A través de un convenio de colaboración entre el Consejo para la Transparencia y el Proyecto “Transparentemos”, de la Fundación AVINA y el BID/FOMIN, se consagró hoy una alianza entre el Estado y la sociedad civil, para aunar fuerzas en la promoción de una cultura de transparencia en las organizaciones sin fines de lucro.
El Director General del Consejo para la Transparencia, Raul Ferrada, y el representante en Chile de la Fundación AVINA, Guillermo Scallan, suscribieron esta tarde un Convenio de Colaboración que permitirá intercambiar experiencias y conocimientos entre el organismo estatal y la iniciativa  denominada “Transparentemos”. Este proyecto  fue creado con el propósito de contribuir a la adopción de sistemas de transparencia activa y de rendición de cuentas en las organizaciones de la sociedad civil chilena.
Según el convenio, el Consejo para la Transparencia acompañará y apoyará a Fundación  AVINA en el proceso de investigación e implementación de su proyecto “Transparentemos”, a través asesoría técnica  y de sus conocimientos en buenas prácticas de transparencia y publicidad.
AVINA, por su parte, facilitará al Consejo su información y conocimiento de un modelo de difusión e implementación de iniciativas orientadas a promover la transparencia, que podrán ser implementados tanto en el trabajo con órganos o servicios de la Administración del Estado, así como con la ciudadanía.
El Proyecto Transparentemos es una iniciativa de la Fundación AVINA y el FOMIN/BID que ha congregado a 60 organizaciones ciudadanas, seleccionadas para participar en un proceso de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica, que les facilite adoptar estándares de transparencia y rendición de cuentas.
Entre las instituciones figuran Consumers International,  la Asociación de ONG (ASONG), la Comunidad de organizaciones solidarias, la red de organizaciones voluntarias, las fundaciones Pro Bono, Acción A.G., Trabajo para un Hermano, Terram, el  Observatorio de Derechos Ciudadanos, la Fundación para la Superación de la Pobreza y Aldeas Infantiles.

La presente consulta pública tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía en relación al procedimiento administrativo que siguen los órganos de la Administración del Estado ante una solicitud de acceso a la información, en virtud del derecho que se reconoce a todas las personas en la Constitución Política y en Ley de Transparencia.

Teniendo en cuenta que dentro de las atribuciones que la ley ha otorgado al Consejo para la Transparencia, se encuentra la de dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado y formular recomendaciones a dichos órganos, esta Corporación ha acordado la elaboración de una Instrucción General sobre el Procedimiento Administrativo del Derecho de Acceso a la Información. Dicha Instrucción General pretende servir de guía para que los mencionados órganos públicos ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a la legislación existente en materia de transparencia, perfeccionando su gestión y facilitando el acceso a la información que posean.

Esta consulta pública es de carácter no vinculante y cuenta con dos mecanismos principales de participación. El primero está centrado en la posibilidad de conocer el Borrador de la propuesta de Instrucción General para formular las observaciones que se estimen convenientes. Para ello se ha habilitado un correo electrónico consultapublica@consejotransparencia.cl en el que se pueden hacer llegar opiniones por escrito, ya sea en el cuerpo del correo o adjuntando los documentos que se estimen pertinentes. El segundo mecanismo es la participación en la Ciudadana  sobre Derecho de Acceso a la Información, que permitirá identificar temas que ayuden a perfeccionar la Instrucción General y otras líneas de acción del Consejo para la Transparencia

Así mismo, durante el mes de agosto se contempla la organización de una serie de Talleres de Trabajo con distintos usuarios de la Ley 20.285 a fin de dar a conocer el Borrador de la Instrucción General y recabar información específica que pueda ser de utilidad para mejorar el instrumento presentado.

La fecha de cierre de la consulta pública para estas actividades será el día 8 de Septiembre de 2011.

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Intrucción General

Encuesta

Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008.

Reglamento de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley.

El Consejo para la Transparencia envió la semana pasada un oficio a la Cámara de Diputados en respuesta a una solicitud del diputado Marcelo Díaz. El requerimiento del diputado se enmarcaba en la facultad que tiene el CPLT de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628 de protección de datos de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado y se requería un informe sobre la decisión del gobierno de revisar, mediante sistemas informáticos, el contenido de los mensajes que se refieran a temas de su interés y que se transmitan en las redes sociales, además de la ubicación geográfica de sus autores.

En este informe, el Consejo hace una revisión de los normas hoy vigentes en el país respecto a la protección de datos personales y recoge jurisprudencia internacional respecto a los antecedentes que hoy se entregan en las redes sociales, incluyendo recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos Personales, con el objetivo de poder aportar al debate legislativo.

El director del Fondo Nacional de Salud, Mikel Uriarte, envió el 27 de julio un oficio al Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia respondiendo a las inquietudes señaladas por este respecto a las medidas que toma la institución pública para cumplir con la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos Personales.

El oficio remitido por el CPLT se debió a las noticias sobre una posible filtración de la base de datos personales de la institución de salud a la empresa La Polar.

En el documento recibido a mediados de la semana pasada, el director de Fonasa detalla las medidas que ha tomado el organismo desde que se conoció la noticia de este supuesto traspaso a La Polar tanto a nivel de denuncias e investigaciones judiciales como de protocolos internos. Sobre esto último aclara que en mayo del año pasado Fonasa registró en el Servicio Nacional del Registro Civil e Identificación sus bases de datos como los exige la ley N° 19.628. Además, destaca los procedimientos informáticos especiales de custodia de los datos sensibles de sus afiliados y otros procesos que ha desarrollado en el último tiempo.

La organización reitera su compromiso con la protección de datos personales y establece estar a la espera de los resultados de las investigaciones hoy en proceso y conforme con esos hallazgos tomar las medidas que correspondan.

Es preocupante la noticia divulgada hace algunos días, por un medio electrónico, según la cual ejecutivos de la empresa La Polar, habrían accedido a la base de datos de afiliados al Fondo Nacional de Salud. De ser efectivos estos hechos, serían de suma gravedad.
Los datos que los chilenos confían a los organismos públicos y privados, en los temas más diversos y sensibles como el estado de salud de las personas, deben emplearse estrictamente para la finalidad que ha justificado su recolección. Así lo manda la Ley N° 19.628, de Protección de Datos Personales, que dispone que para recolectar y entregar a terceros esta información se debe contar con autorización o consentimiento expreso del titular del dato y que exige a los responsables de registros o bases de datos personales cautelarlos “con la debida diligencia”.
Por otro lado, conductas como las descritas podrían configurar algunas figuras penales relativas a la informática, con penas de presidio al que use indebidamente información contenida en un sistema de tratamiento de datos o lo intercepte, interfiera o acceda a él y a quien maliciosamente revele o difunda dichos datos.
Todas estas exigencias y sanciones legales pretenden proteger la privacidad de las personas y, en términos más generales, su derecho a controlar los datos que les conciernen y consten en registros públicos o privados. Derecho subjetivo de la mayor relevancia en una sociedad con un uso masificado de la informática e internet.
El Consejo para la Transparencia, junto con garantizar la transparencia y el derecho ciudadano de acceso a la información en poder de la Administración Pública, debe velar por el adecuado cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales por parte de los órganos estatales.
En atención a lo expuesto, a raíz de estos hechos el Consejo para la Transparencia ha oficiado al Fondo Nacional de Salud para que informe acerca de la forma en que ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 19.628, especialmente en lo relativo a las medidas de seguridad adoptadas para resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad a sus titulares de los datos personales que debe tratar y las acciones puntuales que está ejecutando para indagar las eventuales responsabilidades respecto de los hechos descritos y evitar que puedan ocurrir en el futuro.
En todo caso, un adecuado nivel de protección de los datos personales en nuestro país demanda un urgente perfeccionamiento de la ley vigente que incorpore, entre otros aspectos, mecanismos de prevención y control adecuados, la explicitación de infracciones y sanciones disuasivas y la definición de un órgano autónomo de supervisión que impulse la efectiva implantación de un sistema de protección. En lo que respecta al sector público, este Consejo requiere contar con atribuciones que consagren de un modo más explícito el mandato general de la ley en orden a velar por su cumplimiento.
En tanto ello no ocurra, esta Corporación seguirá adoptando las medidas plausibles que al tenor del mandato general de cuidado le permitan instar por la protección de los derechos de las personas.

El Consejo para la Transparencia y Corporación  PARTICIPA firmaron un convenio de Colaboración, cuyo objetivo principal es cooperar en la difusión de la Ley de Transparencia y el Derecho de acceso a la información con las organizaciones sociales. El encuentro fue presidido por el Director General del CPLT, Raúl Ferrada y la Directora Ejecutiva de Corporación PARTICIPA, María Inés de Ferrari.

El acuerdo pretende realizar actividades de capacitación que motiven a una ciudadanía más informada, conocedora de sus derechos y de la complejidad de los asuntos públicos, con capacidad de diálogo y representación de intereses, lo cual permitirá promover una cultura de la transparencia en Chile.

El CPLT acompañará y apoyará a la Corporación en el proceso de investigación e implementación de su plan de trabajo en transparencia y publicidad, mientras que la entidad, facilitará al Consejo el conocimiento de un modelo de difusión y ejecución de iniciativas orientadas a promover la transparencia y recomendaciones, como uno de sus pilares centrales.

Raúl Ferrada destacó que “ésta es la conclusión de una alianza que ha ido por un camino bastante perfecto”, recalcando que “es importante tener las mejores relaciones con la sociedad civil, y particularmente con ésta, con la que ya tenemos un camino bastante largo de actividades, conocimiento y de confianza”.

El Consejo para la Transparencia vela por el acceso a la información, tanto en la gestión pública como en la administración del Estado, a través de la Ley de Transparencia, garantizando el derecho a las personas a acceder a la información. Y con este convenio, ambas entidades seguirán buscando una mejor calidad de democracia, promoviendo la participación ciudadana en asuntos de interés público y un ejercicio responsable del gobierno.

En las próximas semanas, el Consejo para la Transparencia lanzará su nueva plataforma educativa llamada EducaTransparencia. Se trata de un portal que permitirá ofrecer capacitación respecto a la Ley de Transparencia a diversos públicos a través de cursos on line con módulos y cápsulas de distintos niveles de profundidad y complejidad.

La plataforma, denominada formalmente Portal (o Plataforma) Educativo del Consejo para la Transparencia consiste en un sistema educativo integral, a cargo de la Unidad de Promoción y Clientes (UPC),  que comprende un conjunto organizado de recursos pedagógicos puestos a disposición, tanto de las personas que deseen adquirir conocimientos y destrezas vinculadas a las distintas materias propuestas, como de los funcionarios que se desempeñan en órganos y servicios públicos, que requieran interiorizarse mejor en el sentido y alcance de las disposiciones de la Ley de Transparencia y/o capacitarse en el adecuado cumplimiento de estas.
Esta iniciativa, involucra el diseño de una plataforma online, independiente del actual portal del Consejo para la Transparencia, que permita el libre uso y utilización de distintas herramientas educacionales, entre las que destacan una serie de cápsulas educativas que tratarán temáticas generales sobre el derecho de acceso a la información, la transparencia activa y sobre el mismo Consejo, su rol y obligaciones. Además, contempla la impartición de cursos virtuales (e-learning), cada uno de ellos constituido por una serie de componentes teóricos y prácticos en distintos niveles, a los cuales se podrá acceder sin costo alguno y en la propuesta temática que los usuarios seleccionen.
Junto a la construcción de esta plataforma se considera la instauración de un conjunto de componentes educativos impresos, independientes del sistema en línea, que servirán como material de apoyo a los clientes y alumnos del Consejo.
Christian Anker, jefe de unidad de Promoción y Clientes del Consejo, destaca que la creación de EducaTransparencia se enmarca dentro de los objetivos estratégicos de la institución, ya que busca ayudar a establecer  el principio de la transparencia en los órganos y servicios del Estado mediante la creación y habilitación de un espacio de formación público y gratuito. Agrega que este portal quiere ser una instancia de construcción de conocimiento, cultura y valores en transparencia, incorporando tecnologías de información y comunicación (TIC) y entregando herramientas orientadas al  fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública en Chile.