El Consejo para la Transparencia resolvió acoger el amparo Rol C58-14, deducido en contra de la Armada de Chile y en el cual se solicitaba entregar información respecto de las actas de las juntas de Selección y de Apelación, correspondientes al período de calificación 2012-2013, relativas al sargento segundo Andrés Pérez Terán, de la dotación del Comando de Fuerzas Especiales.

El uniformado había requerido a la Armada de Chile dicha información, pero la institución denegó su entrega argumentando que dichas actas son secretas, ante lo cual recurrió de amparo al Consejo para la Transparencia.
El Consejo Directivo del CPLT derivó el amparo al Comandante en Jefe de la Armada de Chile para que precisara las causales de secreto o reserva de la información.

En sus descargos y observaciones, el órgano del Estado señaló, entre otros argumentos, que de acuerdo a la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, las actas en cuestión “son soberanas en cuanto a las condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos, ajenos a las respectivas instituciones castrenses, la revisión de los fundamentos de sus decisiones”.

Tras realizar una audiencia pública donde fueron escuchadas ambas partes y luego de analizar los antecedentes, el Consejo determinó ordenar la entrega de dichas actas, aludiendo entre otros argumentos, a que el conocimiento de las evaluaciones y calificaciones del solicitante “no permite tener por configurada la afectación a la Seguridad de la Nación”.

El Consejo indicó que “si bien la ley dispone que las actas serán secretas, a juicio de este Consejo, el conocimiento de las actas de las juntas de selección y apelación requeridas, que contienen el mérito de las calificaciones de un sargento 2° de Artillería, no permite tener por configurada la afectación a la Seguridad de la Nación alegada. Esto por cuanto en la especie conocer el mérito de las calificaciones y fundamentos de las evaluaciones de un sargento 2°, relativos a su propio desempeño funcionario, no genera la afectación en análisis. A este respecto, el Consejo ha dado lugar a la causal de reserva alegada, en aquellos casos en que el conocimiento de la información involucra la revelación de antecedentes, tales como, aquellos relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos entre otros”.

Añade que, “en el presente caso, no se aprecia cómo la información relativa a las calificaciones de un funcionario podría afectar la seguridad de la Nación, especialmente tomando en cuenta los antecedentes de hecho que ha descrito la Armada de Chile tanto en sus descargos como aquellos acompañados a la Audiencia Pública convocada en este caso. Esto se ve reforzado por el hecho que la Armada en tales presentaciones, no ha acreditado cómo la divulgación de tales actas, en aquella parte vinculada con el Sr. Pérez Terán, pueda afectar la seguridad de la Nación, sino que ha fundado la causal, en rigor, en la jerarquía de la norma que la contiene. La Armada ha tenido la posibilidad de exhibir tales documentos, a objeto de revisar en concreto la información solicitada y de fundar la causal de reserva alegada, acreditando una expectativa razonable de daño o afectación presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva. Sin embargo, no ha explicado de qué manera conocer esos antecedentes afectaría la seguridad de la Nación, razón por la cual, a juicio de este Consejo, no puede entenderse verificada en este amparo”.

La decisión de acoger el amparo fue acordada por la unanimidad de los consejeros Jorge Jaraquemada (Presidente), Vivianne Blanlot, Alejandro Ferreiro y José Luis Santa María. Y, en virtud de ella, se requirió a la Armada de Chile entregar al solicitante copia de las actas de las juntas de Selección y de Apelación, correspondientes al período de calificación 2012-2013, referidas al sargento segundo Andrés Pérez Terán, de dotación del Comando de Fuerzas Especiales, debiendo aplicar, previo a su entrega, según corresponda, el principio de divisibilidad, consagrado en la letra e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia.

Con la presencia de autoridades y representantes del mundo académico, centros de estudios y organizaciones ciudadanas, el Consejo para la Transparencia presentó su primer número de la Revista Transparencia y Sociedad (T&S), publicación semestral que busca posicionarse como referente y espacio obligado de consulta en materias de transparencia y temáticas afines. El objetivo es contribuir a la consolidación de un campo de investigación de incipiente desarrollo en nuestro país.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, encabezó el lanzamiento destacando que esta nueva publicación responde a un anhelo de larga data en el Consejo, que se sustenta en la promoción y difusión de la transparencia y el derecho de acceso, además de generar un espacio de debate y discusión académica en las materias de nuestra competencia que permita la ampliación de la base de conocimiento disponible en torno a la relevancia del derecho de acceso a la información, la transparencia y sus efectos en la sociedad.

Por su parte, el académico en Derecho Constitucional de la UDP y miembro del Comité Científico, Tomas Vial, agradeció la labor de todos quienes participaron en la primera edición e instó a convocar en la segunda publicación, con el objetivo de continuar entregando miradas que generen un debate amplio y multidisciplinario en materias de transparencia que sean útiles para la sociedad.

Por su parte, el abogado de la Universidad Católica y nuevo integrante del Comité Científico de T&S, Sebastián Soto, resaltó el valor de la revista y entregó su visión de cada uno de los artículos de la primera edición, en lo que constituyó un breve resumen desde la perspectiva nacional hasta la experiencia del acceso a la información en Latinoamérica.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Rodrigo Mora; el presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera Gallo; el ex Consejero y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Roberto Guerrero; así como de distintos representantes de instituciones que han colaborado con la labor del Consejo y en los esfuerzos por instalar la transparencia como un valor fundamental para la gestión pública.

Acerca de la RevistaLa Revista T&S dirigida a autoridades, académicos y profesionales de diversos ámbitos y quehaceres relacionados con la política pública de Transparencia y Acceso a la Información, la conforma un Comité Científico nacional e internacional. Este lo integran académicos y expertos de reconocida trayectoria en los ámbitos de transparencia, gestión y políticas públicas, modernización del Estado y calidad democrática, donde participan Rafael Blanco, Claudio Nash, Juan Cristóbal Peña, Alfredo Rehren, Marcela Ríos y Tomás Vial. A ellos se suman, desde el extranjero, Manuel Villoria, Guilherme Canela de Souza, Guillermo Cejudo y Paloma Baena.

El primer número contiene diversas temáticas:
“Hacia una propuesta de transparencia en los partidos políticos de Chile”, de Emilio Moya Díaz y Verónica Cid Botteselle.

“Una revisión sobre las tensiones entre el derecho a la información y el derecho a la verdad histórica”, de Rodrigo Mora Ortega.

“El Derecho de Acceso a la Información Pública como Principio de Acción en la Modernización de la Gestión Pública y del Estado: Mediciones y Efectos en Chile”, de Eolo Díaz-Tendero y Daniel Pefaur.

“La experiencia mexicana de medición y efectos del acceso a la información en la gestión del Gobierno”, de José Luis Marzal Ruiz y Justino José Núñez Quiroz.

“Medición y efectos del acceso a la información en la Gestión del Estado (Brasil)”, de Anjuli Tostes Faria Osterne junto a Jéssica Schuenck De Melo.

Con miras al segundo número de la revista, el Consejo está convocando a distintos autores para que envíen hasta el 30 de octubre de 2014 sus contribuciones basadas en estudios empíricos, ensayos y comunicación de experiencias relevantes en materia de gestión, docencia e implementación de la transparencia en nuestro país y el mundo.

T&S y sus contenidos se publicarán bajo licencia Creative Commons License 3.0, esto como parte del compromiso del CPLT con la difusión del conocimiento y el fomento de la reutilización de la información pública.

Todos los detalles para enviar sus artículos están en el banner de la Revista T&S al final del sitio www.cplt.cl

El Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, participó como invitado en el seminario “Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública”, organizado por la fundación trasandina Nuevas Generaciones, en Buenos Aires.

La cita, dirigida a ex becarios de la fundación y asesores de diputados y senadores del Congreso de la Nación de Argentina, tuvo por objetivo reflexionar acerca del rol de la Transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia.

En entrevista con el medio argentino, Infobae TV, Jaraquemada señaló que el sentido de la Transparencia es fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer control social respecto del actuar los organismos públicos y quienes los dirigen.

“Con la información pública a la que logra acceder un ciudadano, puede, con conocimiento de causa, hacer un escrutinio de lo que las autoridades están realizando, y por lo tanto, lo importante es que este derecho, sea percibido como tal por la ciudadanía, que haya un órgano autónomo que lo regule y tenga herramientas de fiscalización y sanción” señaló Jaraquemada.

El presidente del CPLT sostuvo que “América Latina está traspasada por una fragilidad institucional que tiene que ver con la prevalencia de instituciones informales como la corrupción, el clientelismo y el nepotismo, etc. Por eso, avanzar en posibilitar el derecho a información es tremendamente relevante”.

Sobre las autoridades en la región, el Presidente del Consejo para la Transparencia dijo que muchas veces se da que quienes llegan al poder sienten que pueden tomar decisiones sin tener que dar explicaciones a la ciudadanía y que la información a la que acceden es de su propiedad. Jaraquemada explicó que esto perjudica el registro público, pues dichas autoridades suelen llevarse con ellos la información al dejar sus cargos. “El gran desafío es que las autoridades en América Latina entiendan que en la medida en que se avance en transparencia se avanza también en la confianza en las instituciones, y en nuestro continente, recuperar la confianza institucional, lo único que hace, es robustecer nuestras democracias”.

Accede a la entrevista completa de Infobae TV

Desde el 7 al 10 de julio, el Consejo para la Transparencia está participando en el II Encuentro Anual del Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsocial), en La Antigua, Guatemala.

Jorge Jaraquemada, Presidente del Consejo para la Transparencia, además de representar a la Secretaría Ejecutiva de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), fue invitado a formar parte del seminario internacional “Mejora de la coordinación interinstitucional en casos de corrupción y delitos económico-financieros” y, específicamente, a integrar la mesa redonda: “Mejor calidad del gasto, mayor impacto en las políticas”. En dicha instancia, compartió reflexiones junto a José Luis Machinea, ex Ministro de Economía y Hacienda de Argentina; Ricardo Martner, Coordinador de Área Fiscal de la División de Desarrollo Económico, CEPAL; Alma Eunice Rendón, Directora General de la Coordinación Intersecretarial, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana SEGOB, México y Nieves Rico, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social, CEPAL.

Además, el presidente del CPLT estará presente en panel “Experiencias internacionales de cooperación en la lucha contra la corrupción” junto a Rocío Paniagua, Asesora de Proyectos de International Bar Association y Ramses Barrera, Red de Recuperación de Activos de GAFISUD.

La actividad, patrocinada por EUROsocial, tiene por objetivo reunir a los principales actores del Programa, en diferentes seminarios que involucran áreas sobre Política Sociales, Finanzas Públicas, Gobernabilidad democrática y Justicia y Seguridad. Con ello, se busca ofrecer un espacio de debate que sirva para mejorar algunos factores clave para el éxito del Programa y para madurar una forma de cooperación que ha demostrado ser eficaz.

AGENDA ACTIVIDADES

Una mayoritaria valoración de la transparencia y del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública por parte de los trabajadores públicos arrojó el II Estudio Nacional de Funcionarios, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Dicha investigación evidenció que el 57% de los funcionarios del sector público considera útil la transparencia en el Estado y un 94% cree que el acceso de los ciudadanos a la información pública es necesario.

La encuesta, que busca analizar el nivel de penetración de la cultura de la probidad entre los funcionarios del sector público, se realizó a 1.059 trabajadores de instituciones estatales y municipalidades de las 15 regiones del país.

Los resultados indican que el 64% de los funcionarios cree que el Estado es “transparente” y un 56% lo califica como “eficiente”.

En cuanto a quiénes hacen uso del derecho de acceso a la información pública, los trabajadores opinan que es la propia administración pública la que más utiliza esta garantía (16,3%), seguida por los periodistas (14,9%) y la ciudadanía (14,6%).

Consultados sobre cuál es la principal razón por la cual se pide información pública, el 23,8% sostuvo que es “para conocer o postular a beneficios y subsidios”, mientras que un 17,7% cree que es para “solucionar un problema” y un 14,4% “para desenmascarar una irregularidad”.

En cuanto a los beneficios que reporta para el país la existencia de la política de transparencia, el 54% opina que brinda información a los ciudadanos sobre lo que hace el Estado, mientras que un 51% sostiene que fomenta la participación ciudadana. A su vez, mayoritariamente creen que genera un mayor acercamiento entre las personas y los organismos públicos (59%) y mejora la imagen de las instituciones y funcionarios públicos (48%).

“La valoración que los funcionarios tienen de la Ley de Transparencia radica en los beneficios concretos que pueden observar tanto para el país, los ciudadanos y ellos mismos. Pueden constatar, en su trabajo diario, que gracias a la Ley de Transparencia se ha generado un mayor acercamiento entre los ciudadanos y los organismos públicos y que ha mejorado su imagen ante la población”, afirmó el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada.

El II Estudio Nacional del CPLT también arrojó que un 93,8% de los funcionarios considera que la ciudadanía tiene derecho a reclamar cuando un organismo público no entrega la información que solicitó.

A su vez, un 86,5% cree que, cuando una persona pide información a un organismo del Estado, éste está obligado a entregarla. En tanto, un 89% opina que “hay cierta información que, por su naturaleza, debe ser mantenida bajo secreto/reserva”.

PRESENTACIÓN RESULTADOS

ESTUDIO FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Hasta la Dirección General de Carabineros llegaron esta mañana el Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, su Director Jurídico, Rubén Burgos y el Jefe de la Unidad de Análisis de Fondo, David Ibaceta, para la ceremonia de firma de un convenio de cooperación entre el Consejo para la Transparencia (CPLT) y Carabineros de Chile, con miras la implementación de un sistema piloto de notificación electrónica de amparos y reclamos para agilizar los tiempos de tramitación de los mismos.

Raúl Ferrada, destacó que “con este convenio, Carabineros y el CPLT innovan en el procedimiento de resolución de amparos con el propósito de dar una respuesta más oportuna a los solicitantes de información a través de la implementación de un proyecto piloto que podría extenderse en el futuro a otros organismos”.

En la misma línea, el Coronel Ramiro Larraín, Jefe del Departamento de Información Pública de Carabineros, señaló que “este convenio constituye en un gran avance con miras a una futura digitalización y no sólo significa una agilización del sistema, sino que un ahorro de importante en cuanto a recursos humanos y materiales”.

En la cita, el coronel Larraín reiteró el compromiso de Carabineros con la transparencia y el acceso a la información pública de los cuidadanos, expresando el interés institucional en avanzar en una relación de colaboración permanente con el Consejo para la Transparencia.

Es consustancial a la democracia la existencia de un sistema de rendición de cuentas que se aplique a cualquier autoridad pública y que considere la participación de la ciudadanía para permitir el control social de su comportamiento y la adecuación con sus deberes públicos.

Rendir cuentas implica que quienes ejercen poder transparenten y justifiquen sus acciones ante la sociedad, y que el Estado se abra a la indagación y al escrutinio ciudadano para evitar la opacidad y desincentivar la discrecionalidad. Se trata, también, de que la ciudadanía participe y fiscalice a sus autoridades para que, eventualmente, pueda premiarlas o castigarlas con su voto.

En los últimos años ha habido señeras iniciativas surgidas desde la sociedad civil organizada para avanzar hacia una política pública de transparencia. Por ejemplo, el empeño de Pro-Bono y de Pro-Acceso por empujar el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, incluso recurriendo exitosamente a la Corte Interamericana; los estudios de Chile Transparente para poner de relieve los riesgos de la corrupción y sugerir las mejores prácticas para prevenirla; o las precoces iniciativas tecnológicas de Ciudadano Inteligente para facilitar a la gente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Su dedicación, y también la de un grupo de senadores, para blindar la libertad de información, apoyando decididamente la consagración constitucional del principio de transparencia y el derecho de acceso —en actual trámite legislativo—, han tenido muy presente que la sola probabilidad de que las conductas impropias sean develadas y castigadas es un disuasivo robusto.

Coherente con ello, el Consejo para la Transparencia está implementando desde 2013 su Política de Participación Ciudadana, optando por el desarrollo de mecanismos innovadores que permitan e incentiven los aportes de la sociedad civil. En esa línea, próximamente lanzaremos la plataforma “Consejo en línea” —mecanismo conocido en el extranjero como e-petition—, iniciativa que busca generar un compromiso con la ciudadanía para perfeccionar de manera conjunta las políticas, decisiones y gestiones de esta corporación.

A su vez, en lo que parece un ejercicio inédito en el ámbito estatal, se realizó una “Cuenta Pública Participativa”, cuyo plazo de 30 días para plantear opiniones, críticas y sugerencias dejó un conjunto de buenas ideas que el Consejo se ha comprometido a considerar en su planificación estratégica.

Este proceso nos revela que los ciudadanos están demandando mayor fiscalización y sanciones más severas hacia aquellos organismos que no cumplen con su deber de transparentar su gestión, bloqueando el acceso de las personas a la información pública. La voz ciudadana, expresada en este ejercicio de rendición de cuentas participativo, muestra que la transparencia es un valor ya instalado en nuestra sociedad y que ahora la exigencia social es avanzar en su consolidación.

En el salón del Concejo Municipal de Temuco, se desarrolló la ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en el marco del convenio de trabajo del Consejo para la Transparencia con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Asociación Chilena de Municipalidades.

En total fueron 22 los municipios de La Araucanía, quienes se comprometieron a mejorar sus estándares en transparencia y firmaron el convenio con el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Raúl Ferrada, Director General del CPLT, dijo que “el alcance de este convenio tiene que ver con la implementación de un modelo de gestión en transparencia municipal, aplicación que tiene por finalidad que los vecinos cuenten con toda la información necesaria para participar en la gestión de los municipios, para hacer control de las decisiones de las autoridades”.

Por su parte, el Alcalde de Temuco, Miguel Becker, precisó que el municipio desde que se puso en vigencia la Ley N° 20.285, trabaja los temas relativos a la transparencia. “Ahora lo importante es informar a la comunidad, ya que ellos están facultados por ley a poder solicitar información y el municipio a entregarla en forma oportuna, por lo tanto creo que es muy bueno y le hace muy bien a la administración del Estado que las cosas se hagan en forma transparente, no solo en los municipios, sino también en todas las instituciones del Estado de Chile”, puntualizó.

Además de la Municipalidad de Temuco, se sumaron a esta iniciativa los alcaldes y representantes de los municipios de Angol, Carahue, Cholchol, Collipulli, Cunco, Curacautín, Ercilla, Freire, Gorbea, Loncoche, Los Sauces, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Perquenco, Pitrufquén, Pucón, Puerto Saavedra, Purén, Toltén, Traiguén y Lautaro

La jornada contempló una capacitación dirigida a los funcionarios encargados de los temas relativos a transparencia para orientarlos en el uso del Modelo de Gestión Municipal y el Portal de Transparencia del Estado, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Al cumplirse un año de su puesta en marcha, el 46 % de la administración pública está en el Portal de Transparencia del Estado de Chile, uno de los proyectos más emblemáticos de la transparencia en el mundo público. De este modo, actualmente el 53% de las municipalidades y el 39% de los organismos del gobierno central ya están operando en esta plataforma virtual que es administrada por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Esta iniciativa, que paulatinamente ha ido aglutinando en un solo sitio electrónico a organismos, servicios públicos y municipalidades, constituye una gran ventana virtual que facilita a las personas el ejercicio de su derecho a conocer la informa¬ción pública. Es así como, a la fecha, los ciudadanos han presentado a través del Portal de Transparencia más de 10.200 solicitudes de información, dirigidas a los distintos organismos y municipios que ya están incorporados en este sitio.

314 organismos públicos ya operan en el Portal

El Portal, iniciativa impulsada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en colaboración con el Gobierno, busca integrar y gestionar la información de toda la Administración General del Estado de modo que los ciudadanos puedan solicitar, de manera simple y directa, la información pública que requieren, accediendo a www.portaltransparencia.cl

La incorporación de los organismos y servicios públicos, así como de los municipios, ha sido paulatina. A la fecha, 184 de los 345 municipios ya están operando en el Portal; mientras que, a nivel de organismos del gobierno central, 128 de los 327 se encuentran incorporados.

En cuanto a los organismos autónomos, en diciembre pasado, el Poder Judicial, el Senado, la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República decidieron, de manera voluntaria, plegarse al Portal de Transparencia. Actualmente, el Poder Judicial ya está activo en la plataforma; la Contraloría iniciará pruebas de interoperación con el Portal en julio; y el Senado y la Cámara de Diputados están en etapa de análisis y planificación.

En suma, hoy existen 314 organismos públicos incorporados en esta plataforma electrónica.

Respecto de las solicitudes de acceso a la información formuladas por los ciudadanos a través del Portal, ellas superan las 10.200 y el 77% de ellas han sido respondidas en un promedio de 20 días corridos. Las visitas al sitio electrónico, a su vez, han registrado un aumento sostenido de modo que, en los últimos tres meses, se están registrando un promedio de 19 mil visitas al mes.

Organismos y Municipios con más solicitudes de información

En el ámbito de los organismos y servicios públicos, las instituciones que han recibido mayor volumen de solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos son:

Mientras que, en el ámbito municipal, los municipios que registran la mayor cantidad de solicitudes acumuladas, independiente de su fecha de incorporación al Portal, está liderado por Santiago, seguido de Peñalolén y Vitacura. A nivel regional, lidera el ranking de solicitudes acumuladas la municipalidad de Rancagua.

Un total de 18 municipios se comprometieron a mejorar sus estándares de cumplimiento en materias de transparencia, a través de la firma de convenio suscrito con el Consejo para la Transparencia (CPLT).

El encuentro tuvo como objetivo capacitar a los funcionarios municipales en el cumplimiento de los estándares de transparencia y, a su vez, difundir una serie de herramientas y buenas prácticas, lo que culminó con la firma de un convenio y el compromiso de los alcaldes de implementar el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal e integrarse al Portal de Transparencia del Estado.

Raúl Ferrada, Director General del CPLT firmó acuerdos de cooperación —en el marco del convenio de trabajo del Consejo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y la Asociación Chilena de Municipalidades de Chile (ACHM)— con los alcaldes y representantes de los municipios de Valparaíso, Algarrobo, La Ligua, Casablanca, San Felipe, Putaendo, Catemu, Los Andes, Quintero, El Tabo, Nogales, San Esteban, Santo Domingo, Llay Llay, La Cruz, Cartagena, El Quisco y La Calera.

Tras las firmas de convenio, el jefe de Unidad Regional Subdere, Eduardo Pasten, apoyó el trabajo municipal que se está realizando en la implementación de la Ley de Transparencia y sostuvo que se potenciará y avanzará en materia de participación ciudadana.

Por su parte, el Administrador Municipal de Valparaíso, Jaime Varas, agradeció la instancia y valoró lo que significa para los municipios firmar este compromiso.

Al finalizar, el Director General del CPLT, Raúl Ferrada, reconoció la adhesión voluntaria de los alcaldes al convenio que buscar elevar los estándares de cumplimiento en transparencia en la gestión municipal, y propicia un acercamiento con los vecinos. “Queremos que este compromiso sea un aporte para la los municipios y, con esta firma, damos inicio a un fructífero trabajo colaborativo”, afirmó.

Rubén Burgos, Director Jurídico del CPLT (en representación del Director General, Raúl Ferrada) y José Luis Rodríguez Álvarez, Director de la AEPD

Con el fin de promover la difusión del derecho a la protección de datos de carácter personal y el fomento de estudios e investigaciones sobre esta materia, el Consejo para la Transparencia (CPLT) renovó su convenio con la Agencia Española de Protección de Datos el pasado 5 de junio. Dicho acuerdo, suscrito en mayo de 2011, contempla a su vez el intercambio de experiencias de mutuo interés entre ambas instituciones, trabajo colaborativo que se prolongará por dos años más.

El Director General del CPLT, Raúl Ferrada, indicó al respecto que “el sentido de este acuerdo es contar con un canal directo de cooperación con la agencia para intercambiar información, jurisprudencia, estudios y desarrollar actividades en conjunto, en España o en Chile, en los temas que nos convocan”.

Las implicancias de esta alianza son relevantes para el Consejo pues, a su juicio, “tenemos el afán de intercambiar opiniones, buenas prácticas y desarrollar los estudios que puedan colaborar con el desarrollo de nuestro sistema de protección de datos. Es importante mantener los vínculos que nos permiten realizar nuestras funciones de forma más adecuada”.

Entre las actividades efectuadas en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, se destaca el Seminario “Protección de Datos Personales: Desafíos Jurídicos y Tecnológicos”, realizado en Chile en 2013 con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta misma línea, se han realizado visitas de carácter técnico e intercambio de experiencias para consolidar la relación con la entidad española.

Ambas instituciones son parte de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, foro creado para fomentar y mantener el intercambio de información y conocimientos entre los países participantes.

Los días 9, 10 y 11 de junio un equipo del Consejo para la Transparencia (CPLT) estará encabezando el Taller Regional para la construcción de un Modelo de Gestión de Archivos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), en Bogotá, Colombia.

La actividad, patrocinada por el Programa para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial), se plantea como desafío metodológico, la incorporación de diversas realidades presentes de los países participantes para construir un modelo latinoamericano consensuado de la gestión de archivos.

El objetivo principal es establecer las características y atributos del Modelo regional de gestión documental y de administración de archivos que considere experiencias exitosas a nivel internacional.

Al respecto, Raúl Ferrada, Director General del CPLT, sostuvo que “hemos logrado convocar a la RTA en un primer taller y tenemos la certeza de que este es el inicio de un trabajo que va a ser muy fructífero, que va a derivar en que desde ahora a diciembre de este año contemos con una primera versión del modelo de gestión de archivos para la región”.

Los representantes del Consejo, encabezados por Eduardo González, Director de Operaciones y Sistemas, y Leslie Montoya, Analista de la Unidad de Normativa y Regulación, participarán en las charlas, en las que se identificarán una serie de ejemplos de buenas prácticas.

En el encuentro participarán delegados de Perú, México, Uruguay, Guatemala, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y España.

Las presentaciones se centrarán en la identificación de casos de éxito internacionales en relación a la gestión de archivos, para posteriormente definir las dimensiones del Modelo y especificar las herramientas de gestión que posibiliten la optimización de los procesos involucrados.

Los invitamos a revisar el programa del evento visitar el sitio web del encuentro.