– A sólo cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, sus objetivos se han cumplido en un 38%. Este es un paso importante, aunque insuficiente, en la instalación de la política pública de transparencia.
– El desconocimiento es el factor crítico que impide alcanzar niveles más altos en inédito Índice de Transparencia y Acceso a la Información, que registrará los avances y retrocesos del país en esta materia.
– Situación que se explica tanto porque los ciudadanos no saben cómo ejercer sus derechos, como porque los funcionarios públicos no tienen suficientemente claro cómo cumplir con la Ley.
– Apenas el 8% de las personas conoce efectivamente cómo funciona este nuevo derecho, mientras que sólo el 13% de los funcionarios públicos sabe los plazos que tienen los ciudadanos para reclamar frente al Consejo para la Transparencia.
Así lo revela el primer Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), inédito indicador que busca medir los niveles de eficacia alcanzados en la implementación de la normativa que garantiza y regula el derecho de las personas para acceder a la información de los organismos del Estado.
El ITAI, que debutó hoy y que se dará a conocer anualmente, fue elaborado por el Consejo para la Transparencia, a partir de diversos estudios que evalúan el conocimiento y ejercicio exitoso de este derecho por parte de la ciudadanía, así como las barreras que lo dificultan. Este índice será la principal herramienta para medir los avances o eventuales retrocesos del país en esta materia, transformándose en un estímulo para el desempeño del aparato estatal y del propio Consejo.
A futuro se apuesta a internacionalizar este “Índice” a través de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), de modo que pueda funcionar como un instrumento de comparación a nivel latinoamericano.
El presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, explicó el sentido de esta iniciativa, haciendo notar que el país necesita avanzar en la evaluación de las políticas públicas que implementa: “El índice de Transparencia y Acceso a la Información servirá para medir el avance en la implementación de las políticas de transparencia, así como para orientar los esfuerzos del Consejo en el cumpliento de su gran objetivo que es masificar el ejercicio del derecho ciudadano para acceder a la información pública”.
Las áreas más fuertes
Para la elaboración del ITAI, se consideraron tres dimensiones: el uso de la Ley de Transparencia, y las condiciones ciudadanas e institucionales para el ejercicio del derecho de acceso a la información. De este modo, el índice, por una parte, recoge la información objetiva respecto del modo en que se ha utilizado esta norma, como los factores que dificultan o facilitan su empleo.
Así, se constató que durante el 2012 las páginas de Transparencia Activa de los distintos organismos del Estado recibieron 1 millón 774 mil 124 visitas, presentándose ante el Consejo sólo 28 reclamos por deficiencias en los antecedentes contenidos. En el período, además, se registraron 43 mil 293 solicitudes de información a entidades públicas, de las cuales 1.225 llevaron a la presentación de Amparos ante el Consejo, ya sea por denegación o entrega incompleta o defectuosa de lo solicitado. Tales cifras dan cuenta de la principal fortaleza que muestra el país dentro del Índice: una alta satisfacción, que llega al 98% de los casos, entre los usuarios que conocen la ley y la utilizan.
Igualmente, el ITAI destaca como otra fortaleza central la alta valoración que hace la ciudadanía de la transparencia pública, donde el indicador llega al 75%.
Los puntos débiles
Las áreas que, en cambio, representan desafíos a superar son las que tienen que ver precisamente con el conocimiento de la normativa, tanto entre la ciudadanía como entre los funcionarios públicos encargados, en última instancia, de responder las demandas de las personas por acceder a información.
Así, apenas el 8% de las personas conoce efectivamente la Ley de Transparencia y la labor del Consejo ante el cual se puede recurrir cuando su derecho de acceso a la información pública es denegado.
El punto es crítico, según advierte el director de Estudios del Consejo, Eolo Díaz-Tendero, pues no se trata sólo de saber de la existencia de la normativa, sino de los alcances que ésta tiene para las personas: “Da lo mismo si el ciudadano conoce que hay una Ley; lo importante es que sepa que puede reclamar (que tiene un derecho) y que sepa dónde hacerlo (exigibilidad)”.
El ITAI también detectó un conocimiento insuficiente de los funcionarios públicos en materia de transparencia: el indicador específico en este punto es de 43%. Ello, porque si bien el 80% de ellos señala conocer la Ley, sólo el 13% sabe sobre los plazos que tienen los ciudadanos para reclamar por una solicitud de información no respondida o deficiente, y sólo el 12% identifica correctamente las situaciones que pueden dar origen a reclamos, entre otros números.
Díaz -Tendero pone énfasis en la importancia de este punto: nuevamente, no basta con que se sepa de la existencia de una normativa, sino también de las obligaciones que ella impone a los funcionarios y el modo en que deben procesar las demandas de los usuarios. De hecho, otros estudios del Consejo advierten que un 30% de las solicitudes de información fracasan (es decir, no logran entrar al sistema para ser respondidas) por barreras que se vinculan a elementos tecnológicos o a una mala orientación por parte de los funcionarios y organismos.
Las tareas pendientes
El ITAI también permite detectar áreas en las cuales, si bien los resultados aparecen positivos, queda margen para mejorar: las capacidades institucionales (60%) para cumplir efectivamente la ley; la valoración del principio de la transparencia que hacen los funcionarios públicos (índice de 72%, tres puntos más bajos que la de los ciudadanos), y la accesibilidad a la información, con un índice de 64%, lo que significa que aún quedan barreras que remover para el ejercicio pleno de este derecho.
