Constitución, ha venido a cambiar la manera de entender la función pública, en cuanto actividad que debe desarrollarse de frente a los ciudadanos y complementa eficazmente el principio de probidad en el ejercicio de los cargos públicos.

Partiendo de la premisa anterior, la Academia Judicial, ha estructurado una serie de seminarios sobre “Transparencia y Poder Judicial”, que se dictarán en Cortes de Apelaciones y cuyos expositores serán importantes profesores de Derecho Constitucional y Administrativo, como asimismo Ministros del Tribunal Constitucional, ello en la idea de reflexionar sobre los desafíos abiertos por esta nueva normativa, esperando analizar y  discutir las implicancias y problemas jurídicos específicos que puedan generarse en la aplicación de la Ley Nº 20.285, en relación a la actividad propia del Poder Judicial, todo ello a la luz de los principios y valores permanentes articulados  en el Texto Fundamental.

Metodología

Hemos reunido a un grupo de destacados profesores o especialistas, quienes dictarán charlas o seminarios sobre los tópicos de mayor relevancia e interés para el Poder Judicial, habida consideración del marco diferenciado que la Ley Nº 20.285 entrega a dicho órgano del Estado, de esa manera, cada conferenciante expondrá sobre su tema y luego se ofrecerá la palabra al público para efectuar sus preguntas y comentarios.

El Seminario está dirigido a Ministros, Relatores, Abogados Integrantes y, en general, a todos los Jueces del territorio jurisdiccional respectivo, interesados en adquirir nuevos conocimientos sobre este tema de actual interés.

Programa

El Seminario se desarrollará los días miércoles en horario y fechas que a continuación se detallan:

• Fechas por Corte de Apelaciones:

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago  
20 de enero de 2010
Expositores: Enrique Navarro B, Carlos Carmona S., Sr. Roberto Contreras y Sr. Juan Pablo Olmedo.

Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel  
27 de enero de 2010
Expositores: Enrique Navarro B, Carlos Carmona S., Sr. Roberto Contreras y Sr. Roberto Guerrero. 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción  
10 de marzo 2010
Expositores: Sr. Roberto Contreras, Cristián Román C., y Sr. Alejandro Ferreiro.

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso  
17 de marzo 2010
Expositores: Sr. Roberto Contreras, Cristián Román C. y  Sr. Raúl Urrutia.

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta  
24 de marzo 2010
Expositores: Sr. Roberto Contreras, Cristián Román C. y Sr. Andrés Herrera.

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca  
31 de marzo 2010
Expositores: Sr. Roberto Contreras, Cristián Román C. y Srta. Andrea Ruiz.

Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena
7 de abril  2010
Expositores: Sr. Roberto Contreras, Sr. Miguel Ángel Fernández G., y Sr. Enrique Rajevic.

• Desarrollo del programa:

15:00 horas. Inauguración: Palabras de Bienvenida, Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.

15:15 – 16:15 horas.  “Marco normativo aplicable al Poder Judicial y Procedimientos sobre acceso a la información pública”.
– Ley Nº 20.285.
– Reglamento de la Ley Nº 20.285.
– Comisión de Transparencia del Poder Judicial..
– Competencia de las Cortes de Apelaciones.
– Características del reclamo de ilegalidad

16:15 – 16:30 horas.   Café.

16:30 – 17:30 horas.   “Transparencia activa y pasiva”.
– Contenido y características especiales.
– Derecho de acceso a la información.
– Causales de secreto.
– Sanciones.

17:30 –  17:45 horas.   Café.

17:45 – 18:30 horas.  “Las Causales de reserva o secreto”.
– Debido cumplimiento de las funciones propias del organismo.
– Protección de derechos de terceros.
– Interés nacional.
– Seguridad nacional.

Equipo docente de la Academia Judicial

Profesor Señor Enrique Navarro Beltrán
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Ha ejercido como abogado del Servicio de Impuestos Internos y en la Fiscalía del Banco de A. Edwards. Entre los años 2002 y 2006 fue designado por el Pleno de la Corte Suprema como director de estudios de la misma. Desde 2006 es Ministro del Tribunal Constitucional. Es autor de diversos artículos en materias de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo Económico e Historia de las Instituciones, tanto en revistas nacionales como extranjeras. También ha redactado numerosos informes en Derecho sobre dichas materias. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional desde 1988 y director del Departamento de Derecho Público de la Facultad desde 2003.

Profesor Señor Carlos Carmona Santander
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Entre 1993 y 1995, fue profesor de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de la República. Desde el año 1998, es profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ingresando por concurso público. Desde el año 2003, imparte también el ramo de Responsabilidad del Estado.  Desde el año 2000, es profesor del Magíster en Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho la Universidad Católica, donde imparte el ramo Derecho Administrativo Avanzado.  Desde el año 2005, es profesor del Diplomado en Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Desde 2009 es Ministro del Tribunal Constitucional.

Profesor Señor Miguel Ángel Fernández González
Abogado y Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional, por la Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Constitucional, Universidades de Chile, Católica de Chile y Los Andes. Asesor del Grupo CB Capitales.

Profesor Señor Cristián Román Cordero
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Derecho por la Universidad de Chile. Desde el año 2006, es profesor instructor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ingresando por concurso público.

Certificado

Una vez finalizado el Seminario se hará entrega de un certificado a las personas que hayan  participado.

Audiencia pública del miércoles 30 de diciembre

El miércoles 30 se realizó la audiencia pública sobre los casos A-29/09 y A-35/09, amparos interpuestos contra la Dirección Nacional del Servicio Civil. En ambos, los postulantes a cargos de Alta Dirección Pública que no habían sido seleccionados, solicitaron ciertos aspectos de los informes de evaluación.

El Consejo para la Transparencia había entregado sus decisiones, acogiendo parcialmente el amparo A-29/09, en el que requería al Servicio Civil “entregar la evaluación personal del reclamante y la evaluación personal de la designada en el cargo en cuestión, excluidos los datos sensibles y reservados que ésta pudiese contener según se señala en el considerando 10 h) de la decisión”.

Respecto del A-35/09, el CPLT había acogido totalmente el reclamo, requiriendo la entrega de la nómina de los candidatos seleccionados en el concurso en cuestión.

Luego de dichas decisiones, la Dirección Nacional del Servicio Civil presentó sendos recursos de reposición administrativa, tras lo cual el Consejo citó a audiencia pública para indagar sobre aspectos concretos.

Estuvieron en la audiencia Viviana Córdova, postulante en cargo que motivó el amparo A-29/09; Jaime Valenzuela, socio de Deloitte, empresa que asesoró al Servicio Civil en la selección de personal; los representantes del organismo reclamado, Rossana Pérez, directora; Rafael Blanco, consejero del Consejo de la Alta Dirección Pública y Miguel Ángel Fernández, abogado del organismo; y los reclamantes, Juan Walker, del A-29/09 y Juan Velásquez, del R-35/09.

La audiencia fue dirigida por Juan Pablo Olmedo, presidente del CPLT, junto con los consejeros Raúl Urrutia, Alejandro Ferreiro y Roberto Guerrero.

El Consejo presentó cuatro preguntas puntuales:

• Preguntó, a cada una de las partes, cuál es el impacto, a juicio de éstas, de la difusión de antecedentes
• Al Servicio Civil preguntó de qué tratan los mecanismos alternativos para entregar información a los postulantes que no quedan seleccionados, a los que el organismo se refirió en la documentación presentada ante el Consejo. Sobre lo mismo, preguntó a los reclamantes su experiencia al respecto.
• Consultó al Servicio Civil cuáles son los contenidos del informe de evaluación de los postulantes.
• Finalmente, preguntó a Deloitte cómo afecta la divulgación de los antecedentes pedidos a la empresa y si conocen experiencia internacional al respecto.

Tras una hora y 25 minutos de audiencia el Consejo se retiró para deliberar.

Decisión A-29/09
Reposición administrativa
Decisión A-35/09
Reposición administrativa
Oficio audiencia

Cuarta audiencia pública

Este miércoles 23 se realizó la cuarta audiencia pública del Consejo para la Transparencia, que trató sobre los casos R-12/09 y R-15/09, ambos reclamos contra Televisión Nacional de Chile, TVN, presentados por Michael Cazenave, el primero, y Roque Mella, Juan Cardemil y Jorge Arellano, el segundo.

El Consejo para la Transparencia había entregado sus decisiones, que obligaba a TVN a publicar en su página web, “toda remuneración percibida por los gerentes responsables de la dirección y administración superior de dicha empresa”. De esta manera, acogía completamente el reclamo de Cazenave y parcialmente el de Mella, Cardemil y Arellano.

Luego de dichas decisiones, TVN presentó sendos recursos de reposición, tras lo cual el Consejo citó a audiencia pública con el objetivo de resolver algunas interrogantes.

En la ocasión, representaron a la estación pública, José Zalaquett, miembro del directorio de TVN; y Enrique Barros, abogado del canal. Por las partes reclamantes se presentaron Michael Cazenave y el abogado Patricio González, en representación de Mella, Cardemil y Arellano.

La audiencia fue dirigida por Juan Pablo Olmedo, presidente del CPLT, junto con los consejeros Raúl Urrutia, Alejandro Ferreiro y Roberto Guerrero.

La pregunta medular de la audiencia giró en torno a cómo funciona la administración superior de TVN y qué atribuciones y autonomía tienen en la práctica los ejecutivos de dicha entidad. Este concepto resulta fundamental porque el texto del artículo 10 de la Ley 20.285 señala que las empresas públicas deben publicar en sus sitios web “Toda remuneración percibida en el año por cada Director, Presidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo y Gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa (…)”

Luego de 40 minutos de sesión, se dio por terminada la audiencia y los consejeros se retiraron para resolver.

• Decisión R-12/09
• Reposición
• Decisión R-15/09
• Reposición

Baltazar Sánchez, presidente de Ediciones Financieras entrega el premio a Juan Pablo Olmedo, presidente del Consejo para la Transparencia y a José Antonio Viera-Gallo, ministro Secretario General de la Presidencia.

Este jueves 17 el Consejo para la Transparencia recibió el premio a la Mejor Iniciativa del Sector Público, por la Ley de Acceso a la Información Pública y Consejo para la Transparencia. La distinción es parte de la premiación a empresarios y empresas que realiza El Diario Financiero.

Juan Pablo Olmedo, presidente del Consejo, recibió el galardón junto con el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, uno de los impulsores de la ley.

El presidente del Consejo dijo que “el Consejo se siente orgulloso. Es un reconocimiento al trabajo realizado durante este año y es un premio para todo el equipo que ha estado colaborando con nosotros”.

La publicación realizó este premio por décimo tercer año consecutivo, tras un proceso de votación realizado entre sus suscriptores.

Dentro de la misma categoría fueron reconocidas la Extensión de Metro en Las Condes y Maipú, en 2° lugar; y la Llegada del GNL a Chile, en tercer lugar, como iniciativa público-privada.