• Importantes niveles de desactualización de información y falta de respuestas a solicitudes, evidenció fiscalización del Consejo para la Transparencia a asociaciones y corporaciones municipales.
• La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente apuntó a la necesidad de perfeccionar la Ley de Transparencia a 13 años de su promulgación, “debemos hacer lo necesario para que esté a la altura de los tiempos”. Asimismo apuntó a la necesidad de que los alcaldes amplíen la mirada y empujen por sumar a este tipo de entidades a un mayor control en materia de transparencia. 

  Una serie de brechas en materia de acceso a información en el caso de más de 120 Corporaciones y Asociaciones municipales y vulneraciones a la Ley de Transparencia, identificó una fiscalización impulsada por el Consejo para la Transparencia desarrollado entre 2020 e inicios de 2021.

 

El proceso desarrollado por la Dirección de Fiscalización del organismo, contempló la revisión de diversos aspectos y herramientas asociadas a la Ley de Transparencia y al Derecho de Acceso a la Información de 128 de estos organismos desglosados en 60 corporaciones municipales, 66 asociaciones de municipalidades, una fundación municipal y una junta de alcaldes.

 

Entre los hallazgos de esta fiscalización destacaron problemas en materia de implementación del Derecho de Acceso a la Información en las Asociaciones Municipales, se cuenta la inexistencia de canales formales para el ingreso de solicitudes de información y una probabilidad inferior al 50% de ingresar una solicitud de información y que ésta sea respondida a satisfacción de quien lo solicita. Sólo una de cada cuatro permitió el acceso a la información requerida.

 

Tras el análisis de las respuestas, se identificó que la mayoría de las infracciones de este tipo de entidades se asocia a la aplicación del procedimiento de prórroga o a manifestaciones parciales en relación a lo solicitado.

 

“Es necesario que los alcaldes tomen el concepto de gestión municipal como algo integral”, comentó la titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, tras dar a conocer los resultados del proceso. Asimismo, subrayó la relevancia de focalizarse en este tipo de instituciones y en otros espacios que requieren apertura y control social en un contexto de desconfianza en las instituciones.

 

Información desactualizada

Otro aspecto relevante de la fiscalización se asoció a problemas en materia de Transparencia Activa, es decir, información que obligatoriamente deben publicar la mayoría de estas instituciones en sus páginas web. Sobre el particular, el proceso identificó que si bien un 30% del universo de asociaciones y corporaciones publica acorde a los estándares del Portal de Transparencia del Estado, se observan altos niveles de desactualización.

 

A esto se suma que un tercio de los organismos fiscalizados no posee página web. Del universo de entidades en esta situación, 17 corresponden a asociaciones municipales que no usan el Portal, por lo que se reducen considerablemente las posibilidades de realizar una solicitud de acceso a la información o incluso consultas o reclamos.

 

Regular mejor a las Corporaciones en materia de transparencia

 

Sólo las asociaciones municipales contemplan obligaciones expresamente establecidas en la normativa, en este caso en la Ley Orgánica de Municipalidades, la que hace aplicable a estas instituciones las disposiciones de la Ley N°20.285. Por el contrario, las Corporaciones Municipales no están expresamente reconocidas como sujetos obligados en la Ley de Transparencia, por lo que el Consejo ha debido desarrollar jurisprudencia en casos en los que se cumplen determinados requisitos.

 

De la Fuente comentó que acorde a la redacción actual de la Ley de Transparencia, algunas Corporaciones Municipales quedan fuera de la aplicación de esta normativa, lo que apunta a la urgencia de actualizar la regulación. En este sentido, y de acuerdo al texto que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso, “estamos aprobando una ley que será un piso mínimo, pero que mientras más demore en tramitarse más nos mostrará que parte desactualizada”.

 

“En parte, el proyecto de ley de Transparencia 2.0, actualmente en el Parlamento, permitiría avanzar en la materia, dado que contempla obligaciones en el caso de las Corporaciones Municipales, pero tenemos una iniciativa de ley que en septiembre cumple 3 años de tramitación con escasos avances”, puntualizó.

 

“A 13 años de la promulgación de la Ley de Transparencia, aún no podemos modernizarla y sabemos que debemos hacer lo necesario para que esté a la altura de los tiempos”, dijo. “Así como hemos identificado estas brechas en este tipo de entidades, hay una serie de instituciones y ámbitos más que requieren abrirse al control ciudadano”, comentó.

A 13 años de su publicación en el Diario Oficial, la titular del Consejo para la Transparencia, organismo encargado de velar por el derecho a acceder a información pública, subrayó que la iniciativa que se tramita actualmente en el Parlamento es el “piso mínimo”, pero que no ha logrado avanzar, y se requieren mejores estándares. (más…)

 

Tras una ceremonia virtual, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio puntapié inicial a un trabajo que con la Ilustre Municipalidad de Hualqui para implementar una serie de acciones colaborativas orientadas al desarrollo de procesos más eficientes, eficaces y transparentes en el marco de un proyecto piloto denominado Laboratorio de Integridad.

 

En la actividad de lanzamiento, en la que participaron el alcalde del Municipio de Hualqui, Jorge Contanzo, y representantes del Consejo para la Transparencia, entre ellos su presidenta, Gloria de la Fuente y su director general, David Ibaceta, se establecieron las bases de lo que será un esfuerzo mancomunado en favor de una institucionalidad local más moderna.

 

La titular del CPLT, Gloria de la Fuente, subrayó el rol fundamental que desempeñan los municipios y destacó que la iniciativa del Consejo “es una excelente oportunidad para fortalecer la institucionalidad municipal, y establecer los mejores mecanismos de transparencia y acceso a la información en su función”, de manera de dotarlos “de las capacidades adecuadas para cumplir cabalmente con esta esencial e insoslayable función”, agregó.

 

A juicio de la titular de Transparencia, la relevancia de acciones como las que impulsa el Consejo a nivel local, permite prestar apoyo integral a “instituciones fundamentales para las personas”. Y agregó: “son ellos la primera cara del Estado frente a la ciudadanía y es una institución donde la mayoría de las personas recurre cuando tienen que resolver alguna necesidad”.

 

Asimismo, De la Fuente mencionó casos de irregularidades y corrupción que han afectado a algunas municipalidades. Al respecto dijo que dichas prácticas “deben extinguirse, no sólo a nivel local sino también nacional en favor de la confianza ciudadana”.

 

Laboratorio de integridad

La firma de esta carta de compromiso con el municipio de Hualqui se enmarca en el trabajo del denominado “Laboratorio de Integridad” impulsado por el Consejo para la Transparencia. Este proyecto piloto se creó a fines de 2019, pero tuvo que suspender el inicio de sus actividades regulares por la pandemia, puesto que los organismos del sector público focalizaron todos sus esfuerzos en hacer frente a la crisis sanitaria.

Entre sus objetivos, la instancia busca diseñar políticas y procesos institucionales a través de intervenciones específicas en prácticas y procesos de las instituciones, a partir de un trabajo mancomunado y de las necesidades identificadas por los propios organismos. Las experiencias derivadas de su labor, se espera, puedan impactar en la generación de valor público a través de la innovación y, eventualmente, ser replicadas en otros municipios o entidades públicas a nivel nacional.

Asimismo, el proyecto busca promover buenas prácticas y mejorar la gestión al interior de los municipios; así como profundizar y modernizar modelos y procesos que posibiliten mayor transparencia y probidad. Para iniciar su trabajo, se ha planteado asesorar de manera directa a cinco municipios: Hualqui, Maipú, Colina, Viña del Mar y Talca.

Al cierre de la ceremonia, el director general del Consejo, David Ibaceta, agradeció la disposición del municipio a abrirse a este proyecto: “Tenemos una gran oportunidad de desarrollar un trabajo mancomunado, colaborativo e integral”. Subrayó también la relevancia de los municipios y cómo estas instituciones han tenido históricamente un rol focalizado en la atención de las necesidades de “primera línea” con un papel decisivo en la construcción de territorios y comunidades abiertas.

• El comandante en jefe de la institución habría autorizado la difusión y ésta habría tenido el visado del ministro de Defensa.
• En la comunicación oficial se califica de “cobardes desadaptados”, “antichilenos” y “antisociales” a quienes intentaron quemar la estatua al general.

  Tras la orden del Consejo para la Transparencia al Ejército de entregar los nombres de los funcionarios que ordenaron y visaron la difusión del comunicado emitido por la entidad castrense tras el ataque incendiario al monumento al general Baquedano en marzo pasado, el organismo cumplió con informar que estas acciones fueron ejecutadas por el comandante en jefe de la rama, Ricardo Martínez, y por el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, respectivamente.

 

Los antecedentes se conocieron tras hacerse pública la respuesta que la institución uniformada remitió al solicitante, el que con anterioridad recurrió al Consejo para la Transparencia (CPLT) tras la negativa de la entidad a responder a la solicitud del nombre de toda autoridad del organismo que “ordenó, redactó, revisó y autorizó la publicación señalada”, además de otros requerimientos asociados a actos administrativos vinculados con la difusión de la comunicación oficial antes mencionada.

 

Acorde a la información entregada al solicitante, difundida en medios en las últimas horas, el organismo informó que el comunicado con fecha 6 de marzo de 2021 habría sido difundido por el Departamento Comunicacional del Ejército y que “quien ordenó y autorizó el referido Comunicado Oficial fue el Comandante en Jefe del Ejército”. En el tercer punto de la respuesta se afirma que “dicho comunicado oficial fue emitido contando con la autorización previa del señor Ministro de Defensa Nacional”. En dicho documento se califica de “cobardes desadaptados”, “antichilenos” y “antisociales” a quienes intentaron quemar la estatua al general.

 

Luego del análisis de antecedentes presentados ante el Consejo Directivo, el organismo, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, ordenó al Ejército –en el marco de un amparo acogido parcialmente Rol C2388-21- la entrega de los nombres de las autoridades que autorizaron y también las que visaron que se difundiera el comunicado.

 

A juicio del Consejo, los funcionarios públicos se encuentran sometidos a “un escrutinio de mayor intensidad que el resto de las personas” dadas las  funciones que desempeñan. Además, la decisión establece que acorde a lo establecido en la Constitución y en la Ley de Transparencia, la función pública “debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentarlas actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella”.

• ¿Qué sacamos en limpio?, planteó la titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. Para el organismo se requiere “actuar de forma firme y categórica ante cualquier tipo de irregularidad” y “fortalecer nuestro ecosistema en materia de transparencia e integridad pública”.
• Hizo un llamado a las autoridades en ejercicio como a las futuras a comprometerse con prioridades legislativas que permitan a los ciudadanos “volver a confiar.

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Aplicaciones de salud, telemedicina, inteligencia artificial para tratamientos médicos, geolocalización para trazar contagios, son algunas de las iniciativas que involucran tanto uso de tecnologías como tratamiento de datos personales y de salud, que han colaborado con la gestión de la pandemia por #Covid-19.

 

Para reflexionar sobre estas materias, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo (UDD), organizaron el seminario virtual “Desafíos jurídicos del tratamiento de datos de salud en emergencias sanitarias”, en el que participaron representantes de organismos públicos, académicos nacionales e internacionales y sociedad civil.

 

En el marco de esta actividad, la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, destacó el trabajo que se está desarrollando entre ambas instituciones en el marco de un convenio de colaboración y ante la ausencia de legislación adecuada en materia de protección de datos personales.

 

Al respecto explicó que el convenio busca básicamente reflexionar sobre los primeros resultados de un diagnóstico desarrollado al alero de esta colaboración que ha identificado las principales brechas de tratamiento de datos en salud en contextos de emergencia sanitaria y su uso con fines de investigación científica.

 

De la Fuente destacó que la pandemia no sólo ha desafiado el quehacer del Consejo en materia de acceso a la información pública, sino también en protección de datos personales. “Nuestro rol como garantes de acceso a la información pública no nos exime en apuntar sobre la precariedad institucional en protección de datos personales”, comentó. Asimismo, recalcó la necesaria coordinación que se ha tenido con organismos públicos en ciencias e innovación con el fin de armonizar la “correcta divulgación de datos” para la investigación científica y la protección de derechos de las personas.

 

Juan Alberto Lecaros, director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, apuntó a la importancia de generar instancias de colaboración, ante la ausencia de una regulación robusta en la materia, para el intercambio y desarrollo de propuestas orientadas a cuestiones de carácter constitucional y administrativas, de manera de afrontar parte de las brechas que se han identificado en materia de tratamiento de datos de salud.

 

Principales desafíos

En el encuentro intervinieron expertos que trabajan en el tratamiento de datos personales y de salud con distintos fines. ¿Cómo hacemos para compartir datos que permitan la investigación y respeten los derechos a la privacidad de las personas? O ¿qué ocurrirá con la nueva legislación y el impacto que tendrá en iniciativas científicas? Fueron algunas de las preguntas que planteó  Loreto Bravo, Directora Instituto de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Apuntó a la relevancia de resolver materias específicas como la “anonimización”, es decir, técnicas que impiden la identificación de las personas a las que pertenecen los datos.

 

En tanto, Demián Arancibia, jefe del Equipo Futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, planteó que la crisis es una “gran oportunidad”, no sólo por ser un espacio para generar un fortalecimiento en distintas materias que permitan enfrentar eventuales emergencias, sino también por las oportunidades que implica para el desarrollo y la innovación.

 

Steffen Härtel, director del Centro en Sistemas de Información en Salud, CENS, conformado por diversas universidades, presentó iniciativas de salud digital como machine learning e inteligencia artificial, por ejemplo en el análisis de exámenes médicos de imageneología, vinculándolo con los retos que esto impone en materia de tratamiento de información personal y sensible.

 

Finalmente,  dos expertas en materia de derecho en salud que colaboraron en el proyecto plantearon desafíos y análisis de la legislación en Argentina y Brasil.  Estas intervenciones estuvieron a cargo de Marisa Aizenberg, Directora del Observatorio de Salud de Argentina y Marcia Santana, abogada y consultora en bioética, bioderecho y salud y protección de datos personales del Hopsital de Clínicas de Porto Alegre.

 

Al cierre del seminario, el consejero del CPLT, Francisco Leturia, planteó que ante la ausencia de una ley actualizada – la normativa vigente en Chile es de 1999- y ante la falta de una agencia encargada de velar por el cumplimiento de la ley sobre protección de datos con recursos suficientes, la relevancia de coordinaciones interinstitucionales y la implementación de un sistema de gobernanza adecuado que permita proactivamente organizar esfuerzos.

 

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“Son pésimas noticias, sin lugar a dudas. Nadie quiere que finalmente la desconfianza en las instituciones se siga profundizando”, afirmó la Presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, tras ser consultada por el impacto de la querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), y de quienes resulten responsables, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos.

 

La Titular del CPLT comentó que la Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo del 2020 “aparecía efectivamente la Policía de Investigaciones como una de las instituciones más confiables en el país, en el top 5 de las instituciones más confiables en el combate contra la corrupción. Evidentemente, no teníamos estos antecedentes a la vista y habrá que ver lo que la justicia dice al respecto”.

 

“También sabemos y eso es el vaso medio lleno dentro de lo compleja y la mala noticia que recibimos asociada a esta institución y es que aquí operaron las instituciones para generar la alerta temprana. “Esto es coincidente con un dato de nuestra encuesta, respecto de hace 10 años, las personas creen que hemos ido generando mejores condiciones para dar cuenta de situaciones de corrupción”.

 

Sin embargo, agregó: “eso no quiere decir que estemos en un buen pie porque esa misma encuesta nos dice que un 67% de los encuestados cree que existe corrupción en el sector público”.

 

Respecto a la situación De la Fuente sostuvo la necesidad de pensar más integralmente el combate contra la corrupción. “Hay que ser claros y categóricos. Aquí no basta con generar una Ley de Transparencia que permita hacer determinadas cosas. Eso no es suficiente, fortalecer un ecosistema de transparencia e integridad pública implica: tener una Ley de Transparencia, otras normativas, pero también tener sanciones adecuadas. Si avanzamos de esa manera vamos a generar reglas del juego que rijan para todos y no con privilegios para algunos”, planteó.

 

Gastos reservados y rendición de cuentas 

Sobre la rendición de cuentas de gastos reservados, De la Fuente apuntó a la necesidad de ir limitando espacios en los que se impone la opacidad en las instituciones de las FFAA y de Orden y Seguridad. Al respecto dijo: “Hay que ponerle un límite en general a espacios potenciales de discrecionalidad”.

 

Explicó que “La rendición de cuentas no es solamente para un tipo de institución, es para todo tipo de entidades, particularmente cuando se trata de recursos públicos que se destinan a determinadas materias”. Asimismo, comentó que “Particularmente en instituciones que tienen una labor respecto al control público, a la investigación de delitos, de crímenes, la necesidad de generar mecanismos de accountability y rendición de cuentas es cada vez más importante”.

 

Destacó la contribución de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido una contribución en la apertura que se requiere para afrontar la crisis de desconfianza. Sin embargo, planteó también necesidad de “avanzar en aquellas cosas que son mantos de opacidad en algunas de estas instituciones”.

 

“Tenemos una oportunidad como país para reconstruir las confianzas y reconstruir las confianzas significa claramente tener que abrir las puertas, abrirse a la rendición de cuentas, al acceso a la información pública a las personas, porque finalmente es esa la información que permite a la ciudadanía hacer el control social que corresponde”, espetó.

 

• El Consejo para la Transparencia informó de estos resultados  respecto de requerimientos de información recibidos por las distintas reparticiones públicas en 2020 y entre enero y junio de 2021.

Municipios e instituciones de salud, concentraron los primeros lugares del ranking de solicitudes de acceso a la información pública en el caso de la Región de Ñuble, acorde al balance regional realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

 

En el caso del año 2020 el organismo informó que los requerimientos dirigidos al sector público se concentraron en el municipio de Chillán, con 475 requerimientos, el  Servicio de Salud Ñuble con 305 y la Municipalidad de Chillán Viejo con 210. Una tendencia que se mantiene en 2021 según cifras entre enero y junio que mostraron a las mismas instituciones posicionadas en los tres primeros lugares.

 

“Estamos viendo en distintas regiones que las solicitudes de información a entidades públicas se han concentrado en municipios y en entidades del ámbito sanitario. Muy probablemente esto se asocie a dos cuestiones: que las personas han reconocido a la municipalidad como la primera cara del Estado ante la ciudadanía y a que la crisis por el Covid-19 ha impulsado una demanda por información de salud en distintas fases de la pandemia”, explicó la titular de Transparencia.

 

Agregó que estos resultados van en la línea de lo evidenciado por la Encuesta Nacional de Transparencia, sondeo que mostró un alza en la cifra de personas que declararon haber pedido información a instituciones estatales, mayoritariamente con el fin de acceder a antecedentes sobre subsidios y beneficios sociales.

 

De acuerdo a cifras históricas del CPLT, la región de Ñuble mostró entre el año 2013 y junio del 2021 un total de 19.591 solicitudes de acceso a la información pública, ubicándose en el décimo lugar del ranking regional. En el caso de este registro histórico las entidades públicas con mayor cantidad de solicitudes de acceso a información fue la Municipalidad de Chillán (2.640) seguido de la Municipalidad de Chillán Viejo (1.209) y Servicio de Salud de Ñuble (1.141).

 

Las instituciones con más reclamos

Históricamente se han presentado 613 casos ante el CPLT contra organismos públicos de la región de Ñuble, ya sea porque se negó el acceso a información, se entregó una vez vencido el plazo o la persona que hizo la solicitud no quedó satisfecha con la respuesta.

 

Al respecto, la presidenta del Consejo sostuvo que Ñuble está en la parte baja del listado de regiones en materia de reclamos, ocupando el lugar 12 de 16. Y a nivel regional las instituciones contra las que más casos se han presentado ante el Consejo  Municipalidad de Chillán con 93 casos y en 2020 fue la institución más reclamada.

 

“El que no haya altas cifras de reclamos en comparación con otras regiones del país no necesariamente es un indicador de que la región de Ñuble tiene una mejor situación en materia de transparencia comparativamente hablando, podría asociarse también a un menor conocimiento de las herramientas de las que dispone la ciudadanía gracias a la Ley de Transparencia. Por ello, creemos  necesario reforzar nuestro trabajo de promoción del derecho a acceder a información de instituciones públicas”, explicó De la Fuente.

 

“Es importante que la gente sepa que esto es un derecho fundamental, que cualquier persona puede hacerlo efectivo y que puede utilizarla con sentido: para hacer control social de las autoridades exigiendo rendición de cuentas, para combatir la corrupción y como derecho llave, es decir, para luego a partir del acceso a información puede ejercer otros derechos, como el derecho a la salud o la vivienda o para obtener un beneficio social”, comentó la presidenta del CPLT.

 

Cómo solicitar información

Según la Encuesta Nacional de Transparencia 2020, hubo un alza en las atenciones remotas, pero se siguieron realizando solicitudes de información a organismos públicos de manera presencial. Dada la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, es recomendable, en lo posible, preferir la web o carta por correo certificado.  En el caso de no existir esa opción, la persona interesada se puede acercar a la Oficina de Atención de Público de la institución o servicio y solicitar el formulario de Solicitud de Transparencia.

 

• En seminario organizado por el Consejo para la Transparencia, a partir de datos de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal, se abordaron algunos déficits en materia de acceso a la información sobre el gasto fiscal en publicidad.
  La relevancia de esta temática radica, entre otras cuestiones, en su incidencia en aspectos fundamentales para el sistema democrático como la libertad de prensa –a partir de eventuales censuras indirectas- y libertad editorial de los medios.
• “Este es un tema que más allá del acceso a la información pública y de la transparencia activa, la información que tiene que estar disponible para la ciudadanía, tiene que ver con libertad de expresión, con pluralidad de medios”. Con estas palabras la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, abrió un seminario virtual organizado por el organismo sobre gasto público y avisaje en medios de comunicación.

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A partir de un balance regional realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), la región del Maule concentró entre el año 2013 y junio del 2021 un total de 37.159 solicitudes de acceso a la información pública, ubicándose en el sexto lugar del ranking regional de requerimientos de acceso a antecedentes de organismos públicos.

La entidad pública con mayor cantidad de solicitudes de acceso a información en la región -acorde al registro histórico- fue la Municipalidad de Talca (2.469), seguido de la Municipalidad de Curicó (2.292), la Municipalidad de Maule (1.677), la Municipalidad de Linares (1.480) y la Seremi de Salud del Maule con 1.421.

En relación al 2020, en tanto, entre los más solicitados reaparece el municipio de Talca con la mayor cantidad de solicitudes (418), seguida por el Servicio de Salud del Maule (385), la Seremi de Salud del Maule (348), la Municipalidad de Curicó (337) y el municipio de Linares (274).

Sobre estos resultados, la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, explicó que es una tendencia que se ha visto en varias regiones el que las solicitudes de información se concentren en las municipalidades. Esto dado que “son la primera cara o la puerta de entrada en su relación con el Estado, y es con quienes más se relacionan directamente para, por ejemplo, acceder a un beneficio social”.

La titular del Consejo detalló que acorde a lo evidenciado por el Estudio Nacional de Transparencia que realiza anualmente el Consejo, se verificó un aumento de las personas que declararon haber pedido información a organismos públicos, y que dicha demanda se concentró en requerimientos asociados a beneficios y bonos, y que las solicitudes se concentraron en las municipalidades. Es decir, se incrementó la necesidad de “información que permitiera afrontar los efectos de la pandemia”.

A juicio de la titular del CPLT es importante que las personas conozcan la Ley de Transparencia y las herramientas de las que dispone para hacer valer su derecho a acceder a antecedentes de entidades del Estado. “Solicitar información a un organismo público es un derecho fundamental que pone luz allí donde hay oscuridad, permitiendo combatir la corrupción, posibilitando el control social y además el derecho llave, es decir el ejercicio de otros derechos como el derecho a la vivienda o a un bono o beneficio”, agregó De la Fuente.

Las entidades con más reclamos

Históricamente se han presentado 1.529 casos ante el CPLT contra organismos públicos de la región del Maule, ya sea porque se negó el acceso a información, se entregó una vez vencido el plazo o la persona que hizo la solicitud no quedó satisfecha con la respuesta. Al respecto, la titular del CPLT detalló que Maule ocupa el sexto lugar del listado de las regiones con más reclamos. Este listado es liderado –con cifras a junio de 2021-, por la Región Metropolitana (31.889), la Región de Valparaíso (4.333) y la del Biobío (2.188).

Si se comparan las cifras de solicitudes de información y la de casos que se presentan ante el Consejo, la diferencia es importante. Por ello, De la Fuente plantea la necesidad de reforzar la promoción de las acciones que impulsa el Consejo y de las herramientas y procedimientos que pueden servir a las personas que han pedido información pública y su demanda queda insatisfecha o se vulneran sus derechos. Si por algún motivo no se le hace entrega de ese formulario para ingresar su requerimiento o solicitud, la ciudadanía puede realizar una denuncia ante el CPLT.

Cómo solicitar información

Según la Encuesta Nacional de Transparencia 2020, hubo un alza en las atenciones remotas, pero se siguieron realizando solicitudes de información a organismos públicos de manera presencial. Dada la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, es recomendable, en lo posible, preferir la web o carta por correo certificado.   En el caso de no existir esa opción, la persona interesada se puede acercar a la Oficina de Atención de Público de la institución o servicio y solicitar el formulario de Solicitud de Transparencia.

“Rendir cuentas y generar mecanismos que mejoran la transparencia va en la línea correcta para reconstruir la confianza”, dijo la titular del Consejo para la Transparencia. Gloria de la Fuente, en lanzamiento de la publicación.

En el marco de la promoción de la transparencia y acceso a la información en distintas materias, la Presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, participó en el lanzamiento de la publicación “Balance Legislativo. Congreso Nacional de Chile 2020-21. Legislatura 368ª”, libro de la Biblioteca del Congreso Nacional que consolida en lenguaje claro antecedentes de la labor legislativa.

 

La titular del CPLT felicitó el carácter inédito de la iniciativa y destacó la herramienta, que surge en medio de una crisis de confianza profunda, afirmando que “rendir cuentas y generar mecanismos que mejoran la transparencia va en la línea correcta para reconstruir la confianza”.

 

Asimismo, De la Fuente comentó que este libro da luces respecto de aquellas mejoras que se pueden realizar en la actividad legislativa, a favor de la recuperación de este vínculo perdido con la ciudadanía. En este sentido, destacó la relevancia de los plazos promedio que demoran las iniciativas de ley en tramitarse, en promedio poco más de un año, y se refirió a aquellas que superaron ampliamente este plazo. “Eso es un dilema respecto de la expectativa ciudadana y que se debe enfrentar hacia el futuro”, dijo al respecto. Agregó: “En la lógica de la rendición de cuentas, la celeridad y eficacia de poder responder con estas iniciativas es relevante”.

 

Otra de las cuestiones que subrayó la presidenta del Consejo fue que el período legislativo contemplado en este documento estuvo marcado por coyunturas sociales. Afirmó que este análisis evidenció “Cómo los eventos coyunturales asociados al estallido social y el impacto del propio Covid-19 terminó incidiendo en la agenda legislativa del Congreso”.

 

A su vez, la presidenta del Consejo planteó que “el país enfrenta enormes desafíos hacia el futuro, por el proceso constituyente y los efectos de la pandemia. Se podrán ajustar algunas cuestiones propias del trabajo, pero tenemos una convicción desde el CPLT que, pensando en el futuro, la transparencia e integridad pública van a ser claves en la construcción de una nueva república para el futuro.

 

En el lanzamiento del libro participaron el Director de Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez, representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, e integrantes de la Comisión Bicameral de Transparencia, y la abogado Rocío Noriega, asesora y representante de Espacio Público.

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