La Primera y Segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificaron la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) la entrega de información sobre tratamientos antiparasitarios utilizados en la industria salmonera. (más…)
A partir del rechazo por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago de una serie de reclamos de ilegalidad interpuestos en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), la sexta sala de dicho tribunal ratificó la orden dada a Gendarmería de Chile por el órgano que debe velar por el acceso a información en poder de entidades públicas de entregar antecedentes asociados a tres recintos penales localizados en la Región Metropolitana.
Tras diversos requerimientos realizados a la entidad pública que involucraban entre otras materias cifras de reclusos y personal destinado a los penales de Colina 1, Colina 2 y el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex-Penitenciaría) en distintos períodos de tiempo, los antecedentes fueron presentados ante el Consejo alegando respuesta incompleta o parcial de parte Gendarmería.
Luego de analizar los antecedentes recibidos en el marco de diversos amparos en contra de la institución penitenciaria (C5383-20, C5388-21, C5391-21, C5393-21, y C147-21), el Consejo Directivo del CPLT estimó el carácter de públicos de los antecedentes.
Al respecto estableció, entre otras cuestiones, que si bien los requerimientos dicen relación con la dotación y funciones del órgano, en general las solicitudes sobre cifras de reclusos y personal responden a períodos acotados en el tiempo. Asimismo, rechazó la causal de reserva por Seguridad de la Nación que alegó Gendarmería y afirmó que la entidad que recibió los requerimientos no habría acreditado tampoco la forma en la que se afectarían sus funciones o personal a partir de la publicidad de estos antecedentes en específico, cuestión que fue destacada por el pronunciamiento de la corte. Del fallo se desprende que el Consejo actuó en el marco de sus facultades.
En el caso del amparo rol C147-21, por ejemplo, el requerimiento involucraba entre otros antecedentes: protocolos de funcionamiento de Gendarmería ante riñas y ataques con resultados de reclusos heridos y de traslado de heridos a otros centros de atención hospitalaria en el caso del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, encabezó exposición ante Comisión de Sistemas Políticos abogando por el principio de buen gobierno y de probidad en lo público en favor del fortalecimiento de un sistema de normas e instituciones que trabajan para prevenir y combatir la corrupción. En tanto el director general, David Ibaceta, se refirió al reconocimiento explícito en la Carta Fundamental del derecho de acceso a la información, entre otros temas.
Como una “buena noticia para terminar el año” calificó la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, la propuesta patrocinada por las y los convencionales constituyentes Agustín Squella, Bárbara Rebolledo, Patricia Politzer y Bernardo de la Maza, de incluir los principios de transparencia, probidad y rendición de cuentas en la nueva Carta Fundamental.
“El que se produzca este debate y se discuta por parte de la Convención el reconocimiento de cuestiones que son clave en la lucha contra la corrupción, nos parece excelente”, dijo la representante del órgano garante de velar por el acceso a la información en manos de organismos del Estado.
La presidenta del Consejo recordó que parte de lo que nos trajo hasta acá y de la crisis política que enfrentamos con el estallido social “encontraron sustento en una sensación de abuso y de impunidad en delitos que dañan el patrimonio fiscal y que finalmente mellan la fe pública y destruyen la confianza. Afirmó que “para reconstruirla y para avanzar hacia una cultura de la transparencia y contra la corrupción, éste es el camino”.
“El que la nueva constitución camine con la nueva mirada que se ha impuesto en nuestra sociedad de manera muy sabia en el marco de una crisis institucional va en la dirección correcta, al igual que generar coherencia en un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. Chile cambió y quiere transparencia”, finalizó.
Reconocimiento al derecho a acceder a información
El Consejo para la Transparencia ha realizado una serie de exposiciones ante comisiones de la Convención Constitucional, entre ellas las de Comunicaciones, Derechos Fundamentales y Sistemas de Justicia. Una de las cuestiones fundamentales de lo propuesto por el organismo es el reconocimiento explícito del derecho de acceso a la información pública que impacta en el fortalecimiento del control social, la rendición de cuentas y colabora eficazmente en la disminución del distanciamiento entre los ciudadanos y gobernantes.
El consolidar este derecho fundamental como un mecanismo que incide en la participación ciudadana informada y en el adecuado y oportuno ejercicio de otros derechos, además de dotar de herramientas y mecanismos anticorrupción, indicó De la Fuente. Detalló además que un reconocimiento explícito del derecho de acceso posibilita que el órgano de control asegure su autonomía e independencia, posibilitando ampliar las competencias a todos los poderes del Estado, enfatizando en que actualmente el Poder Judicial y el Parlamento no tienen obligaciones de transparencia acorde a la ley y se rigen por sistemas propios.
Apoyo vía convenio de colaboración
Asimismo, la entidad se puso a disposición del órgano constituyente, en una acción conjunta con la Contraloría General de la República, suscribiendo un convenio de colaboración interinstitucional para apoyarla en materias de transparencia, probidad y acceso a la información, poniendo al servicio de la Convención una serie de herramientas como el Portal de Transparencia.
Asimismo, en el marco del acuerdo se contempla, entre otras cuestiones, asesoría y capacitación para el uso de las plataformas como www.infolobby.cl para cuestiones de publicidad de las audiencias, viajes y donativos que reciban las y los convencionales, y www.infoprobidad.cl, en el caso de las declaraciones de intereses y patrimonio.
A partir de un amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia tras la negativa de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de permitir el acceso a información contenida en notas diplomáticas entre Argentina, Chile y Perú por la deportación de 13 estudiantes peruanos hace 66 años, el organismo ordenó al servicio la entrega de dichos antecedentes, estableciendo que no se demostraron las causales de reserva aludidas por la entidad pública.
El caso derivó de un requerimiento de información sobre las comunicaciones -oficiales y secretas- entre los gobiernos de Chile, Argentina y Perú relativas al proceso y gestiones en materia de política exterior realizadas con el objetivo de deportar a 13 ciudadanos peruanos en el año 1955 (rol amparo C3245-21).
Al respecto, el CPLT argumentó que la decisión de entrega aludiendo a que “la divulgación de los antecedentes solicitados implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con las Repúblicas del Perú y Argentina, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes vinculadas a las expulsiones de estudiantes de nacionalidad peruana de Argentina y las gestiones perpetradas para su retorno a Perú, permitiendo, consecuencialmente, fortalecer y preservar la memoria histórica Latinoamérica”.
Un análisis y una serie de críticas asociadas a prácticas que buscan desinformar son parte de campañas negativas o incluso persiguen difundir contenidos falsos, hizo la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, previo a la elección presidencial del próximo domingo.
“La elección presidencial que se resuelve el domingo ha estado marcada por un tenso debate público. Como hemos visto en otras latitudes, decisiones de esta envergadura generan un ambiente propicio para la emergencia de fenómenos como la contaminación informativa, la campaña negativa e, incluso, la propagación deliberada de noticias falsas”, dijo la titular del CPLT.
En dicho marco, la representante de este organismo, encargado de velar por el acceso a información de organismos del Estado apuntó, entre otras aristas del fenómeno, a la relevancia del papel que desempeña la ciudadanía para reducir el impacto negativo que generan este tipo de acciones.
“Le corresponde a la ciudadanía un rol que es irremplazable, no sólo en tener una actitud más reflexiva sobre la información que se consume y comparte, sino también en denunciar y castigar la mentira como una práctica nefasta, que nos lleva a retroceder en nuestra convivencia y en nuestros estándares democráticos.”, dijo.
Desde la perspectiva de la regulación de estas materias, planteó las dificultades que implica combatir estos fenómenos. Sin embargo, y asumiendo que la ausencia de ésta genera espacio propicio para la propagación de noticias falsas y constituye una amenaza para la decisión informada subrayó la necesidad de “avanzar en políticas públicas que logren garantizar al mismo tiempo la protección de los datos personales y la libertad de expresión e información”.
