Juan Pablo Olmedo, presidente del Consejo para la Transparencia; Ramiro Mendoza, Contralor General de la República; Jovino Novoa, presidente del Senado; Juan Colombo, presidente del Tribunal Constitucional; Urbano Marín presidente de la Corte Suprema y José de Gregorio, presidente del Banco Central.

Los representantes de todos los poderes autónomos del Estado se reunieron este jueves para evaluar los primeros tres meses de la aplicación de la Ley de Transparencia.

 

Durante la reunión-almuerzo, las autoridades hicieron un balance positivo de este primer período de vigencia de la ley que consigna como pública toda la información relativa a actos y resoluciones del Estado.

 

Juan Pablo Olmedo hace un balance positivo, ya que esta ley “se ha incorporado dentro de la institucionalidad”. Por su parte, el presidente del Senado, Jovino Novoa dijo que “la apreciación de cada uno de los organismos es que la nueva legislación hay sido muy útil y ha contribuido a mejorar los estándares que cada uno de ellos debe observar”.

 

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Los ayuntamientos españoles subieron casi 12 puntos promedio, según el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2009, elaborado por Transparencia Internacional España.

 

El estudio se realiza por segundo año consecutivo, midió el nivel de transparencia de 110 ayuntamientos según ochenta indicadores, divididos en cinco Áreas de transparencia.

 

En esta versión del estudio, los ayuntamientos promediaron 64 puntos sobre 100, mientras que el año pasado alcanzaron una media de 52,1.

 

Encabeza el ránking el ayuntamiento barcelonés de Sant Cugat del Vallés; en segundo lugar, y con idéntica puntuación, están Alcobendas, Avilés, Bilbao, Gijón y Mataró.

 

La Fundación José Ortega y Gasset, que presentó el estudio en conjunto con TI –España, destaca que se verificó un alza en cada una de las cinco áreas de transparencia analizadas, y recalca una mejora en tres de éstas: Urbanismo y Obras Públicas, con un alza de 22 puntos; en Contrataciones de Servicios, con 21 puntos más, y en la Transparencia Económico financiera, con 20 puntos más que en 2008.

 

Asimismo, subrayó que ya hay 14 ayuntamientos que obtuvieron una calificación sobresaliente, es decir con más de 90 puntos, mientras que el año pasado sólo uno de ellos alcanzó ese nivel. Le siguen 34 ayuntamientos con calificación Notable, entre 70 y 89 puntos.

 

Ránking global de ayuntamientos

Más detalles del estudio

 

Abogada Isolda Luco entrega información Foto: El Llanquihue – Puerto Montt

El diario El Llanquihue de Puerto Montt dio a conocer la entrega, por parte de la Intendencia de Los Lagos, de información financiera respecto de la emergencia de Chaitén al abogado Jaime Moraga.

 

Según consigna la nota, la abogada Isolda Luco, asesora jurídica del gobierno regional, entregó una caja con cuatro archivadores y más de 20 resmas de hojas con información.

 

El intendente Galilea señaló a dicho medio que esta información corresponde a su obligación de dar cumplimiento con el dictamen del Consejo para la Transparencia, que ordenó que se le entregaran al abogado Jaime Moraga todos los antecedentes respecto de los recursos invertidos para sobrellevar la emergencia volcánica.

 

El intendente agregó que dentro de los próximos dos días se comunicará al Consejo para la Transparencia, informando que ya se cumplió con el dictamen, dado a conocer el 1 de julio pasado.

 

El Consejo para la Transparencia está a la espera de dicha notificación y de la del requirente, el abogado Jaime Moraga, de su satisfacción con lo recibido.

 

 

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Consejo acoge parcialmente Amparo contra Intendencia de la Región de Los Lagos (1.julio)

Consejo para la Transparencia realiza su primera audiencia pública (23.junio)

 

Este miércoles 21 se presentará la versión en español del informe “Corrupción y Derechos Humanos: estableciendo la conexión” elaborado por el Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos, CIEDH.

 

La presentación, a cargo de la directora del proyecto en el CIEDH, Magdalena Sepúlveda, será comentada por Juan Pablo Olmedo, Presidente del Consejo para la Transparencia, y por Elizabeth Lira, Directora del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado.

 

En este informe se desarrolla un marco conceptual que permite vincular violaciones de los derechos humanos a determinados actos de corrupción. También se exponen las razones por las que es necesario establecer una relación de cooperación entre quienes trabajan luchando contra la corrupción y quienes defienden los derechos humanos; y se determinan las características principales de las prácticas tradicionales de los dos campos.

 

Utilizando un marco conceptual para la evaluación cuando los actos de corrupción violen los derechos humanos, este informe muestra cómo las organizaciones pueden promover los derechos humanos trabajando para poner fin a la corrupción.

 

La invitación es a las 15.00 horas del miércoles 21 de julio en la Sala de graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (Pío Nono 1, piso 3, Providencia).

Mario Marcel, Manager del Sector de Capacidad Institucional y Finanzas del BID, se reunió durante la mañana del miércoles con todo el equipo del Consejo para la Transparencia.

 

El ex director de la Dirección de Presupuestos se refirió a la importancia de la transparencia en la modernización del Estado.

El experto destacó que en los últimos quince años el país ha vivido muchas reformas relacionadas con los roles ciudadanos -como mecanismos de participación ciudadana o financiamiento político- y que dichas reformas entregan más transparencia y predecibilidad al sistema.

Relación Estado y ciudadanos

 

El economista distinguió cuatro roles de las personas y el Estado: el ciudadano como legitimador de éste, donde interesa que el Fisco cumpla sus compromisos y, al mismo tiempo, que escuche. Luego, el ciudadano como súbdito, donde personas exigen más transparencia y predecibilidad para limitar la discrecionalidad estatal.

 

En tercer lugar, el ciudadano como contribuyente, donde la transparencia también tiene un papel significativo, debido a la información sobre la administración tributaria. Por último, el ciudadano como usuario, donde exige calidad y solución de problemas.

 

En esta relación cuadrilateral hay contradicciones, dijo Marcel, y el Consejo tiene un rol importante en ella, ya que la Ley de Transparencia cambia el balance de la relación entre el Estado y las personas.

 

El desafío del Consejo, expresó Marcel, es que las instituciones públicas incorporen el tema de la transparencia y hacer presente que todos los sectores públicos integren dichos a su gestión.

 

El encuentro se realizó en el marco de la asesoría técnica que el BID presta al Consejo esta semana, para la elaboración de su presupuesto 2010, el primero como institución.

El Presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, firma el convenio. A su lado, Felipe del Solar, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia; el subsecreatrio Edgardo Riveros, el ministro José Antonio Viera-Gallo y Raúl Ferrada, Director General del Consejo.

Como parte del trabajo coordinado de colaboración entre el Ministerio Secretaría General de la presidencia y el Consejo para la Transparencia, en el marco de la Ley de Transparencia, ambas instituciones firmaron hoy un Convenio de Colaboración.

 

Segpres ha desarrollado una serie de herramientas informáticas y tecnológicas para facilitar el funcionamiento de la ley y para hacer más accesible la información a los ciudadanos.

 

Entre las herramientas implementadas se encuentra un Sistema de Gestión de Solicitudes que permite a los ciudadanos presentar requerimientos a través de los sitios web e informarse respecto de los plazos, y a los servicios dar seguimiento y gestionar esas peticiones. Adicionalmente, el sistema permite conocer el número de solicitudes presentadas y en trámite.

 

El Consejo recibirá la información estadística generada por el sistema, respecto del número de solicitudes de acceso a la información en forma semanal.

 

A fines de este año estará disponible una versión más avanzada del sistema.

Audiencia pública. En primer plano, el abogado Jaime Moraga, el Intendente Serio Galilea junto a la abogada Isolda Luco. Atrás, los consejeros escuchan a las partes.

El Consejo para la Transparencia resolvió sobre el amparo presentado por el abogado Jaime Moraga contra el Intendente de Los Lagos, Sergio Galilea, en relación a información requerida sobre gastos derivados de la erupción del volcán Chaitén.

En el fallo, el Consejo dictamina que “no puede calificarse de genérica la solicitud formulada a la Intendencia Regional de Los Lagos pidiendo que informe los montos globales y las partidas presupuestarias específicas invertidas en la zona afectada por la emergencia derivada de la erupción del volcán Chaitén y su gasto efectivo, sea en ejecución de obras, adquisición de bienes, proyectos de asesoría, nómina de consultoras contratadas, sus respectivos contratos, gastos funcionarios, contratación de personal de asesoría, encuestadores, remuneraciones y viáticos.

Por ello ordena entregarla, al igual que la nómina de beneficiarios con bonos de asistencia por su condición de desplazados, los antecedentes legales que autorizaron pagarlos y los antecedentes administrativos que sirvieron de base para seleccionar a los beneficiarios”.

Este caso dio origen a la primera audiencia pública realizada en el Consejo, el pasado 23 de junio, durante la cual se pidió mayores antecedentes a cada una de las partes. El Consejo adoptó la decisión, pasados cuatro de los cinco días hábiles que la ley estipula como plazo tras realizada la audiencia.

El oficio con la resolución del amparo A1-09 fue notificado a las partes ayer martes vía carta certificada y hoy miércoles a través de un correo electrónico.

Criterios de la decisión destacados

• Si la información solicitada está disponible en internet se cumple con la obligación de informar comunicando al solicitante el link preciso en que puede tener acceso a dicha información (art. 15 de la Ley de Transparencia).
• La especificidad de una solicitud se ve satisfecha si está circunscrita a materias determinadas, si se indican las partes intervinientes o el autor de la información y si se señala el período que abarca (cita el considerando 4° de la decisión A39-09, en el mismo sentido). Una solicitud que reúne estos requisitos no puede declararse como genérica (art. 21 N° 1 c) de la Ley de Transparencia y art. 7° N° 1 c) de su Reglamento).
• Las causales de secreto o reserva deben ser acreditadas, no bastando su pura invocación para efectos de no entregar la información solicitada. La carga de la prueba corresponde a los órganos administrativos (en el mismo sentido decisión A39-09
• La información debe entregarse al peticionario en la forma en que éste la solicitó (su domicilio o un correo electrónico) y no en oficinas administrativas salvo que se trate de “archivos públicos de la Administración”, esto es, de oficinas donde la información esté a disposición de los ciudadanos de manera habitual y en un horario permanente (artículo 15 de la Ley de Transparencia).
• Solicitud de información presentada a un Intendente lo vincula tanto en su calidad de órgano de la Intendencia, esto es, representante natural e inmediato del Presidente de la República en la región, como de órgano ejecutivo del Gobierno Regional (arts. 2° y 23 de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1/19.175), sin que pueda declararse incompetente para responder por haberse formulado la solicitud en una calidad equivocada. Lo anterior, en virtud del principio de facilitación (art. 11 f) de la Ley de Transparencia).

El reclamante, abogado Jaime Moraga expone sus antecedentes ante el Consejo y ante el Intendente de la Región de Los Lagos, Sergio Galilea, y la jefa jurídica del gobierno regional de la Región de Los Lagos, Isolda Luco.

 

Hoy, 23 de junio, el Consejo para la Transparencia realizó su primera Audiencia pública, cuyo objetivo era recabar mayor información respecto del Amparo interpuesto por el abogado Jaime Moraga en contra del gobierno regional de la Región de Los Lagos por la denegación de una solicitud de información pública.

 

A la sesión asistieron el reclamante, Jaime Moraga, y el reclamado, el intendente Sergio Galilea junto con la abogada de la Intendencia, Isolda Luco. La solicitud de información presentada ante el gobierno regional de Los Lagos y que dio lugar a este Amparo, consistió en:

• Fondos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional utilizados o dispuestos en 2008 y 2009 para su uso en relación con la comuna de Chaitén;

• Todos los antecedentes que existan, en especial aquellos que tengan relación con los montos globales y partidas presupuestarias específicas para la zona afectada por la erupción del volcán Chaitén y su gasto efectivo;
• Remuneración, gastos de representación y viáticos de la delegada presidencial, Paula Narváez;
• Nómina de los beneficiados con los bonos luego de ser desplazados de la zona y los criterios de selección de los mismos.

 

 

Luego de escuchar la relación realizada por el Director Jurídico, Enrique Rajevic, las partes fueron oídas por los cuatro consejeros quienes pidieron mayores detalles sobre cuatro puntos específicos para poder dirimir. Tras poco más de una hora de sesión, los consejeros se retiraron para deliberar, resolución que está en proceso de ser redactada, para luego notificar a las partes y ser publicada.

 

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