• El Consejo para la Transparencia entregó hoy los principales hallazgos de un plan piloto de diálogos ciudadanos desarrollados en diversas regiones del país y que buscó analizar las causales del movimiento social y eventuales caminos de salida desde la visión de las personas.  

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• Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, explicó que se requiere indagar en la situación que afectó a la entidad financiera superada la crisis operacional, dado que “de acuerdo a la información que se ha difundido en medios de comunicación, estaríamos ante un ransomware, un tipo de  malware, que junto con encriptar la información del afectado, en algunos casos podría hacer una copia de ella”. Afirmó que: “Es necesario no dar por cerrada la crisis en materia de datos personales e ir monitoreando una afectación en este sentido”.

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• En el entendido de que la situación excepcional por emergencia sanitaria ha derivado en la realización de encuentros vía videoconferencia, el presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada, explicó que “el hecho de que las audiencias o reuniones de lobby o gestión de intereses se realicen de manera telemática, no exime a las autoridades de registrar éstas en conformidad a la ley”. 
• La normativa de Lobby no establece obligación de grabar ni de difundir videos o audios, sino sólo el deber de llevar los registros de agenda pública. En caso de existir registro, su publicidad debe ser analizada de acuerdo a excepciones legales contempladas en la Ley de Transparencia y al derecho fundamental de inviolabilidad de las comunicaciones privadas.  

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• Antecedentes corresponden a tres patologías y deberán ser desglosados por centro de cultivo. 

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Desde hace un año hemos venido sosteniendo la necesidad de aclarar diversas situaciones administrativas ocurridas en el Consejo para la Transparencia. De esa necesidad se dejó constancia en diversas actas del consejo directivo y se formó un comité revisor de procesos para rectificarlas.

Adicionalmente, se hizo presente a los poderes legisladores la necesidad de cambios legislativos que subsanaran brechas en el gobierno corporativo de nuestra institución, por ejemplo, en materia de conflictos de intereses y puerta giratoria.

En enero de este año, la Contraloría General notificó al Consejo que investigaba una denuncia en contra del consejero Marcelo Drago, de la directora general y del secretario de actas de la institución. Por la gravedad implícita de la acusación, inmediatamente se acordó instruir una investigación sumaria interna y, dados los nuevos antecedentes surgidos de ella, en julio reciente se ordenaron dos nuevas investigaciones.

En paralelo, se formó un comité de fortalecimiento institucional que, recogiendo las inquietudes del consejo directivo y de la Asociación de Funcionarios, impulsó medidas correctivas o preventivas en diversos ámbitos, por ejemplo, mayor transparencia en el trabajo del consejo directivo, mayores exigencias en sus sesiones y actas, y mayor control sobre los bienes institucionales. Asimismo, se acordó la desvinculación del secretario de actas en junio y de la directora general en agosto.

En este contexto, el consejero Marcelo Drago presentó su renuncia el 23 de junio.

El actual consejo directivo ha actuado cohesionado y con decisión para defender la institucionalidad. Siempre tendremos la mejor disposición para esclarecer cualquier duda que exprese la ciudadanía y para colaborar con cualquier cuestionamiento que nos planteen tanto los órganos de control como de investigación judicial.

Finalmente, reafirmamos nuestra obligación de decidir y actuar de acuerdo a lo que dictan las normas vigentes, pero más allá de las exigencias legales, nuestro compromiso también es con lo que creemos éticamente correcto.

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La entidad castrense puede recurrir a la Corte Suprema con el fin de revertir la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que estableció debe darse publicidad al documento tarjando datos personales de contexto y sensibles…

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• El organismo apoya la idea de cambios regulatorios en materia de control del gasto electoral y aportes públicos y privados propuesto por el Servicio Electoral (Servel), además de una serie de acciones en transparencia proactiva en caso de no avanzar en el camino de las modificaciones legales.  

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La iniciativa pasa a la sala de la Cámara Alta para su votación en general. (más…)

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• Según el presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada, no sería proporcional pedir tanta información para medir velocidad de Internet.
• Además, el titular de transparencia sostuvo que la norma europea no permite a las autoridades recabar ese tipo de datos, “porque resulta excesivo para sus funciones”.

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Frente a informaciones de prensa sobre asuntos relativos a ex autoridades y funcionarios del Consejo para la Transparencia (CPLT), se declara lo siguiente:

• En junio de 2019, se formó un Comité Revisor de Procesos Internos para corregir y actualizar sus mecanismos de funcionamiento. En el lapso de este trabajo se pudo detectar, entre otras cuestiones, el atraso en la publicación de actas del Consejo Directivo, situación que finalmente fue enmendada.
• En enero de 2020 se notificó a la institución una denuncia formulada ante la Contraloría General que gatilló una inmediata respuesta: la instrucción de una investigación sumaria que se desarrolló de acuerdo a estrictas normas administrativas y concluyó que existieron faltas que fueron sancionadas. Los hallazgos de esa investigación derivaron en la instrucción, en julio pasado, de otras dos investigaciones sumarias que se encuentran en curso.
• Asimismo, se han proporcionado todos los antecedentes necesarios para que la Contraloría General investigue las denuncias formuladas ante ella y pueda dar respuesta a las inquietudes ciudadanas. Del mismo modo se ha actuado con los requerimientos de la justicia.
• Complementariamente, en marzo de 2020, se creó un Comité de Fortalecimiento Institucional para analizar y corregir nuevas brechas detectadas. El CPLT se hizo cargo de este problema de cara a la ciudadanía, construyendo junto a sus trabajadores un plan de medidas concretas que corrige esas situaciones, robustece su institucionalidad y está a la altura de lo que requiere la ciudadanía en los ámbitos de probidad y transparencia.
• Es voluntad del Consejo para la Transparencia actuar frente a las dudas que pudieran surgir sobre el actuar de sus integrantes, utilizando los mecanismos que le otorga la institucionalidad para investigar y sancionar, si así correspondiera.
• Finalmente, el CPLT en su propuesta de Acuerdo sobre Integridad Pública y Anticorrupción, presentada hace exactamente un año al gobierno, enfatizó que la denominada “puerta giratoria” entre el sector público y privado estaba muy insuficientemente regulada y que permitía situaciones como la que precisamente denuncia el reportaje con relación a un ex consejero.