Encabeza las actividades protocolares y actividades de capacitación el consejero del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete. (más…)
En una reunión de carácter protocolar el director general Ricardo Yáñez acompañado por oficiales del alto mando visitaron las oficinas del Consejo para la Transparencia (CPLT) para sostener un encuentro con el presidente de nuestra institución, Francisco Leturia, y representantes del CPLT, con quienes abordaron una serie de temáticas vinculadas a transparencia y probidad en la institución uniformada.
En dicha instancia, en el que participaron el consejero CPLT, Bernardo Navarrete, y el director general de nuestra entidad, David Ibaceta, se plantearon una serie de acciones que se han impulsado desde el Consejo en estos ámbitos en el caso de Carabineros y se revisaron actividades que permitan establecer lazos de apoyo y cooperación entre las entidades.
Sobre la conversación que sostuvieron con el director general y otros integrantes de Carabineros de Chile, Leturia explicó que “Como Consejo para la Transparencia creemos que parte de las acciones que debieran promoverse en Carabineros en este tiempo requieren para su implantación del apoyo de distintos actores. Todos queremos que esta institución pueda cumplir de manera adecuada y con los recursos necesarios una acción fundamental para la seguridad de chilenas y chilenos, y para el Estado de Derecho”.
El presidente de nuestro Consejo, Francisco Leturia, agradeció la participación de los nuevos integrantes de esta instancia y en su intervención de bienvenida destacó los desafíos que deberá enfrentar la institución en materia constitucional, legal y reglamentaria antes y después del plebiscito de este 4 de septiembre.
Enfatizó también en el valor de las formas de trabajo colaborativo y la relevancia del COSOC, subrayando la labor del Consejo en otras zonas del país fuera de la capital “en capacitaciones y también acercándonos a municipios y a otras entidades para conocer las realidades locales que a veces son tan diferentes y que desde un computador (…) no siempre son fáciles de imaginar”, con el objetivo de conocer mejor las realidades que se deben regular.
Afirmó que las acciones que el Consejo busca es “más transparencia, mejor calidad de la información, mejor calidad del debate, más libertad en la posibilidad de expresar opiniones e ideas. Si la calidad de la información disponible es mejor es más fácil hacer aportes, estar informado e informar”. Lo anterior, porque “la información nos ayuda a tomar buenas decisiones en todos los ámbitos”.
Además, Leturia se refirió al contexto actual aludiendo a que “el viento sopla a favor de la transparencia y a favor del acceso a la información en las cosas que es pertinente”, agregando que “hay una ola expansionista positiva y ojalá que las cosas se vayan haciendo con la velocidad que se espera” en lo relativo al proyecto de ley que perfecciona la Ley de Transparencia.
El titular de nuestro organismo adelantó el trabajo en materia de instrucciones generales en materia de transparencia y a las formas de trabajar y presentar estudios y modificaciones reglamentarias. “Antes de dictarlas, la idea es abrir espacios para comentarios, revisión de las personas que quieran hacerlo, de forma tal de incorporarlo en los debates”, comentó.
También participó en la instancia el director general, David Ibaceta, quien hizo hincapié en la diversidad, paridad y en la relevancia de la puesta en marcha del COSOC, enmarcada en las facultades del Consejo de garantizar el ejercicio y la promoción del derecho, fiscalizar y sancionar, desarrollando procesos administrativos y aplicando sanciones a quien corresponda.
Nuevo COSOC
El COSOC 2022 quedó conformado por los siguientes representantes: Víctor Figueroa Vergara, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (Región Metropolitana) Inés Catalán Bilbao de la Corporación Social Kintunien Ayún (Región Metropolitana) Carlos Ruz Maldonado, de la Asociación de Consejeros Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (Región Metropolitana; Bárbara Calderón Escárate de la Universidad Viña del Mar (Región de Valparaíso); María Jaraquemada de Chile Transparente, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional (Región Metropolitana); – Paulina Andrés del Hogar de Cristo (Región Metropolitana) Mónica Ormeño Oliva de la Junta de Vecinos 16A “Claudio Arrau” del Barrio Santa Isabel, Comuna de Providencia (Región Metropolitana); Juan López Baldomá de la Asociación Nacional de Periodistas Jubilados (Región Metropolitana); Ana María Letelier Sullivan del Centro de Innovación para las Contrataciones y el Abastecimiento Estatal (CICAB) (Región Metropolitana); Sergio Donoso Salgado de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Región Metropolitana); Roberto Najle Fairlie de la Corporación Cultural ArtMedia (Región del Maule); y Víctor San Martín Ormeño de la Fundación Contribuye (Región del Biobío).
El proceso, impulsado y coordinado por la Unidad de Formación y Promoción, se realizó entre el 19 de mayo y el 20 de junio de 2022. En este proceso se inscribieron 21candidaturas y 88 organizaciones de la sociedad civil para votar, registrándose una alta participación de fundaciones, universidades, centros de estudio, organizaciones sociales, uniones comunales, juntas de vecinos, voluntariados, entre otras.
Destacaron acciones de capacitación a funcionarios públicos en pro de la transparencia de las acciones de las autoridades y servicios locales.
“Creo que nadie en Chile duda de la importancia de la probidad y la transparencia, y lo bueno es que aquí se puede mostrar que todos podemos estar unidos en este momento, en que hay divisiones en otras partes, en avanzar en esto”. Con estas palabras se refirió el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, a la iniciativa de co-creación de la Estrategia Nacional de Integridad Publica anunciada por el gobierno, tras participar en encuentro con representantes de diversos organismos públicos que trabajan en estos temas esta mañana y que fue encabezada por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Desde La Moneda, Leturia afirmó que tras diversas iniciativas de este tipo, espera que busca generar un ecosistema eficaz y coordinado anti corrupción “no sean anuncios grandilocuentes”, y “se transformen en cambios y avances legislativos que necesitamos con más urgencia que nunca, ya que agendas anti corrupción hemos tenido desde 1995”.
Al ser consultado sobre las acciones del gobierno en el marco de la campaña por el plebiscito del 4 de septiembre, el presidente del CPLT destacó lo “anómala” de la situación actual, en la que evidenció un vacío al no definirse un “organismo independiente que se dedicara a informar, más allá del gobierno”. Y agregó: “El gobierno debería ser, me parece a mí, máximamente prudente porque nadie puede informar sin mostrar donde está su corazón y eso puede generar un daño institucional permanente”.
Planteó además su preocupación por detalles de una minuta difundida ayer por un medio digital y en el que se hace referencia al rol del presidente en la campaña del plebiscito. Al respecto dijo: “sería bueno que (el presidente) lo aclarara para que tuviéramos todos tranquilidad de que un comando no dispone de su tiempo, de sus dichos y cosas por el estilo. Realmente no creo que sea así y espero que sea una noticia equivocada”.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó lo decidido por el Consejo para la Transparencia y ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) a entregar una serie de antecedentes sobre centros de producción salmonera en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, informados entre 2018 y 2019, y en los que se hubiera identificado la presencia de enfermedades bacterianas y virales.
Ello tras rechazar un reclamo de ilegalidad presentado por la empresa Invermar S.A., en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (rol C1758-20), el cual había acogido el amparo presentado por el solicitante de estos antecedentes en contra de Sernapesca, servicio que se había opuesto a entregar la información a solicitud de privados que alegaron eventuales afectaciones comerciales y económicas si llegaban a difundirse los detalles de la información requerida.
El titular del CPLT, Francisco Leturia, explicó que el Consejo para la Transparencia, institución que debe velar por el acceso a información pública que estaría en poder de organismos del Estado, subrayó que “queremos que se entienda que el derecho a saber y a conocer información de instituciones públicas tiene aplicación práctica y es sumamente importante. En este caso hablamos de la relevancia de saber qué estamos comiendo y cuál es el impacto que esta actividad y el uso de medicamentos puede conllevar a las personas y al entorno”.
La empresa tiene plazo hasta el jueves 28 de julio para recurrir de queja ante la Corte Suprema.
Valoramos la adopción de aquellas acciones que impidan el desempeño de funciones públicas en caso de dependencia de sustancias o drogas ilegales, pero, hay que velar por que los mecanismos que se implementen deben ser compatibles con lo establecido por la Constitución y la ley en materia de información personal, especialmente resguardada en el caso de datos como el estado de salud o diagnóstico médico.
El Consejo Directivo de nuestra institución emitió una declaración en la que, además de valorar la implementación de medidas orientadas al desempeño de la función pública de manera “honesta e intachable”, se refirió en particular a aquellos “mecanismos que impidan a quienes tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, desempeñar funciones públicas (a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico)”.
Adicionalmente, apuntaron a la necesidad de que cualquier esfuerzo en esta línea debe ser compatible con el reconocimiento constitucional de la protección de datos personales y sensibles, que incluye el estado de salud físico y psíquico de una persona.
En la declaración señalamos también que, acorde a lo establecido por la norma sobre protección de datos personales (Ley N°19.628), su tratamiento -es decir, comunicación, recopilación, almacenaje, entre otras acciones- “sólo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”.
Agrega que en el caso de datos sensibles la normativa es aún más estricta, detallando que este tipo de información personal solo puede tratarse vía autorización expresa de una ley, con el consentimiento del titular de los datos o en el caso de que estos sean necesarios para determinar la entrega de un beneficio de salud.
Al mismo tiempo, advertimos que el tratamiento de datos personales debe estar fundado en el consentimiento expreso de la persona que es titular y que “éste debe prestarse de forma libre, informada y sin coerción”, lo que iría en contra del carácter obligatorio con el que se quiere dotar al test que se aplicaría a los parlamentarios de la Cámara Baja.
En el punto 4 de la declaración se enfatiza en que “Cualquier medida que persiga los objetivos de garantizar la probidad de los servidores públicos y un estado de salud compatible con las responsabilidades que se le han asignado, debe ser implementada en la forma dispuesta por nuestro ordenamiento jurídico”.
Finalmente, establece que “el tratamiento de datos sensibles como lo son aquellos relacionados con la salud física o psíquica de cualquier persona, solo puede hacerse cuando una ley lo autorice, o cuando la persona preste libre y voluntariamente su consentimiento. No puede por tanto pretenderse regular esta materia mediante una norma infralegal, como lo es un reglamento”.
El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT), el 5 de julio de 2002, y en el marco de los debates que se han generado para resguardar el adecuado cumplimiento de la función pública establece lo siguiente:
1.- El CPLT comparte la necesidad de adoptar medidas para que la función pública sea desempeñada en forma honesta e intachable, previniendo situaciones de faltas a la probidad o conflictos de interés de cualquier índole.
En este sentido, y con la finalidad de asegurar lo anterior, la implementación de mecanismos que impidan a quienes tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, desempeñar funciones públicas (a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico), tal como se hace en la Administración Central, van en la dirección correcta.
2.- Sin embargo, lo anterior debe ser compatibilizado con el mandato constitucional expresamente establecido en el artículo 19, N°4 de la Constitución, que asegura la protección de los datos personales, obligando a todos los órganos del Estado a velar por el respeto y promoción de este derecho (artículo 5° inc. 2° de la Carta Fundamental). El CPLT, en ejercicio de sus funciones legales, ha desarrollado una jurisprudencia y doctrina abundante sobre estas materias.
3.- Sobre el particular, conviene recordar que la garantía constitucional, aparte de dar reconocimiento expreso al referido derecho, establece un estatuto de protección importante y una reserva legal reforzada, al disponer al efecto que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.
La Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, que regula la materia en nuestro país, señala que el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello.
La cuestión es aún más estricta tratándose de datos personales sensibles, los cuales, como regla general, no pueden ser objeto de tratamiento, salvo que lo autorice expresamente una ley, concurra el consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.
Con todo, cuando el tratamiento se funde en el consentimiento del titular éste debe prestarse de forma libre, informada y sin coerción, de lo contrario no constituiría una habilitante válida para el tratamiento de los datos personales y/o sensibles. Esta exigencia no se cumpliría cuando el consentimiento se otorga bajo la amenaza de una sanción.
Cabe señalar que dentro de la categoría de datos sensibles, existe consenso a nivel nacional y comparado, que los datos relativos a los estados de salud físicos o psíquicos de las personas, son expresiones paradigmáticas de la misma.
4.- Cualquier medida que persiga los objetivos de garantizar la probidad de los servidores públicos y un estado de salud compatible con las responsabilidades que se le han asignado, debe ser implementada en la forma dispuesta por nuestro ordenamiento jurídico.
Cuando ello implique efectuar tratamiento de datos personales, y especialmente sensibles (ya sea que se trate de recabar estos datos, almacenarlos, cederlos o comunicarlos, o cualquier otra operación de tratamiento de datos) deben dar estricto cumplimiento a la disposición constitucional que mandata su tratamiento y protección exclusivamente a la ley.
5.- En el caso concreto, el tratamiento de datos sensibles como lo son aquellos relacionados con la salud física o psíquica de cualquier persona, solo puede hacerse cuando una ley lo autorice, o cuando la persona preste libre y voluntariamente su consentimiento. No puede por tanto pretenderse regular esta materia mediante una norma infralegal, como lo es un reglamento.
Descarga declaración: AQUÍ
En el marco de la reunión de primavera del Working Group of Public Integrity Senior Officials (SPIO), la consejera fue presentada en este cargo y destacó la participación de mujeres en estas instancias.
Este martes, la consejera Gloria de la Fuente, asumió el cargo de chair o directora del grupo de expertos en Integridad y Anticorrupción Senior Public Integrity Officer (SPIO) de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que refuerza el rol incidente de nuestra institución en organizaciones internacionales de transparencia y de prevención de la corrupción.
Su presentación se enmarcó ayer en la reunión de primavera de este grupo de países miembro de la OCDE, sucediendo a otra mujer en el directorio, la polaca Anne Rivera, espacio en el que entre otras líneas de trabajo desarrollarán recomendaciones en transparencia, integridad y lobby, que debiese publicarse en 2023.
En el actual borrador del documento se identifican como desafíos emergentes en estas materias, entre otros: la regulación de redes sociales como herramienta de lobby, el acceso a información sobre los think tanks y garantizar la cobertura incluso de actores extranjeros en materia de lobby. Asimismo, se plantea la necesidad de transparentar donaciones y contribuciones recibidas por gobiernos, partidos y campañas, o información sobre financiamiento y funciones de órganos consultivos y de asesoramiento a gobiernos y tomadores de decisiones.
El Consejo ya tenía un rol en esta instancia de alto nivel, pero la asunción de De la Fuente es un nuevo reconocimiento al sistema de transparencia y a las acciones que el país ha implementado en materia de políticas públicas anticorrupción, vinculadas a la modernización del Estado.
Este fue uno de los aspectos que destacó la nueva directora en su intervención, además de agradecer el nombramiento, que pone sobre la mesa la relevancia del involucramiento de más mujeres en estos temas, y destacar el trabajo actual del equipo de la OCDE.
La norma establece excepciones que podrían justificar pagos por más de 51 mil millones de pesos entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. (más…)
“Después de este fallo no será posible discutir la publicidad de la información relacionada con esas entidades”, dijo el presidente del Consejo para la Transparencia. (más…)
