En el marco de un seminario organizado por el Consejo y la Subdere por nuevas normas en transparencia activa. (más…)

Se espera que integrantes de esta instancia europea puedan sumarse al seminario institucional programado para el próximo año. (más…)

Una delegación compuesta por el consejero Bernardo Navarrete, el director general del servicio, David Ibaceta, la directora (s) de Jurídica, Ana María Muñoz, el director (s) de Fiscalización y Promoción, Christian Anker, y el jefe e la Unidad de Análisis y Estrategia Jurídica, Ricardo Cáceres, participaron en diversas actividades enmarcadas en el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno en la ciudad de Alcalá de Henares y en la universidad del mismo nombre.

En esta instancia, se busca reflexionar sobre diversas materias, entre otras, inteligencia artificial y su relación con la transparencia, transparencia como comprensibilidad y lenguaje transparente, y se revisan casos nacionales e internacionales.

En la sesión plenaria, el director del servicio expuso algunos de los principales problemas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que incide en un adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia. En su intervención, abordó la necesidad de “constitucionalizar el derecho de acceso a la información” dado que se generan conflictos asociados a protección de datos personales, que en 2018 fue reconocida por Chile en la Carta Fundamental.

Agregó que tras 14 años desde la entrada en vigencia de la ley en Chile se espera una adecuada evolución en materia de transparencia activa. “Para que haya mayor incidencia en lo que la ciudadanía requiere se necesita avanzar en otras disposiciones asociadas con esta publicidad activa”. “Hay muchas cuestiones que podrían estar permanentemente disponibles sin la necesidad de que una persona realice una solicitud o haga una presentación”, explicó.

En tercer lugar, se refirió al “abuso en la utilización del derecho de acceso a la información”. Al respecto afirmó que se requiere morigerar la opacidad y al mismo tiempo aprender a gestionar las solicitudes excesivas por parte de personas determinadas, denominados “clientes frecuentes”. Vinculado con lo anterior mencionó los problemas en la identificación de las personas que realizan los requerimientos, esto dado que desde el punto de vista administrativa debe resolver desde un acto motivado y fundado, que posibiliten un espacio de mayor certidumbre.

 

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, expuso en un webinar organizado en conjunto con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), dirigido a funcionarios municipales con el fin de explicar los alcances de la aplicación de la Ley de Transparencia a corporaciones y otras entidades del ámbito municipal. En la instancia se revisó parte de la historia de la norma de transparencia y la jurisprudencia del CPLT en esta materia.

En particular, se recordó que los fallos de tribunales respaldaron los criterios y jurisprudencia del Consejo sobre la aplicación de la norma en este tipo de instituciones, ratificándolos y estableciendo que su aplicación es “tema superado”, por cuanto es obligatorio cumplir con las obligaciones que establece la norma Nº 20.285.

En su intervención, Leturia destacó el carácter positivo y colaborativo del trabajo que el CPLT está desarrollando junto a la AMUCH, lo que ha permitido identificar los problemas en el ámbito municipal y abordarlos adecuadamente. Al respecto, dijo: “Generalmente en Chile estamos muy de acuerdo en las cosas que hay que hacer, pero debe haber una crisis para hacer cambios”, reconociendo que la acción del Consejo permitió corregir el que buena parte del mundo municipal quedara fuera de La ley de Transparencia, refiriéndose en particular a corporaciones, asociaciones y otras entidades de derecho privado que operan en este ámbito y prestan servicios que benefician a los vecinos y vecinas de las distintas comunas del país.

Por su parte, el abogado del CPLT y Pablo Brandi, jefe de la Unidad de Análisis de Fondo, destacó la acción del Consejo que permitió sentar los criterios en estas materias, afirmando que “La transparencia es un hábito y en consecuencia el Consejo siempre ha estado abierto a la gradualidad y a dilucidar criterios”.

El titular del Consejo insistió en la necesidad, no sólo en momentos de crisis de confianza, de promover la transparencia, dado que “en Chile y el mundo (es) una tendencia expansiva inevitable, en buen chileno, para allá va la micro, es absurdo resistirse. La sociedad pide más transparencia (…) además los vecinos quieren saber, preguntar cómo lo está haciendo el alcalde”.

Con el fin de debatir la actualización del reglamento de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales (RIPD), entre otros, el director (s) de Estudios del Consejo para la Transparencia, Daniel Pefaur, participa en La Antigua, Guatemala, en el programa de actividades con que se conmemora el vigésimo aniversario de esta instancia y que se extenderá entre los días 25 y 27 de septiembre.

En dicho marco, las 16 entidades miembros de países como México, Argentina, Portugal, España y Chile, abordarán cuestiones tales como: los aportes de la Red y las expectativas de sus miembros para los próximos años.

En el marco de lo que será el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno, actividad que se desarrollará entre el 27 y 29 de septiembre en la Universidad de Alcalá de Henares, España, el  director general del Consejo para la Transparencia (CPLT), David Ibaceta, expuso sobre el marco jurídico de transparencia en nuestro país.

La revisión se realizó en base a cifras entregadas por el Ministerio del Interior. (más…)

El pasado miércoles 13 de septiembre, el jefe de la Unidad de Atención Integral de Personas del Consejo para la Transparencia, Pablo García, encabezó una capacitación a funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional (GORE) de Magallanes y de la Antártica Chilena en la ciudad de Punta Arenas. Ello con el fin de promover el mejor cumplimiento de la Ley de Transparencia, en este caso en particular, la instancia abordó la causal de reserva por distracción indebida, una de las más alegadas por las instituciones del país.

Este miércoles el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, junto al consejero de la entidad, Bernardo Navarrete, y directores de áreas sostuvieron un encuentro con representantes de diversas universidades del país con el fin de sociabilizar propuestas en materia de probidad y la educación superior.

En la ocasión, el CPLT presentó a los presentes un estudio que está realizando que promueve una serie de iniciativas y acciones que elevan los estándares de transparencia en estos planteles educacionales.

En la actividad, participaron la asesora jurídica de rectoría de la Universidad Técnica Federico Santa María,  María Eliana Tobar;  el director jurídico de la Universidad Austral, Alejandro Durán; el director general de Asuntos Estratégicos de la Universidad Bernardo O’Higgins, Cristián Cornejo; el director de Análisis Institucional de la Universidad Católica del Norte, Orlando Castro; la pro rectora  de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Ana Narváez; la secretaria general de la Universidad Santo Tomás, Catalina Ugarte;  de la Universidad Alberto Hurtado, María Alejandra Cetty y Enrique Rajevic; el pro secretario de la Universidad Católica de Valparaíso, Fernando Castillo; de la Universidad de Concepción, Violeta Montero y de la Universidad Autónoma, Cristián Olguín, entre otros.

Se trata del segundo encuentro con universidades para sociabilizar estas propuestas, ya que el pasado 6 de julio se realizó esta misma instancia con rectores y representantes de otras instituciones del país.

En las oficinas del Consejo para la Transparencia, el destacado profesor italiano, Dr. Antonello Canzano, lideró un conversatorio sobre la experiencia de su país en el combate del crimen organizado, políticas carcelarias y la lucha contra las mafias.

En la ocasión el titular del CPLT, Francisco Leturia, señaló: “Para combatir el crimen organizado lo primero que debemos tener es información, buena información y datos. Es por eso que la experiencia italiana es importante conocerla en profundidad, el cómo ellos han sido capaces de lidiar con estas mafias que operan en su país y así poder replicar algunas medidas de éxito en Chile”.

Canzano es profesor de las Universidades Gabriel D’ Anunzio y Roma 3. Su área de trabajo académico es la sociología política y sus líneas de investigación han sido el populismo en Europa, la evolución política en países como Chile, Bolivia y Colombia, como, además, la delincuencia organizada internacional. El docente se encuentra transitoriamente en nuestro país como profesor visitante del departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile.

A la actividad asistieron el presidente del Consejo para la Transparencia. Francisco Leturia y el consejero, Bernardo Navarrete. Además, autoridades de Carabineros, del Ministerio Público, Gendarmería, de la Universidad de Santiago y de la subsecretaría de Prevención del Delito.

En el salón de los presidentes del ex Congreso Nacional se desarrolló el conversatorio “Nuestro sistema financiero ante el crimen organizado: ¿Qué información tenemos?”, liderado por el Consejo para la Transparencia y el Instituto Libertad.

Esta iniciativa se enmarca en la serie de actividades que el Consejo para la Transparencia ha promovido con el fin de poder recopilar, sistematizar y así poder publicar información de calidad y que sea útil para las autoridades competentes a la hora de tomar decisiones en políticas públicas para enfrentar esta problemática en nuestro país.

En esta mesa redonda, organizada en conjunto con el Instituto Libertad, en particular estuvo centrada en discutir la temática del acceso a la información en nuestro sistema financiero y cómo sirve esta herramienta de prevención para combatir el lavado de activos en el crimen organizado.

En la oportunidad, el presidente del Consejo para la Transparencia, quien moderó la instancia, señaló: “Al crimen organizado hay que pegarle donde más le duela. Esto significa poner el foco en los recursos económicos que estas organizaciones obtienen por vías ilegales. Es el dinero su principal vía de fortalecimiento, el cual les permite ganar poder de fuego, control territorial y en definitiva la posibilidad de corromper a nuestras instituciones. Por ello, es clave que tengamos información a la mano para que se puedan tomar buenas decisiones en su combate”.

Por su parte, Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, complementó: “El crecimiento del crimen organizado en Chile se inscribe en un proceso global, la internacionalización de las organizaciones criminales, con nuevas formas de operar, con capacidades cibernéticas, tecnológicas y financieras de vanguardia y con una cultura criminal que está colonizando la delincuencia tradicional y penetrando peligrosamente la estructura del estado”.

En esa misma línea, Pardo agregó: “Es imperativo entender el fenómeno del crimen organizado en todas sus dimensiones, formular un diagnóstico común y desarrollar una estrategia y política integral y multidisciplinaria para hacerle frente”.

En la ocasión, participaron el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavéz; la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Bernardita Piedrabuena; la directora ejecutiva de BH Compliance, Susana Sierra y el director de la unidad especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, Ignacio Castillo.

La Corte Suprema acogió el recurso de queja presentado por el Consejo para la Transparencia, que intentaba dejar sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte de Alzada Santiaguina acogió el reclamo de ilegalidad presentado por la Corporación Cultural de Las Condes, frente a la entrega de “información sobre balance de comprobación y saldo del año 2021 y cálculo de caja inicial del presupuesto del año 2022 correspondiente a la Corporación Cultural de Las Condes”.

El fallo del máximo tribunal confirma que a esta corporación municipal le es aplicable la Ley de Transparencia y, por tanto, son sujetos de fiscalización y control por parte del Consejo para la Transparencia

Para el presidente del Consejo para la Transparencia Francisco Leturia, “el criterio de la Corte Suprema es definitivo. Y no debe extrañar; es de máximo sentido común. Dice que las platas públicas no pueden quedar sin control. Y señala que el mecanismo de crear una entidad independiente, como, por ejemplo, una corporación municipal, no puede ser un truco para quedar fuera del control de la ley de transparencia ni de la contraloría”.

Además, indicó que “con esto queda definitivamente zanjado el asunto. Todas las corporaciones municipales quedarán sometidas al CPLT, lo que es una gran noticia para Chile y para el combate a la corrupción”.

Por último, el presidente del CPLT, agregó que “la decisión de la Corte Suprema va en el mismo sentido de lo que la comisión del presidente Boric para temas de fundaciones y corporaciones anunció este lunes. Lo bueno es que ya no hay que esperar nada. Empiezan a regir desde ya estas medidas”.

La corporación cultural de Las Condes deberá entregar la información en un plazo de 5 días hábiles, desde su notificación, de lo contrario se arriesga al inicio de una investigación sumaria

Antecedentes del caso 

Con fecha 31 de mayo de 2022, el CPLT resolvió acoger el amparo C1519-22 deducido en contra de la Corporación Cultural de Las Condes, ordenando entregar al reclamante información sobre balance de comprobación y saldo del año 2021 y cálculo de caja inicial del presupuesto del año 2022 correspondiente a la Corporación Cultural de Las Condes.

Lo anterior, toda vez que de la revisión del acta de constitución y de los estatutos de la Corporación Cultural de Las Condes, se advierte que en la especie, la entidad reclamada cumple copulativamente los requisitos establecidos por este Consejo para la aplicación de la Ley de Transparencia.

El Consejo estimó pertinente efectuar una revisión en torno al modo en que se ha venido determinando la aplicación de la Ley de Transparencia a entidades como la que motiva la presente decisión. Al efecto, si bien resulta innegable que los criterios definidos por el Consejo para la Transparencia y ratificados en sede judicial han permitido acceder a relevante información pública en poder de un amplio espectro de personas jurídicas de derecho privado, conforme a la realidad y experiencia observada, determinadas corporaciones, asociaciones, fundaciones y otro tipo de personas jurídicas privadas han quedado excluidas del control y escrutinio inherente a la Ley de Transparencia, amparadas

en las formas organizativas de administración que han adoptado o su composición al momento de su creación. A su turno, si bien el dictamen N°160.316, de 29 de noviembre de 2021, del ente control representa un avance respecto de la materia en análisis, su alcance resulta insuficiente frente a determinadas entidades como la corporación cultural reclamada.

En tal contexto, teniendo en vista la creciente necesidad de intensificar el control social sobre el uso de recursos públicos que perciben este tipo de entidades y que como tales se encuentran destinados a una finalidad concreta, este Consejo decidió que, en lo sucesivo, aplicaría como criterio para determinar la aplicación de la Ley de Transparencia a una entidad con forma organizativa privada, la concurrencia copulativa de los siguientes elementos: a) Naturaleza administrativa de las funciones desempeñadas o mediante la cual satisfacen determinadas necesidades de la ciudadanía (función pública administrativa); b) Para dicho propósito, perciban financiamiento de origen fiscal, aportes o subvenciones estatales; circunstancias que fueron acreditadas suficientemente en esta sede.

Con fecha 27 de octubre de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago ACOGIÓ el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 289-2022 presentado por la Corporación Cultural de Las Condes en contra de la Decisión C1519-22, concluyendo que comparte el criterio sustentado por la recurrente de no serle aplicable las disposiciones de la Ley de Transparencia, toda vez que en su caso no se trata de una corporación municipal en los términos allí señalados, pues no tiene su génesis en el artículo 12 del D.F.L. N° 1-3-3.063, de 1980, y tampoco en el artículo 129 de la Ley N° 19.695, sino que fue creada conforme a las disposiciones del Decreto N° 110, de 1979, que aprobó el reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones que indica, y en razón de ello se concedió personalidad jurídica a la corporación recurrente por medio del Decreto N° 311, de 1982, del Ministerio de Justicia

Dicha sentencia posteriormente fue recurrida de queja por el CPLT ante la Excma. Corte Suprema, la que con fecha 25 de agosto de 2023, acogió el recurso, y dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, al concluir que esta organización permite encuadrarla, sin lugar a dudas, en el inciso 1° del artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, no en la forma extensa que propone el CPLT, sino que, en concreto, dentro de la expresión: “y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa”, en la medida que, como se dijo, su estructura y fines van dirigidos a ejecutar una función de servicio público respecto de la cual la Municipalidad está obligada a cumplir, pero que la misma ley, le permite hacerlo indirectamente y/o conjuntamente con los privados, como una manera de afianzar, la idea de participación ciudadana.