Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), planteó la relevancia de incorporar una mirada desde la anticorrupción y la transparencia en la discusión constitucional, en el marco de un seminario con actores del mundo privado.
Ante la profunda crisis de confianza social y política que atraviesa el país, caracterizada por la percepción de menores niveles de integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública y de abuso por parte del sector privado, entre otras cuestiones, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, dialogó con diversos actores del mundo privado y del mercado financiero sobre la recuperación de la confianza ciudadana.
La cientista política enfatizó en el malestar generado por situaciones de corrupción y abuso y las diversas señales de desconfianza transversalmente instalada a nivel nacional: “Existe malestar contra el abuso, la desigualdad, pero también como señal de desconfianza en que, bajo las mismas condiciones, el bienestar sea inclusivo para toda la población”.
Sobre el proceso constituyente, que se desarrollará en un contexto de crisis de confianza en las instituciones en general para De la Fuente “es una oportunidad institucional de encauzar nuestros malestares, conflictos y crisis puede ser una muy buena noticia en el mediano y largo plazo para recomponer confianza”.
Desde la perspectiva de la titular del CPLT, este debate puede permitir además “avanzar de manera sustantiva en un ecosistema de defensa de derechos fundamentales y de control” en materia de transparencia. A esto se suma la aspiración de que se reconozca el rango constitucional del Consejo para la Transparencia, de manera de extender sus facultades de control y sanción a otros poderes del Estado.
La presidenta del Consejo destacó además el reconocimiento en el nuevo texto constitucional del derecho de acceso a la información pública de manera explícita y del derecho a la protección de datos personales, asociado a la existencia de un órgano garante del cumplimiento de esta normativa.
Corrupción y desigualdad
De la Fuente revisó también el impacto de la corrupción en la confianza de las instituciones, tanto públicas como privadas, y el rol que juega en la caída de la inversión derivada de la debilidad institucional. En este último caso destacó “la sensación de abuso de poder por parte del sector privado” –derivado de casos de alta connotación pública como la colusión en alimentos básicos- “que están al medio de la crisis de confianza en Chile y que es importante mirar para enfrentarlo más adecuadamente”.
Refirió además a la desigualdad asociada no sólo a distribución del ingreso: “La corrupción no sólo afecta a la fe pública, una mala utilización de recursos fiscales, en el caso de relaciones perniciosas entre lo público y lo privado, sino que además profundiza la desigualdad. Cuando no tenemos un control adecuado de la corrupción lo afectamos finalmente son las posibilidades de los que menos tienen”.
Transparencia como valor
“La transparencia es un valor altamente considerado en Chile” y “una buena palabra”.Sin embargo, para la doctora en Ciencias Sociales, esta percepción debe ir acompañada de un correlato en materia de instrumentalidad del acceso a la información para hacer efectiva la transparencia. Por ello, De la Fuente destacó la necesidad del funcionamiento armónico de un ecosistema de transparencia y probidad –a partir de diversas normativas y con la participación de distintos organismos-, que se haga cargo, dado que es “un camino para reconstruir la confianza”.
“El desarrollo efectivamente, va de la mano con la transparencia y la anticorrupción”, dijo. Y en el contexto actual –como una de las enseñanzas que dejó la pandemia por Covid-19- apuntó a la transparencia proactiva: “Hay una necesidad de que exista un compromiso de instituciones públicas y privadas por ser más proactivos en iniciativas que promuevan la transparencia y la probidad”. Esto dado que el acceso a información y la transparencia demostraron que efectivamente ayudan a la confianza de la ciudadanía y a conseguir que ésta adhiera a medidas o acciones propuestas por las autoridades.
Con la finalidad de reflexionar desde una mirada local sobre los principales desafíos que impone el proceso constituyente en materia de transparencia, participación ciudadana y control social, esta mañana la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, dio inicio a la primera jornada de un seminario organizado por el organismo que encabeza en alianza con universidades de diversas regiones del país.
En su intervención al inicio del espacio de diálogo Descentralizando la Transparencia: Reflexiones para el fortalecimiento democrático del proceso constituyente”, la cientista política planteó la visión y compromiso de la entidad que encabeza respecto de la discusión constitucional y cómo puede el CPLT colaborar con la tarea de garantizar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en el proceso y en el nuevo texto constitucional.
“Tenemos uno de los desafíos más importantes de las últimas décadas”, afirmó la titular del Consejo. En este marco, planteó que se debe entender que “La transparencia es útil y necesaria para el país” y agregó que garantizar el derecho de acceso a la información pública “propicia el control social, la rendición de cuentas responsable y la participación ciudadana para el ejercicio de una buena gobernanza”.
Para la presidenta del CPLT se debe entender que tras la percepción positiva y demanda de la transparencia como un valor en sí mismo y el derecho de acceso a la información como un instrumento, está el que pueden colaborar con la profundización de la democracia. Agregó al respecto: “El acceso a la información pública es vital en la vida democrática del país, dada la función que tiene de reguladora y como equilibrio de los poderes del estado, en la práctica, en el marco de un ecosistema de transparencia”.
De la Fuente destacó que más allá de que la transparencia sea “un vocablo de buen uso”, es deber del Consejo para la Transparencia dotarlo de un instrumento específico, asociado a la normativa existente en esta materia. Respecto del debate constitucional, la doctora en Ciencias Sociales sostuvo que en un marco de crisis de confianza en la instituciones, la generación de espacios de transparencia y de acceso a la información pública respecto al órgano constituyente y al proceso mismo “va a contribuir a la legitimidad y confianza de ese proceso”.
Afirmó que se requiere generar “un correlato específico en torno al reglamento del órgano constituyente y a los principios básicos que deben estar instalados en la Constitución”. Y agregó “Estamos muy enfocados desde el Consejo en empujar una discusión respecto de un reglamento que permita tener estándares elevados en materia de derecho de acceso a la información pública”.
Asimismo, la titular de Transparencia indicó que se debe “garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como el reconocimiento constitucional del Consejo”. Esto dado que el reconocimiento explícito de estas cuestiones en el nuevo texto constitucional “permitirá en la práctica poder ampliar nuestro ámbito y órbita de acción”.
Otra cuestión relevante para De la Fuente y que pasa por el reconocimiento del derecho de acceso a la información en el marco constitucional, es su uso como derecho llave: “permite ejercer derechos que sabemos que en la práctica existen y se vinculan con el acceso a la información pública sobre temas de beneficios, servicios públicos, vivienda, salud y otros”. Lo anterior dado que se ha identificado a nivel local y subnacional un uso más intensivo de este derecho como derecho llave en grupos específicos, mujeres por ejemplo.
Un tema que en la lógica de la descentralización debiera discutirse, comentó la presidenta del Consejo, así como en la lógica de la deficiencia que ha mostrado Chile en materia de participación ciudadana. “Hay también una necesidad de volver a escuchar a los ciudadanos, de promover la participación ciudadana que permita participar, estar presente en los procesos en general, pero de manera informada”, espetó la titular del CPLT.
Aumento de la demanda de acceso a información del Estado
La politóloga destacó también cifras que evidencian un incremento del uso de la Ley de Transparencia, como ocurre con las solicitudes de acceso a la información, que en los 12 años del organismo, han superado el 1 millón 300 oportunidades en que se ha realizado un requerimiento a un organismo público.
Sin embargo, apuntó: “esto no es suficiente y a propósito del proceso constituyente, no se trata solamente de esperar que los ciudadanos lleguen a nosotros”, sino también -a partir de un cambio de paradigma- “esto implica comprometernos no sólo con otorgar herramientas sino salir a buscar a los ciudadanos, promover el derecho de acceso a la información publica, porque creemos que es una oportunidad de ejercer derechos fundamentales”.
En un debate sobre corrupción y democracia a la luz de los aprendizajes que deja la pandemia por Coronavirus, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, señaló esta mañana que los costos asociados a la corrupción son muy altos y que a su juicio lo “terminan pagando, en general, ciudadanas y ciudadanos, particularmente los más vulnerables, que necesitan mucho más del rol y del trabajo del Estado”.
En un seminario sobre los avances en este ámbito, en el que participó junto al Contralor General, Jorge Bermúdez, y a Patricio Silva, catedrático de la Universidad de Leiden, Holanda, la titular de transparencia afirmó que el “costo que tiene la corrupción, particularmente en países más pobres es muy complejo“ y “en el marco de la emergencia por Covid-19 “ha sido aún más complejo en la práctica, porque la movilización de recursos para poder paliar los efectos económicos y sociales y de la crisis sanitaria también, son muy altos y esto, en consecuencia, abre espacios para que existan fenómenos de corrupción”.
De la Fuente, agregó que desde el sector público es clave el trabajo mancomunado de los organismos con facultades en este ámbito, como ocurre con la Contraloría General de la República y el propio Consejo, relación que fue destacada por la titular del CPLT y por Bermúdez en el marco de la actividad: “Para nosotros la Contraloría es un gran aliado en esta lucha en este ecosistema contra la corrupción y en pro de la probidad y la transparencia”.
De la Fuente comentó también que en esta labor anticorrupción deben sumarse además “instrumentos más eficientes y eficaces”, refiriendo por ejemplo al fortalecimiento de herramientas que permiten ejercer control social y combatir la corrupción –como las de acceso a la información pública-. La presidenta del CPLT planteó en este sentido: “es clave dotar a los países y a la institucionalidad de órganos garantes” y “un ecosistema que debiera cumplir el rol de generar estos instrumentos en contextos en los que se hace más difícil ejercer control social”.
En la actividad se reflexionó también sobre el papel que debe jugar el mundo privado en este marco, dado que la crisis de desconfianza afecta a todas las instituciones, sin distinción. Al respecto De la Fuente comentó: “Desde el mundo privado claramente hay un rol que tiene que ver con la integridad y ética públicas insoslayable”. Y agregó que “Más allá de la legislación para combatir la corrupción, de tener instrumentos para ejercer el control social, es clave que asuma el rol que le corresponde en garantizar el comportamiento íntegro en situaciones dramáticas que deja la pandemia”.
La titular del Consejo explicó que actualmente el organismo que encabeza no cuenta con potestades para fiscalizar a privados y que el proyecto que moderniza la normativa, la denominada Ley de Transparencia 2.0 considera avanzar sólo en organizaciones de la sociedad civil. En este escenario, destacó un instrumento muy relevante para el CPLT, asociada con la misión de la entidad “la promoción del acceso a la información en general o de la transparencia como principio, como una cuestión que colabora en la confianza en general, en el mundo público y el privado, más aún en un contexto como el actual en que la desconfianza impera y, por lo tanto, hay buenas prácticas que tenemos y debemos promover”.
Detalló que el Consejo Directivo de la institución que encabeza en la práctica actúa en lo que han denominado “órbita de control”, definida en la interacción entre el mundo público y el privado –como ocurre por ejemplo en el caso de prestadores de servicios para el Servicio Nacional de Menores (SENAME)-. “Cuando hay una prestación que tiene que ver con la existencia y uso de recursos públicos, eso nos permite en el fondo ir y hacer extensible una solicitud de información”, destacó.
En este sentido, expuso algunos detalles de procesos de fiscalización impulsados por el CPLT en contexto de emergencia sanitaria, por ejemplo en el ámbito de las compras y contrataciones del sector salud –test rápidos o residencias sanitarias- demostrando que “se puede utilizar la solicitud de acceso a la información como instrumento para develar ciertas situaciones”, que pueden derivar en corrupción. En estos ámbitos, además, la politóloga afirmó que es vital en la relación de los privados con lo público para enfrentar la pandemia “tenemos que cuidar las finanzas públicas y propender a la transparencia y en eso hemos estado trabajando como Consejo”.
¿Qué hacer ante el populismo?
Entre otras materias se abordó también el fenómeno del populismo, que parecía –acorde a la intervención de la titular del CPLT: “nos damos cuenta que pasa en el siglo XXI y que toma nuevas características, con características de ellos y nosotros, de esta oposición entre los poderosos versus los no poderosos y es parte del discurso político hoy en día y digo, lamentablemente, porque eso horada las instituciones, que no media por las instituciones y horada aquella posibilidad y genera un flagelo para los sistemas políticos”.
Ante ello, la propuesta de la presidenta del Consejo para la Transparencia es fortalecer en particular a las instituciones que se dedican a la protección de derechos fundamentales e “instituciones que en la práctica intermedian la relación entre ciudadanos y Estado –como hacen los partidos políticos y otras instituciones-”. Lo anterior, subrayó, “porque en la práctica es lo único que tenemos, para defender los sistemas políticos en beneficio de las mayorías, pero con respeto a las minorías”.
A pocos días de que se conmemore una año desde la negociación y acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas que abrió paso a una nueva Constitución, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, participó en un seminario en el que se abordaron entre otras interrogantes ¿por qué y para qué hablar de lenguaje claro en el proceso constituyente?
Desde una perspectiva general, la titular de Transparencia apuntó a la oportunidad que genera este hito inédito señalando el aporte que se puede hacer desde el lenguaje claro para fortalecer la confianza: “Tenemos una tremenda herramienta y tremendo compromiso ahora más que nunca en el contexto de la discusión constitucional, pero incluso, antes de eso, en la relación que debe tener el Estado con los ciudadanos en la lógica de romper esta desconfianza que se ha ido instalando de manera acelerada en el espacio político chileno”.
Respecto del proceso constituyente “no se trata ni más ni menos de generar un nuevo pacto social para Chile”, dijo la cientista político. Y planteó que además de incorporar el principio de lenguaje claro en la ley de Transparencia 2.0 que se tramita en el Congreso, si se quiere superar la profunda crisis de confianza que experimenta el país se “requiere poner al centro la recuperación de la confianza”. Y esto, agregó, “sólo se logra si es posible acercarnos a los ciudadanos y que estos confíen y miren de manera clara, con transparencia, con acceso a la información todo lo que es el proceso de toma de decisiones”.
Explicó además que para el CPLT uno de los focos de trabajo es generar propuestas para el reglamento que debe generar el órgano constituyente una vez conformado. “En la práctica, no solamente el acceso a la información sino que la claridad del leguaje respecto de aquello que se va decidiendo y los pasos que se van tomando hasta llegar a un acuerdo va a ser fundamental para legitimidad misma del proceso”, apuntó.
La politóloga revisó una serie de cifras de estudios desarrollados por el Consejo asociadas a la percepción de las personas con respecto a la información que reciben las instituciones públicas. “En general, y es una cuestión que está en el centro del debate sobre lenguaje claro (…) más que tener la sensación o percepción de que se oculta información hay una cuestión clave respecto de la confusión o poca claridad de la misma”, subrayó De la Fuente.
Si los ciudadanos no entienden, no comprenden, sino se les transmite información en lenguaje claro, es complejo ejercer el derecho de acceso como derecho llave, es decir, como herramienta para acceder a otros derechos, detalló la máxima representante del CPLT. “El lenguaje claro, sin lugar a dudas, es una herramienta y un principio fundamental que debemos promover para fortalecer nuestro desarrollo democrático para el futuro”, finalizó la presidenta del Consejo.
Red de Lenguaje claro
La iniciativa fue organizada por la Red de Lenguaje Claro –integrada por el CPLT, la Academia Judicial, la Contraloría, la Secretaría General de la Presidencia, el Congreso Nacional, la Universidad Católica de Valparaíso, entre otras entidades-. El panel en el que participó la titular de Transparencia, moderado por la profesora de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudia Poblete, estuvo integrado además por Lautaro Muñoz del Programa Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional, la diputada Paulina Núñez y el abogado y profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, José Luis Alliende Leiva.
Tras el anuncio del acceso que solicitarían empresas que comercializan tickets para actividades masivas a las bases de datos del Ministerio de Salud (Minsal), el Consejo para la Transparencia (CPLT) señaló que la actual legislación no entrega herramientas para llevar a cabo una iniciativa como la propuesta, subrayando la implicancia de transferir y tratar datos personales y sensibles, como es el caso de la información de salud. (más…)
Seminario sobre “Lenguaje Claro y Constitución”, que realiza la Red de Lenguaje Claro.
En este Seminario se revisa y debate sobre experiencias cómo el Lenguaje Claro es una herramienta útil para acercar el Estado a la ciudadanía, generando confianza y una relación participativa con el desafío de liderar el proceso de una nueva Constitución.
La nueva presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, destacó detalles del encuentro que sostenido hoy martes con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, con quien revisaron distintos aspectos de una agenda conjunta relacionada con temáticas del ecosistema de transparencia, probidad y acceso a la información pública.
“La idea primero fue un saludo protocolar de la presidencia que asumí hace pocos días en el Consejo para la Transparencia y además reiterarle nuestra vocación de trabajar de manera conjunta en materias que nos competen, pensando sobre todo en los tiempos que vienen en Chile, que van a requerir de un sólido sistema en esta materia”, detalló De la Fuente.
“Hoy renovamos la voluntad de trabajar en una agenda compartida para profundizar la transparencia en la gestión pública”, agregó politóloga y titular del CPLT, con miras a las modificaciones que se esperan en el marco de la discusión del proyecto de ley que moderniza la normativa de Transparencia. Asimismo, De la Fuente detalló la relevancia de impulsar acciones conjuntas y de suma relevancia para el Consejo para la Transparencia en este contexto de debate parlamentario.
“Se requiere fortalecer de manera clara el ecosistema de actores y normas de transparencia. Es parte del ineludible trabajo para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones”, enfatizó la presidenta del Consejo.
La titular de transparencia comentó además que se mantendrá la colaboración con la Contraloría General de la República (CGR) en el marco de la Alianza Anticorrupción, UNCAC, en el que destacó el rol de la CGR impulsando acciones conjuntas de una serie de organismos en estos ámbitos.
