El organismo negó el acceso a ingresos de detenidos y detenidas a establecimientos penitenciarios de la Región Metropolitana provenientes de uno de los recintos de detención más importantes de la CNI, el cuartel Borgoño, alegando, entre otras razones, la mala calidad de los libros en los que se contenía lo requerido. (más…)

La ratificación de Chile se traduce, entre otras cuestiones, en un fortalecimiento al derecho de acceso a la información promoviendo el ejercicio de otros derechos.

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La titular del CPLT, acompañada del consejo directivo de la entidad, abordó desafíos y brechas en materia de transparencia e instó a avanzar “no solamente en la Ley de Acceso a la Información Pública sino también en temas de probidad, que tienen que ver fundamentalmente con mayor control y apertura de la información del Estado para ciudadanos y ciudadanas”.

Tras un encuentro con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, en el que participaron en representación del Consejo para la Transparencia (CPLT), su presidenta, Gloria de la Fuente, y los consejeros, Natalia González, Francisco Javier Leturia y Bernardo Navarrete, la titular del organismo manifestó la necesidad de avanzar materias de transparencia e integridad en lo público, temáticas que calificó como “fundamentales para nuestro país y este ciclo político y de gobierno que se inicia”.

“Creemos que es una señal potente para el fortalecimiento de nuestro sistema político y de nuestra democracia”, agregó.

La representante del CPLT calificó de “muy buena” la recepción de las nuevas autoridades en este ámbito. Al respecto comentó: “Tenemos un proyecto de ley que está saliendo del segundo trámite y que entendemos que ya tiene suficientes consensos para poder avanzar. Hemos encontrado una buena acogida del gobierno que esperamos se materialice en los próximos días en un empuje sustantivo a la iniciativa que adecua la legislación vigente”, espetó.

Apuntó a la necesidad de que “los ciudadanos puedan tener una nueva ley de transparencia, porque creemos que eso es lo que mejora el estándar de la democracia y la disponibilidad de las autoridades a rendir cuentas”.

Sobre la iniciativa de ley en este ámbito que se tramita en el Parlamento la titular del organismo explicó que “En esta etapa, creemos que esta readecuación legislativa que implica este proyecto de ley debieran poder avanzar como está. Varias de las cosas que eran de interés del Consejo quedaron contenidas ahí”. Sin embargo, enfatizó: “hay muchas otras que no, pero entendemos que cuando el proceso constituyente termine y dependiendo cómo quede el acceso a la información instalado como derecho fundamental reconocido podremos avanzar hacia una legislación mucho mejor y en base a estándares internacionales también”.

De la Fuente destacó después del encuentro “un compromiso presidencial en período de campaña, una iniciativa que impulsó el Consejo para la Trasparencia” que involucra avanzar en materias de transparencia “no solamente en la Ley de Acceso a la Información Pública sino también en temas de probidad, que tienen que ver fundamentalmente con mayor control y apertura de la información del Estado para ciudadanos y ciudadanas”.

Parte de las conclusiones de expertos de Chile, Argentina y Uruguay en países de la región que se reunieron esta mañana para analizar el proceso de implementación de la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Algunos de los retos legislativos y de modernización en el ámbito de la transparencia que plantean a nivel regional estándares internacionales como la Ley Modelo Interamericana de Transparencia 2.0 en materia de derecho de acceso a la información como un derecho fundamental para toda persona, planteó un panel de expertos en el marco de un seminario organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) de Chile y Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

A partir de un sólido piso regional, que pasó por la concientización del derecho de acceso, se requiere de un “salto cualitativo” focalizado en mejorar la calidad de la información, planteó Jaime Moreno-Valle Oficial Jurídico Principal, Departamento de Derecho Internacional Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, detalló algunas ventajas que permiten reducir la tendencia al secretismo y como herramienta practica a la que pueden recurrir los países miembros.

Desde la revisión de la experiencia de Chile, Argentina y Uruguay –considerados “de avanzada en el tema de acceso a la información pública” en palabras del representante y coordinador de la Oficina Regional América del Sur Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, Eduardo Bertoni-, se plantearon las brechas entre lo que establece la Ley Modelo, con un impacto concreto en las políticas públicas y legislaciones de cada país.

En la exposición del caso chileno, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, ésta destacó la ampliación de las obligaciones de transparencia más allá del ámbito estatal, por ejemplo en el caso de los partidos políticos, gremios y organizaciones sin fines de lucro. También apuntó a lo clave del aprendizaje derivado de la pandemia y que se traduce en instalar el concepto de transparencia proactiva, así como en la experiencia derivada de la crisis social de octubre de 2019, que plantea lo relevante de un articulado específico en materia de acceso a la información y derechos humanos.

La titular del CPLT afirmó además respecto de los retos que impone esta herramienta en el ámbito de las democracias representativas aparece “la garantía de derechos fundamentales para hacer tres cosas claves para cualquier norma de acceso a información pública en función del contexto democrático en el que se inserta: combatir la corrupción (…), hacer exigible la rendición de cuentas de las autoridades y actúa como derecho llave”. Sobre esto último enfatizó en la experiencia adquirida en el contexto de pandemia, que apunta al derecho de acceso a la información como habilitante del ejercicio de otros derechos, no sólo para el conocimiento de información asociada a la emergencia sanitaria sino también de prestaciones que buscaban palear los efectos de la crisis.

María Gracia Andía, titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacó algunos desafíos en materia de transparencia planteados por la OEA como: foco en órganos garantes, perspectiva de género, promover la visibilización de grupos vulnerables, entre otros. Estamos mirando y trabajando hacia ello interpelados por la Ley Modelo, dijo.

Asimismo, Eduardo Bertoni, apuntó a la necesidad de “asegurar que todas las personas en las Américas, independiente de la jurisdicción en la que se encuentren, siendo migrantes y habiendo tanta movilidad en nuestro hemisferio en estos momentos, puedan gozar del mismo nivel de protección en términos de acceso a la información pública”.

La experiencia indica que toda instancia de renovación de la ley puede ser “peligrosa” al estar presente a tentación de promover cambios regresivos, porque a las autoridades no les gusta que las controlen y el ojo ciudadano. Aquí aparece la Ley Modelo como “barrera de contención”, dijo el presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Uruguay, Gabriel Dellpiazzo.

En tanto, el director ejecutivo del IIDH, Joseph Thompson, comentó que se trata de temas que “afectan no solo una faceta de la libertad de expresión” -como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, sino también con la lucha por la transparencia y contra la corrupción.

Proyecto de “adecuación” en trámite

En relación al proyecto de ley que moderniza la Ley de acceso a la información pública, actualmente en trámite en el Parlamento, De la Fuente enfatizó en que “lamentablemente, terminada la legislatura, no tuvimos la oportunidad de ver una nueva ley”. Apuntó además a los déficits que a su juicio plantea la iniciativa y que evidencian con claridad estándares internacionales como el de la OEA: “Estamos discutiendo en el Congreso una readecuación legislativa y no Ley de Transparencia 2.0 porque varias cuestiones contenidas en la Ley Modelo van mucho más allá de lo que quisiéramos y de lo que aspira la legislación (a nivel nacional)”, agregó.

Asimismo, afirmó que la Ley Modelo podría permitir un “envión” para realizar propuestas legislativas una vez que se apruebe el proyecto de “adecuación” y tras el proceso constituyente, indicando que se espera que en la nueva carta fundamental quede reconocido explícitamente el derecho de acceso a la información y la autonomía del órgano garante.

Reunión de la RTA 2022

En abril se desarrollará en Chile, de manera híbrida, un encuentro de los países que integran la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), que se realizará de manera híbrida en abril de este año en Chile y en el que se abordarán estos y otros temas relevantes en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información como un derecho humano fundamental.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) y rechazó el reclamo de ilegalidad, presentado por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C5061-2021 dictada por el CPLT, que acogió el amparo por denegación de acceso a la información, ratificándose la obligación de la Armada de Chile de entregar la hoja de vida del ex comandante en jefe de la institución, Jorge Patricio Arancibia.

 

A partir de un amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia, tras la negativa de la Armada de Chile de entregar información sobre hoja de vida de Jorge Patricio Arancibia, el organismo ordenó al servicio la entrega de dichos antecedentes, estableciendo que no se demostraron las causales de reserva aludidas por la entidad pública, estipulando el resguardo de datos personales de contexto y sensibles.

 

El caso derivó de una solicitud de acceso de información en el que se requirió entrega de copia a la hoja de calificaciones y hoja de vida de la ex autoridad de la Armada, desde que ingresó a la institución hasta que se retiró el 18 de junio de 2001, cuando ocupaba el cargo de comandante en jefe.

 

Al respecto, el CPLT argumentó que lo anterior, se trata de información pública que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte las funciones del órgano, la seguridad de la nación, el interés nacional, los derechos de las personas, la vida privada, ni el derecho a la honra de los funcionarios. No obstante, la institución puede recurrir a la Corte Suprema.

 

Asimismo, se representó a la Armada de Chile su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir bajo reserva a este Consejo para su análisis la información reclamada.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Red de Intercambio y Acceso a la Información (RTA) junto al Programa para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial), organizaron el conversatorio regional “acceso a la información con perspectiva de género: avances y desafíos en iberoamérica”.

En el encuentro inaugurado por Blanca Lilia Ibarra, presidenta de la RTA junto a Sonia González, Coordinadora área de Gobernanza en programa EUROsociAL+/ FIIAPP y Sofia Chiraux, Asistente de proyecto – EUROsociAL+ Género en Expertise France enfatizaron en el trabajo en conjunto y los planes que fueron desarrollados a nivel nacional en cinco países de América Latina, con el objetivo de incluir una perspectiva de género en el ejercicio de derecho de acceso a la información, asimismo compartir y transferir las buenas prácticas internacionales de los órganos garantes y consensuar una visión común sobre los desafíos futuros de la RTA.

Luego, se realizó la charla sobre el enfoque de género en las políticas de Gobierno Abierto a cargo de Rosario Pavese, Coordinadora de Apoyo a Países – Open Government Partnership, OGP y se dio inicio al panel sobre seguimiento a los planes de trabajo trazados para américa latina donde compartieron experiencias Chile, El Salvador, Uruguay, Colombia y México.

Tras ello, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile y Secretaria Ejecutiva RTA entregó las principales conclusiones del plenario “el aprendizaje que se ha dado con el trabajo de intercambio de experiencias creo que ha sido relevante, porque nos da luces para generar iniciativas de la política pública que consolide la perspectiva de género como una cuestión importante”

La Titular del CPLT agregó que “se plantearon varios desafíos en cuento a materias de interoperabilidad e instructivos pero lo clave es buscar maneras en la RTA para mejorar la gestión del conocimiento, lograr crear nuevas políticas públicas e iniciativas en base a evidencias”.

Asimismo la titular del Consejo valoro declaraciones del nuevo comandante en jefe del Ejército sobre probidad y transparencia

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Esta tarde la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente sostuvo un reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Fuentes en donde acordaron la realización de una agenda de colaboración entre ambas instituciones, que contempla desarrollar capacitaciones y conversatorios en materia de probidad, buen gobierno, género y transparencia pública, entre otros.

La Titular del CPLT, sostuvo que “fue una reunión muy importante, protocolar, y estamos muy contentos con la recepción del presidente de la Corte Suprema, el objetivo fue proponer una agenda de trabajo en común que permita abrir el poder judicial hacia la ciudanía”.

Asimismo, de la Fuente recordó que “desde el Consejo hemos venido desarrollando ya hace un tiempo asesorías con las Cortes en general a nivel nacional en materias de transparencia, probidad y género y esta es una buena oportunidad para retomar este tipo de iniciativas”.

Lo anterior, es relevante ya que hoy desde el CPLT se están elaborando ciertas recomendaciones dirigidas a los organismos públicos obligados por la Ley de Transparencia, destinadas a promover la incorporación de una perspectiva de género en el cumplimiento de los deberes de Transparencia Activa.

El Consejo para la Transparencia constantemente lleva a efecto capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos y sociedad civil en las áreas de sus competencias. A este respecto, se propone coordinar con la Comisión de Transparencia del Poder Judicial una reunión de revisión de aquellas materias en las cuales nuestra institución podría contribuir en los procesos de transparencia y publicidad dentro de dicho órgano del Estado.

 

Este miércoles, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, encabezó junto al Director ejecutivo del Fondo Solidario e Inversión Social (FOSIS), Felipe Bettancourt, una firma de un convenio de cooperación reciproca, lo que permitirá desarrollar diversas actividades dirigidas a potenciar la implementación de principios de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la Información Pública y Transparencia Activa y Proactiva, entre otras materias.

Al respecto, la titular del CPLT comentó: “hay una voluntad expresa de FOSIS de avanzar no solamente en cumplir con los mínimos de la ley de transparencia, sino que ir más allá, trabajar en transparencia proactiva”. Agregando que “nos alegra que esto se realizó a través de un proceso participativo con todos los COSOC a nivel nacional”.

La presidenta del CPLT, además enfatizó en que este acuerdo incluye apoyo procedimental del Portal de Transparencia, la Probidad, la Participación Ciudadana, y la protección de los datos personales, entre otras, así como también, implementar un plan de transparencia proactiva a nivel central y regional, que permita disponibilizar proactivamente, a través de plataformas electrónicas, información de interés para la ciudadanía, relacionada con el ámbito de sus competencias.

En tanto, Bettancourt sostuvo que “este convenio nos permite avanzar e institucionalizar la inquietud y motivación que tienen nuestros consejos de la sociedad civil a nivel nacional para trabajar en una mayor transparencia”.

Agregó que este acuerdo plantea diversas líneas de trabajo y pretende avanzar en tener instituciones públicas cada vez más confiables y colaboradoras del resto de la misión que tenemos como país de superar la pobreza”.

Proceso tuvo como objetivo verificar si existe información abierta que posibilite el acceso a la ciudadanía a detalles del procedimiento y la forma en que se implementa la normativa en establecimientos de la red pública de salud.
“En 1 de cada 3 organismos prestadores de la red de salud pública, no se pudo acceder a los protocolos de atención de los organismos públicos” vinculados a la aplicación de la Ley Nº 21. 030  de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este fue uno de los hallazgos de la fiscalización impulsada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a 107 organismos públicos vinculados al ejercicio de este derecho acorde a la normativa vigente.

 

Asimismo, el proceso estableció que “existirían barreras de acceso a la información sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales”, como se lee en el informe que resultó tras analizar diversos documentos públicos de hospitales autogestionados y de las Fuerzas Armadas y Carabineros, Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Servicios de Salud y entidades de la Administración Central del Estado.

 

En particular, se estableció respecto de los protocolos —que reúnen prácticas, procedimientos, técnicas y requisitos para cualquiera de las tres causales— éstos no están disponibles de manera permanente para quien esté interesado. Asimismo, se logró evidencia que en ninguno de los organismos fiscalizados se tuvo acceso vía página transparencia activa, cuestión que para la titular del Consejo “claramente muestra que sin acceso a información es complejo ejercer otros derechos para muchas mujeres, y que complejizan la implementación de la ley”.

 

“A partir de este proceso hemos conseguido levantar una serie de evidencias asociada a problemas de acceso a información disponible para las mujeres o cualquier persona que desee conocer antecedentes sobre la prestación médica para interrumpir un embarazo. También identificamos y queremos subrayar problemas de control y de implementación de la política”. Además, apuntó a la evidencia de diversas necesidades que tienen las personas de acceder a estos procedimientos.

 

“Por ejemplo, identificamos que se registran 3 reclamos entre 2019 y 2020 hacia prestadores por la aplicación de esta ley y que fueron presentados ante la Superintendencia de Salud. La pregunta que emerge es ¿los reclamos son pocos porque no existe información sobre los procedimientos para hacer efectivo este derecho?. Creemos que es una de las razones que lo podría explicar”, dijo De la Fuente.

 

El CPLT además consignó en su reporte que la Superintendencia de Salud habría informado que no se han realizado fiscalizaciones asociadas a la implementación de esta ley. Además,  se pudo identificar que solo una SEREMI en todo el país ha realizado auditorías a las fichas clínicas vinculadas a éstos procedimiento (Los Lagos), en las cuales no constató ningún incumplimiento o irregularidad.

 

“Tenemos que poner en valor la información pública, entre otras cuestiones, para evaluar las políticas públicas que se implementan en las distintas administraciones. En un contexto en el que existe una normativa, que establece ciertos protocolos, el hacer efectivo el derecho exige el cumplimiento de estos procedimientos, a los que deben poder acceder libremente quienes estén interesados sino estamos contraviniendo otros derechos”, comentó De la Fuente.

 

¿Qué se analizó?

Desde el CPLT su titular explicó que la entidad que encabeza habría desarrollado un proceso de revisión de antecedentes disponibles en sitios web de transparencia activa en abril del año pasado y “en el segundo semestre de 2021 se inició una segunda fiscalización focalizada con el fin de obtener información de contraste y poder verificar la consistencia de la información entregada versus la publicada”. Así, comentó “se pudieron catastrar 58 protocolos, lo que representó, accediendo a información en un 55% de los casos”.

 

El proceso contempló la revisión una serie de documentos públicos y datos de instituciones adscritas Portal de Transparencia y una revisión sobre disponibilidad de información en distintas secciones de Transparencia Activa y sitios webs de los organismos de la administración del Estado, respecto a antecedentes sobre interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales establecidas acorde a la regulación.

 

Algunas entidades que informaron no contar con protocolos propios, remitieron información aludieron que se rigen por la Norma Técnica Nacional y/o la Ley Nº 21.030 —constatándose que la totalidad de éstos no tienen disponible esta información en sus sitios web. Asimismo, 5 hospitales afirmaron no tener un protocolo y/o los antecedentes requeridos al no contar con especialidad de ginecología y obstetricia, entre ellos los hospitales pediátricos — Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez (Valparaíso),  Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río (HUAP), Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna, Hospital Dr. Exequiel González Cortés (San Miguel, RM) y Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Independencia, RM), este último remitió un flujograma para derivaciones. Por su parte, el Servicio de Salud Iquique, remitió flujograma de atención.

 

Servicios de Salud, en su mayoría sin protocolo

 

Sobre las solicitudes que se realizaron en el marco del proceso –bajo la modalidad de usuario simulado- se observó que cerca de la mitad de los organismos fiscalizados —que tienen obligaciones acorde a la ley, no han diseñado un protocolo de atención específico para su establecimiento con la finalidad de atender a aquellas mujeres que deseen interrumpir su embarazo “lo cual puede generar obstáculos al momento de comprender la aplicación del procedimiento vinculado a esta normativa”, se lee en el informe del CPLT.

 

En el caso de esta fiscalización se estableció que solo tres Servicios de Salud disponen de protocolo para regular internamente y en sus servicios dependientes la aplicación del procedimiento de IVE.

 

Escaso seguimiento

Otra problemática que mostró el proceso impulsado por el CPLT apunta a  la falta de seguimiento a la implementación de los procedimientos que se requieren para hacer efectivo el derecho a interrumpir el embarazo en las tres causales por parte de los organismos responsables durante los años 2019 y 2020. Esto dado que se han realizado pocos procesos de auditoría.

 

En el período analizado (2019-2020) se constituyeron 1.458 casos IVE en el sistema de salud pública. De este total, sólo 11 procedimientos han sido auditados a través de sus fichas y cuyas auditorías fueron efectuadas por una sola  Seremi de Salud de las 16 existentes.

 

“En este ámbito, se devela un bajo nivel de procesos de fiscalización por parte de los organismos competentes, a lo que se agrega a la dificultad de efectuar control social, por cuanto existe ausencia de información básica, en los canales de libre acceso, como transparencia activa o a través de motores de búsqueda, sobre la implementación de esta política pública”, concluyó el informe del Consejo.

 

Antecedentes de la Ley IVE

La normativa vigente fue promulgada en septiembre de 2017 y regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: la Ley establece que se podrá interrumpir el embarazo cuando: 1) se encuentre en peligro la vida de la mujer; 2) exista inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero, y, 3) cuando un embarazo sea resultado de una violación.

 

Acorde a cifras del Departamento de Estadísticas e Información e Información de Salud (DEIS) citados en el informe del Consejo, entre enero de 2018 y diciembre de 2020 se habrían registrado un total de 2.192 casos en los cuales se configuró lo establecido por la norma en alguna de las tres causales contempladas, interrumpiéndose el embarazo en el 83% de dichos casos. La misma fuente mantiene disponible información que apunta a que la segunda causal representaría la mayor cantidad de procedimientos en el mismo período, registrando 883 interrupciones de un total de 1100 casos constituidos. Le sigue la primera causal, con un total 573 interrupciones de 687 casos. La tercera causal, en tanto, registró 371 interrupciones realizadas de un total de 403 casos.

 

 

Esta mañana, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente se reunió con Cristóbal Hahn, Juan Carlos Said y Juan José Lyon de América Transparente, instancia en donde acordó la realización de un trabajo conjunto para la mejora de buscadores de información, apoyo para la creación de un índice ciudadano de transparencia municipal y la generación de una comunidad de transparencia.

América Transparente nace gracias a la iniciativa de búsqueda de información en línea, pensando en el escrutinio público de la ciudadanía. Apuestan a un modelo colaborativo, con plataformas abiertas para que la ciudadanía pueda subir información, por ejemplo. Subrayaron la necesidad de accesibilidad de los datos que se disponen por transparencia activa en municipios.

Pensando en el rol ciudadano, Cristóbal Hahn de América Transparente señaló la necesidad de un cambio de cultura en municipios. En tanto, la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente subrayó la necesidad de generar condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer control social de manera expedita. Recordó que la primera tarea del Consejo fue que los municipios contaran con sitios web que alojaran información para disponer a la ciudadanía.

Lam titular del CPLT relevó, además, la importancia del COSOC en el CPLT, “que tiene representación regional y paritaria y que logró levantar la estrategia de incidencia en la Convención”, entre otras. Además, recordó que aún hay 8 municipios que no están en el portal de trasparencia, reconoció que existe una barrera de acceso en documentos digitales que disponen los municipios y destacó el ejemplo del municipio de Maipú, desde el punto de vista de transparencia y acceso a la información pública proactiva.

Finalmente, ambas entidades acordaron la realización de un trabajo conjunto para la mejora de buscadores de información, apoyo para la creación de un índice ciudadano de transparencia municipal y la generación de una comunidad de transparencia.