Francisco Leturia valora agenda pro transparencia anunciado por el Presidente Boric

Destacó la urgencia al proyecto de Ley de Transparencia 2.0 y al impulso de una estrategia que contempla perfeccionar regulaciones en materia de Lobby y empujar iniciativas para normar conflicto de intereses.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, subrayó los anuncios realizados por el primer mandatario en su cuenta pública esta mañana. “Es primordial una sociedad que entienda que la transparencia es un instrumento sin casa política, que es transversal y absoluta”, afirmó.

“Valoramos la importancia que para este gobierno tiene la agenda de transparencia. Chile necesita que nos desvistamos de ideologías y nos entendamos en un pacto social”, dijo respecto del anuncio relativo a la implementación de una Estrategia Nacional de Integridad Pública, que contempla el impulso de una agenda legislativa en materia de conflicto de intereses, regulación de Lobby perfeccionamiento de la Ley de Transparencia.

 “Este Chile que todos queremos  debe tener a la transparencia como un protagonista de este nuevo orden social”, finalizó Leturia.

Revisa todo sobre la Cuenta Pública 2022 del Presidente, acá.

Tribunales ratifican decisión del CPLT en relación a que partes policiales cursados en manifestaciones sociales son públicos

Tras un fallo que confirma la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) en el marco de un amparo presentado en contra de Carabineros de Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la calidad de públicos de los partes oficiales cursados por funcionarios de la institución en el marco de las manifestaciones del estallido social (rol Nº 493-2022).

Tras el pronunciamiento del tribunal de alzada, la policía uniformada deberá entregar la información asociada a personas heridas por el uso de escopetas antidisturbios, bombas lacrimógenas y que, a su vez, comuniquen sobre estas cuestiones a los mandos institucionales.

Para el presidente del CPLT, Francisco Leturia, este fallo pone en valor la relevancia del acceso a información relevante: “Un ciudadano, una persona tiene derecho a saber qué pasó en el contexto de un operativo policial, si estos antecedentes no son parte de una causa judicial, esto no debe mantenerse bajo reserva y es información pública”.

La petición realizada a Carabineros específicamente alude a los antecedentes en días específicos de octubre y noviembre de 2019, “de acuerdo con el título IV N 1. 5 y 1.6. del Manual de Operaciones para el Control de Orden Público de Carabineros de Chile” –se lee en la decisión del CPLT-, y considera el tarjado de todo dato personal y/o sensible que pudiese estar contenido en las mencionadas comunicaciones policiales.

El acceso a estos antecedentes fue requerido a la rama uniformada en 2021, siendo denegada por el organismo, que de acuerdo al fallo de tribunales y al propio Consejo, no logró acreditar las causales de reserva a las que aludió.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que, de acuerdo a los antecedentes presentados, la materia de que se trata y la documentación que se ordenó entregar no corresponde a una investigación en curso, ni a diligencias de esta clase, y que Carabineros maneja la información requerida, puesto que en sus descargos argumentó tener como “única información disponible” la copia de los partes policiales que se remitieron al Ministerio Público dando cuenta de los lesionados en las fechas solicitadas.

¡Consejo en terreno! Consejo Directivo sesionará en distintas regiones del país

Retomando la iniciativa de abrir las puertas del Consejo para la Transparencia (CPLT) hacia la ciudadanía y dar a conocer el quehacer de la entidad, a partir de junio 2022 el Consejo Directivo realizará sesiones abiertas en distintas comunas de la Región Metropolitana y fuera de Santiago.

El CPLT trasladará su jornada de trabajo en terreno y con ello se suma a dar una señal de descentralización, mostrar el impacto de la transparencia y el acceso a la información en la comunidad, además de incluir la participación ciudadana.

Respecto a lo anterior, el presidente del Consejo, Francisco Leturia sostuvo que “queremos iniciar una primera etapa de trabajo abierto con las personas, porque nos interesa la participación activa, abrir nuestra labor a otras comunas y regiones, que la gente no solo en Santiago conozca de cerca lo que hacemos y cómo funciona el Consejo para la Transparencia, además de aprender a usar su derecho a saber”.

El Titular del CPLT dijo que “en esta primera parte nuestro desafío es incluir un trabajo en las comunas de San Ramón, San Miguel, La Florida,  y trasladarnos a la quinta región, específicamente a Viña del Mar”.

El Consejo espera que el primer encuentro sea una sesión ordinaria del Consejo Directivo encabezada por el presidente de la entidad, Francisco Leturia; los consejeros Gloria de la Fuente; Natalia Gonzalez y Bernardo Navarrete; el director general, David Ibaceta y el secretario del organismo, Felipe Diaz.

En la inédita instancia se analizarán una serie de casos de solicitudes de información dirigidos a organismos públicos.

SERVEL responde oficio tras masiva publicación de datos personales

Detalles del sumario administrativo que busca establecer responsabilidades y la entrega de antecedentes realizada por el organismo ante el Ministerio Público fue la respuesta del Servicio Electoral (SERVEL) dirigido al Consejo para la Transparencia (CPLT), tras la difusión en la web institucional de bases de datos que contenían información personal y sensible de chilenos y chilenas habilitados para votar en las elecciones municipales.

La respuesta del SERVEL indica que con el objeto de esclarecer a la brevedad posible lo sucedido y tomar las medidas pertinentes, reconoció el mismo 28 de abril pasado la publicación, aclarando que se trató de un archivo que no constituye una base de datos, ni una filtración sino que se trataría de la publicación de un documento con columnas que contenían información personal. Dicho reporte se difunden después de cada proceso electoral desde el 2012, pero deben tarjarse datos como la militancia política, la pertenencia a una etnia indígena, entre otros datos personales.

Asimismo, el Servicio Electoral verificó un total de 116 ingresos al sitio donde se encontraba el link que permitía la descarga de información y sobre los números de IP se espera que sean proporcionados por la investigación que realice la fiscalía.

Finalmente, el organismo detalló que abordará las acciones y planes de tratamiento necesario que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información crítica, reiterando el compromiso de continuar entregándole a la ciudadanía, las garantías para la realización de procesos electorales con los más altos estándares y que estos hechos no se repitan en el futuro.

Al respecto, el presidente del CPLT, Francisco Leturia, afirmó que: “las medidas tomadas son satisfactorias, y complementan a otras ya existentes. El caso específico que generó esta publicación indebida, puede darse, como caso específico, por superado. Y sirve como recordatorio a todos quienes tienen datos de alto valor y cuya protección debemos asegurar, que siempre debemos estar tomando medidas adicionales, porque contra la mala fe y los hackers nadie puede protegerse del todo”.

Para nosotros, lo más importante es que superado este accidente podemos seguir trabajando en mejorar las normativas y condiciones que garanticen en chile procesos electorales cada vez más transparentes, íntegros y participativos. Esa la verdadera tarea”.

“Uno de los principales activos de nuestro país es la integridad y transparencia en sus procesos eleccionarios. En Chile hasta el momento no hemos tenido cuestionamientos serios a ese tipo de procesos, y queremos que nunca los haya. Por eso tenemos que ir subiendo los estándares, y tomar todas las medidas y todos los resguardos para garantizar elecciones impecables y transparentes”, manifestó el titular del CPLT.

Corte de Apelaciones de Talca ratificó la orden que dimos a Municipalidad de capital maulina de entregar informe sobre compra de luces LED

Esta semana, la Corte de Apelaciones de Talca ratificó la decisión de nuestro Consejo Directivo (rol C5474-20), que ordenó al municipio de esa ciudad entregar copia de un informe que sirvió de base para poner fin al contrato de compra de luminarias LED para la comuna, adjudicado a la empresa Litciy Energy SpA.  

 

La municipalidad había negado el acceso a dicha información argumentando que la publicidad de dicho documento podía afectar la estrategia jurídica del organismo ante una serie de acciones que se realizarían en sede judicial, respuesta que generó que el solicitante de la información presentara los antecedentes ante el Consejo para la Transparencia.  

 

En nuestra decisión, el CPLT estableció que la causal de reserva aludida por el municipio debe interpretarse de forma restrictiva, en especial “si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”.  

 

De esta manera, el Consejo concluyó que la “sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos”. Y, adicionalmente, tampoco basta para configurar la causal de reserva alegada por la institución que “sólo (se) mencione la existencia de algún procedimiento judicial”.  

 

El municipio de Talca tiene, de todas formas, plazo hasta el martes 31 para presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema.  

 

En respuesta a convencionales de Vamos por Chile: Oficiamos a la Segpres y a universidades para conocer transferencias de recursos públicos desde la instalación de la Convención

Francisco Leturia señaló que “todos los chilenos y chilenas tienen el derecho a saber cómo la Convención está usando los recursos públicos”.

Información sobre transferencias de recursos públicos y otros antecedentes asociados al traspaso de fondos destinados a la Convención Constitucional desde su instalación, solicitamos este viernes 20 de mayo vía oficio al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y a universidades privadas y a aquellas que forman parte del consorcio de universidades estatales, las que tienen 10 días hábiles para responder.

En dichos documentos, el organismo pide en específico: información sobre las transferencias de fondos públicos recibidas por entidades como las universidades estatales y privadas por parte de la Convención Constitucional desde que se instaló (con el detalle del monto, fecha y uso y destino de los fondos); y también las que se hubieran recibido desde la Segpres o de otros organismos del Estado. Asimismo, requirió documentos e información sobre convenios y cualquier otro antecedente que dé cuenta del traspaso y uso de los recursos o las transferencias publicas mencionadas.

El presidente CPLT, Francisco Leturia, explicó que “fue la propia Convención la que a través de su reglamento estableció ciertas exigencias en materia de transparencia y publicidad, acceso a la información pública y amparos al ejercicio de dicho derecho, y esas normas deben aplicarse y garantizarse”. Agregó que “la finalidad de estas acciones es promover que se cumplan altos estándares de transparencia y publicidad en dinámicas y procesos de decisión, así como en todas las acciones de la Convención Constitucional”.

Leturia se refirió a la respuesta que el Consejo Directivo dio a la solicitud de pronunciamiento hecha por convencionales de Vamos por Chile sobre temas de acceso a la información, indicando que “la Convención es autónoma, pero es autónoma en su accionar y en sus decisiones, pero ello no quiere decir que no tengan que rendir cuentas del uso de recursos públicos”.

El titular del Consejo además dijo que “Todos los chilenos y chilenas tienen el derecho a saber si la convención está usando bien los recursos públicos. El Consejo está alerta y seguiremos atentos a su accionar en lo relativo a la apertura de información y antecedentes sobre actos administrativos, las personas merecen tener información sobre la utilización de recursos públicos”.

Descarga oficio de respuesta a convencionales AQUÍ

Descarga oficio a SEGPRES AQUÍ

Descarga oficio a Universidades AQUÍ

Realizamos capacitación a enlaces municipales en “Gestión de la Transparencia Activa”

Con el objetivo de dar a conocer los principales componentes de la normativa vigente en relación con Transparencia Activa (TA) y la Instrucción General N°11 en el ámbito municipal, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una capacitación a más de 280 funcionarios municipales.

La actividad organizada por la Unidad de Promoción y Formación del CPLT contó con la participación de la jefa de la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC, Leslie Montoya quien estuvo a cargo de explicar a los funcionarios participantes la importancia de una adecuada aplicación de la normativa en los procesos de TA en sus municipios, identificando puntos a mejorar en sus respectivos organismos, revisando casos y viendo las infracciones más frecuentes que se presentan desde la perspectiva de los reclamos ingresados y la aplicación de la Instrucción General N°11.

Tras la capacitación se dio un espacio de diálogo con preguntas y respuestas que fueron formuladas por los enlaces.

Participamos en la semana de Gobierno Abierto #OpenGovWeek

Como parte de nuestro quehacer en promocionar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el contexto de la semana de Gobierno Abierto #OpenGovWeek que se celebra una vez al año de manera global y simultánea entre todos los países que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership), este jueves participamos de manera activa con un stand informativo en la Feria de Gobierno Abierto en la Plaza de la Constitución. El objetivo es dar a conocer a la ciudadanía y funcionarios públicos sobre el rol del Consejo para la Transparencia (CPLT), sus herramientas y cómo el Gobierno Abierto ayuda a reconocer este derecho.

En la instancia integrantes de la Unidad de Promoción y Formación del CPLT entregaron material educativo, orientaciones y asesoría a personas a realizar solicitudes de información tanto para responder a distintas iniciativas en el control ciudadano que realizan en sus comunas, como también a responder a inquietudes y consultas sobre temáticas de su vida cotidiana.

El encuentro que busca compartir experiencias, buenas prácticas y abordar el escenario actual y desafíos respecto a la transparencia, la probidad y el combate a la corrupción es organizado por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres y reunió a diferentes organismos entre los que se cuentan las carteras de Vivienda, Medio Ambiente y Ciencia además de la Contraloría General de la República, LabGob, PNUD, entre otros.

Corte Apelaciones de Santiago ratificó decisiones del Consejo para la Transparencia y ordenó entregar contratos de vacunas contra Covid-19

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una serie de reclamos de ilegalidad interpuestos en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT) ratificando la orden de entregar copia de los contratos firmados por el Estado para la compra de vacunas contra el Covid-19 (amparos roles C1863-21, C585-21, C1049-21, C2104-21, C2977-21, C3810-21 y C5814-21).

La tercera sala del tribunal de alzada estableció en fallos unánimes lo ya planteado por el CPLT, relativo al carácter público y de interés ciudadano de estas materias, asociadas a salud pública. Asimismo, en su pronunciamiento destacaron lo ya establecido por el Consejo en el sentido de que las empresas farmacéuticas -como terceros involucrados que deben ser consultados por el organismo público que es objeto de este tipo de solicitudes de información-, no habrían demostrado de manera fehaciente la causal para mantener la información bajo reserva, asociada al interés nacional y a eventuales perjuicios económicos de difundirse los antecedentes requeridos.

“Si tú puedes dar información hay que darla, y si en un contrato hay unas cláusulas muy delicadas, éstas se pueden borrar, no se entregan esas cláusulas”, explicó el titular del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. “La discusión que se tuvo fue entre un gobierno que no quería entregar nada y el Consejo, que empujó por la entrega de algunas cosas” y no por mantener todo bajo reserva, detalló el presidente del CPLT. Asimismo, subrayó la relevancia de este pronunciamiento, en el que “queda consolidado el criterio de que existe un interés público y un interés superior de la comunidad en conocer contratos delicados como los de las vacunas”.

Las empresas podrán presentar recursos de queja en contra de los integrantes de la sala que emitió los fallos, acción que puede realizar hasta el 18 de mayo.

Pedimos al Servicio Nacional de Migraciones cifra de extranjeros que han ingresado a Chile desde 2020

Un plazo de 10 días hábiles contados desde el 9 de mayo tiene el Servicio Nacional de Migraciones (SNM) para responder al oficio que enviamos desde el Consejo para la Transparencia (CPLT) solicitando, entre otras antecedentes, el número de migrantes ingresados al país desde marzo de 2020.

Como CPLT requerimos la cantidad de personas con residencia definitiva, temporal y permanencia transitoria, además de información sobre los permisos de residencia, beneficiarios de una visa de estudiante, residente sujeto a contrato o residente temporario que se hubiesen entregado previo a la entrada en vigencia de la Ley N°21.325.

Asimismo, requerios el número de aquellos extranjeros a quienes se les ha reconocido la condición de refugiados, en el caso de contar con un “permiso de residencia por razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 21.325, o una visación de residencia temporaria, según corresponda; o bien, ya tuvieren un permiso de residencia permanente, o residencia definitiva, según corresponda”, se lee en el documento.

“En un contexto de crisis humanitaria y ante la sensibilidad de este tema, se requiere tener conocimiento real de la situación”, dijo el presidente del CPLT, Francisco Leturia. “Se conoció en estos días el inicio del funcionamiento de un Consejo de Política Migratorio que trabajará en las acciones en esta materia, liderado por la cartera de Interior, y creemos que para poder avanzar en este sentido se deben abrir datos que son de base para iniciar estas discusiones”, aseveró.

Accede a Oficio:    AQUÍ

Presidente del CPLT tras enviar oficio a policías por transparencia de dotaciones: “La tranquilidad en nuestro barrio no puede ser un acto de fe”

Luego de anunciarse el plan de seguridad por parte del Gobierno que contempla un aumento de la presencia policial en 17 comunas del país, el Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por Francisco Leturia, ofició a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile para conocer dotaciones actualizadas de ambas entidades y las variables consideradas para establecer destinaciones de funcionarios y funcionarias, información que deberá ser entregada en un plazo de 10 días.

El titular del CPLT calificó de “grave” el que las personas no tengan acceso a dichos antecedentes y apuntó a lo relevante que se vuelve el control social sobre estos temas. “Me parece que como ciudadanos tenemos el derecho a saber cuántos Carabineros hay en nuestra comuna, si se dedican a una actividad o a otra, si funciona o no funciona, qué tiene buenos resultados y qué tiene malos resultados, y tenemos que poder opinar”, dijo. “La tranquilidad en nuestro barrio no puede ser un acto de fe y si creemos que es necesario más vigilancia o más medidas podemos discutirlo o planteárselo a la autoridad. No somos realmente ciudadano ni estamos en una comunidad democrática sino tenemos acceso a la información de mayor interés público”, agregó.

Además, comentó que “cuando no hay información cierta se puede generar esa duda y eso no le hace bien a nadie”. “No sabemos cuántos Carabineros hay en Chile, cuántos Carabineros hay en Santiago, en tal comuna u otra”, “no tenemos certeza del criterio que se utiliza para destinarlos a cada comuna”, acotó.

Respecto de las dudas que se han comenzado a levantar sobre los criterios para definir las comunas en las que se aumentaron las dotaciones, dijo que la decisión siempre puede tener criterios políticos en el sentido de que se establece que son necesarias las dotaciones donde haya más habitantes, “más delitos, más inseguridad ciudadana, son distintos los criterios que tú tienes que balancear”.

Modificar norma de reserva

Aludiendo a una norma antigua del Código de Justicia Militar, el código 436, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad han mantenido bajo reserva diversa información como las dotaciones. Al respecto, Leturia afirmó: “desde hace muchísimo tiempo hemos dado la pelea porque esta norma se derogue”.

Accede a Oficio a Carabineros AQUÍ

Accede a Oficio a PDI AQUÍ

Presidente del CPLT anunció que solicitará iniciar investigación sumaria contra subsecretarías de salud por no entrega de correos electrónicos

El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, informó que esta semana presentará al Consejo Directivo del organismo, una solicitud para iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales tras haberse vencido el 22 de abril pasado la fecha para cumplir la orden de entrega de correos enviados y recibidos desde cuentas institucionales de ex autoridades de salud en plena crisis sanitaria por Covid-19.

Al respecto, el presidente del CPLT señaló que “en la próxima sesión de Consejo propondré a los demás consejeros de la Corporación, el inicio de una investigación sumaria sobre el particular”.

Cabe recordar que esta decisión deriva de un amparo presentado ante el Consejo que determinó la entrega al solicitante de los correos electrónicos enviados y recibidos vía cuentas institucionales –entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre de 2020– por el titular de la cartera de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria Paula Daza y el ex ministro Jaime Mañalich. A esta lista se suman los correos de otros funcionarios del Ministerio de Salud, entre otros, el director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans; Rafael Araos, ex jefe del Departamento de Epidemiología; y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo.

El CPLT ya impulsó procesos sancionatorios en contra de las subsecretarías del Ministerio de Salud –la de Salud Pública y la de Redes Asistenciales– luego de detectar que no estaban cumpliendo con las obligaciones de respuesta a solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido por la Ley de Transparencia. Estas acciones derivaron en sanciones a las autoridades, aplicándose en el caso de la ex subsecretaria de Salud Pública, multas de un 45% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria) y en el caso del ex subsecretario de Redes Asistenciales, multas de un 35% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria), respectivamente, de las remuneraciones, por no cumplimiento de decisiones del Consejo y por la no entrega de información.

Previo a la entrega de esta información, el Minsal debe tarjar la información personal que pueda estar contenida en estas comunicaciones.