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El director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, fue invitado a participar de las actividades organizadas en Santo Domingo, República Dominicana para conmemorar el día internacional del Derecho a Saber. Las actividades consideraron una activa exposición en el seminario organizado por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, organismo de gobierno, que vela por por el debido cumplimiento de la Ley General sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Ferrada presentó el trabajo realizado por el Consejo para la Transparencia desde su proceso de implementación y la evolución que ha tenido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el país. “Para nosotros es un orgullo poder dar a conocer nuestra experiencia, ya que este es un proceso en el cual todos los países de latinoamerica hoy están trabajando”, destacó.

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La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago presidida por el ministro Lamberto Cisternas y conformada por la ministro Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Regina Clark acogió parcialmente en su fallo (Rol 950-2010) la decisión del Consejo para la Transparencia respecto al Amparo (A309-09) interpuesto por Francisca Skoknic en contra de la Fundación Futuro, luego de que ésta se opusiera en calidad de tercero afectado ante la entrega de sus memorias, balances y actas. La solicitante había pedido a la subsecretaría de Justicia estos documentos desde el año 1994 a 2008, conforme con la obligación de todas las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro de entregar estos antecedentes cada año a dicha entidad como medida de fiscalización para garantizar que cumplen con las labores que certificaron al momento de pedir la personería jurídica.

El Consejo para la Transparencia previa audiencia pública con las partes, acogió el reclamo interpuesto por la solicitante, argumentando en su decisión que “los documentos cuya copia solicita constituyen, de conformidad con lo establecido en el art. 5° de la Ley de Transparencia, sustento o complemento de una decisión de la autoridad, pues son recibidos por el ministerio de Justicia a fin de cautelar que las corporaciones y fundaciones cumplan los fines con que han sido autorizadas a funcionar, lo que implica que la autoridad debe formarse una convicción, de conformidad o disconformidad, cuya base son precisamente los documentos requeridos”.
Además, agregó que “la información solicitada no podría sino ser calificada de pública, pues está en poder del Estado, pudiéndose decretar su reserva sólo conforme a las causales que establece la ley o bien por la oposición de un tercero, la que en cualquier caso debe ser fundada, requisito que en este caso no se cumpliría, pues la Fundación Futuro no señala cuál es el mal uso que podría darse a la información a cuya difusión se opone o de qué manera podría afectarle de manera negativa, ni precisa cómo su entrega podría alejarla de sus fines propios e interferir con sus objetivos”.

La Corte de Apelaciones acogió en parte esta argumentación pero matizó el alcance del artículo 5° con respecto a lo público de la información que obra en poder del Estado.

El voto de mayoría, escrito por los ministros Cisternas y Chevesich señala principalmente:

• La Corte reconoce la presunción de publicidad del Art. 5 de la Ley de Transparencia, pero sostiene que debe matizarse en función de la naturaleza, origen y destino de la información que está en poder del Estado, señalando que no toda información que está en poder del estado debe recibir el mismo tratamiento.
• Que las memorias y balances de este tipo de instituciones son necesarias para la adecuada función fiscalizadora de la autoridad.
• Que las Actas de Directorio o Asamblea dan cuenta de etapas deliberativas previas, propias del ente colectivo, que no necesitan ser conocidas por la autoridad, salvo algunas relativas a la modificación de estatutos o poderes.
• Que no es posible aceptar, de manera lisa y llana, que toda información proveniente de particulares, que está en poder del estado, sea obligatoriamente pública, debiéndose condicionar el carácter público de tal información a la circunstancia de que ella esté en relación clara con el ejercicio de las facultades del órgano.
• Que no es posible negarse a entregar información, limitando la finalidad de la Ley de Transparencia por un mero carácter preventivo.

 

Por su parte, el voto de minoría, de la abogada integrante Regina Clark, acoge en forma íntegra la decisión del Consejo para la Transparencia, y estipula:

• Que la información que obra en poder del Estado, y particularmente aquella referida a las “Actas del Directorio”, forma parte consustancial de las decisiones que originan la memoria y balances, constituyendo fundamentos necesarios para la labor fiscalizadora de la Subsecretaría de Justicia.
• Que la información que excluye el fallo de mayoría no puede afectar los derechos de las personas, su salud o la esfera de su vida privada.
• Reconoce el rango constitucional de la trasparencia de la función pública, sosteniendo que debe facilitarse el acceso de cualquier persona dicha información.
• Que la expresión e información libre es valiosa para la sociedad, configurándose una posición preferente respecto de otros derechos fundamentales, ratificando que la libertad de información no es solo un valor en sí mismo, sino que es esencial para el ejercicio de otros derechos, y reconociendo que comprende el derecho a la libertad de buscar y recibir información.
• Que los límites al derecho de acceso a la información están expresamente determinados por la ley en términos de

Andrea Ruiz, abogada jefa de la unidad de normativas del CPLT durante su exposición

En septiembre entró en vigencia el artículo quinto de la Ley N° 20.416, conocida por muchos como el “Estatuto Pyme”, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño (EMT). El objetivo de esta regulación fue proteger a las empresas más pequeñas ya que las legislaciones tendían a solo tener en cuenta a aquellas de mayor tamaño. Es por ello, que con este artículo en particular, se le exige a todos los ministerios que dicten normas que afecten a las EMT, con excepción de las ordenanzas municipales y los dictámenes de la Administración Central del Estado, a mantener a disposición sus antecedentes bajo las mismas exigencias del artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ximena Clark, jefa de la división de empresas de menor tamaño del ministerio de Economía, explicó que las EMT ofrecen el 60% del empleo formal del país, lo que las convierten en un sector de vital importancia para la actividad del país.

Previo a la entrada en vigencia de este artículo en particular, el ministerio trabajó con diversos organismos para coordinar el trabajo con toda la administración central del Estado. El Consejo para la Transparencia integró estos equipos y en agosto dictó la Instrucción General N° 8 sobre la obligación de informar los antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño.

Andrea Ruiz, jefa de la unidad de normativas del CPLT, destacó que la elaboración de esta instrucción ha sido un caso especial, ya que se redactó en coordinación con el ministerio de Economía, el cual será su principal cliente, lo que además permitió preparar mejor el terreno para la entrada en vigencia del artículo 5° de la Ley N° 20.416. “La instrucción general N° 8 entró en vigencia el 1 de septiembre al igual que el artículo 5° clarificando a todos los organismos cómo debían cumplir con la obligación de publicar la información”, enfatizó.

 

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En dos fallos distintos, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó dos resoluciones del Consejo para la Transparencia (A145-09 y C533-09) que ordenan a organismos públicos entregar la información solicitada originalmente por ciudadanos conforme con lo establecido en la Ley sobre Acceso a la Información Pública.

Uno de los casos se refiere a una solicitud realizada por Óscar Karadima Fariña a la Universidad de Santiago respecto a antecedentes académicos de esa casa de estudios. La decisión del Consejo fue ratificada por un fallo unánime de la Primera Sala (causa rol 1803-2010) integrada por los ministros Jorge Dahm, María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Ángel Cruchaga. En el fallo establece: “No cabe duda que -en principio- toda la información que posee es de carácter público, por lo cual para negarse a proporcionar dichos datos a quienes se lo soliciten debería en primer término probar legalmente que la información requerida es reservada, privada o sensible, de manera que mientras no se pruebe dicha característica, el órgano se encuentra en la obligación de entregar los antecedentes solicitados”.

Y agrega: “del mérito de los antecedentes, se observa también que la solicitud de información del señor Karadima se refiere a antecedentes de carácter académico tales como grados, jerarquía académica, fechas de ingreso, fechas de permisos o licencias, cometidos funcionarios, retiros y reincorporaciones, becas, situación contractual, etc. De esta manera, no existiendo entre la información solicitada nada que pueda considerarse propio de la vida privada, y siendo atribución precisamente del Consejo para la Transparencia calificar la información solicitada, como así también resolver si dicha información pudiere causar un perjuicio a los terceros, el uso de tal facultad -la compartan o no la compartan los recurrentes- no puede ser motivo de ilegalidad, por lo cual esta Corte no divisa el acto reprochable a que alude el reclamante”.

El otro caso (rol 8405-2009), el cual fue visto por la Tercera Sala, integrada por los ministros Juan Escobar, Jorge Zepeda y Amanda Valdovinos, se rechazó el recurso interpuesto por el Subsecretario de Minería ante la decisión del Consejo de ordenar entregar información al requirente Lucio Cuenca Berger respecto de la creación del paso fronterizo Pascua Lama.

La Corte en su fallo concluyó que “…de todo lo anterior, aparece que el Consejo para la Transparencia, al acoger el amparo solicitado por el requirente, ha actuado en un caso y conforme con las atribuciones que la ley le entrega, de resolver conflictos sobre el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado”.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, junto a Camilo Ballesteros de la Universidad de Santiago y Joaquín Walker de la Universidad Católica.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, se reunió con representantes de los centros de alumnos de la Universidad Católica y la Universidad de Santiago con el objeto de dar a conocer la ley sobre acceso a la información pública y las opciones de organizar actividades y charlas en los centros académicos. En la reunión se comentó la utilidad de la normativa como una herramienta para las federaciones de estudiantes, que normalmente requieren de información en sus procesos de evaluación de los sistemas educativos. El presidente del Consejo destacó que todos los estudios que realiza el ministerio de Educación son públicos y que por lo tanto son posibles de solicitar a través de la Ley N° 20.285.

Joaquín Walker, de la Universidad Católica, comentó que la Feuc ha pedido al ministerio de Educación, antecedentes respecto a las evaluaciones que se han realizado a la PSU sin obtener respuesta. Así también, Camilo Ballesteros de la Universidad de Santiago, señaló que existe un alto interés por parte de la federación que integra de conocer la cantidad de fondos públicos que integran los presupuestos de empresas conformadas al interior de la universidad. En ambos casos, el presidente del CPLT les reiteró que esa es información pública que puede solicitarse conforme el procedimiento que establece la ley.

Los estudiantes consultaron respecto a la posibilidad de una capacitación en los ámbitos de las obligaciones de transparencia activa y especialmente todo lo concerniente a buenas prácticas, ya que las federaciones de estudiantes deben publicar a fin de año sus balances y están motivados a hacerlo conforme las instrucciones que ha dictado el Consejo para la Transparencia.

La reunión coincidió con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el Recurso de Ilegalidad interpuesto por la Universidad de Santiago en contra de la decisión del Consejo (C533-09) ante un Amparo interpuesto tras una solicitud de información que la Usach no contestó en forma íntegra y negó en algunas de sus partes. El requirente, Oscar Karadima, había solicitado información respecto a las remuneraciones de algunos profesores, así como informes técnicas y antecedentes que sirvieron de sustento a actos administrativos de la universidad. La universidad alegó que había información sensible que afectaba a terceros y debía notificar a los profesores involucrados, oponiéndose algunos de ellos. El Consejo consideró en el análisis que la información requerida respecto a los académicos era sólo respecto a esa labor (remuneraciones, fecha de contratación, entre otros) por lo cual no era necesario informar ni cabía la oposición.

Este criterio fue compartido por la Corte de Apelaciones, la cual lo señaló en su decisión.

Sebastián Vera y Felipe Ramírez, abogados de la unidad de Promoción y Clientes del CPLT, junto con Enzo Barrueto, encargado de transparencia del Gabinete del Ministerio de Salud

La Unidad de Promoción y Clientes realizó este lunes 27 la primera capacitación vía videoconferencia. La actividad estuvo orientada a funcionarios del Ministerio de Salud y de hospitales autogestionados del país, alcanzando a 130 personas.

La idea de realizar esta capacitación a distancia surgió tras diversos acercamientos con el enlace central del Ministerio de Salud, Martín Lobos, quien planteó la necesidad de realizar un taller a lo largo del país, sumando de manera especial a los hospitales autogestionados y aprovechando la plataforma de videoconferencia que ya existe en la red de salud y en dichos centros asistenciales.

La actividad se prolongó por una hora y 45 minutos y se realizó sin inconvenientes. “La situación era distinta para nosotros, un poco más fría, porque no veíamos a los asistentes y había que coordinar bien los turnos de las preguntas del público, pero fue exitosa”, expresó Christian Anker, jefe de la unidad de Promoción y Clientes del Consejo.

El lunes 4 se realizará otra capacitación vía videoconferencia para más funcionarios del Ministerio de Salud que no estuvieron en la primera oportunidad.

La conmemoración del día Nacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre, moviliza a organizaciones de más de 40 países.

 

Las actividades de celebración incluyen talleres, paneles de discusión, foros, seminarios y chats con algunos comisionados, entre otras. En Bulgaria, cuna de esta conmemoración, se hace una entrega de premios del Right to Know Day, en seis categorías, incluyendo a ciudadanos, periodistas.

En México, la red México Infórmate coordinó más de 75 actividades en diferentes estados del país para promover dicho derecho, entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, en lo que han llamado Cruzada México Infórmate 2010.

Instaurado por primera vez en Sofía, Bulgaria, durante un encuentro de transparencia, el 28 de septiembre de 2003, el Día Internacional del Derecho a Saber buscar elevar la conciencia del derecho individual de acceso a la información pública y del acceso a la información como un derecho humano fundamental.

En la actualidad 82 países tienen Ley de Acceso a la Información Pública o alguna regulación específica. En el Cono Sur Brasil, Argentina y Bolivia aún están tramitando su normativa al respecto.

El estudio Gobiernos Corporativos en las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) presenta un diagnóstico del estado del arte de los directorios de las organizaciones sin fines de lucro del país y da un análisis de buenas prácticas producto de la experiencia comparada.

 

Los resultados fueron presentados por Sebastián Errázuriz, director ejecutivo de Chile Transparente, en el seminario internacional Transparentemos: un aprendizaje para las organizaciones de la sociedad civil, realizado el 14 de septiembre pasado y que fue organizado por Fundación Avina en conjunto con el Consejo para la Transparencia.

 

Para el diagnóstico se aplicaron 102 encuestas a directores de dichas organizaciones, concluyendo que la realidad del sector es diversa y existen diferencias significativas entre las organizaciones dependiendo de su presupuesto y año de creación.

 

Entre los principales hallazgos, se anota la necesidad de que el directorio esté separado de la dirección ejecutiva, ya que el 48,6% de las organizaciones encuestadas cuenta con directores ejecutivos que participan con derecho a voto en el directorio. Según la investigación, auspiciada por Avina, son necesarios los directorios independientes para evitar conflictos de interés y suspicacias, ya que pueden surgir dificultades cuando es la misma persona la que toma decisiones y evalúa su pertinencia.

 

Respecto de la búsqueda de financiamiento se preguntó si el directorio debe participar en ello. El 61,8% de los directores encuestados estuvo muy de acuerdo, mientras que el 16,7%, de acuerdo. Pero cuando se preguntó cuáles eran las funciones más importantes del directorio, sólo un 8,9% escogió esta función como importante, por lo que existe incongruencia en las respuestas. El estudio establece que es necesario establecer la búsqueda de financiamiento como una responsabilidad compartida del directorio con la dirección ejecutiva.

 

Finalmente, Errázuriz explicó que, tomando en cuenta el diagnóstico y las distintas realidades que viven las OSFL, se creó una Guía de Buenas Prácticas para directorios de OSFL con tres distintos modelos dependiendo del tamaño de la institución.

 

El estudio también dio origen a los documentos ¿Cómo captar buenos directores? Herramientas de Incentivo para Directorios de OSFL, una propuesta sobre estrategias para incentivar el ingreso de personas relevantes a los directorios de estas organizaciones; y a Ya que me comprometí, ¿cómo ser un buen director de una OSFL? Guía para Directores de OSFL, con información a los directores sobre sus tareas y responsabilidades.

Manuel Bengolea, socio y director de WAC Research; Alejandro Ferreiro, consejero del CPLT; y Carolina Mardones, decana de la Facultad de Comunicaciones de la UDD.

El estudio realizado por la Universidad del Desarollo y la consultora Inteligencia de Negocios (IdN) analiza la información que publican en sus sitios corporativos las 75 principales empresas chilenas que cotizan en la Bolsa de Valores. Entre los datos que se analizaron se consideró datos acerca de su negocio, el gobierno corporativo, información financiera y políticas de responsabilidad social empresarial, entre otros. La evaluación demostró que aquellas compañías internacionales presentes en el país exhiben un mejor nivel de información que las nacionales, destacándose en los primeros lugares Antogafasta Minerals, Masisa y Enersis.

 

La presentación del estudio estuvo a cargo de Rodrigo Díaz, director ejecutivo de IdN, quien destacó la falta de una política activa destinada a comunicar a la sociedad el comportamiento de las empresas, lo que se convierte en un aporte para su valor final. Esta investigación solo midió la existencia de los antecedentes pero no la veracidad de ellos, lo que podrá ser tema de un trabajo posterior. Dentro del análisis también se consideró la accesibilidad de los datos expuestos para que fueran realmente comprensibles por las personas. En general se concluyó que un puntaje superior a los 70 puntos las ubicaba en el nivel más alto y cercano a los patrones internacionales, donde se colocaron aquellas compañías integrantes de consocios multinacionales o aquéllas que cotizan en bolsas extranjeras. Entre las conclusiones se pudo determinar que en general en Chile las compañías ponen poca información a disposición de las personas y que en general sólo está determinada por lo que la ley exige. Por lo mismo, no existe una política por parte de las empresas de entregar activamente información a las personas y posibles accionistas. Incluso se detectaron diferencias entre dos sociedades pertenecientes al mismo conglomerado.

 

Los resultados fueron comentados por Alejandro Ferreiro, consejero del Consejo para la Transparencia, y Manuel Bengolea, socio y director de WAC Research. Ferreiro señaló que en Chile no existen incentivos para que las empresas privadas publiquen información debido a que es un mercado dominado por grandes conglomerados y las administradoras de fondos mutuos, por lo que la representación de los accionistas individuales es muy baja. Además, advirtió que los antecedentes exigidos por la ley también conllevan una obligación de veracidad, la cual es fiscalizada. En cambio, toda aquella información que se entrega en forma voluntaria no es chequeada, por lo que puede darse un escenario de manipulación del mercado. “Hay un conflicto entre lo que es autoregulación y aquello que está regulado. Creo que la autoregulación es positiva y hay que darle espacio, pero también hay que cuidar qué se publica”, destacó.

 

Manuel Bengolea por su parte, se mostró inclinado hacia la libertad de acción por parte de las compañías aunque resaltó la necesidad de avanzar hacia la existencia de mayor información disponible. Reconoció que aquellas empresas que hoy entregan más antecedentes, lo hacen en general por las obligaciones que imponen bolsas extranjeras, como la de Nueva York, pero ese es un proceso que irá permeando también al mercado local.

Inauguración de seminario Ver más imágenes

Este martes se realizó el seminario Transparentemos en el que se dialogó respecto de la importancia de la transparencia en las organizaciones de la sociedad civil, y la relevancia de la rendición de cuentas por parte de dicho sector.

La actividad, realizada en la Casa Central de la Universidad Católica, reunió a expertos en materia de transparencia y rendición de cuentas del mundo público y privado, provenientes de distintos países de América Latina.

Los participantes coincidieron en la importancia de la rendición de cuentas ya no sólo por los organismos del Estado, sino también por aquéllas organizaciones del llamado tercer sector.

Inauguraron el seminario la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, el director del Centro de Estudios Internacionales de esa casa de estudios, Juan Emilio Cheyre, el representante del BID en Chile, Jaime Sujoy, y el representante en Chile de Avina, Guillermo Scallan.

El primer panel, moderado por el director de Estudios del Consejo para la Transparencia, Eolo Díaz-Tendero, giró en torno al Rol y Desafíos de la Sociedad Civil, y contó con las intervenciones de Anabel Cruz, directora del Instituto de Comunicación y Desarrollo de Uruguay; Pedro Guell, investigador del Informe Desarrollo Humano, PNUD; y Gonzalo Delamaza, del Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas Públicas Universidad de Los Lagos.

En el segundo panel, sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, expusieron Rubén Fernández, presidente de la Corporación Región y coordinador en América Latina y El Caribe del Foro Abierto sobre Efectividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil; Juan Pablo Olmedo, consejero del Consejo para la Transparencia; y Ramiro Mendoza, Contralor General de la República. Este panel estuvo moderado por Nicolás Cobo, subdirector de CEIUC.

El tercer y último panel agrupó Algunas Experiencias Destacadas en Latinoamérica. Moderados por el responsable de Avina Argentina, Carlos March, dieron a conocer su visión Rosa Inés Ospina, directora de la Red de ONG por la Transparencia y consejera rectora de Transparencia por Colombia; Alejandra Pizarro, directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias; y Miguel Santibáñez, director ejecutivo de Jundep.

La actividad estuvo organizada en conjunto por la fundación Avina, BID/FOMIN, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y el Consejo para la Transparencia.

El CPLT representado por su presidente, Raúl Urrutia, su director general, Raúl Ferrada, y el director jurídico, participaron como expositores junto al Contralor General, Ramiro Mendoza, en la jornada anual que realizan todos los abogados de Corfo y a la cual también se sumaron profesionales de otros organismos de la administración pública vinculados al sector económico.

El encuentro fue inaugurado por el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, quien expresó la importancia de que todos los actos de la institución se enmarquen en plena legalidad y que puedan ser conocidos por todos los chilenos.

El presidente del CPLT puso énfasis que la ley de acceso a la información pública permite que cada vez sea más transparente el accionar del Estado, lo que “trae como beneficio la credibilidad de los servidores públicos y el fortalecimiento del sistema democrático, lo cual permite que en el país no se produzca una escalada de corrupción”.

El director general del CPLT, Raúl Ferrada, hizo un análisis de los avances alcanzados por el Consejo desde la entrada en vigencia de la ley en abril de 2009, el proceso de institucionalización del organismo y los desafíos que se presentan en su gestión y en la agenda necesaria para aportar en la instalación de una cultura de la transparencia en el país.

Por su parte, Enrique Rajevic, director jurídico, hizo un análisis de los principios más relevantes contenidos en la jurisprudencia acumulada por el CPLT en estos 16 meses y cómo estos criterios han ido definiendo numerosos aspectos de la normativa.

Juan Carlos Délano, presidente de Chile Transparente; Marco Antonio Núñez, presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados; Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia, y Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia.

Durante la mañana de este lunes 6 de septiembre se llevó a cabo el seminario A un año de la Ley de Transparencia: Evaluación ciudadana de las autoridades públicas. La actividad, realizada en la Cancillería, fue inaugurada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, quien expresó su compromiso por considerar las conclusiones del encuentro.

En su intervención el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, resaltó que la integración del Consejo, pese a ser transversal políticamente, no ha sido impedimento para acordar la toma de decisiones, las que se remiten a la aplicación estricta del derecho.

Urrutia destacó también el rol que las autoridades han tenido en la implementación de la Ley: “recientemente, en la Semana de la Transparencia en México, nos preguntaban a qué se debe el éxito de la implementación de nuestra ley y yo les respondía ‘a la voluntad política de los servidores públicos, de los gobiernos, de los municipios”, relató.

Por su parte el senador Hernán Larraín, uno de los autores de la Ley de Transparencia, realizó un recorrido histórico desde los antecedentes de la legislación y manifestó que “esta legislación es la reforma al Estado más profunda que hemos vivido en el último tiempo”.

El presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, Marco Antonio Núñez, mencionó los avances de la Cámara de Diputados respecto del derecho de acceso, que se remontan a 1993.

Juan Carlos Délano, presidente de Chile Transparente, expresó que si bien la cantidad de información que se ha subido a la red tras la entrada en vigencia de la ley es importante, ahora corresponde un segundo paso, que es uniformarla, de manera de poder hacer comparaciones entre un organismo y otro, y hacerla más amigable, para que así llegue a mayor cantidad de gente, con diferentes niveles de educación.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, reiteró el compromiso del gobierno en materia de transparencia, resaltando el nuevo proyecto de fideicomiso ciego, que perfecciona el existente, el nuevo proyecto sobre declaración de patrimonio e intereses –enviado la semana pasada al Congreso- y el perfeccionamiento de la Ley 20.285.

El segundo panel fue integrado por el diputado Jorge Ulloa, por Claudio Arriagada, alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades; por Hernán Calderón, presidente de la Asociación de Consumidores (Conadecus); y por Francisca Skoknic, editora de CIPER Chile.

 

Este panel, si bien se reconoció el avance que ha logrado la Ley de Transparencia, fue más crítico en cuanto a lo que se puede hacer y a las mejoras necesarias. Se mencionó, por ejemplo, la necesidad de sumar en forma íntegra a la ley los poderes autónomos del Estado.