Se mantiene alza en reclamos ante el CPLT

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Un total de 166 reclamos recibió el Consejo para la Transparencia durante marzo de 2011, representando la cifra más alta de ingresos desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública el 20 de abril de 2009. Desde noviembre de 2010 se ha ido presentando una tendencia al alza sostenida, superando cada mes la cantidad de reclamos presentados en igual fecha el año anterior (ver gráfico más abajo), marcando un récord los meses de verano, con un aumento del 300% respecto al mismo periodo en 2010. De los reclamos presentados al Consejo durante marzo de 2011, 152 corresponden a amparos por denegaciones de solicitudes de información y 14 a reclamos por supuestos incumplimientos de las obligaciones de transparencia activa.

Hasta enero de 2011, los promedios más altos se habían registrado en junio de 2009 con 118, el que se explicaba mayoritariamente por una gran cantidad de solicitudes que se registraron en mayo de ese año, los días siguientes a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  En noviembre de 2010 casi se igualó ese registro con 117, luego en diciembre de 2010 se contabilizaron 115 y en enero de 2011 llegó a 103, que aunque representó una baja, marcó un incremento significativo con respecto a enero de 2010 que totalizó 63.

El alza en el número de reclamos corresponde a una tendencia que también se ha registrado en todos los países en los cuales se ha promulgado una ley sobre acceso a la información pública y se explica principalmente por el aumento del conocimiento de las personas sobre ésta y los sistemas que ofrece para garantizar este derecho ciudadano.

 

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Presidente del CPLT expone en Seminario sobre Protección de Datos en Guatemala

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El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, expondrá en el Seminario sobre Acceso a la Información Pública y Protección de Datos: La Protección de Datos en la Cédulas y Documentos de Identificación de los Ciudadanos, que se realiza hasta el 7 de abril en Antigua, Guatemala. El encuentro es organizado por la Red Iberoamericana de Protección de Datos junto con la Agencia Española de Protección de Datos y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Guatemala y se lleva a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española de La Antigua Guatemala, que tiene como sede el Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús.

El presidente del CPLT participará en dos paneles, primero hoy martes 5 en el coloquio “Experiencias en materia de acceso a la información” junto a la Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de México (Ifai), María Elena Pérez-Jaén Zermeño; y posteriormente el miércoles 6 en el panel “Organización y procedimientos para garantizar la transparencia”, en el que compartirá la mesa con la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras, Guadalupe Jerezano; la directora general de clasificación y datos personales del Ifai de México; y la directora de la Oficina de Acceso a la Información Pública en la Procuraduría General de la República de República Dominicana.

Este encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos se realiza anualmente para intercambiar experiencias prácticas de los distintos países miembros sobre la incidencia de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en el derecho de protección de datos personales, el análisis de los distintos modelos de autoridad y la eficacia de los distintos procedimientos para la protección de ambos derechos.  Uno de los temas centrales este año será la regulación de los documentos de identidad electrónicos, ya que estos implican importantes desafíos en su creación, a la información que deben incorporar, a las medidas de seguridad y a la utilidad de exigirlos para titulares menores de edad.

Corte Suprema confirma decisión del CPLT

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En el primer fallo de la Corte Suprema recaído en un recurso de Queja presentado contra una sentencia de reclamo de Ilegalidad, por una decisión del Consejo para la Transparencia, el tribunal superior del país mantuvo a firme lo dispuesto por el CPLT. El recurso fue interpuesto por la empresa Veterquímica, una de los terceros involucrados en el reclamo  C573-09 presentado por  la organización Oceana en contra del Servicio Agrícola Ganadero en relación a una solicitud de información respecto a  los antibióticos empleados por las salmoneras.

Este fallo tuvo su origen en la solicitud de Alex Muñoz Wilson, vicepresidente para Sudamérica de Oceana Inc. al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) información en relación al Ácido Oxolínico, la Flumequina, la Amoxicilina y la Eritromicina, antimicrobianos registrados y autorizados para ser usados en la salmonicultura. Con respecto a estos pidió los siguientes antecedentes:
a) “Número de los Registros farmacéuticos vigentes”;
b) “Nombre o razón social de los solicitantes de dichos registros”;
c) “Nombre o razón social del establecimiento que efectúa la fabricación o importación y distribución de los productos con registro vigente”;
d) “Nombre genérico de los productos con registro vigente, cantidad de principios activos y forma farmacéutica”;
e) “Fecha de término de la vigencia de cada uno de estos registros farmacéutico”;.
f) “Informes o antecedentes que sirvieron de fundamento, y los documentos que les sirvieron de sustento o complemento directo y esencial a la decisión del SAG de conceder el registro para cada uno de estos fármacos”.

El SAG rechazó la solicitud argumentando la negativa de las empresas fabricantes de dichos productos, las cuales fueron notificadas como terceros involucrados.

El Consejo en su decisión acogió los argumentos de las empresas respecto a antecedentes, metodologías de fabricación y estudios de laboratorio que están dentro del proceso de investigación, pero acogió parcialmente respecto a los que requiere el SAG en la solicitud de registro porque deben constar en registros públicos, monografía clínica preexistentes y evaluaciones sobre el periodo de eficacia.

La séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó en forma unánime a fines de diciembre el recurso de Ilegalidad presentado por la empresa Veterquímica. Y con fecha 22 de marzo, la Corte Suprema ratificó esa decisión al rechazar el recurso de queja, estimando que en este caso no se configuró una falta o abuso grave de los Ministros de la Corte de Apelaciones que amerite una corrección disciplinaria, si bien advierte que ello no implica que necesariamente comparta su apreciación en este caso. Con ello queda a firme la decisión del Consejo  para la Transparencia respecto de este empresa, sin perjuicios que las otras dos compañías que se hicieron parte en este caso como terceros afectados, Corporación Farmaceútica Recalcine y Centrovet, también interpusieron recursos de ilegalidad en forma separada y estos procesos se encuentran pendientes.

CPLT entra en mapa mundial de datos abiertos

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El sitio web del Consejo para la Transparencia con su link a datos abiertos es el primero a nivel de latinoamérica reconocido por  la “Fundación CTIC Open Data @ CTIC”. Esta es la organización que lidera a nivel mundial el gobierno electrónico  (eGoverment en la W3C), promoviendo, apoyando y proveyendo modelos y buenas prácticas en estas materias.
Gracias a este reconocimiento, el sitio web dato abierto del CPLT, que incorpora datos de carácter nacional relacionados con acceso a la información se ha incorporado en su catálogo de datos y en el Mapa Mundial Open Data”.
El Consejo para la Transparencia inició en noviembre de 2010 el proyecto piloto de su open data, como una manera de reforzar el acceso a la información pública y entregar antecedentes en forma pura, sin procesamiento, para que las personas puedan utilizarla de la manera que requieran en sus estudios particulares.
El catálogo de CTIC es muy importante porque solo contempla iniciativas apoyadas por los estados, por lo que es un gran avance en el reconocimiento del esfuerzo del Consejo para la Transparencia en fomentar prácticas y ser referentes en materia de acceso a la información pública, ya que a nivel sudamericano hoy se incluye a Uruguay y Chile.

Aquí el enlace:
http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/

50 municipios reciben apoyo en transparencia

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En el marco de la creación de una plataforma tecnológica que permita a las municipalidades cumplir con sus obligaciones de transparencia activa y gestionar las solicitudes de acceso a información que reciben, se firmó un convenio de colaboración entre el Consejo para la Transparencia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

El proyecto se enmarca dentro del rol que le otorga al Consejo para la Transparencia la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública de promover la transparencia de la función pública y la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado. El financiamiento del Sistema completo incluyendo su implementación en los 50 municipios alcanza a los US$ 320 mil, de los cuales la mitad se financia con una donación que hizo el Banco Mundial al Consejo para la Transparencia y el 50% restante con presupuesto del mismo Consejo.

La firma de convenio se llevó a cabo en el salón Montt Varas en La Moneda y contó con la presencia del presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, el subsecretario de desarrollo regional, Miguel Flores, y el secretario general de la Asociación Chilena de Municipalidades, Mario Olavarría, junto a más de 25 alcaldes representantes de las comunas  participantes.

En el evento el presidente del Consejo se refirió a la importancia que significa para cada municipio contar con una plataforma que facilite la gestión en cuanto a materias de transparencia que busca desarrollar estándares de mejores prácticas y  contar con tecnologías para la gestión de solicitudes de información.

Comunicado prensa

Minuta Proyecto

Corte confirma resolución del CPLT respecto a la Fuerza Aérea

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La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el Reclamo de Ilegalidad deducido por Víctor Díaz Acuña en contra de la decisión de Amparo Nº A266-09, que había dispuesto la reserva de las actas de la Junta Especial de Selección que lo había colocado en Lista Anual de Retiro. Este reclamo fue patrocinado por la Unidad de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial.

El fallo fue dictado unánimemente por el ministro Patricio Villarroel, la ministra Pilar Aguayo (redactora del fallo), y la abogada integrante Andrea Muñoz.

Del fallo se pueden extraer las siguientes conclusiones:

  • Que el artículo 5 º de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, al consagrar el principio de transparencia  de la función pública, establece que los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece dicha misma ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.
  • Que la Ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerza Armadas, establece en su Art. 26, en relación a las Calificaciones del Personal, que en cada institución se constituirán todos los años Juntas de Selección con la función, entre otras, de elaborar la Lista Anual de retiros, además de las Juntas de Apelación, las que son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emitan sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, no correspondiéndole a otros organismos ajenos a dichas instituciones castrenses la revisión de los fundamentos de sus decisiones; concluyendo que las sesiones y actas de esas Juntas serán secretas.
  • Que en cuanto a  la alegación del reclamante de que el Art. 26 de la Ley Nº 18.948 fue derogado por el Art. 8º de la Constitución Política, corresponde desestimar tal alegación, por cuanto el señalado artículo 26 configura, precisamente, la excepción a la publicidad de los actos y resoluciones de la Administración que consagra la citada norma de la Carta Fundamental, toda vez que, de  conformidad al artículo 1º transitorio de la Ley Nº 20.285, se trata de una ley de quórum calificado que establece la reserva o secreto que impide proporcionar al actor la información que solicita.
  • Que la norma constitucional exige, además, que la publicidad que puede restringir una ley de quórum calificado afecte el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, habiendo el Consejo para la Transparencia considerado que la divulgación de las Actas de la Junta de Selección afectaría el interés nacional.
  • Que el artículo 101 de la Constitución Política de la República establece que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y no deliberantes, constituyendo cuerpos armados profesionales, jerarquizados y disciplinados, como agrega el artículo 2º  de su Ley Orgánica, y es conforme a tales características que se establece en dicho cuerpo legal que las Juntas de Selección del personal de cada institución elaborarán anualmente la Lista de Retiros, siendo soberanas en la apreciación que al efecto emitan sobre idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales, sin que proceda la revisión de los fundamentos de sus decisiones por organismos ajenos y, por último, que las sesiones y actas respecto de estas materias también son secretas.
  • Que la citada normativa resultaría vulnerada de hacerse públicos los fundamentos de la decisión de incluir al señor Díaz Acuña en Lista de Retiro, pues ello contradice las características que la Constitución y la Ley otorgan a las Fuerzas Armadas en la normativa recién indicada, alterando el orden institucional que las rige, desnaturalizándolas en su esencia y, consecuentemente, afectando el interés de la Nación, por lo que es posible concluir  que no existe ilegalidad en la decisión del Consejo para la Transparencia de denegar al reclamante el acceso a la información relativa a su incorporación en la Lista de Retiro del Personal de la Fuerza Aérea de Chile, razón por la cual la reclamación debe ser desestimada.

Presidente del CPLT expone en el ministerio del Trabajo

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El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, fue invitado a participar como expositor en un encuentro especial organizado por el ministerio del Trabajo y Previsión Social para generar un plan de acción y coodinar acciones entre la ministra, Evelyn Matthei y todos los seremis y jefes de servicios que dependen de la cartera.

La intervención de Raúl Urrutia estuvo destinada a dar a conocer a todas la importancia del derecho de acceso a la información pública para el fortalecimiento de la Democracia en Chile. Por ello, expuso en detalle los principios que rigen esta normativa y destacó la relevancia que debe tener para las reparticiones públicas el expedito acceso de información para los ciudadanos.

A la exposición del presidente del CPLT se sumará en los próximos días una capacitación dictada por la unidad de Promoción y Clientes del Consejo.

Corte de Apelaciones ratifica decisión del CPLT sobre el Sistema de Alta Dirección Pública

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La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el Reclamo de Ilegalidad deducido por el Servicio Civil en contra de la Decisión de Reclamo Nº C488-09 del Consejo para la Transparencia que había dispuesto se entregarán los puntajes asignados a la requirente respecto de varios concursos a los cuales había participado.

En la solicitud de acceso a la información presentada originalmente por María Eugenia Parra a la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) pidió los informes de evaluación sicolaboral de ocho concursos de Alta Dirección Pública en los que ha participado y que fueron realizados por consultoras externas, Especialmente, requirió los resultados de las entrevistas y evaluaciones sicológicas.

La solicitud fue denegada por el organismo alegando principalmente la causal de “afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido” por tratarse de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política (artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia y artículo 7° de su Reglamento), lo que reforzaría el art. 55° de la Ley N° 19.882 al señala que el proceso de selección de los altos directivos públicos tiene carácter de confidencial, al igual que el art. 55° de la misma ley. Además, las empresas consultoras que elaboraron dichos informes presentaron su oposición alegando que la entrega de esta información también afectaría sus derechos.

Ante dicha denegación, la requirente presentó ante el Consejo para la Transparencia un Amparo por denegación de acceso a la información, el que fue caraturado con el rol C488-09. En su decisión, el Consejo acogió dicho amparo, señalando que “aunque el informe haya sido encargado por la DNSC el titular de los datos allí contenidos es la persona a que se refieren dichos datos, en este caso, el postulante requirente. Ello, por aplicación del art. 2° ñ) de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, que entiende por ―titular de los datos” a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”. Por ello resolvió que la requirente poseía el derecho a conocer su evaluación personal. sin perjuicio de dejar en reserva antecedentes sobre terceras personas.

El fallo de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera y Emilio Elgueta, y el abogado integrante Jaime Guerrero Pavez en forma unánime rechazó este reclamo y ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia.
Del fallo se pueden extraer las siguientes conclusiones:

 

  • Que la Ley de Transparencia se preocupó de ampliar el concepto de información pública consagrado en el Art. 8º de la Constitución, al definirla en el inciso 2° del artículo 5°.

 

  • Que la información cuya entrega se estaba requiriendo decía relación sólo con los puntajes asignados a la peticionaria en los procesos de selección en que participó para determinados cargos de la Administración Pública, a los que  los evaluadores y el Consejo de Alta Dirección Pública, necesariamente, debieron arribar en base a los datos o antecedentes de carácter personal proporcionados por ella misma.

 

  • Que asignados los puntajes y concluidos los concursos, el órgano del Estado ejerció un legítimo derecho de valoración de las aptitudes y condiciones, sin que de paso, con ello, se esté  vulnerando o lesionando alguno de los bienes o intereses jurídicos que puedan justificar el secreto o reserva.

 

  • Que la información relativa a la valoración y ponderación de las aptitudes y condiciones de los postulantes no tienen la condición de reserva indefinida, pasando a tener la condición de públicas cuando se adopta la decisión, de conformidad a lo dispuesto en el Nº 1 letra b) del Art. 21 de la ley de Transparencia, por lo que no se entienden vulnerados los Art. 53 y 55 de la Ley Nº 19.882, al tratarse de procesos de selección terminados.

 

  • Que el principio rector de la Ley N° 19.628 es que para que los datos sensibles puedan ser difundidos o puestos en conocimiento de terceros, debe contarse con el consentimiento o autorización del titular lo que, obviamente debió ocurrir en el caso de las postulaciones de la peticionaria, razón por la que procede desestimar la alegación de confidencialidad o reserva que hace valer el Servicio Civil para denegar la entrega de los puntajes, ya que fue ella quien aportó los datos o antecedentes para que los evaluadores y el Consejo de Alta Dirección Pública hicieran la ponderación respectiva.

 

  • Que no existen razones valederas para que concluidos los procesos de selección, la reclamante deniegue la entrega de la información pedida, cuya divulgación, comunicación o difusión, por otra parte, no está acreditado que produzca o pueda producir un daño específico a determinados derechos o valores jurídicamente protegidos.

 

  • Que el Consejo para la Transparencia al resolver como lo hace en la Decisión de Amparo impugnada, ha actuado en el ejercicio de las facultades legales que le confieren los artículos 31 y siguientes de la Ley 20.285, debiendo ser desestimada la alegación de la reclamante en orden a que en su actuar se haya excedido en su competencia.

 

  • Que en cuanto a la afectación de los derechos de las empresas consultoras, la alegación debe ser desestimada, toda vez que acorde con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 5° de la Ley 20.285, cumplido el encargo, la información es pública, por haber sido elaborada mediando un contrato de prestación de servicios a un órgano del Estado, financiada con recursos de la Administración, no estando  acreditado el eventual perjuicio por la entrega de los puntajes o evaluaciones, que responden a parámetros generalmente aceptados.

 

Este es el tercer fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a Reclamos de Ilegalidad interpuestos en contra de decisiones del Consejo para la Transparencia relacionadas con solicitudes de información de postulantes a concursos sujetos al sistema de de Alta Dirección Pública, que buscan conocer sus resultados y evaluaciones y en los cuales el Consejo ha dado acceso a los puntajes obtenidos. El primero de dichos Reclamos de Ilegalidad se acogió y el segundo, tal como el que comentamos ahora, fue rechazado, si bien está pendiente ante la Corte Suprema un Recurso de Queja interpuesto contra esa sentencia por la Dirección Nacional del Servicio Civil.

CPLT registra record de reclamos en febrero

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La cifra más alta de ingresos de reclamos por supuestos incumplimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública recibió el Consejo para la Transparencia durante febrero de 2011, alcanzando 148, lo que representa un alza de más del 300% respecto a igual mes 2010 cuando se presentaron 46. Del total, la gran mayoría  (142 de ellos) son amparos por denegaciones de solicitudes de información pública, mientras que los seis restantes son reclamos por supuestos incumplimientos de las obligaciones de transparencia activa. La suma de todos los reclamos ingresados al Consejo para la Transparencia desde el 20 de abril de 2009, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 20.285 hasta el 28 de febrero de 2011 asciende a 1.862.

El número de ingresos demuestra una tendencia que se ha ido registrando en los últimos meses y que marca un ascenso permanente en la cantidad de reclamos presentados ante el Consejo para la Transparencia. Hasta enero de 2011, los promedios más altos se habían registrado en junio de 2009 con 118, el que se explicaba mayoritariamente por una gran cantidad de solicitudes que se registraron en mayo de ese año, los días siguientes a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  En noviembre de 2010 casi se igualó ese registro con 117, luego en diciembre de 2010 se contabilizaron 115 y en enero de 2011 llegó a 103, que aunque representó una baja, marcó un incremento significativo con respecto a enero de 2010 que totalizó 63.

El alza en el número de reclamos corresponde a una tendencia que también se ha registrado en todos los países en los cuales se ha promulgado una ley sobre acceso a la información pública y se explica principalmente por el aumento del conocimiento de las personas sobre ésta y los sistemas que ofrece para garantizar este derecho ciudadano.

 

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Número de reclamos ingresados por mes al Consejo para la Transparencia entre abril de 2009 y diciembre de 2010.

Consejo para la Transparencia recibe antecedentes por adquisición de puente mecano

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Este miércoles 9 de febrero de 2011 venció el plazo fijado por el Consejo para la Transparencia en su decisión C396-10 para que el Ministerio de Defensa entregue los antecedentes y documentación relativa a la adquisición de un puente mecano para instalar sobre el río Bíobío, debido a los efectos del terremoto de 2010.

Cumpliendo con ello, el Ministerio de Defensa ha concurrido al Consejo para la Transparencia para entregar la información y ha informado que también se la envió al ciudadano requirente (el abogado Paulo Montt). El Consejo valora positivamente la actitud del Ministerio de Defensa, pues representa una muestra de respeto por la institucionalidad que se ha dado Chile en materia de transparencia a partir de la Ley de Transparencia de 2008, y que encabeza el Consejo para la Transparencia como organismo garante del derecho de acceso a la información pública que tienen las personas.

Con todo, el Consejo advierte que la recepción formal de la información no implica que se esté pronunciando sobre si el contenido de aquélla se ajusta a la decisión del Consejo.

De igual manera, el Consejo destaca los anuncios del Ejecutivo sobre la derogación de la Ley Reservada del Cobre y espera que culminen con éxito y que la derogación se extienda a todas las leyes secretas aún vigentes en Chile.

Conviene recordar que originalmente el Ministerio se negó a entregar esta información, por lo que el peticionario acudió entonces al Consejo para la Transparencia. Si bien Defensa alegó que la entrega de esta información afectaría la defensa nacional y que la compra se había hecho aplicando la Ley Reservada del Cobre, el Consejo estimó que al tratarse de una obra expuesta al público y de uso civil sus características serían conocidas por todos, lo que descartaba tal afectación. A ello se sumó que tampoco Defensa justificó que el puente fuese un equipo o pertrecho militar.

En cuanto a la Ley Reservada del Cobre el Consejo decidió que esta, tras la reforma constitucional de 2005 y la aprobación de la Ley de Transparencia en 2008, sólo podía justificar el secreto cuando la revelación de la información afectase la seguridad de la nación, lo que no ocurría en este caso. Lo contrario supondría aceptar un peligroso bolsón de opacidad que debilitaría seriamente el principio democrático en que se basa la institucionalidad pública chilena. Por ello se envió un oficio al Ejecutivo manifestando la preocupación del Consejo por la existencia en Chile de leyes secretas.

CPLT participa en Seminario sobre Comercio y Transparencia

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La apertura del Seminario fue encabezada por Rodrigo Contreras, director general (s) de Relaciones Económicas Internacionales, y Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de dar a analizar y profundizar diversos aspectos vinculados al Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio  (OTC) adoptado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su vinculación con la transparencia de la función pública, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Consejo para la Transparencia realizan hoy y mañana un seminario en dependencias de la Cancillería.

Rodrigo Contreras, director (s) general de relaciones económicas internacionales, destacó en la apertura que este encuentro se enmarca dentro del marco de asistencia técnica que ofrece la OMC y que busca crear conciencia sobre los marcos regulatorios, los cuales no solo tienen impacto en el ámbito local, sino también en los convenios y pactos internacionales.”La transparencia ha adquirido una alta importancia en la función pública y es por ello necesario analizar cómo se vincula con los obstáculos para el desarrollo del comercio”, aclaró.
“Nos pareció interesante realizar este seminario, ya que el impacto de la función regulatoria en normas y reglamentos técnicos no se limita al plano local, sino también deben ajustarse a los compromisos internacionales asumidos por Chile, especialmente las disciplinas vinculantes de la OMC así como también en los compromisos bilaterales. Además, es importante tener profesionales capacitados en los organismos que manejan áreas técnicas”, añadió.
Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, señaló que el Consejo ha ido estableciendo a través de sus instrucciones generales nuevos ámbitos para el desarrollo de la transparencia. Tal es el caso de la Instrucción General N° 8 sobre la obligación de informar los antecedentes preparatorios para las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño. También ha establecido en sus instrucciones generales sobre transparencia activa numerosas buenas prácticas de manera que los organismos vayan avanzando y profundizando en la divulgación de información pública. “La política de transparencia es profunda y transversal y el Consejo para la Transparencia busca acompañar a todos los servicios en su implementación, tanto en el ámbito nacional como internacional”, agregó.
Al seminario asisten representantes de los ministerios de Vivienda, Medio Ambiente, Salud, Energía,  Subpesca, Sernapesca, SAG, SEC, Odepa,  INN, y Direcon. Algunos de los contenidos que verán son los aspectos generales del acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y los aspectos específicos sobre transparencia y las discusiones en curso – en el marco de la Ronda de Doha – para mejorar algunas disposiciones del Acuerdo relativas a la transparencia.

 

Avances chilenos

En 1997 se creó la Comisión Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio, la cual es encabezada actualmente por Direcon, para coordinar las agencias gubernamentales envueltas en el desarrollo de reglamentos Técnicos y para mejorar el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo OTC de la OMC.
Más tarde, en 2004, y como parte del trabajo al interior de la Comisión Nacional OTC, se acordó una regulación que establece un criterio básico para la adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (Decreto 77 del ministerio de Economía). Este es considerado un instrumento de Buenas Prácticas Regulatorias y asegura el cumplimiento de las Obligaciones del Acuerdo OTC-OMC y Acuerdos Bilaterales (OTC), especialmente referente a obligaciones en materia de transparencia.
Además, desde 2006 está disponible un Portal de Reglamentos técnicos chilenos (www.reglamentostecnicos.cl), cuyo objetivo es tener en un solo lugar toda la información respectiva. Esto ha sido un importante avance en materia de transparencia, el cual se ha trabajado coordinadamente con los miembros de la Comisión Nacional OTC.