Presidenta del CPLT sobre perfeccionamiento a Ley del Lobby: “debe mejorar la regulación de los sujetos activos”

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A pocos días de una nueva conmemoración del inicio de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, valoró el aporte que esta normativa ha hecho a la transparencia y probidad en el país, pero destacó que requiere una serie de ajustes para dar nuevos pasos en materia de control, involucrando no sólo a las autoridades sino al lobista y a las empresas que contratan Lobby.

“Se reconoce internacionalmente que en Chile hay una buena norma, pero entendemos que -pese a que hay un avance- esta Ley es de 2013, se debe mejorar la regulación de los sujetos activos”.

Para la titular del CPLT la regulación tiene pendiente aún reformas que, a su juicio, son clave en materia de transparencia y probidad para combatir la corrupción y, en definitiva, colaborar con el perfeccionamiento de la democracia. “El foco de la norma actual le pone casi todo el peso de la responsabilidad a los sujetos pasivos, es decir, autoridades que reciben o son sujetos de gestión de intereses, pero poca en los sujetos activos que gestionan los intereses de diverso tipo”.   

La legislación vigente en esta materia establece la obligación para la autoridad, que es sujeto pasivo de lobby, de llevar un registro de las audiencias otorgadas, aunque sin transparentar mayores antecedentes sobre los lobbistas más que los consignados por las mismas autoridades a partir de las respectivas audiencias. Esto implica que la ley sea más bien una agenda pública de las autoridades.

Bajo esta lógica y en paralelo a la ampliación de las obligaciones de Lobby a otros actores, el Consejo propone mejorar la calidad de los mismos, de manera de reforzar el control social de la actividad en distintos temas y conocer quién y por qué se busca influir en el proceso de toma de decisiones, actividad que es completamente legítima. “Aquí hay que avanzar a un mejor registro y más obligaciones”, espetó.

De la Fuente explicó que esta actividad, que es legítima, requiere una normativa perfeccionada con miras a acceder a más información: “Hay que entender que el lobby cuando es una actividad regulada permite disminuir los mantos de opacidad (…) Hay que erradicar espacios extrainstitucionales en la incidencia de toma de decisiones que, al final, lo que hacen, es establecer asimetrías entre las personas y eventualmente la comisión de delitos”.  

Caída de registros 

El Consejo para la Transparencia mantiene el portal electrónico “InfoLobby”, plataforma que consolida registros de audiencias, viajes, donativos, lobistas, gestores de interés, representados en audiencias, autoridades y organismos públicos, entre otros. Desde la entrada en vigencia de la ley en noviembre de 2014 y hasta el octubre de este año, se ha cuantificado la publicación de sobre 1 millón 900 mil registros.

El año 2019, se tuvo un promedio de reporte mensual de 7.786 audiencias, 7.149 viajes y 479 donativos; cifras que comparadas con las del 2020 han registrado una disminución promedio mensual de un 57,3% para audiencias, 65,1% para viajes y 66,7% para donativos. Lo anterior puede entenderse desde el impacto generado por la pandemia por Covid-19 en estas actividades. Si bien desde marzo a octubre 2020 han existido aumentos en los registros reportados, continúan siendo bajos respecto a datos históricos.

Sanciones  

En cuanto al régimen de sanciones que contempla la Ley Nº 20.730, éste también se centra principalmente en la autoridad y su responsabilidad administrativa en el caso de incumplimientos de los registros de agenda pública que regula esta normativa.  La propuesta del CPLT sobre el particular es analizar modalidades de enforcement de la legislación, mediante el establecimiento de sanciones especiales y la asignación la autoridad de un órgano de control especializado para ello. Lo anterior permitirá un mejor control y fiscalización de la transparencia del sistema de la ley y se facilitará el acceso a la información relativa al lobby y la gestión de intereses.

Tras decisión del CPLT Carabineros entrega información sobre funcionarios de civil que prestaron servicios durante el estallido social

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  • La institución había denegado la solicitud de acceso a estos antecedentes, realizada por un periodista de medio de comunicación digital, aludiendo que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de sus funciones y la seguridad de la Nación, causales de reservas que fueron desestimadas parcialmente por el Consejo para la Transparencia (CPLT). 

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Presidenta del CPLT advierte sobre datos personales: “falta actualizar normas en función del cambio tecnológico”

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  • Gloria De la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), apuntó a la urgencia de hacerse cargo de modernizar la ley de protección de datos personales, que no se ha perfeccionado desde los años noventa.  

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Presidenta del CPLT plantea medidas pro transparencia ante aumento del gasto público en áreas sensibles “terreno fértil” para incremento de irregularidades

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  • La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, afirmó que los desafíos que ha impuesto la pandemia al debate presupuestario exigen tomar medidas anticorrupción de manera “urgente y necesaria, para que mañana no tengamos que lamentarnos sobre la leche derramada”.  

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Presidenta del CPLT afirma que proceso constituyente puede ayudar a “recomponer confianza”

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Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), planteó la relevancia de incorporar una mirada desde la anticorrupción y la transparencia en la discusión constitucional, en el marco de un seminario con actores del mundo privado. 

Ante la profunda crisis de confianza social y política que atraviesa el país, caracterizada por la percepción de menores niveles de integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública y de abuso por parte del sector privado, entre otras cuestiones, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, dialogó con diversos actores del mundo privado y del mercado financiero sobre la recuperación de la confianza ciudadana.

La cientista política enfatizó en el malestar generado por situaciones de corrupción y abuso y las diversas señales de desconfianza transversalmente instalada a nivel nacional: “Existe malestar contra el abuso, la desigualdad, pero también como señal de desconfianza en que, bajo las mismas condiciones, el bienestar sea inclusivo para toda la población”.  

Sobre el proceso constituyente, que se desarrollará en un contexto de crisis de confianza en las instituciones en general para De la Fuente “es una oportunidad institucional de encauzar nuestros malestares, conflictos y crisis puede ser una muy buena noticia en el mediano y largo plazo para recomponer confianza”.  

Desde la perspectiva de la titular del CPLT, este debate puede permitir además “avanzar de manera sustantiva en un ecosistema de defensa de derechos fundamentales y de control” en materia de transparencia. A esto se suma la aspiración de que se reconozca el rango constitucional del Consejo para la Transparencia, de manera de extender sus facultades de control y sanción a otros poderes del Estado.

La presidenta del Consejo destacó además el reconocimiento en el nuevo texto constitucional del derecho de acceso a la información pública de manera explícita y del derecho a la protección de datos personales, asociado a la existencia de un órgano garante del cumplimiento de esta normativa.

Corrupción y desigualdad 

De la Fuente revisó también el impacto de la corrupción en la confianza de las instituciones, tanto públicas como privadas, y el rol que juega en la caída de la inversión derivada de la debilidad institucional. En este último caso destacó “la sensación de abuso de poder por parte del sector privado” –derivado de casos de alta connotación pública como la colusión en alimentos básicos- “que están al medio de la crisis de confianza en Chile y que es importante mirar para enfrentarlo más adecuadamente”.  

Refirió además a la desigualdad asociada no sólo a distribución del ingreso: “La corrupción no sólo afecta a la fe pública, una mala utilización de recursos fiscales, en el caso de relaciones perniciosas entre lo público y lo privado, sino que además profundiza la desigualdad. Cuando no tenemos un control adecuado de la corrupción lo afectamos finalmente son las posibilidades de los que menos tienen”. 

Transparencia como valor 

“La transparencia es un valor altamente considerado en Chile” y “una buena palabra”.Sin embargo, para la doctora en Ciencias Sociales, esta percepción debe ir acompañada de un correlato en materia de instrumentalidad del acceso a la información para hacer efectiva la transparencia. Por ello, De la Fuente destacó la necesidad del funcionamiento armónico de un ecosistema de transparencia y probidad –a partir de diversas normativas y con la participación de distintos organismos-, que se haga cargo, dado que es “un camino para reconstruir la confianza”.

“El desarrollo efectivamente, va de la mano con la transparencia y la anticorrupción”, dijo. Y en el contexto actual –como una de las enseñanzas que dejó la pandemia por Covid-19- apuntó a la transparencia proactiva: “Hay una necesidad de que exista un compromiso de instituciones públicas y privadas por ser más proactivos en iniciativas que promuevan la transparencia y la probidad”. Esto dado que el acceso a información y la transparencia demostraron que efectivamente ayudan a la confianza de la ciudadanía y a conseguir que ésta adhiera a medidas o acciones propuestas por las autoridades.

Seminario Descentralizando la Transparencia – Revívelo AQUÍ

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  • Seminario Virtual “Descentralizando la Transparencia: Reflexiones para el fortalecimiento democrático del proceso constituyente”.

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Presidenta del CPLT subraya que la transparencia contribuirá a la legitimidad y confianza” del proceso constituyente

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  • En seminario sobre transparencia y debate constitucional organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), la politóloga y titular del organismo, Gloria de la Fuente, destacó los focos y el trabajo que desarrolla la entidad que lidera hace pocas semanas, con miras al fortalecimiento del proceso que va desde la conformación de su órgano constituyente y durante todo el debate.  

Con la finalidad de reflexionar desde una mirada local sobre los principales desafíos que impone el proceso constituyente en materia de transparencia, participación ciudadana y control social, esta mañana la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, dio inicio a la primera jornada de un seminario organizado por el organismo que encabeza en alianza con universidades de diversas regiones del país.

En su intervención al inicio del espacio de diálogo Descentralizando la Transparencia: Reflexiones para el fortalecimiento democrático del proceso constituyente”, la cientista política planteó la visión y compromiso de la entidad que encabeza respecto de la discusión constitucional y cómo puede el CPLT colaborar con la tarea de garantizar el principio de  transparencia y el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en el proceso y en el nuevo texto constitucional.

“Tenemos uno de  los desafíos más importantes de las últimas décadas”, afirmó la titular del Consejo. En este marco, planteó que se debe entender que “La transparencia es útil y necesaria para el país” y agregó que garantizar el derecho de acceso a la información pública “propicia el control social, la rendición de cuentas responsable y la participación ciudadana para el ejercicio de una buena gobernanza”.  

Para la presidenta del CPLT se debe entender que tras la percepción positiva y demanda de la transparencia como un valor en sí mismo y el derecho de acceso a la información como un instrumento, está el que pueden colaborar con la profundización de la democracia. Agregó al respecto: “El acceso a la información pública es vital en la vida democrática del país, dada la función que tiene de reguladora y como equilibrio de los poderes del estado, en la práctica, en el marco de un ecosistema de transparencia”.

De la Fuente destacó que más allá de que la transparencia sea “un vocablo de buen uso”, es deber del Consejo para la Transparencia dotarlo de un instrumento específico, asociado a la normativa existente en esta materia.  Respecto del debate constitucional, la doctora en Ciencias Sociales sostuvo que en un marco de crisis de confianza en la instituciones, la generación de espacios de transparencia y de acceso a la información pública respecto al órgano constituyente y al proceso mismo “va a contribuir a la legitimidad y confianza de ese proceso”.

Afirmó que se requiere generar “un correlato específico en torno al reglamento del órgano constituyente y a los principios básicos que deben estar instalados en la Constitución”.  Y agregó “Estamos muy enfocados desde el Consejo en empujar una discusión respecto de un  reglamento que permita tener estándares elevados en materia de derecho de acceso a la información pública”. 

Asimismo, la titular de Transparencia indicó que se debe “garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como el reconocimiento constitucional del Consejo”. Esto dado que el reconocimiento explícito de estas cuestiones en el nuevo texto constitucional “permitirá en la práctica poder ampliar nuestro ámbito y órbita de acción”.

Otra cuestión relevante para De la Fuente y que pasa por el reconocimiento del derecho de acceso a la información en el marco constitucional, es su uso como derecho llave: “permite ejercer derechos que sabemos que en la práctica existen y se vinculan con el acceso a la información pública sobre temas de beneficios, servicios públicos, vivienda, salud y otros”.  Lo anterior dado que se ha identificado a nivel local y subnacional un uso más intensivo de este derecho como derecho llave en grupos específicos, mujeres por ejemplo.

Un tema que en la lógica de la descentralización debiera discutirse, comentó la presidenta del Consejo, así como en la lógica de la deficiencia que ha mostrado Chile en materia de participación ciudadana. “Hay también una necesidad de volver a escuchar a los ciudadanos, de promover la participación ciudadana que permita participar, estar presente en los procesos en general, pero de manera informada”, espetó la titular del CPLT.

Aumento de la demanda de acceso a información del Estado

La politóloga destacó también cifras que evidencian un incremento del uso de la Ley de Transparencia, como ocurre con las solicitudes de acceso a la información, que en los 12 años del organismo, han superado el 1 millón 300 oportunidades en que se ha realizado un requerimiento a un organismo público.

Sin embargo, apuntó: “esto no es suficiente y a propósito del proceso constituyente, no se trata solamente de esperar que los ciudadanos lleguen a nosotros”, sino también -a partir de un cambio de paradigma- “esto implica comprometernos  no sólo con otorgar herramientas sino salir a buscar a los ciudadanos, promover el derecho de acceso a la información publica, porque creemos que es una oportunidad de ejercer derechos fundamentales”.  

Presidenta del CPLT: “La corrupción tiene un costo muy alto que terminan pagando ciudadanas y ciudadanos”

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En un debate sobre corrupción y democracia a la luz de los aprendizajes que deja la pandemia por Coronavirus, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, señaló esta mañana que los costos asociados a la corrupción son muy altos y que a su juicio lo “terminan pagando, en general, ciudadanas y ciudadanos, particularmente los más vulnerables, que necesitan mucho más del rol y del trabajo del Estado”.  

En un seminario sobre los avances en este ámbito, en el que participó junto al Contralor General, Jorge Bermúdez, y a Patricio Silva, catedrático de la Universidad de Leiden, Holanda, la titular de transparencia afirmó que el “costo que tiene la corrupción, particularmente en países más pobres es muy complejo“ y “en el marco de la emergencia por Covid-19 “ha sido aún más complejo en la práctica, porque la movilización de recursos para poder paliar los efectos económicos y sociales y de la crisis sanitaria también, son muy altos y esto, en consecuencia, abre espacios para que existan fenómenos de corrupción”.  

De la Fuente, agregó que desde el sector público es clave el trabajo mancomunado de los organismos con facultades en este ámbito, como ocurre con la Contraloría General de la República y el propio Consejo, relación que fue destacada por la titular del CPLT y por Bermúdez en el marco de la actividad: “Para nosotros la Contraloría es un gran aliado en esta lucha en este ecosistema contra la corrupción y en pro de la probidad y la transparencia”.   

De la Fuente comentó también que en esta labor anticorrupción deben sumarse además “instrumentos más eficientes y eficaces”, refiriendo por ejemplo al fortalecimiento de herramientas que permiten ejercer control social y combatir la corrupción –como las de acceso a la información pública-. La presidenta del CPLT planteó en este sentido: “es clave dotar a los países y a la institucionalidad de órganos garantes” y “un ecosistema que debiera cumplir el rol de generar estos instrumentos en contextos en los que se hace más difícil ejercer control social”.  

En la actividad se reflexionó también sobre el papel que debe jugar el mundo privado en este marco, dado que la crisis de desconfianza afecta a todas las instituciones, sin distinción. Al respecto De la Fuente comentó: “Desde el mundo privado claramente hay un rol que tiene que ver con la integridad y ética públicas insoslayable”. Y agregó que “Más allá de la legislación para combatir la corrupción, de tener instrumentos para ejercer el control social, es clave que asuma el rol que le corresponde en garantizar el comportamiento íntegro en situaciones dramáticas que deja la pandemia”. 

La titular del Consejo explicó que actualmente el organismo que encabeza no cuenta con potestades para fiscalizar a privados y que el proyecto que moderniza la normativa, la denominada Ley de Transparencia 2.0 considera avanzar sólo en organizaciones de la sociedad civil. En este escenario, destacó un instrumento muy relevante para el CPLT, asociada con la misión de la entidad “la promoción del acceso a la información en general o de la transparencia como principio, como una cuestión que colabora en la confianza en general, en el mundo público y el privado, más aún en un contexto como el actual en que la desconfianza impera y, por lo tanto, hay buenas prácticas que tenemos y debemos promover”. 

Detalló que el Consejo Directivo de la institución que encabeza en la práctica actúa en lo que han denominado “órbita de control”, definida en la interacción entre el mundo público y el privado –como ocurre por ejemplo en el caso de prestadores de servicios para el Servicio Nacional de Menores (SENAME)-. “Cuando hay una prestación que tiene que ver con la existencia y uso de recursos públicos, eso nos permite en el fondo ir y hacer extensible una solicitud de información”, destacó.

En este sentido, expuso algunos detalles de procesos de fiscalización impulsados por el CPLT en contexto de emergencia sanitaria, por ejemplo en el ámbito de las compras y contrataciones del sector salud –test rápidos o residencias sanitarias- demostrando que “se puede utilizar la solicitud de acceso a la información como instrumento para develar ciertas situaciones”, que pueden derivar en corrupción. En estos ámbitos, además, la politóloga afirmó que es vital en la relación de los privados con lo público para enfrentar la pandemia “tenemos que cuidar las finanzas públicas y propender a la transparencia y en eso hemos estado trabajando como Consejo”. 

¿Qué hacer ante el populismo? 

Entre otras materias se abordó también el fenómeno del populismo, que parecía –acorde a la intervención de la titular del CPLT: “nos damos cuenta que pasa en el siglo XXI y que toma nuevas características,  con características de ellos y nosotros, de esta oposición entre los poderosos versus los no poderosos y es parte del discurso político hoy en día y digo, lamentablemente, porque eso horada las instituciones, que no media por las instituciones y horada aquella posibilidad y genera un flagelo para los sistemas políticos”.  

Ante ello, la propuesta de la presidenta del Consejo para la Transparencia es fortalecer en particular a las instituciones que se dedican a la protección de derechos fundamentales e “instituciones que en la práctica intermedian la relación entre ciudadanos y Estado –como hacen los partidos políticos y otras instituciones-”. Lo anterior, subrayó, “porque en la práctica es lo único que tenemos, para defender los sistemas políticos en beneficio de las mayorías, pero con respeto a las minorías”.  

Presidenta del CPLT señala que el lenguaje claro es un aporte para fortalecer la confianza en el proceso constituyente

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  • La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, compartió un espacio de reflexión con expertos y autoridades para abordar desde distintas dimensiones los desafíos que impone el proceso constituyente en materia de claridad y comprensión de contenidos del nuevo texto constitucional y la toma de decisiones del órgano constituyente pensando en la ciudadanía.  

A pocos días de que se conmemore una año desde la negociación y acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas que abrió paso a una nueva Constitución, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, participó en un seminario en el que se abordaron entre otras interrogantes ¿por qué y para qué hablar de lenguaje claro en el proceso constituyente?

Desde una perspectiva general, la titular de Transparencia apuntó a la oportunidad que genera este hito inédito señalando el aporte que se puede hacer desde el lenguaje claro para fortalecer la confianza: “Tenemos una tremenda herramienta y tremendo compromiso ahora más que nunca en el contexto de la discusión constitucional, pero incluso, antes de eso, en la relación que debe tener el Estado con los ciudadanos en la lógica de romper esta desconfianza que se ha ido instalando de manera acelerada en el espacio político chileno”.

Respecto del proceso constituyente “no se trata ni más ni menos de generar un nuevo pacto social para Chile”, dijo la cientista político. Y planteó que además de incorporar el principio de lenguaje claro en la ley de Transparencia 2.0 que se tramita en el Congreso, si se quiere superar la profunda crisis de confianza que experimenta el país se “requiere poner al centro la recuperación de la confianza”. Y esto, agregó, “sólo se logra si es posible acercarnos a los ciudadanos y que estos confíen y miren de manera clara, con transparencia, con acceso a la información todo lo que es el proceso de toma de decisiones”.

Explicó además que para el CPLT uno de los focos de trabajo es generar propuestas para el reglamento que debe generar el órgano constituyente una vez conformado. “En la práctica, no solamente el acceso a la información sino que la claridad del leguaje respecto de aquello que se va decidiendo y los pasos que se van tomando hasta llegar a un acuerdo va a ser fundamental para legitimidad misma del proceso”, apuntó.

La politóloga revisó una serie de cifras de estudios desarrollados por el Consejo asociadas a la percepción de las personas con respecto a la información que reciben las instituciones públicas. “En general, y es una cuestión que está en el centro del debate sobre lenguaje claro (…) más que tener la sensación o percepción de que se oculta información hay una cuestión clave respecto de la confusión o poca claridad de la misma”, subrayó De la Fuente.

Si los ciudadanos no entienden, no comprenden, sino se les transmite información en lenguaje claro, es complejo ejercer el derecho de acceso como derecho llave, es decir, como herramienta para acceder a otros derechos, detalló la máxima representante del CPLT. “El lenguaje claro, sin lugar a dudas, es una herramienta y un principio fundamental que debemos promover para fortalecer nuestro desarrollo democrático para el futuro”, finalizó la presidenta del Consejo.

Red de Lenguaje claro 

La iniciativa fue organizada por la Red de Lenguaje Claro –integrada por el CPLT, la Academia Judicial, la Contraloría, la Secretaría General de la Presidencia, el Congreso Nacional, la Universidad Católica de Valparaíso, entre otras entidades-. El panel en el que participó la titular de Transparencia, moderado por la profesora de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudia Poblete, estuvo integrado además por Lautaro Muñoz del Programa Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional,  la diputada Paulina Núñez y el abogado y profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, José Luis Alliende Leiva.

Presidenta del CPLT: “Lo que estarían pidiendo las empresas de venta de tickets es información de salud y eso no corresponde”.

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Tras el anuncio del acceso que solicitarían empresas que comercializan tickets para actividades masivas a las bases de datos del Ministerio de Salud (Minsal), el Consejo para la Transparencia (CPLT) señaló que la actual legislación no entrega herramientas para llevar a cabo una iniciativa como la propuesta, subrayando la implicancia de transferir y tratar datos personales y sensibles, como es el caso de la información de salud. (más…)

Consejo de la Sociedad Civil del CPLT realiza primera sesión con nuevos integrantes

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  • Cerca de dos años sin funcionamiento, el Consejo para la Transparencia (CPLT) retoma las actividades de su Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), con 11 integrantes elegidos bajo criterios paritarios y descentralizados, decisión derivada de una consulta pública realizada por el CPLT previo al proceso eleccionario.
  • La presidenta del Consejo realizó un saludo protocolar a los nuevos consejeros y les invitó a colaborar con propuestas orientadas a garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales con miras al proceso constituyente.  

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Seminario Lenguaje Claro y Constitución – Míralo AQUÍ

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Seminario sobre “Lenguaje Claro y Constitución”, que realiza la Red de Lenguaje Claro.

 
 

En este Seminario se revisa y debate sobre experiencias cómo el Lenguaje Claro es una herramienta útil para acercar el Estado a la ciudadanía, generando confianza y una relación participativa con el desafío de liderar el proceso de una nueva Constitución.