A poco más de un año de entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Consejo para la Transparencia es el invitado de honor junto a otras importantes autoridades nacionales a la Séptima Semana de la Transparencia que se realiza en México y donde se destacará el proceso de implementación de esta normativa en el país.

El Seminario que se realizará en el país azteca busca replicar en parte la presentación que hizo el Consejo para la Transparencia en abril pasado con motivo de la celebración del primer año de vigencia de la ley y su existencia en Chile y donde se discutió en profundidad el proceso de implementación, incluyendo temas como el valor de la autonomía entre los organismos fiscalizadores.

La Séptima Semana de la Transparencia de México es organizada por el Instituto de Acceso a la Información (IFAI) de ese país que es el organismo a cargo de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en ese país. En México, dicho cuerpo legal entró en vigencia el 12 de junio de 2003.

El programa del Seminario contempla exposiciones del presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, el director Jurídico, Enrique Rajevic, el Contralor General Ramiro Mendoza, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, la directora de la biblioteca del Congreso Soledad Ferreiro, el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Felipe del Solar y Josefina Soto, asesora legal del Ministerio de Hacienda.

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Integrantes del primer panel: Carlos Williamson, director del Servicio Civil; Jorge Correa, director de Chile Transparente y moderador del panel; y Raúl Urrutia, presidente del CPLT.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, formó parte del primer panel del seminario Transparencia y Probidad: el Sello del Bicentenario, organizado por el capítulo chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente. El encuentro fue inaugurado el presidente de dicha organización, Juan Carlos Délano. Posteriormente Eduardo Engel, asesor del organismo, presentó los resultados de una encuesta sobre el financiamiento electoral y enumeró las propuestas para su perfeccionamiento.

Tras dichas intervenciones se dio paso al Panel I, Desafíos pendientes en la agenda de Probidad y Transparencia, integrado por Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia; Carlos Williamson, director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública; y moderado por Jorge Correa, director de Chile Transparente.

En su intervención el presidente del CPLT destacó los avances en materia de transparencia a partir del 20 de abril de 2009, cuando comenzó la vigencia de la Ley 20.285, resaltando que el Consejo ya ha resuelto 924 de los cerca de 1.120 casos que ha recibido.

En materia de Transparencia Activa, Urrutia entregó algunos ejemplos de buenas prácticas, como la publicación de viáticos y resaltó la información que entregan el Poder Judicial y la Contraloría en sus páginas web.

El personero dio a conocer un convenio de cooperación con el ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través del cual el Consejo para la Transparencia tendrá acceso a las estadísticas sobre solicitudes de información que llegan a la administración central. Adelantó, además, dos proyectos en los que trabaja el Consejo: soporte en la gestión de solicitudes de acceso de municipalidades – con apoyo del Banco Mundial- y un trabajo con alumnos de enseñanza media, de manera de potenciar la educación cívica en materia de transparencia.

Dentro de los desafíos pendientes, el presidente del Consejo mencionó completar el proceso de construcción de capacidades institucionales, el perfeccionamiento de los productos y servicios y un mayor posicionamiento institucional y público. En este sentido, dijo, es importante una voluntad política y el aporte de los recursos adecuados para la institución. Sumó, además, el gran desafío que podría asumir el Consejo en materia de protección de datos personales, recalcando que gran parte de las decisiones en materia de acceso dirimen también la publicación de información de esa índole.

Posteriormente se realizó el segundo panel, sobre la agenda de transparencia del gobierno y la Contraloría en el marco del Bicentenario. El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, realizó un recorrido histórico general sobre los avances en materia de probidad y transparencia que ha tenido el país, destacando la tradición de unidad que han concitado dichos esfuerzos.

Finalmente Cristián Larroulet, ministro Secretario General de la Presidencia, se refirió a la agenda de transparencia del gobierno, subrayando que la “transparencia es el tema central y está en el corazón de lo que se propone el gobierno”. Larroulet destacó el rol protagonista que algunas instrucciones han tenido en los avances al respecto, como la Contraloría, el Consejo para la Transparencia y organizaciones de la sociedad civil.

Dentro de los proyectos concretos de la agenda, el Ministro mencionó el perfeccionamiento a la ley de fideicomiso ciego, el nuevo proyecto de declaración de patrimonio e intereses y el perfeccionamiento de la Ley de Transparencia.

El Consejo para la Transparencia publicó este viernes 20 de agosto en el Diario Oficial, dos nuevas Instrucciones Generales. Se trata de la Instrucción General N°8 y de la Instrucción General N°9, ambas aprobadas por el Consejo Directivo el 10 de agosto pasado.

La Instrucción General Nº 8 se refiere a la obligación de informar en transparencia activa los antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño, conforme lo dispuso el artículo quinto de la Ley 20.416, y explica cómo cumplir con dicha obligación.

Esta instrucción se aplica sólo a los órganos de la Administración del Estado mencionados en el artículo 3 del Reglamento para la dictación de normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño, aprobado por Decreto Supremo N°80, de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Es decir, a “los Ministerios, Subsecretarías y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios, a que se refiere el Párrafo 1º del Título II D.F.L. Nº 1/19.653”.

Por su parte, la Instrucción General Nº 9 modifica las instrucciones generales N° 4 y N° 7, sobre Transparencia Activa. La Instrucción N°9 busca simplificar la manera de informar dos ítems de la transparencia activa: Personal y Remuneraciones y Actos y Resoluciones con Efectos sobre Terceros y facilitar el acceso por parte de los ciudadanos a esta información. Esta instrucción estuvo motivada y tuvo especialmente presente los planteamientos que hizo a este Consejo el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Raúl Urrutia, presidente del Consejo, en el taller realizado en la Municipalidad de Iquique.

Más de 120 funcionarios de la Región de Tarapacá asistieron al Taller de Actualización sobre la Ley de Transparencia dictado por el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia y abogados de la entidad.

La actividad se dividió en dos bloques, el primero efectuado durante la mañana en dependencias de la Municipalidad de Iquique, y que fue enfocado al mundo municipal, y luego por la tarde en la gobernación provinciall y al cual asistieron representantes de todos los servicios de la región.

En ambas ocasiones, el presidente del CPLT destacó el aporte que la Ley N° 20.285 significa para el país porque permite fortalecer la democracia y también le entrega credibilidad a la gestión de los funcionarios públicos. “Todos nosotros somos servidores públicos. Nuestro empleador son todos los chilenos y el hecho que ellos puedan ver cómo utilizamos los dineros públicos avala nuestra gestión”, resaltó refiriéndose a las obligaciones que impone la ley de publicar en los sitios web numerosa información mes a mes según lo consigna el artículo 7 de la normativa.

En relación con las obligaciones de transparencia activa, también se profundizó en las instrucciones generales N° 4 y N° 7 que entraron en vigencia en julio pasado y cuyo cumplimiento será fiscalizado a partir de septiembre próximo.

Raúl Urrutia, presidente del CPLT, en el 3er. Encuentro Nacional de Concejales

El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, integró junto al alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, el panel “Transparencia en la función pública y obligaciones de los municipios”, realizado el jueves 12 de agosto de 9 a 11 horas, dentro del programa del tercer Encuentro Nacional de Concejales efectuado en Osorno y organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades.

Al panel asistieron más de 600 personas de todo el país, ofreciendo una oportunidad muy importante para profundizar los conocimientos de los asistentes respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de analizar las buenas prácticas que ya están incorporando los municipios en su gestión.

El presidente del CPLT destacó la importancia del sector municipal para el buen funcionamiento de la Ley N° 20.285, ya que son las instituciones más cercanas a las personas y donde se concentra gran cantidad de información útil para ellos. Por eso, detalló las diversas actividades y programas que el CPLT está desarrollando para apoyar a que estos organismos puedan implementar la normativa y cuenten con herramientas de gestión que les permita canalizar la información, tanto referente a la transparencia activa, como las solicitudes de acceso que reciban. Además, recalcó el rol de los concejales como fiscalizadores de las actividades de los municipios, siendo la ley de acceso a la información pública una herramienta muy valiosa en su trabajo.

Junto a la exposición del presidente del CPLT, participó Christian Anker, jefe de la unidad de Promoción y Clientes, quién explicó a los concejales presentes las nuevas instrucciones respecto a Transparencia Activa y la importancia de estas obligaciones dentro de las normativas a las cuales están sujetos todas las municipalidades del país.

Este jueves el Consejo para la Transparencia realizó dos capacitaciones en SITRET, Sistema de Transferencia Electrónica de Transparencia, desarrollada por el propio Consejo, que permite a los sujetos obligados reportar las estadísticas respecto de solicitudes de acceso a la información y, en una segunda aplicación, gestionar dichas solicitudes al interior de su institución.

Las actividades, que en esta ocasión estuvieron orientadas a empleados municipales, tienen como objetivo realizar un recorrido detallado por la herramienta e invitar a los organismos a sumarse a la etapa piloto que se prolonga hasta noviembre de este año.

Los talleres estuvieron a cargo de Daniel Manríquez, jefe de la Unidad de Estadísticas; Gastón Avendaño, jefe de la Unidad de Sistemas; y Felipe Ramírez, abogado de la Unidad de Promoción y Clientes. Los profesionales pudieron responder a las dudas de los asistentes, así como escuchar sus consultas y sugerencias en pro de la mejora del sistema.

SITRET se encuentra en una fase de prueba (versión beta) y todas las instituciones que estén interesadas pueden utilizarla y participar en las pruebas que permitan en los próximos meses desarrollar la versión definitiva.  Los comentarios y críticas que se envíen al Consejo serán recogidos y considerados en el modelo final que deberá estar operativo a fines de año.

Para aquellos organismos y municipios que estén interesados en obtener la herramienta digital, ésta se encuentra disponible en el sitio http://sitret.consejotransparencia.cl y también pueden dirigir sus consultas a la dirección de correo electrónico: sitret@consejotransparencia.cl. La próxima actividad se realizará en octubre.

Este martes 10 fue notificado el fallo de la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad de Ñuñoa contra una decisión del Consejo para la Transparencia que obligaba a entregar información. (Amparo A242-09)

En el considerando sexto del fallo la Corte establece que:

“Que se encuentra reconocido en autos que la Corporación reclamante fue creada por un órgano público como lo es la Municipalidad de Ñuñoa, que por otra parte de la personería agregada a los autos aparece que su dirección corresponde precisamente al Alcalde, no obstante su derecho a delegar tal función como ocurre en la especie y, por último, la función que le es asignada es eminentemente pública, como lo es la operación y administración de servicios educacionales, a lo que se suma lo dispuesto en el artículo 15 del DFL 1-3063 en cuanto a que tales Corporaciones son fiscalizadas por la Contraloría General de la República, lo que termina por demostrar que si bien se constituyen como personas jurídicas de derecho privado, el objetivo es sólo facilitar el ejercicio de una función administrativa y como tal sujeta a los mismos mecanismos de control y fiscalización que el órgano que las creó”.

En noviembre de 2009 el CPLT acogió el amparo de Emma Román, quien recurrió al Consejo tras recibir información que, a su juicio, no correspondía con la solicitada. La reclamante había pedido sus resultados completos obtenidos en el concurso público para docentes de Ñuñoa, efectuado en junio de 2009.

Tras esta decisión el representante de la corporación, Axel Müller, presentó un reclamo de ilegalidad, el que fue rechazado por la Corte.

De esta manera, de los cuatro reclamos presentados ante cortes de apelaciones sobre este mismo tema, los cuatro han dado la razón al CPLT, estableciendo que la Ley de Transparencia es aplicable a las corporaciones municipales. Los anteriores reclamos se refieren a las corporaciones municipales de Viña del Mar, Villa Alemana y San Miguel.

Raúl Ferrada, director general; Raúl Urrutia, presidente; y Christian Anker, jefe de Promoción y Clientes del CPLT

Profundizar en diversos aspectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y dar a conocer las nuevas instrucciones generales referentes a Transparencia Activa fueron los objetivos principales de este Taller de Actualización en Transparencia, realizado en la provincia de San Antonio y organizado en forma conjunta con la gobernación respectiva.

La actividad se realizó en el auditorio de la Asociación Chilena de Seguridad en San Antonio y contó con la presencia del gobernador, Mauricio Araneda, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, el director general, Raúl Ferrada y el jefe de la unidad de promoción y clientes, Christian Anker.

La capacitación comenzó con una ponencia del presidente del CPLT en la que destacó que el derecho de acceso a la información pública es un derecho consagrado en la Constitución desde 2005, cuando se modificó el artículo 8° de la Carta Fundamental. “La Constitución Política recoge este anhelo ciudadano de que todos los actos del Estado fueran públicos”, enfatizó. Además agregó que la creación de organismo autónomo dedicado a velar por el respeto de este derecho, como lo es el Consejo para la Transparencia, fue parte de las exigencias que Chile debió cumplir para su ingreso a la OCDE, ya que “el derecho de acceso a la información pública es vital para cualquier actividad económica”.

“Me enorgullece decir que la conformación de este Consejo, con cuatro miembros y elegidos de forma transversal para que estén presentes todas las sensibilidades políticas, ha permitido que nuestro trabajo siempre sea en base a la ley. Nunca hemos tomado una decisión influenciada por una postura política por parte de sus miembros. Todos los casos los hemos analizado conforme con la Constitución y la Ley de Acceso a la Información”, como corresponde a la labor que deben realizar los órganos autónomos”, comentó.

Raúl Ferrada, director general del Consejo, realizó una revisión de la labor que ha desarrollado el CPLT durante este año y tres meses de actividad, destacando las actividades de apoyo a los organismos y municipios, en especial el modelo de autofiscalización de la Transparencia Activa que se inició en julio. “Nuestro objetivo no es repartir sanciones, queremos ayudar a que todos los sujetos obligados por la ley, puedan cumplirla bien y que avancen en la implementación de la cultura de la transparencia”, señaló.

El jefe de Promoción y Clientes, Christian Anker explicó en detalle las Instrucciones Generales N° 4 y N°7 referentes a la Transparencia Activa que imponen nuevas obligaciones a los organismos y demostró las buenas prácticas que el CPLT intenta implementar a futuro que permiten avanzar más allá de lo que imponen las normas.

El taller terminó con una ronda de preguntas y una activa inscripción de todos los funcionarios para particiapar en nuevas actividades.

Este martes el Senado ratificó la nominación de Jorge Jaraquemada Roblero como nuevo consejero del Consejo para la Transparencia.

El abogado  asume el cargo hasta el 28 de octubre de 2014, ya que ingresa en lugar de Roberto Guerrero, quien presentó su renuncia a la institución por motivos personales.

Jaraquemada es abogado de la Universidad Católica y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.  Tiene un diploma en Gestión, de la Wharton School, de la Universidad de Pensilvania, y otro en Estudios de Audiencias de la PUC.

Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. Entre 1998 y 2007 fue socio de Benavente y Jaraquemada Consultores. Hasta 2001 estuvo ligado al Consejo Nacional de Televisión, organismo en el que ocupó diversos cargos, como Jefe de Administración y Finanzas y Jefe del Departamento de Supervisión de Contenidos, entre otros. Entre 1992 y 1999 fue consultor externo del Instituto Libertad y Desarrollo.

En lo académico ha sido profesor de distintos módulos en magister y MBA de las  universidades Mayor y Diego Portales, así como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo e investigador en la UDP y en la Universidad de Chile.

Ha sido autor y coautor de libros, documentos de trabajo y artículos, entre los que destaca el artículo Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: construyendo confianza institucional, del libro del senador Hernán Larraín, Transparencia y acceso a la información: la modernización que faltaba, publicado en 2008.

Los participantes del panel: Juan Enrique Vargas, Andrés Allamand, Alejandro Ferreiro, Felipe Harboe, Alejandro Barros y Moisés Sánchez.

Este lunes 2 se realizó un taller de protección de datos personales organizado por el Consejo para la Transparencia y el Centro de Sistemas Públicos de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile (CSP).

El encuentro, que reunió un interesante panel con personalidades que han estudiado el área, tuvo como objetivo abrir la discusión sobre el tema de la protección de datos, presentando un estudio realizado por dicha universidad y, al mismo tiempo, escuchar los planteamientos de distintos sectores.

Luego de las palabras del bienvenida del presidente del Consejo, Raúl Urrutia, y de la introducción del director general de la institución, Raúl Ferrada, se realizó la presentación del estudio, a cargo de José Inostroza, director ejecutivo del CSP, y de René Lagos, investigador asociado al centro.

Posteriormente se realizó el panel Protección de Datos: el desafío institucional en el que participaron  el senador Andrés Allamand, el diputado Felipe Harboe, el decano Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas;  Alejandro Barros, académico de la Universidad de Chile, y Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso.

Tras la conversación, que estuvo moderada por el consejero del CPLT  Alejandro Ferreiro, el público invitado tuvo un espacio para realizar consultas y comentarios a los panelistas.

Este jueves 29 de julio la 5ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó unánimemente un reclamo de ilegalidad deducido por CIPER Chile en contra del Consejo para la Transparencia.

El recurso fue interpuesto por dicho medio de comunicación a raíz de la decisión del amparo C450-09, en que se concluye que no resulta aplicable a Polla Chilena de Beneficencia, y en general, a las empresas públicas y del Estado, las normas sobre derecho de acceso a la información, sino sólo las referidas a la transparencia activa, con el contenido especial del artículo décimo de la Ley N° 20.285.

La sentencia, causa rol 608-2010, es la primera que aborda el fondo la aplicabilidad del derecho de acceso a las empresas del Estado y que ratifica íntegramente el voto de mayoría del Consejo en la materia. Así, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que las empresas públicas no se encuentran obligadas a cumplir con los principios de transparencia pasiva y dar acceso a la información de sus actividades propias.

En los vistos 14° y 15° del  fallo la Corte de Apelaciones establece:

“Que como ya quedó claro de los razonamientos expuestos en esta sentencia, el legislador, al crear el Consejo para la Transparencia no le reconoció la función de garantizar el derecho de acceso a la información cuando fuera ejercido respecto de empresas del Estado, como lo prueba además el hecho de que el artículo décimo de la Ley Nº 20.285 regulara, de un modo especifico, los términos en que éstas deberán divulgar los antecedentes que allí se precisan”.

“Que, por consiguiente, ese órgano del Estado carece de facultad para otorgar derecho de acceso a la información que terceros interesados ejerzan respecto de empresas el Estado para solicitarles informes o antecedentes específicos relativos a su giro, de suerte que al resolver el aludido Consejo que carece de competencia en tal sentido, sobre la solicitud que el reclamante formuló a Polla Chilena de Beneficencia S.A., no incurrió en la ilegalidad denunciada en esta sede”.

Ciper Chile había solicitado a Polla Chilena copia de documentos relativos a la licitación pública internacional destinada a contratar la provisión de servicios tecnológicos de administración de juegos de azar, adjudicada a la empresa GTECH Corporation, solicitud que fue denegada, tras lo cual recurrió al Consejo para la Transparencia. Sin embargo, en su decisión, el CPLT declaró el amparo como inadmisible por incompetencia del Consejo para su conocimiento.

Ver sentencia de la causa Rol 608-10