Inicio de taller en Gobierno Regional de Rancagua

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la creación de un modelo que permita desarrollar mejores capacidades institucionales en los municipios, el Consejo para la Transparencia en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), recorrieron las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana realizando una serie de talleres dirigidos a los ámbitos del Derecho de Acceso a la Información, cumplimiento de obligaciones de Transparencia Activa y gestión de solicitudes de acceso a información.
Las jornadas de trabajo se realizaron con el apoyo del Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la Universidad Católica (CETIUC), a diversos participantes, entre ellos alcaldes, secretarios y administradores municipales, encargados en Transparencia, entre otros.
Durante las actividades los asistentes mostraron interés en el desarrollo del proceso para lograr mejores prácticas, además fue instancia para que cada comuna contara la realidad que vive su municipio, dar opiniones y aclarar dudas acerca de la Ley de Transparencia y su cumplimiento.
Los talleres se realizaron en base a la muestra seleccionada de 21 municipios elegidos en forma aleatoria de 50 que adhirieron al convenio firmado entre el CPLT, la Subdere y la Asociación Chilena de Municipalidades.
Participaron en cada taller las comunas de: Malloa, San Fernando, Codegua, Coltauco, Pumange, Las Cabras, Zapallar, Villa Alemana, El Tabo, Santa María, Hijuelas, Con Con, Petorca, Casa Blanca, Calle Larga, La Cisterna, La Granja, Santiago, Talagante y San José de Maipo.
El Modelo de Gestión de Transparencia Municipal estará contenido en un Portal web único, en el cual será posible ingresar solicitudes de información hacia cualquier municipio y aquellos organismo del Estado que no cuenten con esta herramienta.

Charla del Director General, Raúl Ferrada del Consejo para la Transparencia

El Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada participó en el programa de inducción para Altos Directivos Públicos organizado por el Servicio Civil que tiene como objetivo orientar al directivo público en su labor y en el Sistema de Alta Dirección Pública.
En  este segundo encuentro el Director General del Consejo dialogó con los asistentes refiriéndose fundamentalmente a la “Implementación de la cultura de la Transparencia en Chile y su institucionalidad”, destacando que “el principio de Transparencia es un tema de mayor trascendencia en la gestión pública que se expresa en la cotidianeidad de los actos de la administración y cuya cumplida aplicación está directamente relacionada con el mayor o menor compromiso de la alta dirección del Organismo de que se trate”.

Anteriormente el presidente del CPLT, Raúl Urrutia fue invitado también a  dar una charla acerca de la importancia del derecho de acceso a la información pública para el fortalecimiento de la Democracia en Chile.

Ver presentación completa

Imagen de la Intendencia de Aysén

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Puerto Montt se inició la campaña nacional de difusión de la Ley de Transparencia organizada por el Consejo para la Transparencia en conjunto con el gobierno y que convertirá en “transparente” un edificio público en cada región del país y que se extenderá hasta octubre. Esto comenzó el 10 de agosto en la Intendencia de la Región de Los Lagos que muestra gran parte de sus oficinas hacia el exterior como si no existieran los muros, continuando en la Intendencia de la región de Aysén y así semanalmente con dos regiones finalizando en Santiago a principios de octubre..

Con el concepto de “Puedes ver lo que pasa aquí”, se pretende dar un concepto concreto al derecho de acceso a la información pública que está consagrado en la Constitución y que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula en las formas en que se accede a esa información.

Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia, destacó la importancia de este derecho que tienen todas las personas, el cual les permite conocer el trabajo de las autoridades, fiscalizar el buen uso de los recursos públicos y solicitar aquella información que les sea relevante para su vida diaria, como temas vinculados con salud, vivienda o previsión por citar algunos. “La ley señala que todos los documentos en poder del Estado son públicos y las causales de excepción las consagra la Constitución. Los chilenos hoy pueden ver lo que hacen sus autoridades, pueden encontrar mucha información al respecto en los sitios web y pueden solicitar aquellos documentos que no estén en la web. Eso les permite ser ciudadanos mejor informados y contribuir a nuestra democracia”, subrayó. “Con la transparencia todos ganamos, las autoridades y funcionarios públicos trabajan a la luz del sol y legitiman su actuar y las personas contamos con la información que necesitamos”, agregó.

La campaña “Puedes ver lo que pasa aquí”, busca también convertirse en un hito en cada ciudad, otorgándole una nueva perspectiva a los edificios públicos seleccionados, mayoritariamente las intendencias regionales, permitiendo que las personas conozcan aspectos de estos que normalmente están ocultos para ellos.

Vista de la Intendencia de Los Lagos con parte de sus pisos dos y tres “transparentes”.

El Consejo para la Transparencia  en su  rol de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia (N° 20.285) y de Protección de Datos Personales (N° 19.628), envió hoy un oficio al Instituto de Previsión Social (IPS) ex Instituto de Normalización Previsional (INP) para que informe en un plazo de 10 días acerca de la forma en que ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 19.628. Esto tras las denuncias realizadas sobre un posible acceso a su base de datos de pensionados  por parte de la empresa La Polar.

De acuerdo a lo dispuesto en la letra m) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, el CPTL tiene la atribución de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

El Consejo requiere que el IPS informe explicítamente respecto a:

– Las medidas de seguridad adoptadas por el IPS, a fin de resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad a sus titulares de los datos personales que deba tratar para el adecuado cumplimiento de las competencias que el Ordenamiento Jurídico le atribuye.
– Las acciones puntuales que dicho Servicio está ejecutando para definir responsabilidades respecto de los hechos descritos, y evitar en el futuro la pérdida de información y la transmisión y acceso no autorizado por terceros a sus bancos o bases de datos.

El oficio enviado al IPS se suma al que fue despachado el viernes pasado a FONASA para que informe también acerca de  la forma en que ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 19.628 y que fue motivado por la revelación de un uso indebido que ejecutivos de la empresa La Polar habría efectuado de los datos personales en poder del Fondo Nacional de Salud.
En ese caso la preocupación del Consejo se radicó en cuatro aspectos:
•    El hecho que algunos de los datos transferidos se refieran al estado de salud físico o psíquico de las personas, que tiene la calificación de datos sensibles y, según la Ley N°19.628, deben ser especialmente protegidos, adoptándose al efecto medidas de seguridad reforzadas.
•    El eventual incumplimiento del principio de seguridad que, conforme a la Ley N°19.628, exige a los órganos de la Administración del Estado cuidar de los bancos de datos que maneja, con la debida diligencia; haciéndolos responsable de los daños causados.
•    La posible vulneración del principio de finalidad consagrado en la misma ley, según el cual, los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados y dentro del ámbito de competencia del respectivo órgano.
•    Finalmente, los hechos descritos podrían configurar algunos de los tipos penales de la Ley N°19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática, sancionando con penas de presidio al que use indebidamente información contenida en un sistema de tratamiento de datos, o lo intercepte, interfiera o acceda a él, y, por otra parte, a quien maliciosamente revele o difunda dichos datos.

Con fecha 7 de julio pasado, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte de Apelaciones de Santiago emitieron fallos sobre recursos de Ilegalidad en contra de decisiones del Consejo para la Transparencia.

En el caso de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se rechazó el reclamo deducido por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en contra de la decisión C588-10, que había acogido un Amparo en contra del citado órgano. La solicitud original había sido presentada por la presidenta de la Asociación de Funcionarios de dicho servicio (Anfucultura), Carolina Negrete, y se requerían los antecedentes que sustentaban ciertas afirmaciones que el ministro Luciano Cruz Coke había expresado en una entrevista conferida al diario La Nación, en donde manifestaba ciertas irregularidades y mal funcionamiento del Consejo de la Cultura.
El fallo fue dictado unánimemente por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los ministros Patricio Martínez y Gabriela Corti y el  abogado integrante Eduardo Court y del cual se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Que la Constitución Política de la República, en su Art. 8° consagra el principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, con las exigencias que el mismo señala.
• A su vez, la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, consagra el derecho fundamental de acceso a la información para avanzar a una mayor transparencia en la gestión de la Administración del Estado y de la rendición de cuentas de la función pública.
• Que en el inc. 2° del Art. 4° de dicha Ley se define “El principio de transparencia de la función pública”, como aquel que “consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquiera persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley”; concepto de información pública  la anterior, que se amplía en el inc. 2° del art. 5° de la misma Ley, cuando dice, “es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procedimiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.
• Que el reclamo de ilegalidad dice relación con la negativa de entregar antecedentes a Carolina Negrete Henríquez, en lo referente a una entrevista dada por el ministro al diario La Nación, el 18 de julio de 2010, respecto al desorden administrativo existente en dicho Consejo de La Cultura y las Artes, requiriéndosele toda la información, antecedentes, documentos, actos administrativos y/o de gobierno que le sirvieron de fundamento para expresar dichas opiniones durante la entrevista.
• Que el ministro presidente alegó para no entregar los antecedentes requeridos la circunstancia de hecho de que la solicitante de información no cumplió con la petición de subsanación de la solicitud de información, conforme a lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Transparencia y Art. 28 de su Reglamento, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, alegación que deberá ser rechazada por esta Corte, puesto que a la solicitante de información no se le señaló con claridad los términos en que debía subsanar tal solicitud, tal como se lee en el Oficio N° 008, de 23 de agosto de 2010, que a ella se le enviara por el Consejo de la Cultura y las Artes, en el que se le dice: “que no son objeto de la ley de acceso aquellas solicitudes que podrían estar en la mente de las autoridades de los órganos de la Administración del Estado al momento de adoptar una determinada decisión o actuación, pero que no constan en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, o en  formato o reporte determinado”.
• Que, atendido lo expuesto en las consideraciones que anteceden, y vista la documentación acompañada tanto por el reclamante de ilegalidad, como por el reclamado, Consejo para la Transparencia, deberá ser desestimada la negativa del Ministro Presidente del Consejo Nacional de Cultura y las Artes para no entregar la información requerida, lo que fuera decidido a través de la Decisión de Amparo Rol N° C-588-10 del Consejo para la Transparencia, cuya ilegalidad reclamada no es tal, consecuencia de lo cual, deberá ser rechazado el Reclamo de Ilegalidad, toda vez que atendido expresamente lo dispuesto en el Art. 5° inc. 2° de la Ley de Transparencia, toda información  que obre  en poder de los órganos de la administración es pública, a menos que esté sujeta a excepciones, cuyo no es el caso, disintiéndose así de la opinión del Fiscal Judicial vertida en el informe que se le solicitara de acuerdo con lo señalado en el Art. 359 del Código Orgánico de Tribunales.

 

Reclamo en contra de Conaf

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió en forma unánime el reclamo de Ilegalidad presentado por la empresa Vik Millahue Agrícola y Viñeados Ltda sobre la decisión C56-10, que había rechazado un amparo en contra de Corporación Nacional Forestal (Conaf). La solicitud de información original en este caso se refería a la identidad del nombre de un ciudadano que había denunciado tala ilegal de bosque nativo en los predios de la citada empresa. La negativa a entregar este antecedente se basó en la afectación de las funciones fiscalizadora de Conaf.
Del fallo emitido por los ministros Patricio Villarroel (redactor), Pilar Aguayo y la abogado integrante Paola Herrera se extraen las siguientes conclusiones:

• El Art. 8 inciso 2° de nuestra Constitución Política establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen, agregando que solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
• La regla general es que los actos y resoluciones, sus fundamentos y procedimientos de los órganos de Estado sean públicos y excepcionalmente puedan tener la calidad de reservado o secretos,  lo que ocurre cuando una ley de quórum calificado lo establece.
• Coincidente con lo señalado es lo establecido en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, el que prácticamente repite lo dispuesto en el Art. 8° de nuestra ley fundamental.
• Que, para negar la información Conaf, si bien admite la inexistencia de una disposición que obliga al rechazo, argumenta que acceder a la petición de la reclamante afectaría el cumplimiento de sus funciones, según se indica en el considerando 14 de la decisión de Amparo C56-10-, porque podría afectar la colaboración entre la ciudadanía y el órgano fiscalizador.
• Que el precedente argumento carece de base legal, y tampoco tiene sustento jurídico el planteamiento relativo al tercero que supuestamente se vería afectado por la divulgación de la información requerida, ya que el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, invocado por el tercero, preserva la seguridad, salud, vida privada y derechos comerciales o económicos, y no se ha indicado de qué forma y por qué serían afectados  tales derechos con la revelación de los antecedentes solicitados por la reclamante.
• Además al analizar este aspecto, el Art. 21 N° 1 menciona que las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, prescribiendo la letra a), si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales; en la letra b) si se trata de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas, y en la letra c) si se trata de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento  regular de sus labores habituales.
• Que el Consejo para La Transparencia ha invocado como fundamento de su decisión el Art. 33 letra j) de la Ley de Transparencia, y al respecto señala que de acuerdo a esa norma debe velar por la reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan el carácter secreto o reservado. Sin embargo, no existe disposición constitucional, ni legal alguna que obligue a la Conaf a negar los datos que solicita la reclamante por lo que debe entenderse que no hay prohibición que impida proporcionar los antecedentes que pide el recurrente de ilegalidad.
• Debe recordarse, lo ya dicho en el sentido de que lo normal es que los actos de la Administración del Estado, sus fundamentos y documentos son públicos y excepcionalmente reservados o secretos, lo que ocurre solo cuando la Constitución o una ley de quórum calificado o la Ley de Transparencia así lo disponga.
• Que los sentenciadores no advierten que la develación de los antecedentes pedidos por la reclamante afecten el cumplimiento de las funciones de Conaf, máxime si la resolución del propio Consejo para la Transparencia expresa que “podría” verse afectada su labor por falta de cooperación de los particulares, de manera que sólo acepta la posibilidad que aquello pueda ocurrir, pero no indica que efectiva y concretamente se dé tal situación.
• Que en este caso no pueden desconocerse que todas las múltiples e infundadas denuncias en contra la reclamante fueron desestimadas, terminando en absolución, como asimismo que la causa criminal culminó con un sobreseimiento, lo que ha significado para Conaf dedicación de personal, horas de trabajo, estudio de cada asunto, lo que necesariamente indica un esfuerzo y trabajo inútil e  improductivo para el cumplimiento de su labor.
• Que por otra parte, debe admitirse que para la reclamante las múltiples denuncias suponen molestias que ha debido soportar, sin que hasta ahora pueda ejercer contra los responsables los derechos que la Ley le otorga en orden a obtener una reparación por el perjuicio sufrido a raíz de los infundados procesos que ha debido asumir, y por no existir norma constitucional o ley de quórum calificado que obligue a mantener en reserva o establezca que los datos solicitados por el recurrente de ilegalidad sean secretos debe respetarse su derecho a acceder a la información que pide, derecho que consagra en el Art. 10 de la Ley de Transparencia.

 

Esta decisión es el segundo fallo de las Cortes de Apelaciones relacionado con la reserva de la individualización de un denunciante, ésta que rechazó mantener en secreto su nombre, y la dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique que acogió la tesis del Consejo de resguardar la identidad de un denunciante (C403-10).