“Creo que nadie en Chile duda de la importancia de la probidad y la transparencia, y lo bueno es que aquí se puede mostrar que todos podemos estar unidos en este momento, en que hay divisiones en otras partes, en avanzar en esto”. Con estas palabras se refirió el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, a la iniciativa de co-creación de la Estrategia Nacional de Integridad Publica anunciada por el gobierno, tras participar en encuentro con representantes de diversos organismos públicos que trabajan en estos temas esta mañana y que fue encabezada por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Desde La Moneda, Leturia afirmó que tras diversas iniciativas de este tipo, espera que busca generar un ecosistema eficaz y coordinado anti corrupción “no sean anuncios grandilocuentes”, y “se transformen en cambios y avances legislativos que necesitamos con más urgencia que nunca, ya que agendas anti corrupción hemos tenido desde 1995”.

Prescindencia

Al ser consultado sobre las acciones del gobierno en el marco de la campaña por el plebiscito del 4 de septiembre, el presidente del CPLT destacó lo “anómala” de la situación actual, en la que evidenció un vacío al no definirse un “organismo independiente que se dedicara a informar, más allá del gobierno”. Y agregó: “El gobierno debería ser, me parece a mí, máximamente prudente porque nadie puede informar sin mostrar donde está su corazón y eso puede generar un daño institucional permanente”.

Planteó además su preocupación por detalles de una minuta difundida ayer por un medio digital y en el que se hace referencia al rol del presidente en la campaña del plebiscito. Al respecto dijo: “sería bueno que (el presidente) lo aclarara para que tuviéramos todos tranquilidad de que un comando no dispone de su tiempo, de sus dichos y cosas por el estilo. Realmente no creo que sea así y espero que sea una noticia equivocada”.

La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó lo decidido por el Consejo para la Transparencia y ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) a entregar una serie de antecedentes sobre centros de producción salmonera en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, informados entre 2018 y 2019, y en los que se hubiera identificado la presencia de enfermedades bacterianas y virales.

Ello tras rechazar un reclamo de ilegalidad presentado por la empresa Invermar S.A., en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (rol C1758-20), el cual había acogido el amparo presentado por el solicitante de estos antecedentes en contra de  Sernapesca, servicio que se había opuesto a entregar la información a solicitud de privados que alegaron eventuales afectaciones comerciales y económicas si llegaban a difundirse los detalles de la información requerida.

El titular del CPLT, Francisco Leturia, explicó que el Consejo para la Transparencia, institución que debe velar por el acceso a información pública que estaría en poder de organismos del Estado, subrayó que “queremos que se entienda que el derecho a saber y a conocer información de instituciones públicas tiene aplicación práctica y es sumamente importante. En este caso hablamos de la relevancia de saber qué estamos comiendo y cuál es el impacto que esta actividad y el uso de medicamentos puede conllevar a las personas y al entorno”.

La empresa tiene plazo hasta el jueves 28 de julio para recurrir de queja ante la Corte Suprema.

Valoramos la adopción de aquellas acciones que impidan el desempeño de funciones públicas en caso de dependencia de sustancias o drogas ilegales, pero, hay que velar por que los mecanismos que se implementen deben ser compatibles con lo establecido por la Constitución y la ley en materia de información personal, especialmente resguardada en el caso de datos como el estado de salud o diagnóstico médico.

El Consejo Directivo de nuestra institución emitió una declaración en la que, además de valorar la implementación de medidas orientadas al desempeño de la función pública de manera “honesta e intachable”, se refirió en particular a aquellos “mecanismos que impidan a quienes tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, desempeñar funciones públicas (a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico)”.

Adicionalmente, apuntaron a  la necesidad de que cualquier esfuerzo en esta línea debe ser compatible con el reconocimiento constitucional de la protección de datos personales y sensibles, que incluye el estado de salud físico y psíquico de una persona.

En la declaración señalamos también que, acorde a lo establecido por la norma sobre protección de datos personales (Ley N°19.628), su tratamiento -es decir, comunicación, recopilación, almacenaje, entre otras acciones- “sólo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”.

Agrega que en el caso de datos sensibles la normativa es aún más estricta, detallando que este tipo de información personal solo puede tratarse vía autorización expresa de una ley, con el consentimiento del titular de los datos o en el caso de que estos sean necesarios para determinar la entrega de un beneficio de salud.

Datos deben tratarse con consentimiento y “sin coerción”

Al mismo tiempo, advertimos que el tratamiento de datos personales debe estar fundado en el consentimiento expreso de la persona que es titular y que “éste debe prestarse de forma libre, informada y sin coerción”, lo que iría en contra del carácter obligatorio con el que se quiere dotar al test que se aplicaría a los parlamentarios de la Cámara Baja.

En el punto 4 de la declaración se enfatiza en que “Cualquier medida que persiga los objetivos de garantizar la probidad de los servidores públicos y un estado de salud compatible con las responsabilidades que se le han asignado, debe ser implementada en la forma dispuesta por nuestro ordenamiento jurídico”.

Finalmente, establece que “el tratamiento de datos sensibles como lo son aquellos relacionados con la salud física o psíquica de cualquier persona, solo puede hacerse cuando una ley lo autorice, o cuando la persona preste libre y voluntariamente su consentimiento. No puede por tanto pretenderse regular esta materia mediante una norma infralegal, como lo es un reglamento”.

El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT), el 5 de julio de 2002, y en el marco de los debates que se han generado para resguardar el adecuado cumplimiento de la función pública establece lo siguiente:

1.- El CPLT comparte la necesidad de adoptar medidas para que la función pública sea desempeñada en forma honesta e intachable, previniendo situaciones de faltas a la probidad o conflictos de interés de cualquier índole.

En este sentido, y con la finalidad de asegurar lo anterior, la implementación de mecanismos que impidan a quienes tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, desempeñar funciones públicas (a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico), tal como se hace en la Administración Central, van en la dirección correcta.

2.- Sin embargo, lo anterior debe ser compatibilizado con el mandato constitucional expresamente establecido en el artículo 19, N°4 de la Constitución, que asegura la protección de los datos personales, obligando a todos los órganos del Estado a velar por el respeto y promoción de este derecho (artículo 5° inc. 2° de la Carta Fundamental). El CPLT, en ejercicio de sus funciones legales, ha desarrollado una jurisprudencia y doctrina abundante sobre estas materias.

3.- Sobre el particular, conviene recordar que la garantía constitucional, aparte de dar reconocimiento expreso al referido derecho, establece un estatuto de protección importante y una reserva legal reforzada, al disponer al efecto que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.

La Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, que regula la materia en nuestro país, señala que el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello.

La cuestión es aún más estricta tratándose de datos personales sensibles, los cuales, como regla general, no pueden ser objeto de tratamiento, salvo que lo autorice expresamente una ley, concurra el consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

Con todo, cuando el tratamiento se funde en el consentimiento del titular éste debe prestarse de forma libre, informada y sin coerción, de lo contrario no constituiría una habilitante válida para el tratamiento de los datos personales y/o sensibles. Esta exigencia no se cumpliría cuando el consentimiento se otorga bajo la amenaza de una sanción.

Cabe señalar que dentro de la categoría de datos sensibles, existe consenso a nivel nacional y comparado, que los datos relativos a los estados de salud físicos o psíquicos de las personas, son expresiones paradigmáticas de la misma.

4.- Cualquier medida que persiga los objetivos de garantizar la probidad de los servidores públicos y un estado de salud compatible con las responsabilidades que se le han asignado, debe ser implementada en la forma dispuesta por nuestro ordenamiento jurídico.

Cuando ello implique efectuar tratamiento de datos personales, y especialmente sensibles (ya sea que se trate de recabar estos datos, almacenarlos, cederlos o comunicarlos, o cualquier otra operación de tratamiento de datos) deben dar estricto cumplimiento a la disposición constitucional que mandata su tratamiento y protección exclusivamente a la ley.

5.- En el caso concreto, el tratamiento de datos sensibles como lo son aquellos relacionados con la salud física o psíquica de cualquier persona, solo puede hacerse cuando una ley lo autorice, o cuando la persona preste libre y voluntariamente su consentimiento. No puede por tanto pretenderse regular esta materia mediante una norma infralegal, como lo es un reglamento.

Descarga declaración: AQUÍ

En el marco de la reunión de primavera del Working Group of Public Integrity Senior Officials (SPIO), la consejera fue presentada en este cargo y destacó la participación de mujeres en estas instancias.

Este martes, la consejera Gloria de la Fuente, asumió el cargo de chair o directora del grupo de expertos en Integridad y Anticorrupción Senior Public Integrity Officer (SPIO) de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que refuerza el rol incidente de nuestra institución en organizaciones internacionales de transparencia y de prevención de la corrupción.

Su presentación se enmarcó ayer en la reunión de primavera de este grupo de países miembro de la OCDE, sucediendo a otra mujer en el directorio, la polaca Anne Rivera, espacio en el que entre otras líneas de trabajo desarrollarán recomendaciones en transparencia, integridad y lobby, que debiese publicarse en 2023. 

En el actual borrador del documento se identifican como desafíos emergentes en estas materias, entre otros: la regulación de redes sociales como herramienta de lobby, el acceso a información sobre los think tanks y garantizar la cobertura incluso de actores extranjeros en materia de lobby.  Asimismo, se plantea la necesidad de transparentar donaciones y contribuciones recibidas por gobiernos, partidos y campañas, o información sobre financiamiento y funciones de órganos consultivos y de asesoramiento a gobiernos y tomadores de decisiones.

El Consejo ya tenía un rol en esta instancia de alto nivel, pero la asunción de De la Fuente es un nuevo reconocimiento al sistema de transparencia y a las acciones que el país ha implementado en materia de políticas públicas anticorrupción, vinculadas a la modernización del Estado.

Este fue uno de los aspectos que destacó la nueva directora en su intervención, además de agradecer el nombramiento, que pone sobre la mesa la relevancia del involucramiento de más mujeres en estos temas, y destacar el trabajo actual del equipo de la OCDE.

La norma establece excepciones que podrían justificar pagos por más de 51 mil millones de pesos entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. (más…)

“Después de este fallo no será posible discutir la publicidad de la información relacionada con esas entidades”, dijo el presidente del Consejo para la Transparencia. (más…)

Fiscalización a las 39 subsecretarías mostró que las 36 que respondieron a solicitudes de información, cuentan con instrumentos o procedimientos para investigar y sancionar situaciones de este tipo o estaban implementándolos en 2021, pero todas registran infracciones asociadas a su publicación en transparencia activa. (más…)

Gracias a una alianza entre el Consejo para la Transparencia y la Universidad Adolfo Ibáñez, se está elaborando una Instrucción General que va a mandatar a las entidades públicas a transparentar información sobre los sistemas automatizados y/o de inteligencia artificial que usan para prestar sus servicios a la ciudadanía.

En un encuentro encabezado por Harald Beyer, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), y Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), se anunció el convenio entre ambas instituciones para colaborar en la elaboración de una Instrucción General (IG) de transparencia algorítmica, herramienta que se traduce en obligaciones en esta materia para entidades estatales y constituye un avance decidido en el uso responsable de inteligencia artificial por parte del sector público chileno.

Así, por primera vez en América Latina una entidad encargada de garantizar el derecho a acceder a información pública entregará lineamientos a organismos del Estado para transparentar los sistemas automatizados, algoritmos o IA que están utilizando, y que impactan directamente en servicios prestados a la ciudadanía.

De esta forma se posibilita, por ejemplo, que los usuarios conozcan información relevante sobre el funcionamiento de este tipo de instrumentos y la incidencia en la toma de decisiones: si se están comunicando con una persona o un chat automatizado, o si al postular a algún beneficio, subsidio o beneficio en una entidad pública, el proceso es apoyado por un modelo de decisión algorítmico.

En la reunión, el rector Harald Beyer señaló que “en la Universidad Adolfo Ibáñez nos gusta hacer las cosas distinto y nos motiva poner al servicio del país nuestra capacidad de investigación aplicada”. Por ello, indicó, “apoyar al Consejo para la Transparencia en esta Instrucción General es una experiencia extraordinariamente interesante, y esperamos que a través del objetivo que compartimos, de aumentar los niveles de transparencia, esto sea un trabajo realmente exitoso y se pueda multiplicar más allá de este convenio”.

“Está todo manejado por algoritmos y va a seguir estándolo”, dijo por su parte el titular de Transparencia, quien subrayó que “no puede haber inteligencia artificial, gobierno abierto o toma de decisiones automatizadas si no podemos fiscalizar cómo están hechos los algoritmos”, enfatizó, Francisco Leturia, presidente del CPLT. En esa línea, ejemplificó que “cuando a nosotros nos piden datos de tipo cuántos estudiantes se han becado por tal o cual condición, sería mucho más fácil, más transparente, más simple decirle a la gente: mire, este es el algoritmo”, agregó.

Con la implementación de esta instrucción una cifra cercana a las 870 entidades públicas que están bajo la supervisión del CPLT en materia de acceso a la información deberán informar proactivamente en sus páginas web -sin necesidad de que haya solicitudes de por medio- ciertos aspectos de las tecnologías que están usando. Si bien el tipo de información a publicar se está definiendo aún a través de un proceso participativo, ésta podría incluir especificaciones sobre el modelo y su proveedor, de dónde vienen los datos, y cómo se puede consultar o reclamar, entre otros.

En abril se inició la primera etapa de esta iniciativa conjunta, con la creación de tres mesas de trabajo en que participaron funcionarios y funcionarias 22 instituciones públicas; por estas semanas se comenzará a desarrollar un piloto con dos organizaciones para revisar la aplicabilidad de la instrucción; y, finalmente, se realizará una consulta pública del borrador, con miras a su publicación en diciembre de este año.

Este trabajo del CPLT y la UAI, a través del proyecto Algoritmos Éticos, permitirá así incorporar estándares de transparencia en la implementación, adquisición o desarrollo de sistemas de decisiones en base a algoritmos en el sector público, contribuyendo con ello a que dichas soluciones cuenten con legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía.

Sobre el proyecto Algoritmos Éticos, Responsables y Transparentes

Es una iniciativa que ejecuta la UAI, con apoyo de BID Lab, con el objetivo de promover la gestión ética de los datos, incidiendo tanto desde las políticas públicas como a través del sector privado. Ver más.

A través de este convenio, el CPLT se suma a los socios ya existentes del proyecto: ChileCompra, la División de Gobierno Digital de la Segpres, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Fonasa, la Defensoría Penal Pública y Magical.

Planeamos trabajo coordinado con centros educacionales y municipios de distintas regiones del país.

La mañana de este martes con el fin de promover la labor del Consejo para la Transparencia (CPLT) y reabrir las puertas de nuestra institución a la ciudadanía, se desarrolló en el establecimiento educacional de San Miguel la primera de una serie de sesiones en terreno que llevarán el trabajo del Consejo a distintas comunas del país.

El CPLT trasladó la sesión de su Consejo Directivo al establecimiento Subercaseaux College de dicha comuna, para mostrar el impacto de la transparencia y el acceso a la información en la vida cotidiana de las personas.

En ese marco, se revisaron amparos presentados ante el Consejo y se desarrolló un taller participativo con estudiantes del establecimiento para profundizar sobre el uso de la Ley de Transparencia relacionadas con educación, vacunación por Covid-19, entre otros, y la labor que desarrolla el CPLT.

El presidente del Consejo, Francisco Leturia, comentó que ésta acción “busca traer el mundo donde se toman decisiones (…) es súper importante que los estudiantes puedan saber en qué consiste este trabajo” y detalló que estas sesiones se realizarán también en otros colegios y en distintas dependencias de otras comunas del país como San Ramón, La Florida y Viña del Mar.

Esta sesión ordinaria fue encabezada por el presidente del CPLT; los consejeros Gloria de la Fuente; Natalia González y Bernardo Navarrete; el director general, David Ibaceta; y el secretario del organismo, Felipe Díaz.

La directora del establecimiento, Inés Rivera, destacó el interés del Consejo por vincularse con la comunidad educativa y se refirió al rol del Consejo para acceder a información “que es una forma de poder, de saber lo que pasa”; y el subdirector, Osvaldo Poblete, valoró que se presentará el funcionamiento del organismo ante los estudiantes. “Es bueno aterrizar esto, y para nosotros es un orgullo que esté el Consejo compartiendo este tipo de casos”, dijo.

 

Concurso de videos #CuidoMiPaís

El encuentro del CPLT se desarrolló en este colegio, que representado por un grupo de estudiantes se adjudicó el primer premio del concurso de videos escolares “Cuido Mi País” del Consejo en abril pasado, en la categoría Transparencia. Puedes revisa el video que crearon acá.

Puedes ver el video de la sesión Nº 1284 AQUÍ 

 

Revisa Oficio AQUÍ