Tras el inicio esta semana de una consulta pública sobre la creación de un registro de beneficiario final, repositorio único en el que se concentrará información de los dueños reales y/o controladores de empresas o sociedades constituidas en el país, el Consejo para la Transparencia valoró la iniciativa que permitiría disponibilizar información hacia la ciudadanía, permitiendo saber quiénes son los propietarios finales de las empresas, particularmente de aquellas que contratan con el Estado.
“Este registro, por una parte, otorga mayores garantías de igualdad en el acceso al mercado público y, por otra parte, obstaculiza la comisión de delitos que atentan en contra del orden público económico en nuestro país, y en específico, aquellos tales como el lavado de activos, la corrupción, el tráfico ilícito de drogas o de personas”, afirmó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.
El abogado agregó que es de especial interés para la entidad que encabeza por estar dentro de su ámbito de competencias el énfasis que este registro pone en transparentar y promover la publicidad de antecedentes relacionados con los datos referidos a la estructura societaria de las empresas que forman parte del registro de proveedores del Estado.
El titular de Transparencia recordó que el organismo presentó una propuesta para abordar esta materia en el caso de entidades que proveen bienes y servicios al sector público. “Desde el Consejo para la Transparencia propusimos que, junto al registro de proveedores del Estado, se ponga a disposición de la ciudadanía datos referidos a la estructura societaria de las empresas que forman parte del mismo registro”, espetó.
Jaraquemada explicó que en el caso de las compras públicas, el organismo encargado de esta información debiera ser la Dirección de Chile Compras. “Sin embargo –advirtió-, hasta el estado actual de tramitación en que se encuentra el referido proyecto de ley, la propuesta del Consejo no ha sido incorporada”.
El presidente del CPLT agregó que en el caso de las empresas que contratan con el Estado, al tratarse de recursos públicos es relevante promover el control social. “En particular, la contratación con órganos de la Administración del Estado implica actuar con recursos públicos, por lo que la publicidad de los beneficiarios finales de quienes contratan con el Estado permite ejercer un adecuado control social respecto de las inhabilidades contempladas en la ley para celebrar contratos de servicios o suministros con los órganos de la Administración del Estado”, finalizó el titular de Transparencia.
