El Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, participó como invitado en el seminario “Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública”, organizado por la fundación trasandina Nuevas Generaciones, en Buenos Aires.

La cita, dirigida a ex becarios de la fundación y asesores de diputados y senadores del Congreso de la Nación de Argentina, tuvo por objetivo reflexionar acerca del rol de la Transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia.

En entrevista con el medio argentino, Infobae TV, Jaraquemada señaló que el sentido de la Transparencia es fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer control social respecto del actuar los organismos públicos y quienes los dirigen.

“Con la información pública a la que logra acceder un ciudadano, puede, con conocimiento de causa, hacer un escrutinio de lo que las autoridades están realizando, y por lo tanto, lo importante es que este derecho, sea percibido como tal por la ciudadanía, que haya un órgano autónomo que lo regule y tenga herramientas de fiscalización y sanción” señaló Jaraquemada.

El presidente del CPLT sostuvo que “América Latina está traspasada por una fragilidad institucional que tiene que ver con la prevalencia de instituciones informales como la corrupción, el clientelismo y el nepotismo, etc. Por eso, avanzar en posibilitar el derecho a información es tremendamente relevante”.

Sobre las autoridades en la región, el Presidente del Consejo para la Transparencia dijo que muchas veces se da que quienes llegan al poder sienten que pueden tomar decisiones sin tener que dar explicaciones a la ciudadanía y que la información a la que acceden es de su propiedad. Jaraquemada explicó que esto perjudica el registro público, pues dichas autoridades suelen llevarse con ellos la información al dejar sus cargos. “El gran desafío es que las autoridades en América Latina entiendan que en la medida en que se avance en transparencia se avanza también en la confianza en las instituciones, y en nuestro continente, recuperar la confianza institucional, lo único que hace, es robustecer nuestras democracias”.

Accede a la entrevista completa de Infobae TV

Desde el 7 al 10 de julio, el Consejo para la Transparencia está participando en el II Encuentro Anual del Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsocial), en La Antigua, Guatemala.

Jorge Jaraquemada, Presidente del Consejo para la Transparencia, además de representar a la Secretaría Ejecutiva de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), fue invitado a formar parte del seminario internacional “Mejora de la coordinación interinstitucional en casos de corrupción y delitos económico-financieros” y, específicamente, a integrar la mesa redonda: “Mejor calidad del gasto, mayor impacto en las políticas”. En dicha instancia, compartió reflexiones junto a José Luis Machinea, ex Ministro de Economía y Hacienda de Argentina; Ricardo Martner, Coordinador de Área Fiscal de la División de Desarrollo Económico, CEPAL; Alma Eunice Rendón, Directora General de la Coordinación Intersecretarial, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana SEGOB, México y Nieves Rico, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social, CEPAL.

Además, el presidente del CPLT estará presente en panel “Experiencias internacionales de cooperación en la lucha contra la corrupción” junto a Rocío Paniagua, Asesora de Proyectos de International Bar Association y Ramses Barrera, Red de Recuperación de Activos de GAFISUD.

La actividad, patrocinada por EUROsocial, tiene por objetivo reunir a los principales actores del Programa, en diferentes seminarios que involucran áreas sobre Política Sociales, Finanzas Públicas, Gobernabilidad democrática y Justicia y Seguridad. Con ello, se busca ofrecer un espacio de debate que sirva para mejorar algunos factores clave para el éxito del Programa y para madurar una forma de cooperación que ha demostrado ser eficaz.

AGENDA ACTIVIDADES

Una mayoritaria valoración de la transparencia y del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública por parte de los trabajadores públicos arrojó el II Estudio Nacional de Funcionarios, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Dicha investigación evidenció que el 57% de los funcionarios del sector público considera útil la transparencia en el Estado y un 94% cree que el acceso de los ciudadanos a la información pública es necesario.

La encuesta, que busca analizar el nivel de penetración de la cultura de la probidad entre los funcionarios del sector público, se realizó a 1.059 trabajadores de instituciones estatales y municipalidades de las 15 regiones del país.

Los resultados indican que el 64% de los funcionarios cree que el Estado es “transparente” y un 56% lo califica como “eficiente”.

En cuanto a quiénes hacen uso del derecho de acceso a la información pública, los trabajadores opinan que es la propia administración pública la que más utiliza esta garantía (16,3%), seguida por los periodistas (14,9%) y la ciudadanía (14,6%).

Consultados sobre cuál es la principal razón por la cual se pide información pública, el 23,8% sostuvo que es “para conocer o postular a beneficios y subsidios”, mientras que un 17,7% cree que es para “solucionar un problema” y un 14,4% “para desenmascarar una irregularidad”.

En cuanto a los beneficios que reporta para el país la existencia de la política de transparencia, el 54% opina que brinda información a los ciudadanos sobre lo que hace el Estado, mientras que un 51% sostiene que fomenta la participación ciudadana. A su vez, mayoritariamente creen que genera un mayor acercamiento entre las personas y los organismos públicos (59%) y mejora la imagen de las instituciones y funcionarios públicos (48%).

“La valoración que los funcionarios tienen de la Ley de Transparencia radica en los beneficios concretos que pueden observar tanto para el país, los ciudadanos y ellos mismos. Pueden constatar, en su trabajo diario, que gracias a la Ley de Transparencia se ha generado un mayor acercamiento entre los ciudadanos y los organismos públicos y que ha mejorado su imagen ante la población”, afirmó el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada.

El II Estudio Nacional del CPLT también arrojó que un 93,8% de los funcionarios considera que la ciudadanía tiene derecho a reclamar cuando un organismo público no entrega la información que solicitó.

A su vez, un 86,5% cree que, cuando una persona pide información a un organismo del Estado, éste está obligado a entregarla. En tanto, un 89% opina que “hay cierta información que, por su naturaleza, debe ser mantenida bajo secreto/reserva”.

PRESENTACIÓN RESULTADOS

ESTUDIO FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Hasta la Dirección General de Carabineros llegaron esta mañana el Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, su Director Jurídico, Rubén Burgos y el Jefe de la Unidad de Análisis de Fondo, David Ibaceta, para la ceremonia de firma de un convenio de cooperación entre el Consejo para la Transparencia (CPLT) y Carabineros de Chile, con miras la implementación de un sistema piloto de notificación electrónica de amparos y reclamos para agilizar los tiempos de tramitación de los mismos.

Raúl Ferrada, destacó que “con este convenio, Carabineros y el CPLT innovan en el procedimiento de resolución de amparos con el propósito de dar una respuesta más oportuna a los solicitantes de información a través de la implementación de un proyecto piloto que podría extenderse en el futuro a otros organismos”.

En la misma línea, el Coronel Ramiro Larraín, Jefe del Departamento de Información Pública de Carabineros, señaló que “este convenio constituye en un gran avance con miras a una futura digitalización y no sólo significa una agilización del sistema, sino que un ahorro de importante en cuanto a recursos humanos y materiales”.

En la cita, el coronel Larraín reiteró el compromiso de Carabineros con la transparencia y el acceso a la información pública de los cuidadanos, expresando el interés institucional en avanzar en una relación de colaboración permanente con el Consejo para la Transparencia.

Es consustancial a la democracia la existencia de un sistema de rendición de cuentas que se aplique a cualquier autoridad pública y que considere la participación de la ciudadanía para permitir el control social de su comportamiento y la adecuación con sus deberes públicos.

Rendir cuentas implica que quienes ejercen poder transparenten y justifiquen sus acciones ante la sociedad, y que el Estado se abra a la indagación y al escrutinio ciudadano para evitar la opacidad y desincentivar la discrecionalidad. Se trata, también, de que la ciudadanía participe y fiscalice a sus autoridades para que, eventualmente, pueda premiarlas o castigarlas con su voto.

En los últimos años ha habido señeras iniciativas surgidas desde la sociedad civil organizada para avanzar hacia una política pública de transparencia. Por ejemplo, el empeño de Pro-Bono y de Pro-Acceso por empujar el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, incluso recurriendo exitosamente a la Corte Interamericana; los estudios de Chile Transparente para poner de relieve los riesgos de la corrupción y sugerir las mejores prácticas para prevenirla; o las precoces iniciativas tecnológicas de Ciudadano Inteligente para facilitar a la gente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Su dedicación, y también la de un grupo de senadores, para blindar la libertad de información, apoyando decididamente la consagración constitucional del principio de transparencia y el derecho de acceso —en actual trámite legislativo—, han tenido muy presente que la sola probabilidad de que las conductas impropias sean develadas y castigadas es un disuasivo robusto.

Coherente con ello, el Consejo para la Transparencia está implementando desde 2013 su Política de Participación Ciudadana, optando por el desarrollo de mecanismos innovadores que permitan e incentiven los aportes de la sociedad civil. En esa línea, próximamente lanzaremos la plataforma “Consejo en línea” —mecanismo conocido en el extranjero como e-petition—, iniciativa que busca generar un compromiso con la ciudadanía para perfeccionar de manera conjunta las políticas, decisiones y gestiones de esta corporación.

A su vez, en lo que parece un ejercicio inédito en el ámbito estatal, se realizó una “Cuenta Pública Participativa”, cuyo plazo de 30 días para plantear opiniones, críticas y sugerencias dejó un conjunto de buenas ideas que el Consejo se ha comprometido a considerar en su planificación estratégica.

Este proceso nos revela que los ciudadanos están demandando mayor fiscalización y sanciones más severas hacia aquellos organismos que no cumplen con su deber de transparentar su gestión, bloqueando el acceso de las personas a la información pública. La voz ciudadana, expresada en este ejercicio de rendición de cuentas participativo, muestra que la transparencia es un valor ya instalado en nuestra sociedad y que ahora la exigencia social es avanzar en su consolidación.

En el salón del Concejo Municipal de Temuco, se desarrolló la ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en el marco del convenio de trabajo del Consejo para la Transparencia con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Asociación Chilena de Municipalidades.

En total fueron 22 los municipios de La Araucanía, quienes se comprometieron a mejorar sus estándares en transparencia y firmaron el convenio con el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Raúl Ferrada, Director General del CPLT, dijo que “el alcance de este convenio tiene que ver con la implementación de un modelo de gestión en transparencia municipal, aplicación que tiene por finalidad que los vecinos cuenten con toda la información necesaria para participar en la gestión de los municipios, para hacer control de las decisiones de las autoridades”.

Por su parte, el Alcalde de Temuco, Miguel Becker, precisó que el municipio desde que se puso en vigencia la Ley N° 20.285, trabaja los temas relativos a la transparencia. “Ahora lo importante es informar a la comunidad, ya que ellos están facultados por ley a poder solicitar información y el municipio a entregarla en forma oportuna, por lo tanto creo que es muy bueno y le hace muy bien a la administración del Estado que las cosas se hagan en forma transparente, no solo en los municipios, sino también en todas las instituciones del Estado de Chile”, puntualizó.

Además de la Municipalidad de Temuco, se sumaron a esta iniciativa los alcaldes y representantes de los municipios de Angol, Carahue, Cholchol, Collipulli, Cunco, Curacautín, Ercilla, Freire, Gorbea, Loncoche, Los Sauces, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Perquenco, Pitrufquén, Pucón, Puerto Saavedra, Purén, Toltén, Traiguén y Lautaro

La jornada contempló una capacitación dirigida a los funcionarios encargados de los temas relativos a transparencia para orientarlos en el uso del Modelo de Gestión Municipal y el Portal de Transparencia del Estado, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Al cumplirse un año de su puesta en marcha, el 46 % de la administración pública está en el Portal de Transparencia del Estado de Chile, uno de los proyectos más emblemáticos de la transparencia en el mundo público. De este modo, actualmente el 53% de las municipalidades y el 39% de los organismos del gobierno central ya están operando en esta plataforma virtual que es administrada por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Esta iniciativa, que paulatinamente ha ido aglutinando en un solo sitio electrónico a organismos, servicios públicos y municipalidades, constituye una gran ventana virtual que facilita a las personas el ejercicio de su derecho a conocer la informa¬ción pública. Es así como, a la fecha, los ciudadanos han presentado a través del Portal de Transparencia más de 10.200 solicitudes de información, dirigidas a los distintos organismos y municipios que ya están incorporados en este sitio.

314 organismos públicos ya operan en el Portal

El Portal, iniciativa impulsada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en colaboración con el Gobierno, busca integrar y gestionar la información de toda la Administración General del Estado de modo que los ciudadanos puedan solicitar, de manera simple y directa, la información pública que requieren, accediendo a www.portaltransparencia.cl

La incorporación de los organismos y servicios públicos, así como de los municipios, ha sido paulatina. A la fecha, 184 de los 345 municipios ya están operando en el Portal; mientras que, a nivel de organismos del gobierno central, 128 de los 327 se encuentran incorporados.

En cuanto a los organismos autónomos, en diciembre pasado, el Poder Judicial, el Senado, la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República decidieron, de manera voluntaria, plegarse al Portal de Transparencia. Actualmente, el Poder Judicial ya está activo en la plataforma; la Contraloría iniciará pruebas de interoperación con el Portal en julio; y el Senado y la Cámara de Diputados están en etapa de análisis y planificación.

En suma, hoy existen 314 organismos públicos incorporados en esta plataforma electrónica.

Respecto de las solicitudes de acceso a la información formuladas por los ciudadanos a través del Portal, ellas superan las 10.200 y el 77% de ellas han sido respondidas en un promedio de 20 días corridos. Las visitas al sitio electrónico, a su vez, han registrado un aumento sostenido de modo que, en los últimos tres meses, se están registrando un promedio de 19 mil visitas al mes.

Organismos y Municipios con más solicitudes de información

En el ámbito de los organismos y servicios públicos, las instituciones que han recibido mayor volumen de solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos son:

Mientras que, en el ámbito municipal, los municipios que registran la mayor cantidad de solicitudes acumuladas, independiente de su fecha de incorporación al Portal, está liderado por Santiago, seguido de Peñalolén y Vitacura. A nivel regional, lidera el ranking de solicitudes acumuladas la municipalidad de Rancagua.

Un total de 18 municipios se comprometieron a mejorar sus estándares de cumplimiento en materias de transparencia, a través de la firma de convenio suscrito con el Consejo para la Transparencia (CPLT).

El encuentro tuvo como objetivo capacitar a los funcionarios municipales en el cumplimiento de los estándares de transparencia y, a su vez, difundir una serie de herramientas y buenas prácticas, lo que culminó con la firma de un convenio y el compromiso de los alcaldes de implementar el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal e integrarse al Portal de Transparencia del Estado.

Raúl Ferrada, Director General del CPLT firmó acuerdos de cooperación —en el marco del convenio de trabajo del Consejo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y la Asociación Chilena de Municipalidades de Chile (ACHM)— con los alcaldes y representantes de los municipios de Valparaíso, Algarrobo, La Ligua, Casablanca, San Felipe, Putaendo, Catemu, Los Andes, Quintero, El Tabo, Nogales, San Esteban, Santo Domingo, Llay Llay, La Cruz, Cartagena, El Quisco y La Calera.

Tras las firmas de convenio, el jefe de Unidad Regional Subdere, Eduardo Pasten, apoyó el trabajo municipal que se está realizando en la implementación de la Ley de Transparencia y sostuvo que se potenciará y avanzará en materia de participación ciudadana.

Por su parte, el Administrador Municipal de Valparaíso, Jaime Varas, agradeció la instancia y valoró lo que significa para los municipios firmar este compromiso.

Al finalizar, el Director General del CPLT, Raúl Ferrada, reconoció la adhesión voluntaria de los alcaldes al convenio que buscar elevar los estándares de cumplimiento en transparencia en la gestión municipal, y propicia un acercamiento con los vecinos. “Queremos que este compromiso sea un aporte para la los municipios y, con esta firma, damos inicio a un fructífero trabajo colaborativo”, afirmó.

Rubén Burgos, Director Jurídico del CPLT (en representación del Director General, Raúl Ferrada) y José Luis Rodríguez Álvarez, Director de la AEPD

Con el fin de promover la difusión del derecho a la protección de datos de carácter personal y el fomento de estudios e investigaciones sobre esta materia, el Consejo para la Transparencia (CPLT) renovó su convenio con la Agencia Española de Protección de Datos el pasado 5 de junio. Dicho acuerdo, suscrito en mayo de 2011, contempla a su vez el intercambio de experiencias de mutuo interés entre ambas instituciones, trabajo colaborativo que se prolongará por dos años más.

El Director General del CPLT, Raúl Ferrada, indicó al respecto que “el sentido de este acuerdo es contar con un canal directo de cooperación con la agencia para intercambiar información, jurisprudencia, estudios y desarrollar actividades en conjunto, en España o en Chile, en los temas que nos convocan”.

Las implicancias de esta alianza son relevantes para el Consejo pues, a su juicio, “tenemos el afán de intercambiar opiniones, buenas prácticas y desarrollar los estudios que puedan colaborar con el desarrollo de nuestro sistema de protección de datos. Es importante mantener los vínculos que nos permiten realizar nuestras funciones de forma más adecuada”.

Entre las actividades efectuadas en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, se destaca el Seminario “Protección de Datos Personales: Desafíos Jurídicos y Tecnológicos”, realizado en Chile en 2013 con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta misma línea, se han realizado visitas de carácter técnico e intercambio de experiencias para consolidar la relación con la entidad española.

Ambas instituciones son parte de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, foro creado para fomentar y mantener el intercambio de información y conocimientos entre los países participantes.

Los días 9, 10 y 11 de junio un equipo del Consejo para la Transparencia (CPLT) estará encabezando el Taller Regional para la construcción de un Modelo de Gestión de Archivos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), en Bogotá, Colombia.

La actividad, patrocinada por el Programa para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial), se plantea como desafío metodológico, la incorporación de diversas realidades presentes de los países participantes para construir un modelo latinoamericano consensuado de la gestión de archivos.

El objetivo principal es establecer las características y atributos del Modelo regional de gestión documental y de administración de archivos que considere experiencias exitosas a nivel internacional.

Al respecto, Raúl Ferrada, Director General del CPLT, sostuvo que “hemos logrado convocar a la RTA en un primer taller y tenemos la certeza de que este es el inicio de un trabajo que va a ser muy fructífero, que va a derivar en que desde ahora a diciembre de este año contemos con una primera versión del modelo de gestión de archivos para la región”.

Los representantes del Consejo, encabezados por Eduardo González, Director de Operaciones y Sistemas, y Leslie Montoya, Analista de la Unidad de Normativa y Regulación, participarán en las charlas, en las que se identificarán una serie de ejemplos de buenas prácticas.

En el encuentro participarán delegados de Perú, México, Uruguay, Guatemala, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y España.

Las presentaciones se centrarán en la identificación de casos de éxito internacionales en relación a la gestión de archivos, para posteriormente definir las dimensiones del Modelo y especificar las herramientas de gestión que posibiliten la optimización de los procesos involucrados.

Los invitamos a revisar el programa del evento visitar el sitio web del encuentro.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó su quinta fiscalización a las Universidades Públicas respecto del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia. El puntaje promedio de dichas entidades fue de 85,07%, lo que representa una disminución de 5,43% respecto de 2013 cuando se alcanzó un 90,50%.

El proceso de fiscalización se llevó a cabo entre el 16 y 17 de abril pasado, donde se evaluó la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia contenidas en el artículo 7° que comprende 15 ítems evaluados con 252 aspectos obligatorios. Complementariamente, se revisó la existencia de buenas prácticas (38 aspectos) y usabilidad (22 parámetros), correspondientes a la facilidad de localización y uso del sitio web y banner de Transparencia Activa.

De las 16 Universidades Públicas fiscalizadas en este proceso, ninguna alcanzó el máximo puntaje de cumplimiento (100%) y 11 se ubicaron bajo 90%. Dicha baja se debe a la presencia de información incompleta y/o desactualizada respecto a auditorías, transferencias, compras y subsidios.

El mayor puntaje promedio de cumplimiento en transparencia activa lo obtuvo la Universidad de Tarapacá con 99,0%, mientras que la Universidad Arturo Prat alcanzó el puntaje más bajo con un 61,2%.

Universidades Públicas evaluadas

1. UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
2. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTEM)
3. UNIVERSIDAD DE ATACAMA
4. UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO
5. UNIVERSIDAD DE CHILE
6. UNIVERSIDAD DE LA SERENA
7. UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
8. UNIVERSIDAD METROP. DE CS. DE LA ED. (UMCE)
9. UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
10. UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
11. UNIVERSIDAD DE TALCA
12. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
13. UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
14. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
15. UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
16. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

En cuanto al análisis por materias, en general, los mayores incumplimientos obedecen a que no se publican la totalidad de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República; existe información desactualizada respecto a transferencias, otras compras y nóminas de beneficiarios; no se corrigen observaciones señaladas en el informe anterior; no se publican las compras realizadas fuera de Mercado Público 2014 y no se informa el presupuesto inicial para este año (en el caso de las universidades Arturo Prat, La Frontera, Antofagasta y  Playa Ancha).

PUNTAJE

De acuerdo a la fiscalización, 12 de los 16 planteles tendieron a la baja en sus resultados este año respecto de 2013.

Los mayores retrocesos corresponden a las universidades de Valparaíso (-21,68 puntos porcentuales), Arturo Prat (-15,09 puntos), De la Frontera (-12,72 puntos), Antofagasta (-11,21 puntos) y Talca (-10,49 puntos).

Por su parte, las casas de estudio que mejoraron su cumplimiento en materias de transparencia son las universidades de Atacama (13,8 puntos porcentuales), Del Bio Bío (6,8 puntos), De Chile (4,21 puntos) y De Tarapacá (3,3 puntos).

BUENAS PRÁCTICAS

Respecto de las Buenas Practicas señaladas en las Instrucciones Generales N° 4, 7,8 y 9 del Consejo para la Transparencia, la fiscalización también evaluó la presencia de éstas, aunque no se incorpora en el puntaje de cumplimiento final.

En la revisión se verificó que:

Estructura Organizacional:

• 13 publican facultades que están en norma rango inferior.
• 7 indican nombre de la autoridad.
• 4 tienen organigrama interactivo.

Auditorías Internas

• 10 incluyen auditorías internas.

Información Adicional:

• 10 universidades incluyen Información sobre la Ley de Transparencia.

Programa de subsidios o beneficios:

• 6 informan en su página web los beneficios a los que se puede acceder por su intermedio.

Sueldos Líquidos

• 4 presentan las remuneraciones líquidas.

Declaración de Patrimonio e Intereses

• 3 informan la declaración de sus Rectores.

Puntaje Buenas Prácticas

Destacan la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) con 36,84% y la Universidad de Chile con 26,32%, mientras que el puntaje más bajo lo obtuvieron la Universidad de la Frontera y Universidad de Magallanes, ambas con sólo 5,26%.

USABILIDAD

De acuerdo con el numeral 7 de la Instrucción General N°4 del Consejo para la Transparencia, la información deberá disponerse de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito, de manera sencilla y rápida, sin necesidad de invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo o de tener conocimientos acabados del sector público o del organismo respectivo.

Con el objeto de verificar estos aspectos se evaluó la facilidad de localización del sitio web, del banner de Transparencia Activa y la facilidad uso.

Respecto a la evaluación de usabilidad, ésta no es incorporada en el puntaje de cumplimiento, pero se evalúan con el objeto que la institución adecúe la presentación de la información de Transparencia Activa a estos parámetros que facilitan su búsqueda por las personas.

Puntaje Promedio Usabilidad: 75,85%

Con el objetivo de trabajar conjuntamente para avanzar en la gestión de transparencia municipal, el Consejo para la Transparencia realizó ayer la firma de convenio con la Municipalidad de Las Condes.

Raúl Ferrada, Director General del Consejo, participó junto a Francisco de La Maza, alcalde de Las Condes, en la suscripción de un acuerdo de cooperación —en el marco del convenio del CPLT con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)— con el fin de elevar los estándares de cumplimiento en transparencia comunal y, a su vez, adquirir el compromiso de dicha municipalidad a integrarse al Portal de Transparencia del Estado.

Asimismo, el encuentro convocó a los funcionarios municipales a una Jornada de Transparencia, la cual incluyó una charla sobre el Modelo de Fiscalización del CPLT, a cargo de la directora del área, Alejandra Sepúlveda, junto a Mauricio Godoy, jefe de Transparencia Activa, quienes explicaron el proceso y cómo se fiscaliza a los municipios en el cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Instrucción General N°11. Además, se difundió y explicó el uso de la herramienta de autoevaluación, iniciativa que permite mejorar los niveles de cumplimiento en esta materia.

Finalizó la actividad Eduardo González, director de Operaciones y Sistemas, quien presentó el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal  y entregó orientaciones del uso del Portal de Transparencia, en miras a facilitar el acceso de los vecinos a la información pública.